El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) hace agua por todos lados. El organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) enfrenta más de 1.000 demandas laborales, según fuentes de la institución. De ellas, 125 son por desnaturalización de contratos y en al menos 26 ya hay sentencias consentidas que la entidad todavía no acata. El Senasa, además, mantiene una deuda de S/1,1 millones con las AFP Prima e Integra. Y la primera ya entabló una demanda judicial.
Pese al caos, el jefe nacional de la institución, Janios Quevedo Valle, recibió un aumento de más de S/10.000 a fines del 2020. Cifra que, sin embargo, todavía no aparece en el Portal de Transparencia. “Él dice que le preocupa la situación de los trabajadores y que pelea por una nueva escala remunerativa [sin cambios desde el 2010]. Sin embargo, de momento ha logrado una mejora sólo para él”, reclama Mirna Altamirano, la secretaria general del sindicato del Senasa. La escala salarial de los trabajadores de la entidad no se ha actualizado en 12 años.
El panorama es alarmante porque el Senasa se encarga de mantener el control sanitario en todo el país. “Esta situación se da sobre todo en instituciones públicas precarias, como gobiernos municipales o provinciales, que no tienen un nivel de gestión y planificación adecuada. Que esto esté pasando en una entidad tan importante como el Senasa es preocupante”, asegura Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
ENTRAMPADOS
Walter Cañari Yufra (64) comenzó a trabajar en Senasa el 22 de abril de 2002 como inspector de cuarentena vegetal. A poco de cumplir 20 años en la institución, fue despedido en el 2016 por participar en reclamos laborales. “Hicimos una demanda por beneficios [sociales] y, a raíz de eso, nos sacaron a la calle. Estuvimos casi dos años sin trabajo hasta que empezamos un proceso judicial para que se anule el despido”, cuenta.
Cuando fue despedido, Cañari estaba bajo un régimen de contrato a plazo fijo, algo que no era compatible con las características del servicio que prestaba. Así que acudió al Poder Judicial y, luego de tres años, la Corte Suprema ordenó que lo repusieran bajo el régimen 728. Ello implica un contrato indeterminado y beneficios sociales, como vacaciones y compensación por tiempo de servicios. Pero no lo hicieron.
“Me repusieron en noviembre [del 2019] de manera provisional, pero como CAS [Contrato Administrativo de Servicios]. Nosotros, luego de 2 años sin trabajar, volvimos por necesidad”, comenta.
Cañari es uno de los 26 trabajadores de Tacna a los que el Poder Judicial les ha dado la razón en sus demandas de reposición. Además, han solicitado que se les paguen los beneficios sociales que dejaron de percibir mientras permanecieron fuera de la entidad por sus despidos arbitrarios. “Yo me saco el ancho porque ya voy a cumplir 65 años. Tengo hijos estudiantes y mi esposa está delicada: tiene cáncer de útero. Gracias a Dios tengo seguro, pero no dan todas las medicinas”, dice el trabajador.
William Fernández Marchan (67) es otro de los afectados y su esposa también es paciente oncológica. “Está con su tratamiento saliendo adelante. Tengo dos hijas que ya tienen su vida. Yo afronto esto por mi esposa”, explica este ingeniero de profesión, que trabaja en la institución desde 1995 como especialista del programa mosca de la fruta.
Él también fue despedido y vuelto a contratar como CAS, cuando debería estar en el 728. “El Senasa no programa las plazas”, se queja. Y aunque ya le pagaron sus beneficios sociales, su sueldo es de S/2.500, lo que no corresponde a la categoría de Profesional I en la que fue repuesto por orden del Poder Judicial. Debería ganar S/3.500.
“Senasa tiene más de 125 denuncias por desnaturalización de contratos. Deberían ingresar a los compañeros, que ya tienen sentencias consentidas, al régimen 728. Son personas que han brindado servicios personales y, tras años, han ganado sus juicios”, comenta Mirna Altamirano, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Senasa.
