[CIUDADANO DE A PIE] Lo advertimos en este medio meses atrás: las encuestas electorales pueden deformar la realidad tanto o más de lo que pretenden reflejarla. https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-terrorismo-de-encuestas/

Las encuestas de IEP para La República y CIT para Expreso ya habían hecho un favor involuntario al debate público peruano: confirmar, con la fuerza de los hechos, lo que hace semanas sostuvimos en esta misma tribuna bajo el nombre de “Terrorismo de encuestas”. No hace falta que una de ellas esté “cocinada” y la otra no. No hace falta descubrir una mano negra, una manipulación conspirativa de cifras y datos o un fraude descarado. Basta algo más simple y, por eso mismo, más inquietante: que dos mediciones presumiblemente honestas, levantadas casi en los mismos días, nos devolvieran “fotografías del momento” tan distintas de las preferencias del electorado que uno ya no termina preguntándose cuál de las dos dice la verdad, sino si alguna de ellas está realmente en condiciones de hacerlo.

El IEP, en su medición telefónica nacional realizada entre el 28 y el 31 de marzo con 1203 entrevistas, puso a Keiko Fujimori en 10%, a Rafael López Aliaga en 8,7%, a Roberto Sánchez en 6,7%, a Alfonso López Chau en 6,3% y a Jorge Nieto en 5,4%, con un dato todavía más elocuente que todos esos nombres: un 30% que no elegía a nadie. La encuesta de CIT, presentada como simulacro presidencial sobre una base de 1500 encuestados, dibuja otra escena: López Aliaga 13%, Keiko 11%, López Chau 8%, Acuña 6,5%, Álvarez 6,1%, Nieto 5,1%, Pérez Tello 4,5%, y un bloque mucho menor de indecisos y blancos. No estamos hablando de diferencias microscópicas ni de simples márgenes de error. Estamos hablando de mapas electorales que, en varios casos, apenas se reconocen entre sí. Candidatos que el IEP hunde, CIT los resucita. Un océano de indecisos que el primero preserva, el segundo lo reduce drásticamente.

Como si esto no fuera suficiente para embrollar la mente de los votantes, la nueva encuesta de Ipsos para Perú21, lejos de corregir el problema, lo agrava. Esta medición coloca a Keiko Fujimori en 13,7%, a Carlos Álvarez en 9,0%, a Rafael López Aliaga en 8,1%, a Roberto Sánchez en 6,7%, a Jorge Nieto en 4,1% y a Alfonso López Chau en apenas 3,3%, con 22% de votos en blanco y 4% de viciados. Una tercera encuesta importante vuelve a movernos el tablero con brusquedad: tres imágenes del mismo tramo de campaña que no solo no se asemejan, sino que directamente se contradicen. La encuesta de Ipsos no hace sino reforzar nuestro argumento porque pone claramente en evidencia que el problema no se reduce a la diferencia entre una encuesta telefónica y otra presencial. Incluso cuando el método se asemeja, los resultados siguen dibujando países electoralmente distintos. En suma, las encuestadoras que pretenden retratar al electorado, delatan al mismo tiempo sus propias serias limitaciones.

Y aquí conviene volver al punto de fondo que desarrollamos en nuestro artículo de diciembre. Las encuestas no son solo instrumentos que registran una realidad; son también procedimientos que la construyen parcialmente, la recortan, la fuerzan y luego la devuelven a la sociedad con “autoridad científica”. Una encuesta telefónica que lee una larga lista de candidatos no mide lo mismo que un simulacro con cédula, donde el elector ve nombres y símbolos y se acerca un poco más al gesto real del voto. La primera deja respirar más la indecisión, la segunda empuja a definirse. La primera registra mejor la vacilación. La segunda fabrica una imagen más compacta del mercado electoral. Y luego vienen los medios, que convierten esos números en una “carrera de caballos” y nos venden como certeza lo que apenas era una aproximación metodológica y provisional.

Eso confirma, además, otro de los argumentos centrales que ya habíamos planteado: el famoso “margen de error” puede convertirse en una magnífica coartada cuando el verdadero problema está en otro lado. El problema no es solo cuánto puede moverse un candidato arriba o abajo dentro de una misma muestra. El problema es qué sectores del país quedan mal capturados, qué tipo de elector responde o no responde, qué modalidad de encuesta presiona más o menos a tomar posición, y qué ocurre en un país fragmentado, desconfiado y emocionalmente herido, donde un gran número de electores decide su voto casi al final. Allí el error ya no es una coma estadística. Allí mandan más el error de cobertura, la volatilidad y el formato de medición que el número llamativo del titular periodístico. En estas condiciones, como lo advertimos antes, las encuestas se asemejan menos a un procedimiento científico sólido y más a una tinka electoral presentada con pretensiones de exactitud.

El propio IEP lo reconoce de manera indirecta cuando admite que “nada está dicho aún” y recuerda que la mitad de los electores decide en la última semana. Ese solo dato debería bastar para bajarles varias revoluciones a los titulares histéricos, a las mesas de análisis que reparten pasajes a segunda vuelta y a los operadores mediáticos que ya andan fabricando “subidas”, “caídas”, “empates técnicos” y “momentos decisivos” como si estuviéramos narrando una etapa del Tour de Francia. Pero no. Lejos de llamar a la prudencia, buena parte del ecosistema mediático hace exactamente lo contrario: convierte una información frágil y movediza en un dispositivo de presión sobre el voto. El ciudadano deja entonces de preguntarse quién propone algo mejor y empieza a preguntarse quién “tiene opción”, quién “se cayó” y a quién “hay que apoyar para que no se desperdicie el voto”. La deliberación cede ante el arrastre. Ese es, precisamente, el mecanismo que convierte las encuestas en instrumentos de condicionamiento subliminal del electorado.

Eso es, precisamente, lo más tóxico del terrorismo de encuestas. No que una encuesta falle ni que otra acierte por casualidad. Ni siquiera que algunas puedan ser manipuladas, cosa que en el Perú no sería ninguna novedad histórica: los Vladivideos de Montesinos son prueba irrefutable de ello. Lo más tóxico es que la repetición incesante de estos números termina sustituyendo una evaluación sopesada de las propuestas (por paupérrimas que sean) por el consumo ansioso de posiciones en el tablero. Los candidatos dejan de ser valorados tanto como portadores de programas como por sus limitaciones, y pasan a ser acciones que suben o bajan. El elector no actúa más como ciudadano políticamente responsable de nuestro futuro colectivo, sino como un apostador nervioso que vota por cálculo, miedo, moda o resignación.

