2026: Elecciones y pacto mafioso   

Por: 18.09.2025

[CIUDADANO DE A PIE] “Elegimos a nuestros gobiernos por medio del voto. Los partidos proponen políticas y presentan candidatos, nosotros votamos según reglas predefinidas, se declara un ganador, este ocupa su cargo y el perdedor se va a su casa. Durante unos años nos gobiernan y luego tenemos la posibilidad de decidir si los renovamos en sus cargos, o bien, los echamos.” La frase, perteneciente al reconocido especialista en temas de democracia Adam Przeworski, resume la esencia del sistema democrático: elecciones periódicas, competencia entre partidos, reglas claras, alternancia en el poder y algo fundamental, la rendición de cuentas mediante el voto ciudadano, a la que todo gobierno en democracia debe someterse. Por desgracia, esta “normalidad democrática” (Mounk) no es propia de los países, que, como el nuestro, se encuentran en la categoría de “régimen híbrido”, caracterizado por un sistema político que combina elementos democráticos y autoritarios (The Economist). Es en este complicado marco que los peruanos acudiremos a votar el próximo 12 de abril, en unas elecciones, que, como bien ha señalado Juan De la Puente, tienen como problema central la posibilidad de reelección de este régimen que tiene “un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad”, y al que bien haríamos, en calificar sin rodeos ni circunloquios, como el de una “crimilegalidad” (https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-2026-elecciones-en-tiempos-de-crimilegalidad/).

Mucho que perder

¿Por qué unos comicios “democráticos” serían deliberadamente manipulados por un gobierno, con la finalidad de mantener a toda costa el manejo del país? Debemos igualmente a Przeworski, una clara respuesta a esta interrogante: la razón fundamental, es que el fracaso electoral no sólo representaría una pérdida de privilegios, sino que podría resultar en una seria amenaza personal al patrimonio (en muchos casos malhabido) y a la libertad de quienes detentan el poder. Es entonces que, con tal de escapar de esta amenaza, recurrirán a todos los mecanismos posibles de manipulación, abuso, represión e intimidación, y si nada de esto funcionara al fraude.

Es de dominio público que no menos de 67 parlamentarios, la propia jefa de Estado y algunos de sus más notorios colaboradores, enfrentan o enfrentarán investigaciones por múltiples delitos, que van desde los consabidos corrupción, organización criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito… hasta el de homicidio calificado. De que preocupar a los miembros del archiconocido “pacto mafioso” quienes, con la finalidad de asegurar su impunidad más allá del 28 de julio del 2026, buscan asegurar la victoria de sus candidatos en las próximas elecciones, valiéndose por el momento, de una serie artimañas legales que merecerían una nota especial.

Empoderamiento criminal 

La crimilegalidad extiende igualmente su manto protector sobre las actividades de los grupos delictivos organizados que operan en nuestro país. El pacto mafioso ha aprobado y promulgado una serie de leyes y reformas entre 2023 y 2025, que, según informes del Ministerio público, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debilitan nuestro sistema de justicia, obstaculizan investigaciones contra redes criminales y facilitan la impunidad en casos de extorsión y otros delitos. Como ejemplos podemos citar la ley 32138, que modifica de la ley contra el crimen organizado, excluyendo deliberadamente actividades como la minería ilegal y el proxenetismo; la ley 32326 de Extinción de Dominio, que impide al Estado recuperar bienes ilícitos de manera ágil en casos de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y corrupción; y la ley 31990 sobre la Colaboración Eficaz que impone plazos rígidos que obstaculizan las investigaciones complejas*. Resulta pues evidente que tanto los miembros del pacto mafioso, como los capos de las grandes organizaciones criminales, comparten el mismo interés en asegurar el triunfo de candidatos que respondan a sus intereses.

Por las malas… o por las peores

Autoridades, expertos y diversas organizaciones, han planteado el riesgo de una intervención decisiva del crimen organizado en las elecciones generales que se avecinan, y según una encuesta reciente de Ipsos, el 71% de los peruanos considera probable que las campañas electorales sean financiadas por dinero proveniente de la minería ilegal.

Diez mil millones de dólares -cantidad aproximada de dinero generado anualmente por las economías ilegales y criminales- son infinitamente más que suficientes para financiar campañas, sobornar autoridades, crear redes de desinformación, infiltrar operadores en los partidos políticos, constituir bancadas propias en el Congreso y ¿quién sabe? ¡contar con un Presidente de la República totalmente afín!

Esta intervención mafiosa no tiene por qué limitarse al solo financiamiento electoral, sino puede incluir acciones más directas y expeditivas, como el amedrentamiento, la violencia física contra personas y colectivos, y llegado el caso, el homicidio de candidatos molestos (Luna).

Un Estado que no sirve, pero que les sirve

¿En qué tipo de acciones concretas deberíamos involucrarnos los peruanos para enfrentar este riesgo? La campaña #PorEstosNo, promovida por Rosa María Palacios, es un paso importante en la dirección correcta, pero enfrentarse a los enemigos de nuestra democracia y sus enormes recursos, requiere con urgencia una mejor organización y objetivos de mayor alcance.

En todo caso, deberíamos tener muy presente que una victoria en las urnas de los candidatos del pacto mafioso puede terminar siendo irreversible para nuestro país. La instauración definitiva de lo que los actuales poderes legislativo y ejecutivo representan: una flagrante incompetencia para resolver los problemas del Perú, acompañada de un Estado de derecho menguante y sometido a intereses criminales. Esta calamidad nacional significaría, asumiendo como propias las palabras de Yascha Mounk, que nuestra patria se habrá encarrilado por la senda de la injusticia perenne.

*Para una mejor comprensión de este entramado legal, seguir los análisis de Rosa María Palacios en La República resulta de suma utilidad.

2026: ELECCIONES EN TIEMPOS DE CRIMILEGALIDAD

Por: 7.09.2025

[CIUDADANO DE A PIE] “Nuestra democracia ha dejado de cumplir con sus funciones básicas: no produce capacidad de gobierno, no representa a sus ciudadanos, no protege sus derechos, no garantiza el balance de poderes y es un peligro real que, si la degradación institucional prosigue su curso, en un futuro próximo, las elecciones podrían no cumplir con estándares democráticos mínimos.” Es con estas palabras que Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea inician el primer capítulo de su libro Democracia Asaltada publicado en el 2024. La frase encierra no solo una cruda y acertada caracterización de la inoperante democracia peruana, sino también un sombrío presagio sobre las elecciones generales de abril del 2026, que se celebrarán en el contexto de una democracia secuestrada por la crimilegalidad.

Entendemos por crimilegalidad el nuevo orden económico y político que viene imponiéndose en nuestro país, en el cual las economías ilegales y criminales, mediante la violencia, la coerción y la cooptación de autoridades, ejercen un control territorial efectivo sobre las áreas donde operan, configurando verdaderas gobernanzas criminales. Este control se consolida socialmente debido a que miles de familias residentes en estos territorios, dependen para su subsistencia, de los ingresos obtenidos por su participación, directa o indirecta, en los circuitos que alimentan estas economías: mano de obra, comercio, servicios, transporte. Esta delicada situación de sometimiento es susceptible de orientar las preferencias electorales de estas poblaciones hacia candidatos vinculados al crimen organizado. Pero por desgracia, tal influencia no se limita únicamente a ciertas regiones del país. Según el Instituto Peruano de Economía, las economías ilegales y criminales generan anualmente diez mil millones de dólares, que se integran a la economía formal a través de diversas modalidades de lavado de activos. Este proceso, facilitado por nuestras debilidades institucionales y la corrupción endémica, fortalece a las organizaciones criminales, permitiéndoles infiltrarse en sectores clave como los negocios y la política, incrementando significativamente su poder e influencia.

De manera ostensible y descarada, la crimilegalidad campea a sus anchas en las más altas esferas de gobierno del país. El Congreso y el Ejecutivo no solo omiten combatir la ilegalidad, sino que la alientan y protegen, al tiempo que infiltran y neutralizan las instancias encargadas de la lucha contra el crimen y la protección de los ciudadanos. Leyes y normas espurias en favor de la impunidad son promulgadas de manera compulsiva, en lo que a todas luces constituye un plan concertado y estructurado para entregar los espacios del país a las grandes organizaciones criminales, como ha señalado el exprocurador José Ugaz, experto en lucha contra la corrupción. Sin duda, la ejecución y consolidación de esta estrategia mafiosa se extenderán más allá de 2026, poniendo en el foco de los grupos involucrados las elecciones del próximo año, que definirán, de manera determinante, nuestro futuro como sociedad. ¿Estamos en condiciones de hacer frente a esta amenaza?

