Esta semana el Congreso aprobó el proyecto de ley que restituye el permiso a las empresas privadas para financiar partidos políticos. Después del caso Lava Jato, esta ley se había prohibido. Pero hoy, el Congreso no sólo la ha restituido, sino que le ha hecho cambios de oscuro manejo como casi duplicar el monto de financiamiento que podía ser donado al partido en la ley anterior. Y más bien, sobre los fondos del Estado, ha establecido que estos pueden ser utilizados para costear la defensa legal del partido cuando sea necesaria (¡con la cantidad de congresistas y partidos políticos denunciados!).
Cuando este proyecto, ya en manos de la presidenta, sea promulgado, habrá establecido que los partidos podrán convertirse en importantes centros de inversión privada. De esta manera, Perú se suma a la tendencia continental encabezada por Estados Unidos, de dejar la presidencia en manos de empresarios, reforzando un indiscutible orden oligárquico que se pensó había sido superado, pero que retornó a controlar gobiernos y parlamentos de muchísimos países del mundo entero. Un giro de tuerca más a nuestro sistema de representación política.
La última Constitución peruana vigente, a la que el Congreso retorna la firma de Alberto Fujimori (como si su historial de muerte y corrupción fuera motivo de orgullo), ya había afectado el carácter de los partidos políticos del país. En los últimos veinte años, los partidos se convirtieron en espacios alquilados por distintos grupos, líderes de sectores económicos informales e ilegales de todas las regiones, con ansias de controlar y producir una legislación que los proteja y favorezca. Sin embargo, la presidencia aún conservaba cierta referencia simbólica e ideológica de mayor trascendencia: Keiko Fujimori o Hernando de Soto, Verónica Mendoza o Ollanta Humalaparecían ser representantes de un proyecto compartido con un buen sector de la población. Incluso Pedro Castillo, a pesar de ser una figura que no se veía con la formación profesional necesaria para gobernar, tuvo un poder simbólico tan importante que ganó las elecciones. Quizá César Acuña pueda considerarse el primer empresario candidato que abiertamente representaba un sector económico informal; pero si parecía ser su prioridad conseguir congresistas más que ser presidente de la República, hoy las reglas de juego han cambiado.
Quedó en el siglo pasado el modelo con el que se fundaron los principales partidos peruanos: el Partido Socialista, el Aprista, Acción Popular. Iniciativas provocadas por jóvenes profesionales, docentes, intelectuales, trabajadorespara mejorar el país. Las agrupaciones actuales, que manipulan la información y la publicidad para triunfar en las elecciones, no necesitan afiliados. Sólo votos para dedicarse a disminuir la legislación regulatoria y protectora de la población y nuestros ecosistemas, abriendo la cancha al empresario y consiguiendo que el Congreso peruano se parezca más a una cámara de comercio que a la generadora de la legislación que rige un país.
Este desplazamiento de la gestión estatal hacia los intereses de los empresarios es un proceso que se está dando en diversos países de la región: Argentina, Estados Unidos o El Salvador cuentan con presidentes que se han propuesto la reducción del Estado con énfasis en la desregulación de las inversiones privadas y las acciones empresariales, sobre todo cuando se tratan de proyectos extractivistas, sea minería, gas o petróleo. Desde esta perspectiva, vemos que desde la mirada empresarial, la presidencia otorga un control del territorio y la cesión de este a los intereses más atractivos para el gobernante. En el caso de presidentes como Donald Trump, que tiene a su cargo no solo un país, sino también un gran número de convenientes territorios en las diversas regiones del mundo que están bajo su control, desde antes de ocupar formalmente el cargo, ya anuncia apropiarse de Canadá, cambiar el nombre del Golfo de México por otro Americano, adueñarse de Groenlandia y pedir que le devuelvan el canal de Panamá. Una mirada apetitosa, tras grandes extensiones ricas en petróleo y minería.
Sumada la libertad que Marc Zuckerberg ha añadido a las únicas redes que aún regulaban la información agresiva, falsa y distorsionada, con esta nueva ley, las elecciones que nos esperan el 2026 pondrán en escena un carnaval de mentiras e intereses económicos que debemos prepararnos a enfrentar.