Lo ocurrido ahora entre IEP, CIT e Ipsos debería servirnos como la última advertencia. No para ignorar todas las encuestas, pero sí para devolverlas a su sitio: el de instrumentos precarios, limitados, útiles a veces para detectar tendencias generales, pero incapaces de merecer la obediencia mental que hoy se les rinde. Que una encuesta ponga a Roberto Sánchez tercero y otra lo hunda; que una muestre a Acuña casi irrelevante y otra lo reviva; que una mantenga un océano de indecisos y otra lo reduzca drásticamente, no demuestra solo que el electorado es volátil. Demuestra también que las encuestas describen tanto o más sus propios métodos que la voluntad popular que pretenden retratar. Y cuando eso ocurre, la prudencia no está de más.

Aparecerán aún en los próximos días —incluso más allá del límite legal establecido— nuevas mediciones, nuevos porcentajes, nuevas “sorpresas” y, con ellos, una dosis suplementaria de confusión. Cada comando partidario buscará usar el número que más le conviene para inflar entusiasmo o sembrar desaliento. Y mientras tanto, lo verdaderamente importante —qué propone cada candidato para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción, la economía ilegal y la degradación democrática del país— seguirá siendo ignorado.

La conclusión de todo esto puede sonar simple: las encuestas pueden informar algo, sí, pero también pueden deformar mucho. Pueden orientar, pero también pueden intimidar. Pueden sugerir tendencias, pero también pueden secuestrar el juicio ciudadano si les entregamos más autoridad de la que merecen. Mejor haríamos en tomarnos un tiempo para leer propuestas, comparar planes, examinar trayectorias, distinguir entre demagogia y seriedad. Votemos con la única consigna patriótica de rescatar nuestro país de la corrupción y el crimen en los que está sumido. Votemos todos el próximo 12 de abril con responsabilidad y amor por el Perú.

[CIUDADANO DE A PIE] A escasas semanas de las elecciones del 12 de abril, las preferencias electorales empiezan a moverse tras semanas de relativo estancamiento. A la izquierda del espectro político, el socialdemócrata Alfonso López Chau, de Ahora Nación, aparece como la opción con mayores posibilidades de pasar a una segunda vuelta. En la derecha, en cambio, el panorama es más complejo: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori aparecen técnicamente empatados en la punta, mientras José Williams Zapata, de Avanza País, otra de las figuras clave del parlamentarismo de facto que ha gobernado el Perú en los últimos años, figura bastante más rezagado.

Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, aunque compiten entre sí, pertenecen a un mismo bloque político, unidos por los intereses que representan, las políticas que defienden y su forma de entender el ejercicio del poder. Estas tres fuerzas constituyen lo que en España se denominó un “trifachito”: tres expresiones de una misma derecha radicalizada que compiten entre sí sin dejar de pertenecer al mismo campo político.

A este triada radical le ha surgido un rival inesperado en la persona de Wolfgang Grozo, candidato de Integridad Democrática. Su acelerado crecimiento en las encuestas podría desbaratar planes de segunda vuelta. La pregunta inevitable es si Wolfgang Grozo representa una verdadera alternativa al trifachito o si no es más de lo mismo con una envoltura de novedad.

Dios los cría y ellos se juntan: el Foro Madrid

La extrema derecha contemporánea ya no opera encerrada en fronteras nacionales, sino a través de redes transnacionales que comparten discursos, enemigos y estrategias. El Foro Madrid, impulsado por el partido neofascista español VOX, se ha convertido en el principal espacio de articulación que reúne a las derechas radicales iberoamericanas.

En el Perú, ese espacio ha encontrado adherentes y colaboradores entusiastas en dirigentes —y hoy candidatos— del trifachito y grupos afines: Keiko Fujimori, Luis Galarreta, Alejandro Muñante, Jorge Montoya, José Cueto, Patricia Chirinos, Adriana Tudela y, de manera especialmente activa, Rafael López Aliaga, anfitrión en Lima del II Encuentro Regional del Foro Madrid en marzo de 2023. Se trata, en el fondo, del mismo horizonte ideológico: una derecha reaccionaria que combina autoritarismo, guerra cultural y fantasías de reconquista bajo el emblema neocolonial de la “Iberoesfera”.

¿Cuántos más, mejor?

El refrán “cuantos más, mejor” sugiere que una tarea compartida entre varios tiene mayores posibilidades de éxito. Ese no es el caso de la política peruana, donde el “cuantos más” se ha traducido en una saturación de siglas que, lejos de favorecer un sano pluralismo de ideas, produce en el elector perplejidad y confusión al decidir su voto.

Las derechas —entendidas desde el centro liberal hasta el radicalismo — se presentan en al menos una decena de planchas presidenciales y listas parlamentarias. ¿Existen diferencias significativas que justifiquen tal fragmentación? No es el caso de los partidos que componen el trifachito, pues los tres han adoptado, en mayor o menor medida, los discursos y consignas de la actual ola reaccionaria mundial, cuyos principales rasgos son:

La guerra cultural permanente: lejos de traducirse en una defensa efectiva de la “libertad” que pregonan, su accionar político apunta a restringir derechos. Toda agenda o política pública asociada a la igualdad, la educación sexual, el feminismo o los derechos reproductivos son el blanco de sus estridentes cruzadas morales.

El integrismo religioso: a diferencia de su referente VOX, apoyado por grupos ultraconservadores católicos como el Opus Dei y El Yunque, en el Perú el respaldo más visible al trifachito —en especial a Renovación Popular— proviene de corrientes evangélicas neopentecostales. Estas iglesias viven hoy en un matrimonio de conveniencia con sectores católicos ultraconservadores que durante años las menospreciaron. Juntos buscan imponer sus convicciones religiosas al conjunto de la sociedad mediante leyes y políticas públicas, atentando contra la separación entre la Iglesia y el Estado propia de las democracias avanzadas. Paradójicamente, algunos de sus líderes y candidatos no son precisamente modelos de cumplimiento de la moral que predican.