 

 A las puertas del infierno: La crimilegalidad  

Por: 20.03.2025

[CIUDADANO DE A PIE ] El infierno como lugar de desesperanza y perdición ha sido comparado en ocasiones con la política peruana (Lynch, Paredes Castro, Sosa) ¿Quién podría hoy negarlo a vistas de los niveles de degradación que ha alcanzado? Sorprendentemente, un teólogo católico, Hans von Balthasar, llegó a especular con la idea de que el infierno podría ser un lugar vacío, y fue precisamente esa noción la que nos llevó a reflexionar sobre un reciente artículo de Alberto Vergara publicado en La República, en el cual señala que intentar hablar de política en el Perú, es “una mezcla de despropósito y delirio”, un “escribir sobre lo extinto”, un “medir los signos vitales de los habitantes de una catacumba”. Es bastante comprensible que un politólogo como Vergara se exprese de esa manera pues, en efecto, nuestra escena pública nacional ha dejado paulatinamente de ser materia propia de reflexión de la politología, para caer de lleno en el ámbito de investigación de la criminología, la ciencia que estudia las causas y circunstancias de los delitos, la personalidad de los delincuentes y su impacto social. Adentrándonos en ese enfoque prometedor, nos referiremos hoy a un fenómeno delictivo conocido como “crimilegalidad”: el entrelazamiento deliberado que se establece entre actividades criminales y legales y que se convierte en el eje organizador social, económico y político de una comunidad nacional. Retomando la comparación inicial, la crimilegalidad es lo más cercano al infierno que puede estar la política de un país… y todo parece indicar que hacia allí nos dirigimos.

El país en que vivimos: alta criminalidad y gobernanza criminal

El Perú se encuentra inmerso en lo que sociólogo argentino Marcelo Berman denomina un “equilibrio de alta criminalidad” (EAC). En un EAC, el Estado se muestra absolutamente incapaz de combatir las acciones de grupos criminales organizados, poderosos económicamente y que cuentan con eficientes redes de complicidades al interior de las fuerzas del orden, la justicia y el poder político. A las tradicionales actividades ilícitas como el narcotráfico, se suman otras más violentas como la trata de personas, la extorsión y el sicariato. Violencia, corrupción, impunidad, con apoyos políticos y una tasa creciente de asesinatos como la que venimos presenciando horrorizados los peruanos, caracterizan los EAC. A este entorno de alta criminalidad viene agregándose el establecimiento de “gobernanzas criminales” en diferentes partes del territorio nacional, esto es, el dominio o poder que ciertas organizaciones criminales ejercen sobre la población de una determinada área geográfica, con la finalidad de maximizar el aprovechamiento ilícito de los recursos allí presentes. Este poder o dominio que caracteriza a la gobernanza criminal—o “territorialización” mafiosa, como prefiere denominarla César Azabache—no solo se obtiene mediante el uso de la violencia, sino gracias también a una legitimación, resultante entre otras cosas, de los innegables beneficios económicos que perciben las poblaciones involucradas—siendo la minería ilegal en Pataz un claro ejemplo de esta situación—y al involucramiento en redes delictivas de funcionarios, autoridades y fuerzas del orden nacionales y subnacionales. Pero tanto la alta criminalidad como la gobernanza criminal, siendo gravísimos problemas, no son sino el telón de fondo de un peligro aún mayor: la crimilegalidad.

Crimilegalidad y poder político

La narrativa predominante, cuando nos referimos al “mundo del crimen organizado”, ha sido siempre considerarlo como una infame entidad, ajena y extraña al “mundo legítimo y legal” de la sociedad y la política, cuando la realidad en el Perú de hoy—y en otros países de la región— es que la línea que los separa es cada vez más imperceptible. Markus Schultze-Kraft, un científico social alemán con vasto conocimiento de la situación latinoamericana, aplicó en 2016 el término “crimilegalidad” al ámbito de las relaciones en contra de la ley, que se establecen entre el Estado y los actores legales e ilegales de la sociedad, y de cómo estas relaciones remodelan el ordenamiento político y social de un país. Ya no se trata simplemente de sobornos a las “manzanas podridas” presentes en los espacios públicos y privados, sino más bien de la integración del crimen organizado en las instancias legales, económicas y gubernativas de un país, con lo que se crea un orden “crimilegal” que involucra no solo a capos del crimen sino a funcionarios públicos, policías, políticos, jueces, fiscales y banqueros, entre otros. En la crimilegalidad, el crimen organizado alcanza el apogeo de su poder político, pues los gobiernos no solo no reprimen las actividades ilegales, sino que las promueven, torciendo las leyes y manipulando las Constituciones, al tiempo que se intenta guardar una apariencia de legitimidad con elecciones e instituciones manipuladas. Como bien señala el exprocurador y expresidente de Transparencia, José Ugaz, refiriéndose al caso peruano, no se trata de hechos episódicos consecuencia de la llegada al gobierno de malos grupos políticos o de personas corruptas, sino de la existencia de un plan concertado y organizado para entregar los espacios del país al crimen organizado, dictando leyes pro-crimen y desmantelando las instancias policiales competentes. 

Las consecuencias

La crimilegalidad acarrea graves consecuencias sociales que socavan la democracia, la convivencia pacífica y el logro del bien común, entre las cuales podemos mencionar: 

  • El declive del acatamiento de las normas sociales: cuando el delito campea impune en los altos niveles del poder, la corrupción y el crimen terminan por normalizarse entre el resto de la sociedad.
  • El fomento de una cultura del oportunismo (el “todo vale para subir”) con la consiguiente y paulatina desaparición de los principios y valores colectivos.
  • El debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones al percibirlas corruptas y en complicidad con la criminalidad: la inmensa mayoría de peruanos, según todos los estudios demoscópicos, desconfían del Poder Ejecutivo, del Congreso, del Poder Judicial, la Policía Nacional, las municipalidades y los gobiernos regionales, instituciones justamente establecidas para representarlos y protegerlos en un ordenamiento democrático saludable.
  • La supresión de las libertades de expresión y protesta, acompañadas de medidas intimidatorias y represivas contra periodistas, activistas sociales y ciudadanos comunes que osan criticar a las autoridades o desvelar la corrupción.
  • El vaciamiento del debate público y de la representación política en manos de personas impreparadas, cuando no prontuariadas, que alcanzan posiciones de poder gracias a la ingente inyección de fondos provenientes de las economías ilegales.
  • El exponencial aumento de la violencia, como consecuencia directa de las actividades depredadoras de las organizaciones criminales y de las luchas entre sus facciones rivales por el control y el poder, conjuntamente con la inacción de las fuerzas del orden, sea por complicidad o inoperancia. 

¿Suena conocido? 

Abandonen toda esperanza…

En el canto tercero de la “Divina Comedia”, Dante nos relata que pudo ver escritas sobre las puertas del infierno la siguiente advertencia: “Abandonen toda esperanza, quienes entren aquí”. Nuestro bicentenario camino, cargado con más penas que glorias, nos ha conducido hasta las puertas que nos adentran en el infierno de la crimilegalidad ¿existe aún alguna esperanza de escapar a ese miserable destino? En todo caso, es bueno recordar que a poco de enunciar la terrible advertencia, el gran escritor italiano agregó: “Conviene abandonar aquí todo temor; conviene que aquí termine toda cobardía.” ¿Seguiremos el consejo? 

   

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corrupción, criminalidad, Política, violencia

Bajo una gobernanza criminal

Por: 10.12.2024

En una entrevista del 2023, Danilo Guevara, general PNP (r), exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)y exviceministro del Interior, daba cuenta del inminente peligro que representa para nuestro país, la implantación de un complejo fenómeno delictivo conocido con el nombre de “gobernanza criminal”. En el reciente foro “Crimen organizado y captura de la democracia”, conducido por Javier Torres de “LaMula.pe”, el especialista colombiano en derecho procesal y derechos humanos, Alejandro Zúñiga, se refirió a este problema, poniendo énfasis en la situación de violencia y pérdida de derechos democráticos que padecen las personas que viven bajo esta “gobernanza”, mientras que el reconocido penalista y comunicador nacional, César Azabache, abordó la “territorialización” del control de las economías por parte del crimen organizado, y la inexistencia de herramientas legales que permitan una lucha eficaz contra este flagelo, el cual no solo constituye un delito, sino un poderoso elemento de subversión de los principios de ciudadanía, representación democrática y republica.

