[El dedo en la llaga] «Quiero confirmarte que el Comité de Reparaciones no te consideró una persona con derecho a recibir una compensación financiera dentro del programa, más allá de asegurar que tu acceso a servicios profesionales para tu salud esté disponible de manera continua. Sé que ya cuentas con el servicio de salud en Alemania. Como sea, esto es una seguridad adicional para ti».

Con estas palabras, en un e-mail del 9 de noviembre de 2016 escrito originalmente en inglés, Ian Elliott —experto contratado por el Sodalicio para lavarle la cara a la institución— me comunicaba que no tenía derecho a ninguna reparación y que, por tanto, no se me consideraba oficialmente víctima del Sodalicio.

El 31 de enero de 2017, Alessandro Moroni —entonces Superior General del Sodalicio— me confirmaba esto en un e-mail, añadiendo algunas explicaciones:

«En el testimonio que nos hiciste llegar relataste un episodio que también has descrito por medios de alcance público y que, según los informes que nos hizo llegar la Comisión, también les relataste a ellos. Eso fue encomendado entonces al investigador profesional asignado para estos casos, y en su informe indica que no encontró evidencias para afirmar la verosimilitud de este caso.

Según refirió el Sr. Elliott, en la entrevista que tuvo contigo no fue relatado ningún episodio específico, sino más bien una serie de opiniones sobre tu experiencia en general, y también sobre las cosas que consideras que están o han estado mal en el SCV y deben cambiar. El Sr. Elliott presentó su evaluación a los demás miembros del comité de reparaciones, en el cual él mismo participa. La conclusión unánime fue que, según los criterios establecidos en un comienzo, no correspondía una reparación en el marco de este programa de asistencia».

Moroni admitió que conocían mi testimonio, pero según se deduce de lo que me dice, Ian Elliott, en una muestra de su incompetencia, no lo habría conocido o no lo habría tenido en cuenta en su informe. Allí se describen, entre otras cosas, abusos psicológicos que me llevarían a pasar mis últimos meses en una comunidad sodálite del balneario de San Bartolo (unos 50 km al sur de Lima) con pensamientos suicidas, entre diciembre de 1992 y julio de 1993.

El episodio presuntamente inverosímil al que se refiere Moroni es aquel cuando Jaime Baertl, antes de ser ordenado sacerdote y siendo mi consejero espiritual, me ordenó desnudarme, colocarme detrás de una silla enorme y simular que me la follaba. Yo tenía entonces 16 años de edad.

Baertl nunca ha negado públicamente que ese hecho ocurriera ni tampoco me ha solicitado que me rectifique para no dañar el honor que cree tener, aun cuando mi testimonio al respecto es de conocimiento público, y yo mismo he descrito al detalle el lugar en que ocurrió, las circunstancias y el contexto, los cuales pueden ser corroborados por otros testigos. Además, se ha tener en cuenta que no fui el único al que su consejero espiritual le solicitó que se desnudara.

Sin embargo, Baertl siempre ha negado el hecho ante varias instancias. Lo hizo ante la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, convocada por el mismo Sodalicio. Lo hizo el 8 de julio de 2016 ante funcionarios del Ministerio Público. Lo hizo en carta notarial del 24 de octubre de 2024 a la Nunciatura Apostólica en el Perú. ¿Por qué esto último? Porque el hecho descrito, considerado verosímil por la Misión Especial conformada por Mons. Charles Scicluna y Mons Jordi Bertomeu, fue uno de los motivos mencionados —entre otros— en un comunicado del 23 de octubre para justificar la expulsión de Baertl del Sodalicio de Vida Cristiana.

Recalco que se trata de un hecho del que no existen pruebas en sentido judicial, pero cuya verosimilitud es irrefutable ante la cantidad de datos y detalles que he proporcionado al respecto. Y respecto al cual seguiré afirmando que efectivamente sucedió, pues la memoria no me falla.

Aún así, que los expertos contratados por el Sodalicio descartaran este hecho de mi testimonio no anulaba los demás abusos relatados por mí, los cuales dejaron más huellas y cicatrices en mi psique que ese otro incidente que fue reprimido en el desván de mi memoria durante décadas. Lo cierto es que, para proteger a Jaime Baertl —el hombre más poderoso de la institución desde las sombras, tras la renuncia de Figari al cargo de Superior General en el año 2010—, se me negó toda reparación y se desconoció mi status como víctima del Sodalicio.