El autoritarismo punitivo: culto a las soluciones de “mano dura” frente a problemas tan complejos y multifactoriales como la delincuencia. Promesas de megacárceles, militarización de la seguridad ciudadana, endurecimiento de castigos y reintroducción de la pena de muerte resultan atractivas en un país que enfrenta niveles de criminalidad nunca antes vistos. Pero el discurso del trifachito es una estafa, pues mientras sus candidatos proponen la “bukelización” del país, sus actuales bancadas han elaborado y promulgado un paquete de leyes procrimen que se resisten a derogar. ¿Podemos razonablemente esperar rectificaciones por parte de sus nuevos electos cargados, en muchos casos, con un prontuario delictivo difícil de ignorar?

El populismo maniqueo: a falta de un proyecto nacional inclusivo capaz de aglutinar a las grandes mayorías, el trifachito recurre a lo que Taguieff llama la «manufactura del odio»: la deshumanización y demonización de grupos a los que se atribuyen todos los males de la sociedad. Es un recurso recurrente de la ultraderecha, que convierte la política no en diálogo y gestión de los conflictos, sino en un enfrentamiento regido por la lógica militar del “amigo-enemigo”. Una guerra en la que el bien, que ellos encarnan, debe destruir al mal: sus oponentes. En el Perú, el trifachito ha designado como enemigo a “los caviares”, un cajón de sastre en el que se coloca a cualquier persona o grupo que convenga a sus intereses. La figura del caviar resulta particularmente útil, ya que —a diferencia de otras latitudes— el trifachito no puede asignar ese papel a las élites económicas y sociales, de las que forma parte y cuyos intereses defiende.

Capitalismo sin rostro humano: sectores pertenecientes al fujimorismo, pero principalmente a Avanza País, plantean una agenda económica de desregulación profunda, reducción radical del Estado, mayor flexibilización laboral, ampliación de las privatizaciones y disminución de la carga impositiva. Se trata de un recetario típico del neoliberalismo radical (Stiglitz) que persigue el beneficio del capital privado en desmedro de la protección social. Pero a ese “menos Estado” que predican, lo acompañan invariablemente con un “más Estado” represor que defienda sus intereses, tal como quedó claramente demostrado en su apoyo a las ejecuciones extrajudiciales del gobierno Boluarte en 2022/2023.

¿Más vale trifachito conocido que outsider por conocer?

Algunos analistas políticos se han mostrado sorprendidos ante el persistente apoyo electoral que reúnen Fuerza Popular y Renovación Popular, y aunque este apoyo parece haber alcanzado su techo e incluso mostrar cierto declive, lo cierto es que uno de cada cinco peruanos está ahora mismo dispuesto a votar por una de estas agrupaciones.

La sorpresa de estos analistas sería menor si tomaran en cuenta algunos datos relevantes: dos tercios de los peruanos consideran necesario contar con un “líder fuerte” que ponga orden (IDEA/Ipsos), más de la mitad apoyaría a un líder que acabe con la delincuencia, aunque no respete los derechos humanos (IEP), y a casi un tercio de nuestros compatriotas le da lo mismo vivir bajo un régimen democrático o no (IDEA/Ipsos). A la vista de estas opiniones, lo sorprendente es más bien que el trifachito no tenga una intención de voto mucho mayor.

Pero los peruanos no nos acostamos demócratas una noche y nos levantamos autoritarios la mañana siguiente. Nuestro país ha venido sufriendo desde hace años una “desdemocratización acelerada” que afecta gravemente la capacidad de gobierno, la representación ciudadana, la protección de derechos y el balance de poderes (Vergara, Barnechea), pero es la gravísima crisis de seguridad ciudadana la que actualmente capta prioritariamente nuestra atención. Cuando la población siente que su vida corre peligro al salir de casa cada día, la democracia y sus instituciones se convierten en un lujo irrelevante. Es en ese clima que el discurso de “mano dura” adquiere enorme importancia, aunque su aplicación signifique el abandono de las formas democráticas: el autoritarismo deja de ser una amenaza y se convierte en una tabla de salvación.

El crecimiento acelerado de Wolfgang Grozo tampoco debería sorprender, pues responde a las mismas causas, con un factor adicional: López Aliaga, Fujimori Higuchi y Williams Zapata no representan ninguna novedad, sino que forman parte del desprestigiado establishment político actual. Cada uno de ellos tiene un lastre que dificulta su crecimiento: a López Aliaga lo apoyan principalmente los varones de más de 50 años de las clases acomodadas capitalinas, Fujimori Higuchi tiene un monumental antivoto y Williams Zapata, como el resto de militares retirados del actual Congreso, solo parece haber tenido una agenda corporativa de dos puntos: impunidad y mejoras salariales (Rosa María Palacios dixit).

Wolfgang Grozo ha sabido captar las simpatías del electorado más joven, encarnando una opción novedosa de “mano dura”, aliada a las habilidades propias de los servicios de inteligencia. Sus promesas de hacer que Bukele parezca “un niño de pecho” a su lado y pacificar al país en menos de seis meses, no podían sino seducir a una ciudadanía que exige resultados inmediatos en materia de seguridad. Por lo demás, Grozo tiene planteamientos bastante similares a los del trifachito en temas de conservadurismo moral, neoliberalismo radical, populismo maniqueo y terruqueo. Nada que pueda realmente desencantar a amplios sectores de la derecha, incluidos los más radicales. Todo lo contrario.

¿Logrará Grozo mantener su tendencia ascendente? Ya algunos nubarrones ensombrecen su horizonte electoral: un discurso que se modula o contradice según el auditorio al que se dirija, más propio del cálculo político que de verdadera convicción, y una imagen de outsider sin tacha que se desdibuja por su acercamiento a cuestionables personajes como Zamir Villaverde y Tomás Aladino Gálvez… El tiempo —muy breve — responderá esta pregunta.