La gobernanza criminal, que afecta a unos setenta millones de latinoamericanos (Luna), es un grave asunto que demanda particular atención, pues sus efectos se hacen sentir en todas las dimensiones de la vida nacional. En esta nota dedicada al problema, nos referiremos a su origen y principales características.

¿Por qué “gobernanza”?

Quien se topa con el término “gobernanza criminal” puede fácilmente inferir que se trata de algún tipo de gobierno, dominio o poder, ejercido por grupos fuera de la ley, sobre la población de un área geográfica determinada. De hecho, la palabra “gobernanza” fue durante mucho tiempo utilizada como sinónimo de gobierno y gobernabilidad (basta consultar el diccionario de la RAE para constatarlo). Sin embargo, esta definición no es suficiente para llegar a entender la complejidad del problema, sus verdaderas causas, y lo que es aún más importante, las posibles -y a menudo controversiales- estrategias para enfrentarlo. Veamos el porqué.

Huida del Estado

En las últimas décadas, y como consecuencia de la total subordinación de la economía y la política a las necesidades impuestas por el mercado globalizado, “gobernanza” ha pasado a significar el repliegue de la presencia estatal en el campo social y económico. Un abandono voluntario de importantes funciones y responsabilidades gubernamentales -antaño consideradas como imprescindibles- en aras de una “Nueva Gestión Pública” (Hood). Bajo la consigna de la eficiencia, el Estado democrático, representante de la voluntad popular y garante del bien común, transfiere buena parte delplaneamiento, organización y ejecución de lo público a grupos de interés particulares (preferentemente empresas privadas), estructuradas en redes autoorganizadas y autónomas (Rhodes). Se instala de esta manera un “gobierno compartido” Estado-particulares (Monedero), en el que la función pública queda sometida a las fuerzas de mercado, bajo el imperio de la ley de la oferta y la demanda. En esta situación, es inevitable que los intereses particulares -esencialmente, la obtención de lucro- desplacen aquellas demandas sociales que no representen ganancias económicas. Los derechos ciudadanos y el avance social, tratados exclusivamente con criterios de rentabilidad, se convierten progresivamente en contribuciones voluntarias a cuenta de la “responsabilidad social empresarial” que, a menudo, no es otra cosa que una estrategia de marketing. Los países latinoamericanos, condicionados por el FMI y el Banco Mundial, adoptaron esta “gobernanza neoliberal de mercado”, privatizadora y desreguladora, cargados con el lastre de una institucionalidad precaria, una presencia territorial restringida y una práctica política corrupta (Sanín Naranjo). La abdicación por parte del Estado de su posición jerárquica y su rol de regulador ha dado oportunidad al surgimiento y desarrollo de nuevos actores nacionales, regionales y locales -tanto legales como ilegales- que pugnan en un mismo espacio geográfico o “zona gris” (Trejo) por la obtención de ganancias, valiéndose para ello de diversas modalidades de acción, entre las cuales se incluye la violencia y la coerción. Este trasfondo ideológico del manejo económico es rara vezevocado por nuestros analistas políticos como uno de los causales del incremento del crimen organizado.

La gobernanza criminal

Las acciones delictivas de las más importantes organizaciones criminales latinoamericanas responden a una lógica exclusivamente empresarial, cuyo objetivo es la obtención de utilidades millonarias sostenibles en el tiempo. Narcotráfico, minería y tala ilegales solo pueden administrarse con la máxima eficiencia y rentabilidad, asegurando el control del territorio en donde se llevan a cabo las actividades ilegales, acompañado del sometimiento o aquiescencia de los pobladores y agentes estatales, cuando no, de su activa y voluntaria participación.

Nos encontramos aquí frente a una caracterizada gobernanza, que adquiere su especificidad criminal debido al aprovechamiento de recursos nacionales, en beneficio de actores privados e ilegales estratégicamente articulados en redes delictivas -las que no pocas veces incluyen funcionarios y autoridades gubernamentales- cuyas decisiones y acciones impactan e influyen en un territorio y su sociedad (Duque). La gobernanza criminal, ejercida sobre territorios, recursos y poblaciones, no está al alcance de cualquier organización criminal, sino solamente de aquellas que cuentan con una estructura jerarquizada, compleja y especializada, una combinación de sociedad secreta, ejército y burocracia empresarial (Briceño-León).

No solo violencia: legitimando la ilegalidad

Por extraño y contradictorio que pueda parecer, la gobernanza criminal no representa únicamente sometimiento mediante la violencia; también puede generar orden, proveer bienes y ejecutar políticas públicas (Arias). Esto debido a que las grandes organizaciones criminales saben que, para ejercer un dominio sostenible sobre las poblaciones -y hasta una cierta dinámica de complicidad ciudadana- se requiere, además de la fuerza, disponer de una cierta legitimidad (Beetham). El ejemplo más saltante es el del capo colombiano del narcotráfico, Pablo Escobar, conocido como el “Robin Hood Paisa”, quien en los años 80 emprendió, campañas de apoyo económico a los pobres de Medellín, lo que le granjeó gratitud y hasta veneración en muchos sectores sociales. Pero, alcanzar una gobernanza criminal en el siglo XXI, requiere más que solamente “narcolimosnas”. Para ello, las organizaciones criminales buscan legitimarse socialmente, mediante la imposición de reglas y restricciones que condicionan y regulan el comportamiento social de los pobladores (Alda). Un nuevo “orden social” que, sirviendo prioritariamente a losintereses económicos criminales, también es susceptible de generar un sentimiento de paz, protección y seguridad en las personas, y que incluye medidas como la prohibición del robo a negocios y pobladores locales, la prohibición de la venta de droga en espacios públicos, el establecimiento de toques de queda para los menores de edad, la represión de peleas callejeras y de agresión a las mujeres. A lo que debe añadirse como un importante elemento de legitimización, los beneficios económicos que estas poblaciones -por lo general marginalizadas de los circuitos económicos legales- reciben, directa o indirectamente, como resultado de la actividad de estasorganizaciones. La frase “el Cartel nos cuida”, de origen sinaloense (Sánchez), grafica claramente el éxito que puede alcanzar la legitimación criminal.

Pero se necesitan dos para bailar el tango

¿Puede un Estado plagado de carencias, ineficiencia y corrupción, como el nuestro, enfrentarse a las gobernanzas criminales? La experiencia latinoamericana apunta, tal como señala el sociólogo Roberto Briceño-León, que ello depende, por una parte, de las decisiones que las propias organizaciones criminales tomen con respecto al tipo de vínculo que deseen establecer con las instancias estatales y, por otra, la respuesta que estas últimas estén dispuestas a dar. Desde el enfrentamiento y la guerra abierta hasta la cooperación y la complicidad, las posibilidades de relación Crimen-Estado son múltiples. Siguiendo este hilo de reflexión, en nuestra próxima nota -la primera de un crítico año 2025- nos referiremos al que todo parece apuntar, es el actual eje ordenador del país: la “crimilegalidad” (Schultze-Kraft), esto es, el entrelazamiento deliberado que se establece entre actividades criminales y legales a nivel social, político y económico. Felices fiestas de fin de año.

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crimen, Estado, Gobernanza, Legitimidad

El sentimiento que nos falta

Por: 17.09.2024

[CIUDADANO DE A PIE ] El reciente fallecimiento de Alberto Fujimori ha sido la imperdible ocasión para que sus adeptos y opositores saquen a relucir sus mejores argumentos, tanto a favor como en contra, de una herencia política compleja en la que resulta muy difícil separar el trigo de la cizaña. Como era de esperarse, la vocería mediática de la derecha, se aplicó inmediatamente a resaltar los que considera son los grandes logros del fujimorato, entre los que destaca nítidamente la Constitución de 1993 -especialmente su capítulo económico-, que consagró la aplicación en nuestro país de las recetas neoliberales del llamado “Consenso de Washington”, ya previamente implantadas, a sangre y fuego, en el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla. Así, Juan Paredes Castro en “El Comercio”, se refiere a la Carta fujimorista como un legado “que le ha dado no solo mayor estabilidad política y jurídica al país, sino las condiciones claves de crecimiento económico de largos años que lamentablemente hoy estamos tirando por la borda”, a lo que Jaime de Althaus, fiel a sus convicciones ideológicas, agrega la necesidad de “devolverle oxígeno” a su capítulo económico. Por su parte, el diario “Gestión”, abona la misma evaluación positiva en la pluma de su editor de finanzas, Omar Manrique, quien, entre otras grandes virtudes, enumera: la limitación del accionar del Estado en la economía y su confinamiento a un papel subsidiario, el amplio programa de privatizaciones de empresas estatales, y los contratos-ley con el sector privado, mediante los cuales el Estado peruano “establece garantías y otorga seguridades”. Ya desde el campo político fujimorista, el alcalde de la ciudad de Cajamarca y ex Secretario General de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha escrito en X: “A los odiadores (…) Alberto Fujimori les deja su Constitución por la que juran cada cinco años y su gran obra que no podrán soslayar.” ¿Cómo explicar entonces los ímpetus reformistas y deconstituyentes que se han reflejado en las encuestas de opinión, y más importante aún, en los estallidos sociales?

