Recientemente se presentó la última versión del Marco Marcoeconómico Multianual presentando una proyección del crecimiento del PBI promedio anual al 2026 de únicamente 3.3%. Adicionalmente, se ha anunciado un “Plan Impulso País” donde la meta de reactivación para el 2023 nos llevaría a un crecimiento del 4.3%. Es decir, se nos anuncia un crecimiento pobre a mediano plazo y una recuperación para el proximo año que difícilmente se logrará dada la profunda ruptura de la confianza empresarial.
¿Cómo el gobierno pretende dinamizar la economía el próximo año? El menú del recetario anunciado es tremendamente conocido: deseo de mayor inversión pública, gasto social focalizado, detrabe de inversiones, promoción del financiamiento al sector productivo y alivio tributario, entre otras medidas. ¿No les recuerda este conjunto de medidas a las planteadas los último años? Lo cierto es que el común denominador de las medidas anunciadas siempre fue el mismo: nunca funcionaron. Nunca funcionaron dada la escasa institucionalidad, escasa capacidad de gestión en el frente público y la ausencia de orden.
Lo señalado golpea hasta la posibilidad de emplear a la inversión pública como un paleativo reactivador de corto plazo. Por ejemplo, pretender que la inversión pública constituya en un factor reactivador en el contexto político mencionado es imposible. La inversión pública tiene varios problemas: no se ejecuta en su totalidad, lo poco que se ejecuta se hace con ineficiencia y, de esto último segmento, gran parte se asocia a la corrupción. Generar impulso al gasto en esas condiciones resulta imposible. Con un frente gubernamental como el que tenemos, los recursos canalizados a través de un marco descentralizador politizado, sobredimensionado, desorganizado y sin capacidad de gestión, sólo nos conducen a dilapidar parte de los recursos del mismo Estado. Para corregir esto necesitamos orden y reforma integral en el ambiente público. ¿Los tenemos? La respuesta es obvia.
La verdad, lamentablemente, el conjunto de medidas reactivadoras recientemente anunciadas por el MEF resultan más de lo mismo. Otro ejemplo, eso de conformar equipos técnicos para acelerar y detrabar la inversión en infraestructura también lo venimos escuchando hace muchos años. Tampoco tuvo resultado positivo relevante. El problema en este caso particular es la pésima capacidad de gestión. Nunca se tuvo, menos ahora que esta se acompaña de plena incertidumbre y corrupción. Pretender fomentar el desarrollo de infraestructura demanda de una nueva calidad de Estado que no lo tenemos. Lo mas esperanzador que disponemos son los contratos Gobierno a Gobierno, pero ni siquiera ello ayudará lo suficiente en el marco de un Estado que no sabe ni priorizar su actividad.
Al final, la incapacidad gubernamental no permite disponer de un entorno que lleve a disponer de mayor efectividad en la orientación de política económica. En esas condiciones difícilmente crecerémos más el próximo año. Ya no seremos más los lideres del crecimiento de la región y eso no será el resultado ni de la crisis del COVID, ni del alza de la tasa de referencia norteamericana por el lado de la FED, ni de la guerra Rusia-Ucrania. Eso es resultado de la mediocridad del orden político y gubernamental que hoy tenemos. Eso será resultado de la incapacidad para generar confianza en el frente empresarial privado del país.
Nada puede reemplazar la inversión privada como motor del crecimiento. Nunca como ahora el frente político y gubernamental le hicieron tanto daño a la inversión, al país y a su economía. Con esto, la acentuación de la pobreza de los mas vulnerables está garantizada. Con lo que tenemos hasta hoy solo se distribuirá pobreza, escasez y demagogia. Una lástima.