[CIUDADANO DE A PIE] En una reciente entrevista, Beatriz Mejía Mori —abogada constitucionalista, exdirectora de la Academia de la Magistratura y hoy candidata al Senado— se refirió de manera inusualmente directa y crítica al derecho al voto de los militares en actividad y a su posibilidad de postular a cargos electivos tras el pase al retiro (Ley N° 28480). Un “craso error”, según la jurista, pues los militares no han sido educados para vivir en democracia sino para obedecer órdenes, lo que explica los “gestos dictatoriales” que exhiben en el actual Congreso. Elegir un militar a la presidencia en el 2026, concluye Mejía Mori, sería “llevar los cuarteles a palacio de gobierno”.

Por su parte, Carla Granados Moya —teniente EP en situación de retiro e investigadora de la cultura política castrense— sostiene que, a diferencia de las épocas de golpes de Estado, los militares utilizan hoy las urnas para socavar la democracia desde dentro:

“Los nuevos ‘soldados políticos’ hacen uso de las reglas de la democracia para imponer paradójicamente su agenda antidemocrática. Y, al introducir una concepción bélica de la política, no solo estimulan y naturalizan la violencia simbólica, sino también la violencia física en contra de las y los ciudadanos” (“Una guerra política: la avanzada militar y la destrucción de la democracia peruana”. Trama Crítica, 20 junio 2024).

Si estas advertencias son atendibles, la pregunta evidente es: ¿qué estamos eligiendo cuando votamos por militares?

Soldados políticos: la amenaza uniformada

La figura del “soldado político”, estudiada por Dirk Kruijt, emerge en la política como uno de los principales obstáculos para la consolidación democrática latinoamericana. Por lo general se trata de militares en situación de retiro que compiten electoralmente sin desprenderse de la lógica, los reflejos y la cultura del mundo castrense. Su agenda es esencialmente autoritaria y antipolítica. Para alcanzar sus fines, pervierten las reglas formales de la democracia con la intención de debilitar los controles civiles y judiciales. Justifican soluciones de fuerza frente a conflictos que, en esencia, son políticos y sociales, naturalizando una visión bélica de la política (amigo/enemigo), donde el disenso y la protesta —expresiones legítimas de pluralismo democrático— son tratados como amenazas al orden que deben ser eliminadas. Estos políticos en uniforme (Grabendorff), que operan bajo una lógica de cuartel aplicada al Estado, pueden tanto presentarse como figuras progresistas (Hugo Chávez) como ultraconservadoras (Jair Bolsonaro), pero en ambos casos constituyen la antítesis de un verdadero demócrata.

Del cuartel al Congreso

En Democracia asaltada (2024), Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea nos ofrecen un lúcido análisis del colapso de la política peruana y del vaciamiento de nuestra democracia representativa, pero el diagnóstico de esta crisis democrática quedaría incompleto si no se examinara el rol de los soldados políticos en nuestra actual coyuntura.

Tras las elecciones generales del 2021, la falsa narrativa de un supuesto “fraude en mesa” —impulsada por la derecha radical— contó con el respaldo de importantes miembros de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN) y de otros colectivos de militares en retiro, varios de los cuales exhortaron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a desconocer a Pedro Castillo como presidente electo. Algunos de estos actores participaron activamente en intentos de internacionalizar dicha narrativa, y aunque estas acciones no lograron sus objetivos antidemocráticos, constituyeron un evidente atentado contra el Estado de derecho y la legitimidad democrática fundamentada en la voluntad popular expresada en las urnas.

La experiencia parlamentaria de estos últimos cinco años nos ha proporcionado una clara evidencia de cómo operan los soldados políticos electos. Uno de sus rasgos más visibles ha sido el respaldo sistemático a salidas políticas impositivas, en particular la banalización de la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, un mecanismo excepcional cuya transformación en instrumento rutinario de presión política, ha erosionado gravemente el equilibrio entre poderes.

La concepción bélica de la política, en la que el adversario es un enemigo que debe ser abatido, se comprobó con ocasión de las protestas sociales de 2022/23 que exigían la convocatoria a nuevas elecciones. Los militares congresistas, lejos de actuar como defensores del Estado de derecho, validaron y justificaron el “uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal” (Amnistía Internacional, CIDH) que costó la vida a 49 compatriotas. La intervención militar en tareas de orden interno, la minimización de las denuncias por graves violaciones de derechos humanos y la ausencia de rendición de cuentas son prácticas habitualmente promovidas por los soldados políticos latinoamericanos, y el caso peruano no ha sido la excepción.

La democracia exige una reconciliación crítica con un pasado de violencia, basada en la verdad, la justicia y la reparación (Jelin, Collins, Martínez, Reátegui). Sin embargo, estos mismos soldados políticos actuaron en la dirección opuesta, bloqueando avances en justicia para las víctimas mediante amnistías y prescripciones que garantizan la impunidad (Ley 32107). A ello se suma una actitud persistente de hostilidad hacia los mecanismos de control jurídico, tanto nacionales como internacionales, que se ha traducido en propuestas para abandonar el sistema interamericano de derechos humanos. Estas posiciones revelan una resistencia a toda forma de supervisión y una concepción del poder estatal como un espacio carente de límites cuando se actúa en nombre de la “Seguridad y Defensa Nacional”.

Ninguna de estas acciones es atribuible a la casualidad ni a iniciativas personales anecdóticas; responden a un patrón psicológico y cultural presente en ciertos sectores de nuestras Fuerzas Armadas. Pero la responsabilidad de la militarización de la política peruana, no es únicamente de los soldados políticos.  

La alianza perversa

La creciente presencia de militares retirados en la política peruana no puede entenderse como una iniciativa autónoma proveniente de las Fuerzas Armadas (Granados Moya). Por el contrario, ha sido impulsada por agrupaciones políticas de ultraderecha, algunos de cuyos dirigentes —siendo civiles— adoptan voluntariamente la lógica militar como forma de hacer política. Estos “políticos militarizados” no solo respaldan la participación de militares en retiro, sino que mimetizan su mentalidad. Renuncian deliberadamente a ejercer un liderazgo democrático como contrapeso civil al poder armado y, en su búsqueda de respaldo popular ofrecen “mano dura” como solución infalible para los conflictos sociales y problemas de seguridad.