¿Olvidadizos y desagradecidos? 

Fue a partir de las protestas contra la efímera presidencia de Manuel Merino, en noviembre del 2020, que el tema de un cambio de Constitución sale de los estrechos círculos académico-políticos a los que se circunscribía, y llega a convertirse en un asunto de interés público (Tanaka, Lynch). El “Informe de Opinión-Diciembre 2020. Cambios o nueva Constitución”, elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), reveló que un contundente 48% de los encuestados, creía que debería cambiarse la Constitución vigente por una nueva, mientras que un 49%, estaba a favor de introducir cambios en ella, ¡entre los que descollaba, promover una mayor intervención económica del Estado!

Mucha agua y sangre han corrido bajo los puentes de nuestras acostumbradas “crisis” político-sociales de estos últimos años, aunque la palabra crisis, como Luis Pásara afirma con mucha razón, no es la adecuada para describir un estado en que las cosas no están mal, sino que son malas. El estallido popular de diciembre 2022/marzo 2023 -que tuvo precisamente como una de sus principales reivindicaciones democráticas, la elaboración de una nueva Constitución por una Asamblea Constituyente-, y que se saldó con la represión brutal y el asesinato de decenas de compatriotas, es una clara evidencia de lo malas que son las cosas en nuestro país. 

La última encuesta de IEP que trató sobre el tema constitucional, fue publicada en noviembre del año pasado, mostrando que el 40% de los encuestados, aún se inclinaba por una nueva Constitución, mientras que el 48% lo hacía por introducir modificaciones ¿Por qué tantos compatriotas no están conformes con la Carta Magna que nos habría permitido alcanzar tantos éxitos económicos y sociales? ¿Somos los peruanos un pueblo de olvidadizos y desagradecidos? Intentemos dar una respuesta a esta última pregunta, sin entrar a valorar la veracidad de la prédica profujimorista de los grandes logros, y recurriendo más bien a un concepto denominado “sentimiento constitucional”. 

El sentimiento constitucional

Hace dos mil quinientos años, Aristóteles escribió: “Es preciso que todos los ciudadanos sean adictos, tanto como sea posible, a la Constitución”. Esta “adicción”, entendida como una conexión emocional profunda, a menudo inconsciente, que los ciudadanos profesan hacia las normas e instituciones fundamentales de su país (y que no presupone un conocimiento pormenorizado de las mismas), ha venido a denominarse en tiempos modernos, el “sentimiento constitucional”. Pablo Lucas Verdú, eminente jurista español, señala que esta conexión proviene esencialmente del convencimiento de los ciudadanos, que sus normas e instituciones son buenas y convenientes para la integración, mantenimiento y desarrollo de una justa convivencia. Karl Loewenstein, uno de los padres del constitucionalismo moderno, ha calificado este sentimiento como la “conciencia de la sociedad”, la misma que permite el establecimiento de un orden comunitario. La debilidad o ausencia del sentimiento constitucional, pone de manifiesto una carencia de integración social, y es característica de las jóvenes democracias… y de las fallidas. Dudamos sinceramente que alguna de nuestras doce constituciones, haya generado tal conexión emocional con los peruanos, menos aún la de 1993, que no fue el producto de una exigencia del pueblo ni de sus representantes democráticamente elegidos, que no contó con mecanismos apropiados para la discusión e incorporación de propuestas provenientes de la sociedad civil, y de cuya aprobación en referéndum, existen claros indicios de haberse obtenido mediante fraude. Esto explicaría nuestro mayoritario desapego hacia la Constitución del 93 y muy probablemente, una buena parte de nuestros problemas presentes y pasados.

Interesantemente, en su más reciente libro “La dictadura de la minoría”, Levitsky y Ziblatt, señalan cómo los estadounidenses profesan “una devoción casi religiosa” hacia su Constitución, y por ello se resisten a la idea de que ésta pueda tener deficiencias o necesidad de actualización. Un caso extremo de sentimiento constitucional refractario a cambios, que contrasta nítidamente con nuestra realidad, en la que han sido los grupos de poder económico y sus representantes político-mediáticos, acompañados de una franja muy minoritaria de la población, los que se han opuesto encarnizadamente a cualquier modificación constitucional, estableciendo, en los hechos, una suerte de “dictadura de la minoría” (siguiendo la terminología de Levitsky y Ziblatt). Sin embargo, esta situación viene cambiado aceleradamente por obra y gracia del actual Congreso, cuyas modificaciones a la Constitución del 93, entre las ya realizadas y las previstas, habrán significado el cambio de un 40% de su contenido original. Es lo que Juan De la Puente ha calificado de “ruptura del inmovilismo constitucional” y “activismo reformista”, en su imprescindible obra “La Constitución peruana revisión crítica actualizada” que acaba de publicarse. ¿Qué ha sucedido para que “los defensores de la intangibilidad de la Carta de 1993 pasen a oficiar de sus principales reformadores” y cuáles serán las consecuencias para el futuro de nuestra convivencia social y de nuestra democracia, este “ciclo inconstitucional”? La discusión queda abierta.  

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Constitución, Crísis, sentimiento

Un castillismo para el 2026

Por: 8.07.2024

[CIUDADANO DE A PIE] La accidentada y trunca presidencia de Pedro Castillo, la enérgica reacción popular suscitada por su destitución/encarcelamiento, y la tanto ilegítima como letal represión gubernamental resultante -tal como la ha calificado Amnistía Internacional-, han establecido un antes y un después en la política peruana de este siglo. Un siglo que, sin embargo, se inició bajo los buenos auspicios de una regeneración democrática, que al 2024, se han vistos incumplidos, como así lo evidencia la contundente regresión autoritaria y mafiosa que se ha instalado en las esferas gubernamentales y legislativas de nuestro país. Lentamente, el país va ingresando a un periodo pre-electoral caracterizado por la imposición de leyes y modificaciones constitucionales que buscan únicamente favorecer a los partidos actualmente presentes en el Congreso. Es en este inestable marco político que resulta pertinente preguntarse cuál podría ser el nivel de participación e influencia de Pedro Castillo en las próximas elecciones, máxime cuando su abogado y exministro, Walter Ayala, ha declarado recientemente, que su patrocinado desea “volver al poder”. Aunque resulta prácticamente imposible que el expresidente pueda candidatear en un futuro cercano, dada su previsible inhabilitación por el actual Congreso, esto no sería impedimento para que, como bien ha señalado Mirko Lauer en La República, pueda reciclarse en algún “partido castillista”, creado para tal fin, o en agrupaciones ya inscritas ante el JNE, dispuestas a jugar la “carta castillista”, como “locomotora parlamentaria”. Pero, ¿qué es y qué no es el Castillismo, una ideología, un movimiento, un sentimiento? Frente a quienes, como el politólogo Alberto Vergara, niegan llanamente su existencia, o al hipercrítico neoliberal Álvarez Rodrich, para quien un “castillismo sin Castillo” es poco menos que un imposible, intentemos esbozar algunas reflexiones al respecto.

Un populismo pragmático

El triunfo electoral de Pedro Castillo en el 2021, fue en gran parte posible gracias a la combinación de lo que Carlos Meléndez calificó como un “populismo silvestre”, carente de referencias intelectuales, pero animado por un fuerte sentimiento compartido de injusticia y explotación, y de un implícito “populismo étnico” en virtud del cual Castillo encarnaba a los pueblos originarios de nuestro país, a la vez que los representaba en su totalidad (en nuestra nota precedente tratamos este tema con amplitud https://sudaca.pe/noticia/opinion/pedro-castillo-tantas-veces-populista/).