Tras conocerse la expulsión del Sodalicio de su fundador Luis Fernando Figari mediante decreto vaticano del 9 de agosto de 2024, en la página web de la institución fueron publicadas unas aclaraciones, donde se decía: «Desde el primer momento en que tomó conocimiento de personas que habían sido víctimas de abuso por parte de algunos de sus miembros o exmiembros, el Sodalicio buscó la mejor manera posible de salir a su encuentro y ofrecer un camino de acogida, escucha y reconciliación». Evidentemente se trataba de una mentira, pues eso no ocurrió ni en mi caso ni en el de muchos otros. Y aquellos a los que se les concedió una reparación pecuniaria, tuvieron que firmar acuerdos extrajudiciales con cláusulas de confidencialidad que los obligaban a mantener en silencio el monto de las reparaciones, los motivos —entiéndase abusos— por las cuales se hacían acreedores a ellas, los nombres de los abusadores, tal como se desprende del texto de uno de estos acuerdos:

«El señor [Fulano de Tal] y el SCV se obligan a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre las conversaciones y negociaciones sostenidas para arribar a esta transacción, sobre el contenido del presente acuerdo, incluyendo los montos indemnizatorios comprendidos (asistencia e indemnización), los hechos que lo motivan y las personas involucradas en ellos.

La obligación de confidencialidad antes descrita alcanza a los representantes, asesores u otras personas que hayan intervenido o participado, colaborado o asesorado a cada una de las partes para la suscripción de la presente transacción. El incumplimiento de esta obligación de confidencialidad por parte de alguna de ellas hará responsable a la parte con la que se vincula.

El incumplimiento del deber de confidencialidad, ya sea directamente o por alguno de sus representantes, asesores o colaboradores, habilitará a la otra parte a reclamar la indemnización correspondiente».

Sin muchas esperanzas, el 16 de agosto de 2024 envié una solicitud por correo electrónico —la única vía dispuesta a estos efectos por el Sodalicio— a la Oficina de Escucha y Asistencia. En realidad, sólo esperaba confirmar lo que había ocurrido en el pasado: que a las víctimas se les llenaba de promesas, para al final dejarlas en la estacada.

Sin embargo, esta vez ocurrió algo distinto. La Sra. Silvia Matuk, encargada de la oficina y de mal recuerdo para muchos, esta vez se comportó correctamente e hizo sus esfuerzos para que mi solicitud llegara a buen puerto, lo cual le agradezco de corazón. 

A fin de asegurar la buena marcha del proceso, compartí algunos de los correos electrónicos de la Sra. Matuk y también los míos con algunas personas de confianza, hasta que la misma Sra. Matuk me advirtió que en todo el proceso se debía guardar confidencialidad. Le di la razón en lo que a ella correspondía, pero no en lo que a mí me tocaba, mediante un e-mail del 5 de septiembre de 2024:

«Según lo que hemos conversado ayer por teléfono respecto a su solicitud de que no comparta los mensajes que usted me envía por correo electrónico, le doy la razón, aun cuando un proceso de reparación tiene carácter público porque responde a una exigencia de justicia que tiene consecuencias sobre otros casos similares. Y quiero insistirle sobre este punto: no se trata de un asunto privado entre el Sodalicio de Vida Cristiana y yo, sino de una materia que atañe a todas las víctimas que no han sido debidamente reparadas por la institución.

Sobre la condición de confidencialidad que debería acompañar todo el proceso, eso la obliga a usted como profesional que recibe información de las personas afectadas que recurren a usted, pero esa condición no se le puede imponer a una víctima de abusos, ni siquiera durante el proceso, pues en este caso ese silencio sólo sirve para proteger a la institución o persona abusadora y deja desprotegida a la víctima. Esto mismo lo confirma el Papa Francisco en su carta apostólica “Vos estis lux mundi” (25 de marzo de 2023), donde dice que “al que presenta un informe, a la persona que afirma haber sido ofendida y a los testigos no se les puede imponer alguna obligación de guardar silencio con respecto al contenido del mismo”.

Respecto a su reputación como profesional, no es mi deseo opacarla, pero tampoco es mi deber defenderla, pues eso le corresponde a usted. Será buena si hace lo correcto y cumple con las tareas que le han sido asignadas en consonancia con la justicia debida a las víctimas. Será mala si, al contrario, decide proteger honras no merecidas en perjuicio de las víctimas que buscan acceder a la justicia desde hace tiempo.