El caso de Avanza País es un ejemplo revelador, pero por desgracia no el único, de esta deriva: en su retórica, la contienda electoral se ha transformado en una operación militar, dirigida no solo contra los delincuentes que campan a sus anchas en nuestras ciudades, sino igualmente contra «caviares» y «progres», vale decir, contra cualquier ciudadano que se oponga democráticamente a su agenda autoritaria y conservadora. Sus postulantes civiles a las vicepresidencias —ambos pertenecientes a las élites privilegiadas del país— se exhiben saludando militarmente a su candidato presidencial de origen castrense. Más allá de lo patético del gesto, el mensaje político que transmite es inquietante: a diferencia de lo que ocurre en democracias consolidadas, el poder civil peruano no se afirma frente a lo militar, sino que se subordina a él. Representa una subordinación simbólica que no es otra cosa que la renuncia vergonzante a la supremacía civil sobre la militar, un pilar básico de cualquier democracia republicana digna de ese nombre. No estamos, pues, solo ante soldados políticos que trasladan la lógica del cuartel al Estado, sino también ante políticos civiles que, por cálculo o convicción autoritaria, adoptan esa lógica y la legitiman. Esta alianza perversa no fortalece la democracia peruana, la socava desde dentro, normalizando el autoritarismo y la represión en espacios que deberían regirse por la deliberación y el pluralismo democráticos.

Sí, un craso error

En un país como el Perú, con una historia jalonada de dictaduras militares, violencia e impunidad, votar por militares en retiro y sus aliados civiles, no es una apuesta prudente, sino un riesgo innecesario, un craso error de consecuencias nefastas para la democracia y la convivencia plural. La crónica reciente de su accionar como congresistas constituye la mejor prueba de lo que nos espera si son elegidos como diputados, senadores o alcanzan la presidencia de la república. Honestamente, nuestro sufrido país merece mucho mejor que eso.

[CIUDADANO DE A PIE] Por estas fechas, hace dos años, Juan Carlos Tafur -siempre en su compulsiva y angustiada búsqueda de candidatos de derecha capaces de enfrentar con posibilidades de éxito a la “izquierda radical y disruptiva” —impulsaba públicamente la candidatura de Carlos Álvarez a la presidencia de nuestro país. No lo hacía en el vacío, sino que, como el propio periodista señalaba, respondía al interés que la “élite empresarial y financiera” tenía en el personaje, debido a su posicionamiento —por delante de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga—, en una de esas “encuestas reconocidas” de las que ya hemos tratado en nuestra nota anterior (https://x.com/SudacaPeru/status/1996238955956605119?s=20). Las credenciales de Álvarez para postular, según Tafur, eran sus años de apoyo a obras sociales, el manejo de un buen discurso, haber recorrido el país de “cabo a rabo”, y detalle que despierta suspicacias democráticas, ¡ser querido por las fuerzas armadas!

A este auspicioso bautismo mediático le siguió la confirmación en forma de una entrevista en El Comercio. “¿Por qué discriminar a un cómico?”, se preguntaba Sonia del Águila, especialista en música y televisión de ese medio. “¿Quién dijo que hay un perfil único para servir al país?”, ensayaba Álvarez como respuesta. Resulta interesante que sea en esta complaciente y solícita entrevista donde se reconozca que hay quienes lo ven como “el cómico, el imitador, el bufón que ahora pretende ocupar un lugar en la arena política.” Pero ¿existen realmente elementos en la dilatada trayectoria profesional de Carlos Álvarez que justifique tal apelativo, o se trata simplemente de un intento de ridiculizarlo y minusvalorarlo?

Bufonería cortesana versus sátira política contestataria

La relación entre el humor y la política ha sido históricamente dual y ambivalente: desde los bufones de las cortes medievales, al servicio del poder, hasta los incómodos y a menudo temidos cómicos de la sátira política contestataria.

El bufón, ante todo, era un sirviente del soberano, un instrumento de gestión política (Otto) de lo que hoy llamamos “el oficialismo”. Tanto servía como válvula de escape para aliviar las tensiones internas del régimen monárquico (Outram), como de arma política del rey contra rivales y enemigos a los que no convenía atacar directamente. El bufón cortesano era pues            —contra muchas de las ideas románticas existentes—, un actor operando conscientemente dentro de las estructuras de poder, con una “libertad de expresión” estrictamente pactada (Billington).

La sátira contestataria, en cambio, “es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos», afirmaba el Nobel de Literatura Darío Fo. La noble misión de la comedia política auténtica es atacar al poder con las armas de la burla y la ironía, con el objeto de señalar y criticar sus defectos, sus abusos y sus hipocresías. También vigilar, porque el poder, por definición, debe ser vigilado (Montesquieu), y esta vigilancia solo puede ser ejercida por ciudadanos libres. La risa puede además insuflar al pueblo una «segunda vida» en la que las jerarquías y el sentido común dominantes son cuestionados (Bakhtin). Es por ello que la sátira es tremendamente impopular entre los gobernantes, pues proporciona al pueblo una forma de disidencia, particularmente en regímenes políticos opresivos. Werner Finck y Kurt Gerron en la Alemania nazi, así como Mikhail Zoshchenko y Vladimir Voinovich en la Unión Soviética, son ejemplos elocuentes del destino reservado a los humoristas incómodos bajo poderes dictatoriales.

Camotillo el Tinterillo y Sofocleto  

Aunque se reconoce al gran actor cómico trujillano, Álex “el Mono” Valle, como el precursor de la sátira política televisiva peruana en los inicios de los años sesenta, fue Tulio Loza quien elevó este género a su más alto nivel. Encarnando a “Camotillo el Tinterillo” —candidato eterno a la presidencia por su ficticio partido—, el mordaz e hilarante cómico denunciaba con humor directo la corrupción, el racismo, la burocracia y los abusos del poder. Sus valientes críticas al gobierno militar velasquista le valieron amenazas, vetos y finalmente el exilio en Argentina en 1973.

Mención especial merece igualmente Luis Felipe Angell “Sofocleto”, exponente privilegiado de nuestra sátira intelectual. Sus libros, columnas periodísticas y apariciones televisivas eran implacables denuncias de la hipocresía, la corrupción y la mediocridad de la élites. Su humor no dejaba títere con cabeza, fuera este civil o militar, de izquierda o de derecha. Pagó su audacia con censura, encarcelamiento y deportaciones.

Así, mientras que Tulio Loza y Luis Felipe Angell se convirtieron en paradigmas de la sátira política crítica y valiente —que en tiempos de dictadura no se autocensura ni se pone al servicio del poder —con Carlos Álvarez estamos ante algo totalmente distinto.