María Esperanza Casullo, politóloga argentina y autora del libro “¿Por qué funciona el populismo?” ha escrito: “Aún el populismo más extremo debe mantenerse en el poder, lo cual implica gobernar, y esto requiere al menos cierto grado de capacidad tecnocrática.” Ya en el gobierno, pronto se hizo evidente que Castillo no contaba, salvo honrosas excepciones, con los cuadros técnicos calificados, no solo para emprender las grandes transformaciones prometidas, sino en muchos casos, para simplemente administrar los asuntos corrientes de la administración pública, haciéndose realidad aquello expresado por Juan Domingo Perón, el más prominente líder populista latinoamericano, hace más de seis décadas: “Una revolución no puede perder el tiempo, y si es el caso, se desprestigia y se viene abajo. Una revolución que improvisa no es una revolución.” Pero esta carencia fue solo una parte del problema pues, como Gino Costa ha reconocido en su muy reciente libro “La democracia tomada”: “Las condiciones políticas en las que asumió la presidencia de la república Castillo fueron muy adversas, y lo hubieran sido para cualquiera, más aún para él.” En efecto, sin una mayoría parlamentaria y con una derecha desatada, resuelta a vacarlo a la primera de bastos, haciendo uso para ello de sus potentes armas políticas, mediáticas y legales, Castillo se vio reducido a conducir, lo que Juan de la Puente ha llamado un “populismo pragmático”, un gobierno preocupado antes que nada en su supervivencia, recurriendo para ello a estrategias sospechosas de ilegalidad, de las que la justicia deberá pronunciarse oportunamente. En esta tesitura, el “castillismo” nunca pudo constituirse en una forma progresista de gerenciar el Estado, como sí sucedió, por ejemplo, con el correísmo y el lopezobradorismo. No contó con los medios, las condiciones, ni el tiempo para ello.    

Un castillismo simbólico

Incluso quienes, desde posiciones de izquierda, critican duramente a Castillo, no pueden dejar de valorar aquello referido por Jorge Frisancho en “Estallido popular. Protesta y masacre en Perú, 2022-2023”: “Hay, sin embargo, un aspecto en el cual el ascenso de Pedro Castillo significó un cambio sustancial. Se dio -se da- en el terreno simbólico y en el campo general de la imaginación política. Un sector amplio de la ciudadanía, con particular, pero no exclusiva intensidad en el sur andino, se identificó con la idea de Castillo en Palacio, se vio genuinamente representado en él, y percibió que su encumbramiento operaba una apertura de cotos previamente cerrados del poder en el Perú, dándole acceso, aunque solo fuera en abstracto y de un modo puramente potencial, a millones de peruanos sometidos a una pluricentenaria historia de exclusión.” Es precisamente en el terreno simbólico en donde los actores políticos, sociales y mediáticos se enfrentan por la hegemonía cultural, social y política. Más allá de sus limitaciones personales, Pedro Castillo se convirtió en un símbolo, el símbolo de un “nosotros”, constituido por los cientos de miles de peruanos que salieron a las calles a protestar tras su caída, enfrentándose a pecho descubierto a un “ellos”, tan bien caracterizado por Héctor Béjar como “una presidenta espuria, un Congreso dominado por un pequeño grupo de militares y marinos retirados vinculados con el Opus Dei, unos tres o cuatro jefes de bandas criminales dueños de partidos y cadenas de universidades privadas que usan la política como coartada, unos cuantos jueces y fiscales corruptos, banqueros y poderosos comerciantes y constructores, la que podríamos llamar una lumpen burguesía.” Enérgica y valerosa reacción en un país, en donde al decir de Alberto Vergara, “nadie es castillista”.

Plebeyo, y politizado     

En enero del 2023 y en plena efervescencia de las protestas populares en Puno, en una nota publicada en este mismo medio (https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-puno-polvorin-etnico/), evocábamos la expresión de Ricardo Cuenca “apropiarse del tiempo”, para referirnos a un movimiento étnico, actuando colectivamente frente al Estado y otros grupos dominantes, buscando transformar el orden social existente. Pero ha sido la socióloga y exministra Anahí Durand quien, en su libro “Estallido en los Andes. Movilización popular y crisis política en el Perú” -de lectura indispensable en la actual coyuntura política-, ha caracterizado, con mayor precisión, a los ciudadanos que se movilizaron durante las protestas, y que ella denomina -siguiendo la estela de pensamiento del intelectual y político boliviano Álvaro García Linera- un “sujeto plebeyo”, el cual “emerge de la experiencia compartida de dominación y asume los contornos de una sociedad abigarrada y multiforme donde la condición de clase convive con formas comunitarias (…) este Perú plebeyo configurado por las condiciones e informalidad, precariedad y exclusión que genera el neoliberalismo. Son sectores históricamente subordinados de la sociedad política debido a la herencia colonial y la permanente crisis de representación.” Más adelante, Durand agrega: “sujeto plebeyo, multiforme y cambiante, que avanza en conciencia política y podría constituir su propia representación… (que) puede liderar la conformación de un bloque plebeyo, que profundice la democracia acordando un nuevo pacto social plasmado en una nueva Constitución escrita con participación de ellos mismos.”. Una mayor politización implica una mayor posibilidad de avanzar en la emancipación, nos señala el académico y político español Juan Carlos Monedero, mientras que, por su parte, Andrés Manuel López Obrador considera como uno de los principales logros del proceso de cambio que él ha liderado en México, la politización y el empoderamiento de su pueblo. Es pues, justamente, en la politización de este sujeto plebeyo que conforma el “Perú insumiso” de hoy, como lo ha denominado Juan de la Puente, en que se encuentra la clave para la supervivencia y vigencia del castillismo. Frente a las propuestas cavernarias, elitistas, entreguistas y mafiosas de la derecha peruana, aquellos que aún se sienten próximos al encarcelado expresidente, pueden asumir su legado simbólico y -corrigiendo los errores- construir una opción nacional-popular portadora de un claro mensaje de inclusión, justicia social y democracia. Este castillismo tendría, qué duda cabe, un lugar asegurado bajo el sol.

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castillismo #simbolismo, hegemonía, Politización

Pedro Castillo, tantas veces populista

Por: 26.03.2024

El fenómeno político denominado “populismo”, cuyos inicios algunos sitúan en la Rusia del siglo XIX, no ha dejado de extenderse por el mundo, incluso entre las democracias liberales más avanzadas, desmintiendo en los hechos, los pronósticos de intelectuales de diversa orientación, como Germani y Hofstadter, que veían al populismo como una “anormalidad transitoria”, producto de crisis socioeconómicas, las que una vez resueltas, cederían automáticamente el paso a un retorno a la normalidad democrática. En lo que respecta a nuestro país, y desde las elecciones generales de 1990, hasta las más recientes del 2021 -con la inesperada victoria de Pedro Castillo-, nuestros sucesivos presidentes han mostrado inequívocos comportamientos “populistas”, y todo permite anticipar que así seguirá siendo en el futuro. Pensamos por ello, que quienes dan por finiquitada la figura de Pedro Castillo y del populismo -o más bien de los populismos- que él encarna, cometen un error. La manera en que este “maestro, campesino y rondero” llegó a ocupar la presidencia, su experiencia gubernamental trunca y las consecuencias sobrevenidas, influirán sin duda, y de manera tangible, en la forma de hacer política en el Perú.        

Populismo: una definición complicada 

Se afirma que cuando existen muchas definiciones sobre un tópico, es que ninguna de ellas es satisfactoria. Nada más cierto para el término “populismo”, del que existen diversos intentos de conceptualización, entre los que destaca el del politólogo neerlandés Cas Mudde, para quien el populismo es una “ideología delgada” (con escasos y poco desarrollados planteamientos) y porosa (necesariamente asociada a ideologías gruesas o huésped, como el socialismo y el liberalismo), que divide a la sociedad en dos grupos homogéneos y antagónicos: el “pueblo” puro -del que los populistas son los únicos representantes legítimos- y una corrupta élite/establishment; ambos enfrascados en una lucha moral que se asienta en la noción de soberanía popular. Es a esta definición, en extremo minimalista, a la que nos ceñiremos, debido a su amplia utilización en medios académicos y periodísticos, a pesar de su falta de especificidad y normatividad, tal como lo hemos señalado en nuestra nota precedente, con ocasión de la publicación del libro del  sociólogo y politólogo Farid Kahhat, sobre la derecha radical populista latinoamericana (https://x.com/sudacaperu/status/1760374649077051655?s=48). 

