Las autoridades una vez más demuestran el poco interés que tienen en lograr cambios favorables y sostenidos para alcanzar una educación de calidad y una sociedad más igualitaria. A puertas de cerrar la actual legislatura el Congreso de la República, mediando una perversa alianza entre la derecha más reaccionaria y la izquierda patriarcal se trajeron abajo la reforma universitaria, con la excusa de devolverle “autonomía” a las universidades, le devuelven – en realidad- la libertad a estas para hacer de la educación un negocio sin ninguna clase de ética ni fiscalización.
Pero no solo este escenario amenaza la educación, también lo hace el Proyecto Legislativo 904/2021, presentado por el congresista Edras Medina del grupo parlamentario Renovación Popular, denominado “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”; pero que en realidad busca desconocer la autonomía del Ministerio de Educación y hacer depender a este de la opinión y conformidad de los padres y madres de familia. Tal como suena, la educación de los niños estaría definida por algunas organizaciones de padres/madres quienes podrán vetar contenidos sin mediar aquí los criterios de especialistas en temas de educación.
Esta propuesta, que es bien vista por los sectores más conservadores (antiderechos) del congreso, distorsiona el derecho a participar de los padres/madres de familia en el proceso educativo, que por cierto se encuentra ya establecido a través de las APAFAS y de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI).
¿Què hay detrás de esta propuesta?, el interés de grupos parlamentarios vinculados a sectores fundamentalistas que se oponen al enfoque de igualdad de género y a la educación sexual integral. A estos operadores de la discriminación no les interesa la calidad educativa, les importa mantener los cimientos de una sociedad excluyente y tutelar, que reproduzca la discriminación. Utilizando discursos tendenciosos, como “la defensa de la familia” o su oposición a una supuesta “ideología de género” mal informan, generan miedo y ahora operan a nivel del ejecutivo y el legislativo para fortalecer una agenda perversa que sostenga la desigualdad..
Diversas instancias se han pronunciado con preocupación frente a la probable aprobación de una iniciativa legislativa contraria a los compromisos del Estado Peruano en materia de educación e igualdad. Se han manifestado la Defensoría del Pueblo, el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, organizaciones de jóvenes y del derecho a la educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, así como instancias de la cooperación internacional.
Este escenario de riesgo se agrava tras la reciente designación de Kathy Ugarte, congresista de Perú Libre, como Ministra de la Mujer; la nueva titular del sector se ha opuesto públicamente al enfoque de igualdad de género y ahora lidera el ente rector de las políticas de género, una paradoja peligrosa que hace temer retrocesos que repercutirán en la vida y bienestar de millones de mujeres y niñas.
El escenario es adverso, a nivel del legislativo y también del ejecutivo, el presidente Pedro Castillo ha demostrado su nulo compromiso con los derechos de las mujeres y ayer envió un mensaje claro de oposición a los avances en materia de igualdad. Se anuncian tiempos de muchos retrocesos que solo podrán ser bloqueados con una clara y contundente respuesta ciudadana.
