Elecciones 2026: Votemos como Mujeres

Por: 4.04.2025

Querida Manuela,

Me vine a escribirte a la Casa Museo de Marina Núñez del Prado porque necesitaba inspiración. Vine con mi cuaderno, como en los viejos tiempos cuando no habían computadora, a sentarme en la banca del jardín a escuchar las aves del Bosque El Olivar para luego pasar a la pileta central y contemplar sus maravillosas esculturas.

Es un espacio maravilloso, una casa de Neocolonial Patrimonio Cultural de la Nación y fue su hogar a partir de 1973. Ella nació el 17 de octubre del 1910 en La Paz Bolivia y vino a Lima casada con el escritor peruano Jorge Falcón. Veo sus obras, con fuerte influencia precolombina y en especial aimara, los animales como el condor y el toro. Es una mixtura de feminidad, andes y modernismo, de hecho ella introduce ese concepto en la escultura latinoamericana. Hay movimiento, belleza y fuerza frente en sus esculturas pesadas de granito negro, basalto, ónix blanco y madera de su natal Bolivia. Belleza pura. Necesitaba escribirte entre rostros de mujeres andinas anónimas, torsos femeninos, mujeres andinas y niños todos en contante movimiento. Lo único constante es el cambio, como dicen los budistas. 

Manuela, hace una semana, la presidenta convocó a elecciones para el 12 de abril de 2026 donde se va a elegir presidente, senadores y diputados. Sí, el actual congreso nos regresó a la bicameralidad, pese a que en 2018, mediante referéndum, el 90.5% de los peruanos nos expresamos en contra. Esta es una de las tantas modificaciones caprichosas de este congreso saliente. Estamos cerrando cinco años de retroceso en todos los temas importantes del país: educación, salud, seguridad, igualdad y anticorrupción tienen indicadores cada vez peores. 

Nos queda un año para poder emitir un voto informado y dejar de lado tanta ignorancia. Las mujeres somos una fuerza electoral, presentamos el 50%, seámoslo entonces. Como mujeres debemos de velar por nuestros intereses y los de nuestras niñas y adolescentes. Nuestras madres y abuelas tuvieron muchas barreras que pasar para que nosotras hoy podamos ser profesionales, empresarias, artistas, científicas etc. Esto último me lleva a las tristes declaraciones de un congresista, como muchos de su agrupación política, que parece nunca haber leído la constitución, las leyes, políticas nacionales, pero claro, son liderados por una mujer. Según este congresista, las mujeres no tenemos las condiciones biológicas para participar en las ciencias. Esa afirmación es de tal nivel de ignorancia anacrónica que no merece debate ni explicación. 

Basta de justificar la ignorancia. Es un hecho que existen brechas, está claro en la Política Nacional de Igualdad de Genero y en los tratados internacionales firmados por el Perú. ¿Por qué creen que existe el 11 de febrero, Día internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, o el 8M, 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. ¿Se puede ser más ignorante? 

Te parece seguro que estoy siendo extremista, pero Manuela, a ti te desheredaron por bastarda y por dejar a tu marido, por un Estado lleno de varones que veía a las mujeres como objetos sobre los que ellos decidían. Tu libertad te costó pasar al olvido de la historia. Hoy piensan como tu época.

Manuela, las mujeres debemos votar ahora pensando en el futuro de las niñas, adolescentes, y vetar a quienes tienen discursos ignorantes que solo generan discriminación y siguen con patrones de pensamiento 200 años atrasados. Si no hemos aprendido de nuestras madres, abuelas, bisabuelas sus dificultades y luchas, entonces no lograremos avanzar hacia una igualdad real. Mi madre es bióloga, de las pocas mujeres de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su madre estudió farmacia en la misma universidad, pero no pudo terminar. Sí se puede.

Identifiquemos los partidos, los nombres de los congresistas que atentaron contra nuestra libertad como mujeres, nuestras vidas, limitaron nuestro acceso a la justicia, salud y trabajo. El futuro es de las niñas y adolescentes y nos queda un año para no votar por los partidos que aún siguen en el siglo 19. Hay que movernos como las mujeres de las esculturas que tengo al frente. 

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El lapsus como coartada: cuando el olvido se vuelve estrategia

Por: 4.04.2025

[La Tana Zurda] El argumento del lapsus ha sido históricamente un salvavidas para quienes enfrentan el escrutinio público. Desde políticos hasta intelectuales, muchos han apelado a un desliz involuntario para justificar olvidos, omisiones o formulaciones desafortunadas. Sin embargo, este recurso pierde fuerza cuando se usa para disculpar no solo errores espontáneos en el habla, sino también en textos escritos que han pasado por un proceso de redacción y edición. Si bien el lapsus puede revelar conflictos inconscientes, también puede convertirse en una coartada conveniente para evadir responsabilidades.