El “marxista populista” 

En el libro publicado en 2022, bajo el título “Populistas ¿Cuán populistas somos los peruanos? Un estudio empírico.”, el politólogo Carlos Meléndez, describía el triunfo electoral de Pedro Castillo, como el resultado de “la narrativa populista más exitosa de la historia reciente peruana”, un inédito “marxismo-populismo”, nacido de la conjugación de la cosmovisión nacional del candidato chotano, y de los planteamientos ideológicos marxistas de su jefe de campaña, el neurocirujano y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Sin duda, un ejemplo de manual para la definición de Mudde -que Meléndez asume explícitamente-, en donde la ideología delgada, sustentada en la “narrativa populista” del “sindicalista básico” Pedro Castillo (Guido Bellido dixit), resulta asociada al marxismo-leninismo-mariateguismo de Perú Libre, el cual cumple el rol de ideología gruesa y suministra las propuestas programáticas. Sin embargo, Meléndez no hace referencia directa al hecho de que este “marxismo-populismo” de la primera vuelta, se transmutó muy pronto en uno de corte socialdemócrata reformista en la segunda. Este cambio, impulsado por el recién incorporado entorno “caviar” del candidato, fue importante a la hora de captar los ampliamente mayoritarios y determinantes votos antifujimoristas no ideologizados pero bastante movilizables, y aunque el nuevo programa de Castillo se distanciaba, en no pocos detalles, del “Ideario y Programa” original de Perú Libre, esto no fue suficiente para contentar ni calmar a una derecha neoliberal y conservadora, la que, en la pluma de uno de sus más connotados voceros, Jaime de Althaus, advertía: “la ideología marxista-leninista no solo distorsiona la percepción de la realidad, sino también la acción, al punto de postular al partido como vanguardia del pueblo para tomar el poder por medio de la lucha armada y el asesinato de inocentes. La “guerra popular” ha sido dejada de lado por el momento, pero la política se convierte en la guerra por otros medios.” Esto es algo que marcó, de manera nada soslayable, el devenir de Pedro Castillo como presidente, y que deberá ser tomado muy en cuenta por futuros candidatos progresistas: para las derechas neoliberales, toda propuesta que contemple una regulación del mercado, por acotada que sea, y una participación del Estado en la economía, es pura y llanamente populismo y comunismo, que deberán ser combatidos sin tregua ni contemplaciones.

El “populista silvestre”

Curiosamente, es el propio Meléndez quien afirma, que la victoria de Pedro Castillo se explica, no por la “ideología gruesa” marxista-leninista de Perú Libre -ni la socialdemócrata caviar, agregaríamos nosotros- sino por la “autenticidad” del candidato, cosa que contradice directamente a Mudde, para quien el líder no es central en su definición de populismo. Y vaya que Meléndez considera central la figura de Castillo, de quien llega a afirmar: “Nada más representativo del campo anti-establishment que un maestro de educación pública rural, de sombrero de paja, quien nos hacía recordar permanentemente su origen de una de las regiones más postergada del país. Así, la demanda populista latente y ávida de una oferta, de un portador del discurso anti-establishment, finalmente conectó.” Esta conexión del candidato, con un electorado constituido por “una masa amorfa, informal, sin consciencia de clase ni virtudes cívicas, aunque imbuida en el sentimiento de compartir una situación de desventaja injusta.”, pudo establecerse, gracias a lo que este autor denomina un “populismo silvestre convertido en sentido común”, entendido este último como las ideas, valores y visiones, con las que Castillo entiende la sociedad y la política peruana, y cuya simpleza, “desprovista de referencias intelectuales”, pudo calar rápidamente en un grueso sector del electorado desengañado de la política. Según Meléndez, el populismo silvestre castillista tendría a saber tres fuentes esenciales: la escuela pública, transmisora de una historia del Perú protagonizada, desde la Conquista, por un “pueblo” explotado, humillado y violentado por una clase explotadora decadente moralmente; un dicotómico y pasadista sindicalismo rural de raíces velasquistas, rentista en lo económico (es suficiente distribuir la propiedad para terminar con la pobreza) y poco afecto a la autoridad democrática (nadie manda a nadie); y en último término, pero no menos importante, la religión, con su visión del mundo como un campo de batalla entre el pueblo bueno, unido colectivamente por la Fe, y las élites endemoniadas corruptas. Este populismo silvestre, sería el que en última instancia permitió la victoria de Castillo, y el que pensamos, reaparecerá, bajo una forma u otra, en las próximas elecciones.

  

El “populista étnico”

Entrevistado por la revista “Jacobin América Latina”, poco antes del ballotage del 2021, Farid Kahhat, se refirió a los votantes castillistas en la Sierra sur de la siguiente manera: “Hay varias características comunes, como etnicidad o clase social en el voto rural. Y ahí tiene algo muy similar con Evo Morales. Castillo, como Morales, no tiene un discurso político que enfatice su identidad étnica como base de respaldo político, pero tampoco necesita hacerlo: parte del electorado parece hacer esa asociación en forma espontánea (…) Él no necesita reivindicar su origen indígena (que, por lo demás, suele implicar un origen popular) para que sus votantes hagan esa asociación.” Esta idea, expresada de manera simple por Kahhat, corresponde a lo que la politóloga argentina María Esperanza Casullo, ha denominado una “sinécdoque corporal”, que no es otra cosa que la manera en que el cuerpo del líder populista y su comportamiento público (performance) simbolizan su pertenencia al pueblo, a la vez que lo representa en su totalidad. Los rasgos del líder, su manera de vestir, de peinarse, de hablar, de gesticular, se convierten en una suerte de espejo en el que el pueblo puede reconocerse, generándose, en consecuencia, un fuerte lazo sentimental entre los representados y el líder representante. Esta “sinécdoque corporal” resulta tanto más exitosa, cuanto más rompa el modelo de los políticos tradicionales, y mejor contraponga lo popular a lo ostentoso y refinado. Pedro Castillo ha marcado indeleblemente un antes y un después en esta materia, pues nadie como él, había podido hasta entonces representar, de manera más fidedigna, el ser, el sentir y el pensar de los pobladores andinos, en el marco de una contienda electoral, a lo que debe agregarse su condición de maestro, rondero y líder sindical, figuras muy respetadas en el mundo rural andino y sus círculos gremiales ¿Surgirá en el futuro algún candidato que pueda reunir estas peculiares características y movilizar masivamente el voto popular a su favor?  

El “populista intrascendente” 

Todas estas facetas populistas de Pedro Castillo contribuyeron, en mayor o menor medida, a su ajustado triunfo electoral, pero no podían, por sí solas, asegurar el éxito de su presidencia, cuyo    desafortunado derrotero -que Alberto Vergara ha calificado duramente como un “populismo intrascendente”- no ha hecho sino contribuir a acelerar el proceso de deterioro de nuestra democracia y a intensificar los sentimientos de injusticia, discriminación e indignación en quienes depositaron sus esperanzas de cambio en el cajamarquino. A medida que pasa el tiempo desde aquel 7 de diciembre del 2022, en que Castillo fue vacado y encarcelado -con el resultante estallido de protesta popular -, vienen publicándose diversas interpretaciones de lo sucedido. A ello, y a lo que el expresidente puede representar en el futuro, dedicaremos nuestra próxima nota.   

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La verdadera derecha radical

Por: 21.02.2024

El reconocido sociólogo e internacionalista Farid Kahhat, viene de publicar un segundo libro dedicado al tema de la “derecha radical populista” (según la denominación propuesta por el politólogo neerlandés Cas Mudde), y que lleva por título “Contra la amenaza fantasma. La derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común”. En esta reciente entrega, como en la precedente “El eterno retorno. La derecha radical en el mundo contemporáneo” del 2019, Kahhat hace un interesante y documentado análisis descriptivo de esta ideología, de sus orígenes y de las posibles razones de su actual auge expansivo en la escena política de los EE. UU, Europa y América Latina, al tiempo que pasa revista, tanto a sus más connotados líderes (Trump, Le Pen, Abascal, Bolsonaro, Milei), como a algunos de sus rivales ideológicos más reconocidos (López Obrador, Evo Morales, Rafael Correa). Recomendamos sin reservas la lectura conjunta de ambos libros, pues no solo se complementan desde el punto de vista de la geografía política y sus condicionantes -el declive de la socialdemocracia en Europa y la “marea rosa” de gobiernos progresistas latinoamericanos- sino que ambos parten de los mismos modelos teóricos de interpretación, lo cual facilita enormemente la comprensión del texto. Pero quizás, como bien lo ha señalado Juan Carlos Tafur en su reseña (https://sudaca.pe/noticia/opinion/juan-carlos-tafur-contra-la-amenaza-fantasma/), el mayor interés del trabajo de Kahhat, es que permite polemizar con él y ahondar en el debate, cosa que pretendemos hacer en esta nota, refiriéndonos a tres aspectos que consideramos importantes: la definición de populismo, la diferenciación entre populismos de derecha e izquierda, y la conveniencia de caracterizar a la derecha radical populista como una ideología muy próxima, si no totalmente asimilable, al fascismo.