¿Un bufón cortesano?

La bufonería cortesana sigue vigente hoy en aquellos humoristas que se ponen al servicio del poder (Eco, Eagleton), que adulan con bromas complacientes a los gobernantes, los defienden mediante propaganda camuflada de chiste y ridiculizan selectivamente a sus adversarios. Este fue, precisamente, el caso de Carlos Álvarez en los años postreros del gobierno de Alberto Fujimori, cuando hizo uso de su gran talento para promocionarlo y ensalzarlo, mientras ridiculizaba sistemáticamente a sus opositores. Su presencia en el canal estatal entre 1999 y 2000 ha sido interpretada como parte de la estrategia mediática fujimontesinista. El propio Álvarez ha admitido recientemente que en aquellos años apoyó al gobierno de Fujimori —una clara admisión de su función como cómico bufonesco al servicio de un régimen corrupto—, “pero no sus tropelías”, precisó. Este poco creíble deslinde fue de inmediato objeto de burla por parte de Carlín, quien lo retrató en una caricatura de La República con indumentaria y actitud de bufón, frente a un apoltronado y divertido Fujimori. César Hildebrandt agregaría poco después una crítica más directa a esta declaración, calificando a Carlos Álvarez de “canalla” por haber satirizado —por dinero y no por convicción ni ideología— a todos aquellos que se enfrentaron a la dictadura fujimorista: un bufón a sueldo.

El candidato

Carlos Álvarez aspira a la presidencia de un país asolado por la delincuencia, cuya institucionalidad democrática viene siendo erosionada día a día, y donde la estabilidad económica se encuentra amenazada por un déficit fiscal creciente. No se trata, por cierto, de un fenómeno aislado ni novedoso, sino más bien característico de estos tiempos caóticos y convulsos. En sociedades exhaustas como la nuestra, existe la tentación de confundir al comediante con el estadista y la popularidad con la capacidad para gobernar. Los resultados de encumbrar a cómicos y payasos   en posiciones de poder suelen oscilar entre la decepción y la catástrofe. Personajes como Beppe Grillo en Italia, Volodímir Zelenski en Ucrania y Jimmy Morales en Guatemala, que se promocionaron bajo la premisa de que alguien ajeno a la política era, por definición, moralmente superior, adolecieron, una vez alcanzado el poder, de taras similares: desconocimiento del aparato estatal y de las instituciones, carencia de cuadros técnicos probados, toma de decisiones improvisadas, luchas internas, dificultades para establecer estrategias coherentes y, lo más grave, corrupción rampante.

La postulación de Álvarez coloca su trayectoria en el centro del debate: ¿qué tipo de liderazgo moral puede ofrecer alguien cuya relación con el poder político ha sido la de bufón cortesano al servicio de un régimen corrupto? ¿Son dignas de crédito sus declaraciones de guerra a la delincuencia y la corrupción? ¿Posee las agallas y el fuste para “desratizar” el Perú y conducir un gobierno que imponga orden, seguridad y transparencia? ¿Son sus ofrecimientos de “mano dura” algo más que los acostumbrados lugares comunes habituales de los discursos de la derecha radical? En todo caso, Carlos Álvarez ofrece —a sabiendas o no— un servicio inestimable a esas élites que hoy lo apoyan y publicitan en Cosas: contribuir a la dispersión del voto de los sectores populares, haciendo uso de su celebridad mediática. Ese es su nicho electoral asignado, porque los sectores pudientes de la derecha nacional ya tienen sus candidatos… y ciertamente él no se encuentra entre ellos.

[CIUDADANO DE A PIE] En los últimos años, las encuestadoras latinoamericanas han errado de manera constante y significativa al intentar anticipar resultados electorales. Los sonados fracasos en Perú (2021), Brasil (2022), Argentina (2023 y 2025), Ecuador (2023 y 2025) y Bolivia (2025) son algunos ejemplos ilustrativos. Pero el caso más significativo acaba de ocurrir en las elecciones del 16 de noviembre en Chile. Franco Parisi, el economista que hizo campaña por Zoom desde los Estados Unidos, obtuvo un “sorprendente” tercer lugar en la competencia con el 19,7 % de la votación, a pesar de que las principales encuestas le atribuían un puntaje inferior en al menos 8 puntos. La reacción fue inmediata: Parisi denunció la existencia de un “terrorismo de encuestas”, acusando a las encuestadoras de manipular deliberadamente sus cifras para hundirlo y direccionar el voto útil hacia los candidatos del establishment. Miembros de su equipo han incluso propuesto una ley que tipifica la “especulación en encuestas electorales” como delito, imponiendo penas de prisión a los responsables.  Con estas referencias, y frente a las encuestas de todo pelaje que serán nuestra inevitable compañía hasta las elecciones de abril, urge plantearnos, sin rodeos, tres preguntas fundamentales con respecto a ellas: ¿Son fiables? ¿Sirven como instrumentos de manipulación? ¿Promueven realmente el ejercicio del voto informado y responsable?

¿Son fiables?

Realizar una encuesta electoral no es tarea sencilla. Hace falta mucho dinero, una muestra verdaderamente representativa del universo de votantes, preguntas bien diseñadas, entrevistadores capacitados, una modalidad adecuada (cara a cara es la más precisa) y un procesamiento estadístico impecable. Si todo se hace bien, los resultados deberían acercarse bastante a la realidad, cosa que rara vez ocurre actualmente. Destacados especialistas en la materia (Gelman, Moreno, Vidal Díaz de Rada) señalan como responsable de esta situación al “error de cobertura”. Es decir, la existencia de miles de electores que sencillamente no son elegibles para ninguna encuesta debido a factores como lugar de residencia poco accesible (zonas rurales), carencia de telefonía e internet, falta de integración a los circuitos de la economía de mercado. Estos votantes “invisibles” para las encuestadoras tienen hoy una doble relevancia electoral: pueden abarcar un porcentaje significativo de la población (lo que menoscaba la representatividad de las encuestas) y, lo más importante, en tiempos de malestar social, como los actuales, son los electores con el mayor potencial de voto disruptivo (Alberto Mayol). En estas circunstancias, las encuestas se asemejan más a un juego de azar que a un procedimiento científico, en el que los “márgenes de error” son pura ficción.

