Desde agosto del año pasado, en los pasillos del Parlamento se cocina un cambio crucial para el sistema de seguros vehiculares. Dirigentes de diversas Afocat (Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales Contra Accidentes de Tránsito) buscan convencer a los congresistas de que permitirles expandir su venta de seguros a todo tipo de vehículos –ya no sólo al transporte público– es una excelente idea. Y tienen un aliado: Edgar Tello.
El legislador de Perú Libre presentará pronto un proyecto de ley –cuyo borrador Sudaca pudo revisar– que satisface las demandas de estas asociaciones que compiten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). En estos momentos, las Afocat están en pleno lobby para conseguir los votos que lo aprueben. Tello ya ha mostrado antes interés por cambiar las cosas en el sector transporte, pero no del lado de los usuarios.
Así, este se convertiría en un capítulo más del oficialismo respaldando a un sector marcado por la informalidad. “[Las Afocat] han sobrevivido [con sus clientes] teniendo grandes accidentes, pero sin pagar. La mayoría te saca la vuelta, ya están estigmatizadas”, dice Miguel Meza, expresidente de la Asociación de Corredores de Seguros (Ascorse).
TOCANDO PUERTAS
El registro de visitas revela que son ocho los representantes de distintas Afocat que han visitado los pasillos del Congreso. De lejos, los despachos más concurridos han sido los del lápiz. De las 34 visitas, 30 fueron a legisladores de Perú Libre. Y el más visitado, también por mucho, es Edgar Tello, quien ha recibido a estos vendedores de seguros 21 veces.
Conocido por su cercanía al presidente Perdro Castillo, Tello tiene un interés especial en el sector en cuestión. Es miembro titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, y sus actividades políticas han estado fuertemente ligadas a los gremios de transportistas. Por supuesto, estos vínculos no lo colocan como un aliado de la reforma, sino todo lo contrario.
Como contó Sudaca en un informe previo, Tello está involucrado en un caso de presunto tráfico de influencias. En ese proceso su abogado es David Mujica Castillo, quien también representa a la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Este gremio se adhirió en noviembre a un paro nacional en el que se pedía la cabeza de Maria Jara, presidenta de la ATU, y Patricia Cama, entonces jefa de la Sutran. Las empresas representadas por Anitra debían más de S/18 millones en papeletas y el ex ministro Juan Silva se comprometió a anularlas, según El Comercio. Caretas reveló que, meses antes, Tello había coordinado una reunión entre Silva y la Anitra, con la presencia de Mujica.
El congresista Edgar Tello ha dedicado tiempo de sus actividades de representación a visitar líneas de transporte público como “La 50” en enero.
Ahora, el nuevo foco del parlamentario del lápiz son las Afocat. Desde el 2006, estas asociaciones venden Certificados contra Accidentes de Tránsito (CAT) a sus clientes como una alternativa al SOAT. Los CAT, sin embargo, hoy son exclusivos para los vehículos que se dedican al transporte público fuera de Lima. Si un transportista de cualquier región del país (que no sea la capital) compra un CAT, ya no necesita tener un SOAT.
El margen de acción de las Afocat está especificado en el artículo 30 de la Ley general del Transporte y Tránsito Terrestre, que es precisamente la que buscan cambiar sus dirigentes. “Queremos emitir el certificado a todos los vehículos particulares y públicos dentro de la región [y ya no solo a los de transporte público]. [La norma] quedaría así: ‘todo vehículo debe portar una póliza de seguro, sea SOAT o CAT’”, dice Alcibiades Yalta Lobo, presidente de la Afocat del Oriente, que funciona en Loreto desde el 2016.
Yalta Lobo visitó al congresista Tello tres veces entre agosto y septiembre del año pasado. Además, se ha reunido con su asesor principal, Hernán Rodríguez, cuatro veces más, entre febrero y marzo. Orgulloso, ha subido fotos con Tello en sus redes sociales y otras donde dice que está “trabajando el proyecto de modificación del D.S 040-MTC-2006”. Es decir, el Reglamento de las Afocat al que también apunta el nuevo proyecto de ley.
Otro representante de estas asociaciones que ha pedido la ayuda de Tello es Álvaro Blanco Amaro. El presidente de la Afocat Lima Provincias ha pisado el despacho del legislador del lápiz en ocho oportunidades entre agosto del 2021 y marzo de este año. Fue su primer visitante y, al cierre de esta edición, también el último.
La asociación de Blanco empezó a funcionar el 2007, pero su registro fue cancelado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en mayo del año pasado, porque no tenía un consejo directivo inscrito en Registros Públicos desde julio del 2019, según a una resolución de El Peruano. Esto constituía una falta muy grave, de acuerdo al Reglamento de las Afocat.
En comunicación con Sudaca, el dirigente le hecha la culpa “al poder económico de las grandes empresas acaparadoras del mercado”. No sabemos muy bien a qué se refiere. Lo cierto es que el nombre de Blanco también aparece en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de octubre del 2007, haciendo las veces de impulsor de la informalidad.
Como representante de la empresa de transportes Inversiones Turismo Cruz Azul, este personaje interpuso una demanda de amparo solicitando la inaplicación de un Decreto Supremo que prohibía el servicio de transporte interprovincial de personas en ómnibus ensamblados sobre el chasis de un camión. Es decir, quería legitimar el uso de vehículos destinados a cumplir tareas diferentes para las que habían sido construidos. El TC, por supuesto, declaró la demanda infundada.