¿A que llamamos populismo?

Definir apropiadamente el populismo, es una difícil tarea no exenta de sesgos ideológicos, al punto que el sociólogo y periodista italiano, Marco d’Eramo señala, irónicamente, que populismo es un concepto que califica más a quienes lo utilizan que a quienes se describe con él. Kahhat eligió para su análisis la definición propuesta por Mudde y Rovira en “Populismo. Una breve introducción”. Esta definición, tan socorrida como criticada por su “minimalismo”, puntualiza que el populismo consiste en dividir a la población de un país entre el «pueblo», como un todo indiferenciado -de la que los populistas son los únicos representantes legítimos-, y las «élites», que controlan el gobierno y la economía en beneficio propio. El problema con este tipo de definiciones, es que, por una parte, al ser demasiado generales y laxas, permiten etiquetar como “populista” a prácticamente cualquier movimiento, partido o líder, según el gusto del cliente -así por ejemplo, periodistas de derecha como de Althaus, Álvarez Rodrich y Tafur relacionan de forma sistemática al populismo con la izquierda, la corrupción, la ineficiencia y el clientelismo-, y por otro lado, como bien lo señala el sociólogo ecuatoriano Carlos de la Torre, al carecer deliberadamente de criterios normativos, estas definiciones no permiten discernir si un determinado populismo es un riesgo, o un correctivo para la democracia. En este último sentido, resulta coherente que Kahhat haya elegido esta definición minimalista, pues a diferencia de otros autores que han tratado sobre las derechas y el populismo (Traverso, Brown, Forti), no emite ningún juicio de valor personal sobre esta corriente política -cuasi unánimemente calificada como una amenaza para la democracia-, lo que resulta cuanto menos llamativo.

Hace algunos días, en su cuenta X, Rosa María Palacios escribía: “El populismo y la corrupción no es patrimonio ni de la izquierda, ni de la derecha.” De acuerdo, pero ¿sería posible particularizar ideológicamente lo que sería un populismo de derecha y uno de izquierda?

¿Es posible aún hablar de izquierda y derecha?

El título mismo del último libro de Kahhat, así como su argumentación a todo lo largo de él, nos invitan a pensar que la izquierda latinoamericana no sería ya sino un fantasma, un ente imaginario al que racionalmente no debería considerarse una amenaza, pero cuya creación “de toutes pièces», resulta indispensable para brindarle a la derecha radical un “sentido de propósito” y la energía necesaria en su batalla épica contra un conspiranoico “marxismo cultural” del que nadie se reclama miembro (en clave aguafiestas, le señalamos al autor que nadie tampoco se reclama como neoliberal… y sin embargo abundan). Pero Kahhat ha ido aún más lejos en su minusvaloración de la izquierda, al declarar en una entrevista, que la dicotomía izquierda/derecha “no tiene más la capacidad explicativa de hace cincuenta años. Si es que alguna vez la tuvo.” No entraremos aquí en sesudas argumentaciones para rebatir esta afirmación, muy frecuente por cierto entre quienes defienden la supremacía de lo tecnocrático sobre lo político en el buen gobierno de los pueblos, bástenos simplemente adoptar la muy aceptada, a la vez que simple, distinción izquierda/derecha propuesta por el destacado filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio: la izquierda y la derecha son distinguibles nítidamente en sus posicionamientos con respecto a la igualdad, así, mientras la izquierda considera las desigualdades sociales y económicas como artificiales y negativas -que deben por tanto ser activamente eliminadas por el Estado-, la derecha concibe las desigualdades no solo como naturales, sino como positivas, por lo que deben ser defendidas, o al menos ignoradas, por el Estado. Partiendo de esta perspectiva, Barry Cannon, especialista irlandés en política latinoamericana, señala que este apego a la desigualdad, tan arraigada en la derecha de América Latina, se traduce en la defensa de un orden social jerarquizado, no solo a nivel de clase socio-económica, sino también de género, etnia y sexualidad. Cannon agrega que, en el actual período histórico, el neoliberalismo es el principal vehículo ideológico y programático que asegura esta tarea. La derecha radical populista defiende -si muchas veces no de palabra, siempre con los hechos-, un neoliberalismo enfrentado con numerosos grupos sociales segregados, excluidos y subordinados, los mismos que no necesariamente se identifican con el socialismo o el marxismo, pero que invariablemente son calificados como “rojos”, “comunistas” “subversivos” y “terroristas”. En este marco conceptual, y siguiendo los importantes trabajos del argentino Ernesto Laclau y la belga Chantal Mouffe, plasmados en sus numerosas publicaciones, es posible diferenciar claramente entre los populismos de derecha e izquierda: mientras los populismos de derecha intentan construir un “pueblo” del que se excluyen numerosas categorías sociales, vistas como amenazas para la identidad y/o la prosperidad de una sociedad, los populismos de izquierda denuncian y se oponen a las élites y oligarquías que sostienen el statu quo, estableciendo una frontera entre los de “abajo” y los de “arriba”. Los populismos de derecha, por su ADN ideológico, nunca abordarán las demandas de igualdad, inclusión y justicia social, mientras que estas mismas demandas son el rasgo definitorio de los populismos de izquierda, y ello, agreguemos, con las glorias y las miserias conocidas de todos.

¿Derecha radical populista, o fascismo?  

En “La ultraderecha hoy” del 2019, el ya mencionado Cas Mudde, distingue dos grupos que conforman la ultraderecha: la “extrema derecha” -que rechaza de plano la democracia liberal-, y la ya mencionada “derecha radical populista” (a la que Kahhat denomina simplemente derecha radical por “economía de lenguaje”), que en principio acepta la democracia, pero que termina destruyéndola desde dentro con su concepción autoritaria del orden social y un absoluto rechazo a los derechos de las minorías (culturales, raciales, sexuales), asociado generalmente a algún tipo de supremacismo. Enzo Traverso, reputado historiador de las ideologías, se muestra menos condescendiente con la derecha radical, calificándola llanamente de “posfascismo”, una mezcla de autoritarismo, nacionalismo, conservadurismo, populismo, xenofobia y desprecio del pluralismo, que, si bien no busca emular al fascismo de los años 20 y 30 del siglo pasado, puede hacerse subversivo -como pudo comprobarse con los violentos motines promovidos por Trump y Bolsonaro, con la intención de permanecer ilegalmente en el poder- y evolucionar hacia un “fascismo del siglo XXI” que ya no se contente solo con eliminar “simbólicamente”  a sus adversarios (Carlos de la Torre), sino que eventualmente recurra a las viejas prácticas expeditivas, propias de la “noche de los cuchillos largos”de la Alemania nazi.

La derecha radical populista -o posfascista- en el gobierno, es una experiencia relativamente nueva en Latinoamérica, limitada por el momento a los casos de Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina (tema tratado con cierto detalle por Kahhat). El gobierno de Bolsonaro se caracterizó, entre otras cosas, por una fuerte regresión de los derechos sociales, la desfinanciación de programas de salud y educación para los más desfavorecidos, el aumento de la violencia policial, y un lenguaje de odio contra minorías marginadas. Milei -un verdadero caso paradigmático de derecha radical-, quien ganó la presidencia argentina gracias a una campaña populista hipermediatizada, que prometía acabar con la “casta” política de su país (ver mi nota a este respecto: https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-pomar-la-casta-de-milei/), viene tratando de imponer, con talante autoritario, antidemocrático y represivo, las clásicas medidas neoliberales “austericidas”, que solo favorecen a los grandes consorcios, en desmedro de las clases medias y populares. Muy acertadamente, el intelectual de izquierda e investigador de la Universidad de Buenos Aires, Néstor Kohan, describe al mandatario argentino como un “hijo del neofascismo argentino”, que ha reunido las teorías económicas neoliberales de la “Escuela austriaca”, la doctrina de contrainsurgencia de la dictadura videlista y el pensamiento del libertario Robert Nozick, para quien la justicia social es una aberración. Solo el tiempo nos dirá si la apuesta mileista triunfa, en un país con instituciones democráticas relativamente sólidas y una fuerte tradición sindicalista.