¿Sirven como instrumentos de manipulación?

En el Perú esta pregunta no admite debate. Los “Vladivideos” de Montesinos entregando sumas millonarias a dueños y directores de encuestadoras, a cambio de inflar la intención de voto de Alberto Fujimori en las elecciones del 2000, son un argumento irrebatible en favor de una respuesta afirmativa. “Las encuestas son el termómetro de la opinión pública, y si uno controla el termómetro, controla la fiebre”, afirmó el condenado asesor durante su juicio. En efecto, la difusión de encuestas electorales fraudulentas, “cocinadas” con muestras amañadas, preguntas dirigidas y datos inventados, puede llegar a incidir de manera importante en el voto. Fue el caso de la victoria fujimorista del 2000, pues según el propio Montesinos, sin el bombardeo de encuestas falsas, Fujimori habría perdido en primera vuelta con apenas el 38-42 % de los votos. El mecanismo que explica este éxito es conocido: las encuestas manipuladas orientan la opinión pública a favor de ciertos candidatos debido al “efecto arrastre” (Druckman, Leibenstein), que condiciona subconscientemente a los indecisos a votar —sin respaldo racional— por el que “va ganando”, para evitar terminar en el bando de los perdedores. Más de dos décadas después, pareciera que aún somos vulnerables a este efecto: en Puno, solo 1 de cada 10 votantes cree en la veracidad de las encuestas… ¡Pero casi la mitad vota por el que va primero y otro cuarto por el que “sube”! (Pacori y Rodríguez).

¿Promueven realmente el voto informado y responsable?

Aun pasando por alto los errores de las encuestas electorales y asumiendo que se trata únicamente de defectos procedimentales sin ninguna intención oculta de engaño ni manipulación —algo que podría sonar a inocentada en el reino de la posverdad—, la respuesta es un rotundo no.

Ha sido demostrado hasta la saciedad que cuando los medios saturan a los ciudadanos con encuestas electorales repetitivas, lo único que consiguen es convertir la política en espectáculo, una carrera de caballos donde las propuestas de gobierno son lo que menos importa (Patterson, Hall Jamieson, Rosen, Lawrence, Aalberg). El resultado: votantes menos informados, menos reflexivos y mucho más proclives al efecto arrastre.

Pero el daño más severo —y el más ignorado— es otro: las encuestas violan uno de los principios fundamentales de la democracia representativa, consagrado en prácticamente todas las constituciones, incluida la nuestra (artículo 31): el secreto del voto. El secreto del voto no es un detalle banal ni un capricho jurídico. Es la muralla protectora de la libertad ciudadana, la única garantía real de la disidencia democrática y de la alternancia en el gobierno.

Al apremiar al ciudadano a declarar por adelantado sus preferencias electorales, el voto deja de ser secreto ya en su etapa de gestación. Y cuando eso ocurre, se termina exponiendo a la sociedad a todo tipo de maniobras, amenazas y chantajes por parte de los grupos de poder que buscan defender sus intereses y no están dispuestos a perderlos por mandato popular.

En términos llanos: cuando el secreto del voto se debilita, la democracia se debilita. No en vano reconocidos juristas y pensadores sociales han abogado por la prohibición total de las encuestas electorales (Rubio Llorente, Bourdieu, Bidart Campos, Rodotà). Esta sería la medida más radical y, sin duda, la más eficaz contra el “terrorismo de encuestas”, pero también la más difícil de implementar. En todo caso, va siendo hora de que evitemos el dejarnos deslumbrar por el circo de las encuestas y el “bailecito sin deliberación” (Juan De la Puente), y más importante aún, no apostar más por tinkas electorales, en las que la inmensa mayoría de peruanos invariablemente resultamos perdedores. Elijamos a nuestros representantes con la máxima conciencia y libertad posibles, basados en propuestas reales y no en proyecciones engañosas. Esta podría ser nuestra última oportunidad.

[CIUDADANO DE A PIE] “Elegimos a nuestros gobiernos por medio del voto. Los partidos proponen políticas y presentan candidatos, nosotros votamos según reglas predefinidas, se declara un ganador, este ocupa su cargo y el perdedor se va a su casa. Durante unos años nos gobiernan y luego tenemos la posibilidad de decidir si los renovamos en sus cargos, o bien, los echamos.” La frase, perteneciente al reconocido especialista en temas de democracia Adam Przeworski, resume la esencia del sistema democrático: elecciones periódicas, competencia entre partidos, reglas claras, alternancia en el poder y algo fundamental, la rendición de cuentas mediante el voto ciudadano, a la que todo gobierno en democracia debe someterse. Por desgracia, esta “normalidad democrática” (Mounk) no es propia de los países, que, como el nuestro, se encuentran en la categoría de “régimen híbrido”, caracterizado por un sistema político que combina elementos democráticos y autoritarios (The Economist). Es en este complicado marco que los peruanos acudiremos a votar el próximo 12 de abril, en unas elecciones, que, como bien ha señalado Juan De la Puente, tienen como problema central la posibilidad de reelección de este régimen que tiene “un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad”, y al que bien haríamos, en calificar sin rodeos ni circunloquios, como el de una “crimilegalidad” (https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-2026-elecciones-en-tiempos-de-crimilegalidad/).

Mucho que perder

¿Por qué unos comicios “democráticos” serían deliberadamente manipulados por un gobierno, con la finalidad de mantener a toda costa el manejo del país? Debemos igualmente a Przeworski, una clara respuesta a esta interrogante: la razón fundamental, es que el fracaso electoral no sólo representaría una pérdida de privilegios, sino que podría resultar en una seria amenaza personal al patrimonio (en muchos casos malhabido) y a la libertad de quienes detentan el poder. Es entonces que, con tal de escapar de esta amenaza, recurrirán a todos los mecanismos posibles de manipulación, abuso, represión e intimidación, y si nada de esto funcionara al fraude.