Consultada por Sudaca, la institución se defiende tirándole la pelota al Ministerio de Economía y Finanzas. “Sólo está pendiente que el MEF apruebe el ‘alta’ de estas plazas [se refiere a que las habilite] en su aplicativo informático. En gestiones anteriores no se realizó este trámite; sin embargo, a partir del 2020 se viene impulsando la regularización”, contestaron.
“La Ley de Presupuesto del Sector Público dice que para reponer a una persona en su puesto tiene que estar autorizado por el MEF. Ninguna entidad va a reponer un puesto sin el presupuesto porque son indeterminados, personal 728. La mayoría los estamos atendiendo como CAS, provisionales. Su sueldo no es distinto, pero no tienen beneficios”, agrega una fuente altamente confiable de la entidad. Agregan en la entidad, indicando que enfrentan más de 1000 demandas laborales.
Pero el Senasa no se caracteriza por priorizar sus obligaciones con los trabajadores. A la fecha, según confirmó el área de prensa del Midagri, la entidad mantiene una deuda de S/1.127.105,88 soles (incluyendo intereses) con las AFP Prima e Integra. Resulta que, en el caso de 10 servidores, la entidad depositó –por error– sus aportes a la ONP. Así lo precisan sendos informes internos del Midagri que Sudaca pudo revisar. La deuda se generó entre los años 1995 y 2016.
Desde Senasa dicen que han iniciado acciones para recuperar el dinero depositado ante la ONP. Sin embargo, uno de los informes internos dice que la entidad previsional podría no devolverlos por el tiempo transcurrido.
Mientras tanto, Prima ya inició acciones legales contra Senasa. El 10 de mayo del año pasado, la AFP presentó una demanda ante el Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral de Lima Este. Integra podría seguir el mismo camino.
SIN TRANSPARENCIA
La precariedad de la institución contrasta con el aumento de sueldo de Janios Quevedo Valle, el jefe nacional. Desde el 20 de octubre del 2020, Quevedo fue designado como Personal Altamente Calificado (PAC) por el Midagri, pasando a percibir S/25,000 por sus labores. Según la escala remunerativa del Senasa –que no se actualiza desde el 2010– su sueldo era de S/13.400 soles.
Cuando Quevedo pasó al PAC, su salario debía aparecer o bien en el sitio web del Midagri, como su personal designado; o en el del MEF, que administra este régimen. Pero eso no pasó. El 24 de enero un ciudadano presentó una queja a varias entidades estatales porque no podía visualizar la remuneración de Quevedo en el Portal de Transparencia. Acusaba como responsable a Karla Pérez Barreto, directora de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Senasa.
La PCM ordenó entonces al Midagri que atienda el caso. El Senasa atribuyó el “error” de transparencia a un problema informático. “La falta de publicación de dicha información en los períodos NOVIEMBRE-2021, DICIEMBRE-2021 y ENERO-2022 se debía a un caso de fuerza mayor por imposibilidad de subir el formato excel”, se lee en el informe que archivó la denuncia.
Para Alexandra Ames, desestimar la denuncia por no encontrar faltas administrativas no era todo lo que debía hacerse. “No basta con archivar la falta bajo ese argumento. Se deben tomar acciones correctivas. No tendrían por qué demorarse meses en resolver algo tan sencillo como subir información a una página web”, explica la especialista de la Universidad del Pacífico.
Actualmente, según constató Sudaca, sigue sin figurar el sueldo de Quevedo en los portales de Transparencia del Senasa, el MEF o el Midagri. El área de prensa de este ministerio le atribuye la culpa a la Presidencia del Consejo de Ministros, que se encarga de gestionar el portal de transparencia del gobierno. “La plataforma y su funcionamiento es administrada por la PCM, las demás entidades solo ingresamos la información del personal activo”, respondieron.
Lo ocurrido con el sueldo de Quevedo es un trago amargo para los trabajadores que esperan que se cumplan sus resoluciones judiciales y cuya escala remunerativa no cambia desde hace 12 años. “El jefe nacional se lleva la gloria, pero la peleamos nosotros”, responde, ofuscado, Walter Cañari. Si las sentencias de reposición no se cumplen cabalmente hasta abril, los trabajadores del Senasa advierten a este medio que podrían iniciar un paro indefinido.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