Para concluir

El inmortal Umberto Eco nos alertaba hace 30 años acerca del “fascismo eterno”, señalando que nuestro deber era desenmascararlo en cada una de sus nuevas formas, cada día, en cada lugar del mundo. Creemos sinceramente que Farid Kahhat, con ambos libros, ha contribuido grandemente en este objetivo. Pero también creemos que faltó algo más, algo sobre lo que escribió Steven Forti como corolario de su libro “Extrema derecha. 2.0”: “Si tras haber estudiado un fenómeno que amenaza a nuestras democracias, no se intenta dar un paso más y reflexionar sobre cómo es posible frenarlo, combatirlo y derrotarlo, creo que como ciudadano le haría un flaco favor a la sociedad.” Todos deberíamos sentirnos interpelados.

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Fascismo, Populismo, Ultraderecha

Atrapados sin salida 

Por: 19.01.2024

[CIUDADANO DE A PIE] Un problema regional

América Latina es hoy por hoy la región más violenta del mundo, en la que se producen algo menos del 40% del total de asesinatos registrados a nivel internacional, a pesar de representar únicamente el 13% de la población mundial. Los hechos ocurridos en Ecuador la semana pasada no hacen sino confirmar esta realidad. Presentamos aquí algunos importantes hallazgos de las investigaciones que, sobre el fenómeno delictivo en Latinoamérica, ha publicado el reconocido especialista Marcelo Bergman en su libro “El negocio del crimen: El crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina.”

La tesis “disruptiva” de Bergman, como él mismo la califica, trasciende las tradicionales explicaciones legales (códigos penales inadecuados) y sociológicas (pobreza, marginación, desempleo) sobre el delito y su expansión. Según el autor, básicamente vivimos las consecuencias de la expansión de un “negocio rentable”, que encontró un hábitat ideal en los tiempos de fuerte crecimiento económico de la región, y cuya rentabilidad es, en última instancia, el resultado de una demanda sostenida de bienes de origen ilícito, acompañada del incumplimiento sistemático de las leyes y de la impunidad resultante de los delincuentes.

Cuestión de equilibrios

Uno de los planteamientos más interesantes del libro, es el análisis la delincuencia sirviéndose de lo que se denomina un “modelo de equilibrio general”, esto es, un conjunto de interacciones entre factores que incentivan, y otros que imponen límites a las actividades criminales. De acuerdo con este modelo, la actividad delictiva en un determinado tiempo y país, alcanzará uno de dos tipos de equilibrio:  el equilibrio de baja criminalidad (EBC), o el equilibrio de alta criminalidad (EAC), aunque siempre es posible el pasaje entre uno y otro.

Un país con EBC se caracteriza por la existencia extendida de mercados secundarios, abastecidos por redes de contrabando y robo, como consecuencia directa de la demanda ciudadana constante de una variedad de productos ilícitos (drogas, autopartes, celulares etc.). Las actividades de estos mercados se realizan prácticamente sin ningún tipo de interferencia por parte de las autoridades. Esta tolerancia se explica generalmente por la recepción de sobornos, aunque también existen razones políticas, tales como asegurar un cierto nivel de satisfacción consumista a sectores sociales, cuyos escasos recursos, no les permitirían adquirir estos bienes por la vía legal. En todo caso, la actividad criminal permanece controlada, restringida y subordinada a los poderes públicos, siempre capaces de ejercer, según las circunstancias y conveniencias, una disuasión efectiva mediante la aplicación de leyes y sanciones. En lo que respecta a la violencia en países EBC (Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Bergman señala: “cuando la policía y otras agencias controlan el crimen para su propio beneficio, los niveles de violencia permanecen relativamente bajos.”, y esto debido a que el Estado es capaz de evitar la aparición de poderosos grupos criminales susceptibles de entrar en conflicto entre sí.

En un país con EAC, en cambio, el Estado se presenta como totalmente incapaz de regular y sancionar el negocio criminal, debido a la existencia de bandas con altos niveles de organización y concentración de poder, que cuentan además con eficientes redes de complicidad al interior de las fuerzas del orden, entidades estatales, empresas y la política -sustentadas en el pago de sobornos, financiación de campañas, amenazas y coerción-, o mediante la infiltración directa de sus miembros en estas instancias. Estas bandas no solo se dedican a los lucrativos negocios del contrabando y el narcotráfico, sino que han diversificado sus actividades hacia otros ámbitos más depredadores, como el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, la tala y minería ilegales, los mismos que, dada su altísima rentabilidad, son la causa de constantes luchas por el poder entre bandas rivales. Violencia, corrupción e impunidad caracterizan estos EAC en países tales como México, Colombia, Honduras, Guatemala y ciertas regiones del Brasil, los cuales exhiben, como parámetro distintivo, tasas de homicidios superiores a 20 asesinatos por cada cien mil habitantes.

La inestabilidad delictiva

En ciertas condiciones, que Bergman ha denominado de “inestabilidad delictiva”, es posible una ruptura de estos equilibrios, y el pasaje resultante de un EBC hacia un EAC y viceversa. Un ejemplo de esta última situación es El Salvador, país que ha pasado de ostentar la tasa de asesinatos más elevada del planeta en 2015 (106 por 100 000 habitantes), a la más baja de su historia en 2023 (2.4 por 100 000 habitantes), como resultado de una serie de duras medidas adoptadas -algunas de ellas bastante controversiales- por el gobierno de Nayib Bukele. El paso contrario (de un EBC a un EAC) lo está viviendo dramáticamente Ecuador, que después de haber sido considerado, bajo el gobierno de Rafael Correa, como el segundo país más seguro de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 6.7 por 100 mil habitantes, se ha convertido en el país más violento de la región, con una tasa de asesinatos siete veces superior. La explicación de este fenómeno es doble: por una parte, el desmantelamiento de los entes públicos encargados de la lucha contra el crimen y la rehabilitación de los delincuentes -llevado a cabo por los presidentes Moreno y Lasso-, y por otra, los cambios que han tenido lugar en las organizaciones criminales y los circuitos del tráfico mundial de la cocaína, como consecuencia de las acciones represivas de otros países, que han convertido a Ecuador en un territorio estratégico para el narcotráfico (efecto globo).

¿Y el Perú?                                                      

La afirmación de que en el Perú se encuentran presentes todos los elementos característicos de una situación de alta criminalidad (con la excepción, por el momento, de una mayor tasa de asesinatos), resulta de una experiencia social tan omnipresente, que solo genera una abrumadora sensación colectiva de estar atrapados sin salida, en un país que, como señala Juan Carlos Tafur, se está convirtiendo en el mejor destino de las mafias. Un día sí, y otro también, los medios de comunicación y las redes sociales, nos inundan de noticias de corrupción en todos los niveles de la sociedad, de una delincuencia depredadora con apoyos políticos, y de una desvergonzada impunidad. Todas las últimas encuestas, nacionales y regionales, arrojan resultados similares: la mayoría de peruanos identifica la delincuencia como el problema que más les afecta, y señalan como responsables de esta situación al gobierno central, el sistema de justicia, los congresistas y la Policía Nacional, autoridades que, por otra parte, son identificadas como las más corruptas del país. El evidente fracaso gubernamental de un supuesto “Plan Boluarte por la seguridad ciudadana”, cuya existencia misma ha sido luego desmentida por la propia supuesta autora, no hacen sino incrementar el enojo y la desazón de una ciudadanía cada vez más propensa a demandar “soluciones radicales”, de la mano de algún “Bukele” local. Incluso un personaje de derechas tan sopesado como Jaime de Althaus, reflexionando sobre el tipo de outsider que convendría al Perú, llegaba a la conclusión de que “un Bukele más que un Milei” sería el apropiado. ¿Es realmente esto así? Aunque la situación salvadoreña es muy distinta a la nuestra, el Perú podría sufrir pronto de un “efecto globo”, similar al ocurrido en Ecuador (Farid Kahhat), lo que podría llevarnos a niveles de violencia asesina característicos de los países con EAC. Si esto no ha sido así hasta ahora, y en ello concordamos con Augusto Álvarez Rodrich, es porque “los políticos se llevan bien con las mafias. No hay campañas fuertes contra el crimen organizado y varios congresistas están a su servicio. Ningún político se ha comprado el pleito. Cuando eso ocurra, recién todo cambiará.” ¿Ocurrirá alguna vez?

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corrupción, criminalidad, impunidad, Negocio, violencia
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