El deber de hacer justicia y reparar a las víctimas que tiene el Sodalicio de Vida Cristiana, si bien no está estipulado de manera vinculante en ninguna norma jurídica de la Iglesia católica, sí constituye una obligación moral, tal como lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica:

“1459 Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo (por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige esto.

2487 Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto; si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente, en nombre de la caridad. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación, moral y a veces material, debe apreciarse según la medida del daño causado. Obliga en conciencia”.

En vistas de lo anterior, quiero resaltar que la justicia y reparación que supuestamente ofrece el Sodalicio de Vida Cristiana no deben estar sujetas a ninguna condición que se le pretenda imponer a la víctima, como, por ejemplo, el guardar silencio sobre los hechos luctuosos incluidos en su denuncia y sobre cómo va el proceso de reparación. La Iglesia católica lo prohíbe en sus procesos canónicos y, por analogía, se entiende que también está prohibido en procesos análogos iniciados por instituciones aprobadas por la Iglesia católica.

Por todo lo dicho, respetaré su deseo de no compartir los mensajes que me envíe, pero no me pida que guarde silencio en lo demás. Vistos los antecedentes del Sodalicio en casos similares, sería una inmoralidad mantenerse callado».

Tras un intercambio de mensajes, a fin de aclarar algunos puntos de la reparación, se me envió un acuerdo extrajudicial, que firmé el 1° de noviembre de 2024 en el Consulado General del Perú en Frankfurt —a efectos de legalización de la firma del documento— y envié a Lima por correo certificado. A diferencia de los leoninos acuerdos extrajudiciales del pasado, éste no contenía ninguna cláusula de confidencialidad. El monto ofrecido fue transferido a mi cuenta bancaria el 6 de diciembre de 2024. Si bien este monto era algo superior a lo que recibieron otras víctimas, no llega a compensar todos los daños sufridos que tuvieron consecuencias dolorosas en mi vida y un alto costo personal, hasta el día de hoy. Más importante para mí era su significado simbólico. Tras haber sido reconocido como víctima por la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación en febrero de 2016, el Sodalicio me negó durante ochos años ese status y se negó a reparar el daño producido, entre los cuales puedo mencionar el socavamiento de mis vínculos familiares: con mi madre, con mi ex-mujer, con mi hermano Erwin, que siguió en el Sodalicio y terminó expulsado por haber sido cómplice de las fechorías de la institución.

Si a alguien tengo que agradecer por esta reparación es a la Sra. Silvia Matuk, que hizo lo posible dentro de sus limitaciones y capacidades, y que fue la única persona con la cual tuve comunicación directa, sirviendo de mediadora en este asunto. También recibí algunas cartas impersonales firmadas por José David Correa, actual Superior General del Sodalicio. Y si bien, refiriéndose a experiencias dolorosas en el tiempo en que viví en comunidades sodálites, manifiesta «un sincero pedido de perdón por todos los sufrimientos que todo ello te ha generado, como también por las demoras, deficiencias o insuficiencias que puedan haber ocurrido en la atención que en diversos momentos se te haya dispensado», en ningún momento hizo el amago de querer comunicarse personalmente conmigo. Ni tampoco reconoció problemas objetivos configuradores de una cultura de abuso en la institución, ni mucho menos la verosimilitud de mi relato sobre el abuso sexual cometido en mi perjuicio por Jaime Baertl.

Es moneda corriente que instituciones de la Iglesia comiencen a pagar reparaciones postergadas cuando se encuentran entre la espada y la pared. El Sodalicio no parece ser le excepción. ¿Hay que estar agradecidos cuando uno recibe, tras años de angustiosa espera, lo que le corresponde en justicia? Como dice Gonzalo Valderrama, un sodálite con vocación matrimonial de las primeras generaciones: «Hoy aparecen varios que recibieron inmensos beneficios para ellos, sus hijos, o parientes, y a pesar de todo ello, muerden la mano que con mucho cariño fue extendida para ayudar a solucionar problemas y emergencias». Sabemos a quiénes se refiere. Incluso quienes siguen vinculados al Sodalicio y expresan críticas legítimas a la institución han sido descritos como aquellos que muerden la mano que les da de comer. No hay expresión más clara de lo que se considera ser leal al Sodalicio: ser fiel como un perro. Quién recibe una reparación del Sodalicio y quien recibe una remuneración por servicios prestados, recibe lo que en derecho le corresponde, no un favor. Y quien critica a aquel que lo remunera, está en todo su derecho. Pero para los amantes del Sodalicio las personas vinculadas a la institución deben ser eso: como perros que deben estar siempre agradecidos al amo.

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