Al congresista Tello, sin embargo, los antecedentes de su visitante más asiduo le tienen sin cuidado, pues Blanco asegura que también le ha pedido ayuda para su empresa. “He ido donde el congresista Tello para que me apoye y se pueda pagar a los accidentados [de su Afocat cancelada]. Los hospitales ya no quieren atender a nuestros asegurados”, dice el hombre, con total desparpajo, y agrega que está trabajando directamente con el despacho del legislador.
“Estamos afinando detalles. [El proyecto de ley que beneficia a las Afocat] se presentará pronto. Los asesores ya están trabajando con la gente que viene por este tema”, confirma Tello a Sudaca. El legislador también dice que apoya la iniciativa por la existencia de monopolios en el sistema de aseguramiento. En el Perú, no obstante, operan 17 empresas de seguros, según la SBS.
“Es una cantaleta que usan desde el 2006. Monopolio sería si hubieran una o dos. Es cierto que hace años hubo una concertación de precios [sancionada por el Indecopi], pero eso ya no existe. Los precios varían”, asegura Miguel Meza, presidente de la Asociación de Corredores de Seguros (Ascorse).
Pero al congresista Tello no le entran balas. Actualmente, evalúa si presentará el proyecto a nombre propio o de su bancada. Y mientras se decide, los representantes de las Afocat siguen tocando puertas. “Una vez que el proyecto esté presentado se necesitarán más votos [de congresistas]. Todos los dirigentes tenemos el compromiso de hacer las coordinaciones con los congresistas de cada región”, dice Elvis Mendoza Aguilar, cabeza del Fondo de Asistencia Social de los Mototaxistas y Transportistas de Tumbes (Fasmot).
Mendoza ha visitado –aparte de Tello– a Juan Mori, congresista de Acción Popular; a Roberto Sánchez, de Juntos Por el Perú; y a Francis Paredes, de Perú Libre. Otros parlamentarios que han recibido a personas registradas como parte de las Afocat son Kelly Portalatino, Alejandro Soto, Alejandro Aguinaga, Edwin Martínez, Alex Flores, Margot Palacios y Germán Tacuri.
Aún así, según Mendoza, el lobby no lo hacen ellos. “Nosotros queremos igualdad de condiciones en un libre mercado como el peruano. No tenemos porque estar limitados. El problema es que los grupos de poder y sus lobbies han ocasionado que las Afocat queden marginadas”, dice el presidente del Fasmot.
DUDOSA APUESTA
Sudaca pudo revisar el borrador del proyecto de ley al que Tello, su despacho y los dirigentes de las Afocat le están dando las últimas pinceladas. En la exposición de motivos del documento se resalta que estas asociaciones han podido sobrevivir atendiendo al sector del parque automotor con mayor siniestralidad: el transporte público. Concluyen, por tanto, que expandir su campo de acción a los particulares sólo traería mejores resultados. Sin embargo, para Miguel Meza, representante de los corredores de seguros, eso no tiene sentido.
“Las compañías de seguros tienen sus bemoles, pero pagan. Ningún corredor de seguros serio vende Afocat, por la informalidad. Es arriesgado porque algunas no pagan, no hay garantías. Yo he tenido casos, por ejemplo, con la Afocat Premium”, dice Meza.
Y pasa a contarnos su anécdota: “Un esposo falleció conduciendo taxi y dejó dos hijas y una conviviente. El beneficio es para las niñas, pero la Afocat dijo que otra señora se presentó como esposa. Cuando yo fui [como representante], no me dejaron ingresar. Eso fue en octubre y hasta ahora no pagan. Así trabajan”. La normativa dispone que en 10 días se deben consentir o autorizar las indemnizaciones.
La Afocat Premium a la que hace alusión Meza es una de las 40 compañías de ese tipo que hoy existen en el Perú, según reportes de la SBS, ente encargado de la supervisión de estas asociaciones. Sin embargo, también hay 14 que fueron canceladas por el organismo. Al menos en ocho casos revisados por Sudaca, la causa era la misma: problemas de solvencia económica.
Esto no sería resuelto por el proyecto de ley, el cual propone que las Afocat puedan funcionar con un fondo mínimo de apenas S/500.000. “No puedes tener de capital la mitad de lo que te podría costar un siniestro. Atender el incendio del camión cisterna en Villa El Salvador [del 2020] costó S/1.200.000 aproximadamente. En uno no se te puede ir todo”, explica Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg)
“Sus problemas de solvencia no se resuelven con más mercado. Es un requerimiento regulatorio para operar y así poder soportar los siniestros que pueden ocurrir”, agrega. De aprobarse el proyecto de ley, es cierto, las empresas agremiadas en Apeseg tendrán más competencia.
Para Morón, además, la expansión de las Afocat podrían generar otros inconvenientes logísticos. “El SOAT tiene carácter nacional, lo que nos obliga a tener convenios a todo nivel con prestadores privados y públicos. Hoy las asociaciones son muy locales. ¿Van a vender un CAT en Tumbes y tu local estará en Ayacucho? ¿Tendrán la capacidad para tener esa red de convenios a nivel nacional? No es tan sencillo”, dice.
Morón también apunta que el proyecto de ley inclinaría la cancha a favor de estas asociaciones. “No tenemos problema en competir en este mercado, siempre y cuando existan las mismas reglas de funcionamiento. Nosotros estamos obligados a pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a la hora de comercializar el SOAT, lo que vuelve más caro el producto. Las Afocat, como son asociaciones, están inafectas al IGV”, explica. En el borrador del proyecto de ley no hay rastro de un cambio tributario que arregle este problema.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