Es de dominio público que no menos de 67 parlamentarios, la propia jefa de Estado y algunos de sus más notorios colaboradores, enfrentan o enfrentarán investigaciones por múltiples delitos, que van desde los consabidos corrupción, organización criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito… hasta el de homicidio calificado. De que preocupar a los miembros del archiconocido “pacto mafioso” quienes, con la finalidad de asegurar su impunidad más allá del 28 de julio del 2026, buscan asegurar la victoria de sus candidatos en las próximas elecciones, valiéndose por el momento, de una serie artimañas legales que merecerían una nota especial.

Empoderamiento criminal 

La crimilegalidad extiende igualmente su manto protector sobre las actividades de los grupos delictivos organizados que operan en nuestro país. El pacto mafioso ha aprobado y promulgado una serie de leyes y reformas entre 2023 y 2025, que, según informes del Ministerio público, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debilitan nuestro sistema de justicia, obstaculizan investigaciones contra redes criminales y facilitan la impunidad en casos de extorsión y otros delitos. Como ejemplos podemos citar la ley 32138, que modifica de la ley contra el crimen organizado, excluyendo deliberadamente actividades como la minería ilegal y el proxenetismo; la ley 32326 de Extinción de Dominio, que impide al Estado recuperar bienes ilícitos de manera ágil en casos de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y corrupción; y la ley 31990 sobre la Colaboración Eficaz que impone plazos rígidos que obstaculizan las investigaciones complejas*. Resulta pues evidente que tanto los miembros del pacto mafioso, como los capos de las grandes organizaciones criminales, comparten el mismo interés en asegurar el triunfo de candidatos que respondan a sus intereses.

Por las malas… o por las peores

Autoridades, expertos y diversas organizaciones, han planteado el riesgo de una intervención decisiva del crimen organizado en las elecciones generales que se avecinan, y según una encuesta reciente de Ipsos, el 71% de los peruanos considera probable que las campañas electorales sean financiadas por dinero proveniente de la minería ilegal.

Diez mil millones de dólares -cantidad aproximada de dinero generado anualmente por las economías ilegales y criminales- son infinitamente más que suficientes para financiar campañas, sobornar autoridades, crear redes de desinformación, infiltrar operadores en los partidos políticos, constituir bancadas propias en el Congreso y ¿quién sabe? ¡contar con un Presidente de la República totalmente afín!

Esta intervención mafiosa no tiene por qué limitarse al solo financiamiento electoral, sino puede incluir acciones más directas y expeditivas, como el amedrentamiento, la violencia física contra personas y colectivos, y llegado el caso, el homicidio de candidatos molestos (Luna).

Un Estado que no sirve, pero que les sirve

¿En qué tipo de acciones concretas deberíamos involucrarnos los peruanos para enfrentar este riesgo? La campaña #PorEstosNo, promovida por Rosa María Palacios, es un paso importante en la dirección correcta, pero enfrentarse a los enemigos de nuestra democracia y sus enormes recursos, requiere con urgencia una mejor organización y objetivos de mayor alcance.

En todo caso, deberíamos tener muy presente que una victoria en las urnas de los candidatos del pacto mafioso puede terminar siendo irreversible para nuestro país. La instauración definitiva de lo que los actuales poderes legislativo y ejecutivo representan: una flagrante incompetencia para resolver los problemas del Perú, acompañada de un Estado de derecho menguante y sometido a intereses criminales. Esta calamidad nacional significaría, asumiendo como propias las palabras de Yascha Mounk, que nuestra patria se habrá encarrilado por la senda de la injusticia perenne.

*Para una mejor comprensión de este entramado legal, seguir los análisis de Rosa María Palacios en La República resulta de suma utilidad.

[CIUDADANO DE A PIE] “Nuestra democracia ha dejado de cumplir con sus funciones básicas: no produce capacidad de gobierno, no representa a sus ciudadanos, no protege sus derechos, no garantiza el balance de poderes y es un peligro real que, si la degradación institucional prosigue su curso, en un futuro próximo, las elecciones podrían no cumplir con estándares democráticos mínimos.” Es con estas palabras que Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea inician el primer capítulo de su libro Democracia Asaltada publicado en el 2024. La frase encierra no solo una cruda y acertada caracterización de la inoperante democracia peruana, sino también un sombrío presagio sobre las elecciones generales de abril del 2026, que se celebrarán en el contexto de una democracia secuestrada por la crimilegalidad.

Entendemos por crimilegalidad el nuevo orden económico y político que viene imponiéndose en nuestro país, en el cual las economías ilegales y criminales, mediante la violencia, la coerción y la cooptación de autoridades, ejercen un control territorial efectivo sobre las áreas donde operan, configurando verdaderas gobernanzas criminales. Este control se consolida socialmente debido a que miles de familias residentes en estos territorios, dependen para su subsistencia, de los ingresos obtenidos por su participación, directa o indirecta, en los circuitos que alimentan estas economías: mano de obra, comercio, servicios, transporte. Esta delicada situación de sometimiento es susceptible de orientar las preferencias electorales de estas poblaciones hacia candidatos vinculados al crimen organizado. Pero por desgracia, tal influencia no se limita únicamente a ciertas regiones del país. Según el Instituto Peruano de Economía, las economías ilegales y criminales generan anualmente diez mil millones de dólares, que se integran a la economía formal a través de diversas modalidades de lavado de activos. Este proceso, facilitado por nuestras debilidades institucionales y la corrupción endémica, fortalece a las organizaciones criminales, permitiéndoles infiltrarse en sectores clave como los negocios y la política, incrementando significativamente su poder e influencia.

De manera ostensible y descarada, la crimilegalidad campea a sus anchas en las más altas esferas de gobierno del país. El Congreso y el Ejecutivo no solo omiten combatir la ilegalidad, sino que la alientan y protegen, al tiempo que infiltran y neutralizan las instancias encargadas de la lucha contra el crimen y la protección de los ciudadanos. Leyes y normas espurias en favor de la impunidad son promulgadas de manera compulsiva, en lo que a todas luces constituye un plan concertado y estructurado para entregar los espacios del país a las grandes organizaciones criminales, como ha señalado el exprocurador José Ugaz, experto en lucha contra la corrupción. Sin duda, la ejecución y consolidación de esta estrategia mafiosa se extenderán más allá de 2026, poniendo en el foco de los grupos involucrados las elecciones del próximo año, que definirán, de manera determinante, nuestro futuro como sociedad. ¿Estamos en condiciones de hacer frente a esta amenaza?