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DUDOSA APUESTA

Sudaca pudo revisar el borrador del proyecto de ley al que Tello, su despacho y los dirigentes de las Afocat le están dando las últimas pinceladas. En la exposición de motivos del documento se resalta que estas asociaciones han podido sobrevivir atendiendo al sector del parque automotor con mayor siniestralidad: el transporte público. Concluyen, por tanto, que expandir su campo de acción a los particulares sólo traería mejores resultados. Sin embargo, para Miguel Meza, representante de los corredores de seguros, eso no tiene sentido.

“Las compañías de seguros tienen sus bemoles, pero pagan. Ningún corredor de seguros serio vende Afocat, por la informalidad. Es arriesgado porque algunas no pagan, no hay garantías. Yo he tenido casos, por ejemplo, con la Afocat Premium”, dice Meza.

Y pasa a contarnos su anécdota: “Un esposo falleció conduciendo taxi y dejó dos hijas y una conviviente. El beneficio es para las niñas, pero la Afocat dijo que otra señora se presentó como esposa. Cuando yo fui [como representante], no me dejaron ingresar. Eso fue en octubre y hasta ahora no pagan. Así trabajan”. La normativa dispone que en 10 días se deben consentir o autorizar las indemnizaciones.

La Afocat Premium a la que hace alusión Meza es una de las 40 compañías de ese tipo que hoy existen en el Perú, según reportes de la SBS, ente encargado de la supervisión de estas asociaciones. Sin embargo, también hay 14 que fueron canceladas por el organismo. Al menos en ocho casos revisados por Sudaca, la causa era la misma: problemas de solvencia económica.

Esto no sería resuelto por el proyecto de ley, el cual propone que las Afocat puedan funcionar con un fondo mínimo de apenas S/500.000. “No puedes tener de capital la mitad de lo que te podría costar un siniestro. Atender el incendio del camión cisterna en Villa El Salvador [del 2020] costó S/1.200.000 aproximadamente. En uno no se te puede ir todo”, explica Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) 

“Sus problemas de solvencia no se resuelven con más mercado. Es un requerimiento regulatorio para operar y así poder soportar los siniestros que pueden ocurrir”, agrega. De aprobarse el proyecto de ley, es cierto, las empresas agremiadas en Apeseg tendrán más competencia. 

Para Morón, además, la expansión de las Afocat podrían generar otros inconvenientes logísticos. “El SOAT tiene carácter nacional, lo que nos obliga a tener convenios a todo nivel con prestadores privados y públicos. Hoy las asociaciones son muy locales. ¿Van a vender un CAT en Tumbes y tu local estará en Ayacucho? ¿Tendrán la capacidad para tener esa red de convenios a nivel nacional? No es tan sencillo”, dice. 

Morón también apunta que el proyecto de ley inclinaría la cancha a favor de estas asociaciones. “No tenemos problema en competir en este mercado, siempre y cuando existan las mismas reglas de funcionamiento. Nosotros estamos obligados a pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) a la hora de comercializar el SOAT, lo que vuelve más caro el producto. Las Afocat, como son asociaciones, están inafectas al IGV”, explica. En el borrador del proyecto de ley no hay rastro de un cambio tributario que arregle este problema. 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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