Luego de recibir un duro castigo que le impedía contratar con el Estado, la empresa Telefónica del Perú intentó lograr una reducción. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado no le dio la razón a la multinacional y deberá cumplir los 36 meses de sanción.
En agosto del año pasado, una noticia causó gran impacto debido a que involucraba sanción a una de las empresas más importantes y con mayor presencia en el país desde hace varias décadas que había recibido una muy dura sanción. Según se pudo conocer por aquellas fechas, Telefónica del Perú había quedado impedida de contratar con el Estado por un periodo de tres años.
Sin embargo, la poderosa multinacional no se quedó de brazos cruzados e intentó librarse de esta penalidad. Pero, a finales del mes pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado cerró esa puerta para Telefónica. Sudaca tuvo acceso a resolución que detalla los argumentos de la empresa de telecomunicaciones que han sido descartados y la obligan a continuar cumpliendo la sanción original.
DIPLOMA FANTASMA
Esta considerable sanción llegó como resultado de una irregularidad detectada en los documentos que fueron parte de la “contratación de servicio telefónico de cobro revertido automático 0800”, un servicio que Telefónica le brindó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y, por el cual, la empresa multinacional recibió el monto de aproximadamente cien mil soles en un proceso que data del año 2021.
En ese mismo año, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares se comunicó con la Universidad Nacional del Callao para verificar que Jorge Luis Quispe Cruz, uno de los trabajadores involucrados en el proyecto, contaba con el “Diploma de Grado de Bachiller en Ingeniería Electrónica” que, supuestamente, había recibido en octubre de 1995.
Sorprendentemente, a los pocos días, la Universidad Nacional del Callao se pronunció y avisó que dicho diploma con esa fecha no existía y que, en los documentos correspondientes al año 1995, no figuraba ningún diploma a nombre de Jorge Luis Quispe Cruz, quien había sido presentado como personal clave dentro de la propuesta de Telefónica. Pero, además, Quispe Cruz ni siquiera había tenido un paso por esta casa de estudios.
Ante esta insólita revelación, Telefónica había solicitado un periodo de cinco días para llevar a cabo una revisión interna y presentar los descargos. No obstante, luego de ese periodo no existió ninguna respuesta ante lo que fue considerado como una “vulneración al Principio de Presunción de Veracidad por parte del Contratista, por presentación de documentación falsa”.
Como consecuencia, y sumado a que existían antecedentes de sanciones administrativas, el Tribunal de Contrataciones del Estado determinó que correspondía sancionar a la empresa Telefónica del Perú, en agosto del año 2023, impidiéndole contratar con el Estado por un periodo de treinta y seis meses.
NO SE RINDEN
La respuesta de la empresa de telecomunicaciones fue inmediata y presentaron un recurso de reconsideración en el mismo mes de agosto del 2023. No obstante, un mes después fue declarado infundado y, por lo tanto, la sanción entro en vigencia el día 20 de septiembre del año pasado.
Pero esta no fue la única vez que la poderosa trasnacional buscó evadir los tres años de sanción determinados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. A finales del mes julio del presente 2024, Telefónica del Perú realizó un nuevo intento para librarse de la sanción que se impuso en su contra.
Alegando que la Ley General de Contrataciones Públicas aprobada recientemente indicaba que el periodo mínimo de sanción ya no era de treinta y seis meses, como estaba estipulado en el momento que se cometió la infracción, sino que sólo corresponderían veinticuatro meses, Telefónica pretendía un cambio en la penalidad que recaía sobre ellos. No obstante, la nueva resolución, amparándose en que dicha ley se encontraba en vigencia mas no en aplicabilidad, declaró no ha lugar esta nueva solicitud presentada por la empresa.
Pero este no fue el punto final de la historia. En un nuevo intento de librarse de la sanción que se les impuso inicialmente, la empresa Telefónica del Perú volvió a la carga el 30 de septiembre, cuando interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución anteriormente mencionada teniendo como principal argumento que bastaba que la nueva ley esté vigente para que se pueda aplicar y, con ello, su tiempo de castigo se vea reducido.
Sin embargo, el resultado ha sido, nuevamente, adverso a los intereses de Telefónica. En esta nueva resolución, el Tribunal de Contrataciones del Estado le ha indicado a Telefónica del Perú no han aportado nuevos elementos que conduzcan a un desenlace distinto a los que habían obtenido anteriormente, como en la resolución del pasado mes de septiembre.
A ello se le ha sumado que la Ley General de Contrataciones Públicas, en la cual se pretendía amparar la multinacional de comunicaciones, le da la razón a la postura del Tribunal de Contrataciones del Estado y, con ello, sería imposible que la sanción de treinta y seis meses se modifique y se reduzca a veinticuatro meses sin poder contratar con el Estado.
El resultado de este nuevo intento de Telefónica de evitar cumplir con los tres años de sanción se pudo conocer el 18 de noviembre cuando la Resolución Nº 4552-2024-TCE-S6 del Tribunal de Contrataciones del Estado declaró infundado el recurso de reconsideración y dio por agotada la vía administrativa.
De esta manera, la historia parece haber concluido con una derrota para Telefónica que, increíblemente, a lo largo del caso intentó minimizar la gravedad de haber tenido a un trabajador sin la formación académicas que decía ostentar y al que, además, incluía como parte del personal clave, según se ha podido leer en los documentos de este caso que terminó con una poderosa empresa recibiendo una importante sanción.
Telefónica del Perú se comunicó con Sudaca e indicó que consideran como “una medida desproporcionada” la sanción impuesta por el Organismo Supervisor de Contrataciones y Compras del Estado (OSCE) debido a que el trabajador involucrado fue separado apenas se les informó de su situación y, además, “el servicio brindado al Ministerio de Trabajo se realizó de manera satisfactoria”. La empresa de telecomunicaciones agregó que ha recurrido al Poder Judicial con el objetivo de revertir la sanción.