El caso se vuelve aún más cuestionable cuando lo que se defiende como un lapsus no es una declaración oral, sino un artículo publicado en una página web. A diferencia de la palabra hablada, que desaparece en el aire, un texto digital puede ser editado, corregido o al menos acompañado por una nota aclaratoria. La naturaleza flexible del contenido en línea hace que el argumento del lapsus resulte menos convincente, pues no hay una limitación material que impida enmendar el supuesto error. En estos casos, la permanencia de una omisión o de un planteamiento problemático sugiere no tanto un descuido involuntario, sino una decisión consciente de no corregirlo.

El lapsus freudiano, entendido como una revelación del inconsciente, podría aplicarse con cierta lógica a un desliz oral. Pero cuando se trata de una omisión en un texto publicado digitalmente, la explicación se vuelve más difícil de sostener. La posibilidad de revisión constante en el entorno digital demuestra que lo que se mantiene sin cambios no es producto de un olvido, sino de una elección.

El argumento del lapsus, entonces, no puede convertirse en una coartada universal. Si bien es cierto que la memoria es frágil y el error humano es inevitable, también lo es que las plataformas digitales permiten la corrección y el matiz. Disculpar omisiones bajo la excusa de un lapsus cuando existe la posibilidad de corregirlas no solo debilita la credibilidad del emisor, sino que también revela una falta de compromiso con la búsqueda de la verdad. En un mundo donde la información se mueve rápidamente y los archivos digitales pueden actualizarse en cualquier momento, la verdadera responsabilidad no está en reconocer un lapsus, sino en tomar acción para enmendarlo.  Más aún, cuando el argumento del lapsus se emplea para encubrir omisiones en discursos culturales o históricos, la cuestión se torna más grave. La falta de disposición para rectificar errores, sumada a la manipulación de la narrativa y a estrategias evasivas, debilita la confianza en el diálogo intelectual y la transparencia informativa. En un contexto en el que la pluralidad cultural y la heterogeneidad del país deben ser atendidas con responsabilidad, es fundamental que quienes participan en la construcción del relato público asuman con seriedad la tarea de representar con justicia y rigor la complejidad de nuestra escena cultural. Que no nos quieran vender un lapsus cuando en realidad es una pera envenenada.

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El circo impostado de las interpelaciones

Por: 4.04.2025

La política peruana, una vez más, está atrapada en la espiral de interpelaciones, que dejaron de ser un mecanismo de control y supervisión del poder para convertirse en un espectáculo vacío y estéril.

El Congreso, que debería ser el bastión de la democracia y la deliberación política, se ha convertido en un circo donde se ejerce todo, menos el interés común. Un Congreso, que es cómplice del gobierno en lo sustancial, quiere aparentar una distancia crítica que a nada bueno conduce porque es inocua.

El ping pong de las interpelaciones ministeriales -ya hay como seis ministros amenazados con ello y el Premier ya ha sido citado- evidencia una señal segura de degradación de la clase política, incapaz de asumir responsablemente la tarea que se les ha encomendado. En lugar de debatir y legislar para resolver los problemas de raíz que aquejan al país —con la pobreza, la corrupción o la inseguridad sobre la mesa—, el Congreso entró en una espiral de acusaciones, donde lo que importa no es el fondo, sino la exposición pública.

Esto no es meramente un asunto de ineficacia política; está en juego la propia salud del orden democrático. Estas interpelaciones difícilmente son un ejercicio de transparencia, sino más bien son espectáculos de estilo circense donde los problemas causados por el gobierno se exhiben como si tuvieran su propio reality show, y cualquier posible solución es solo humo y espejos, sin diálogo honesto. Es un espectáculo de gestos y represalias, en el que personas en un podio intentan llamar la atención, no por una visión o plan real, sino por sus bombas retóricas e interrogatorios que no logran tracción.

Lo más trágico es que el país, enterrado en la desigualdad y la alienación social, aún no recibe respuestas serias. Mientras los líderes políticos muestran una guerra de egos —los ciudadanos en las trincheras, y sin fe en sus instituciones— las perspectivas de un mejor mañana se desmoronan.

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política peruana, reality show, Sudaca, Sudaka

La mala educación

Por: 3.04.2025

El tema de la educación no es una broma. Las consecuencias de una mala educación pueden llegar a resultados tan graves como el de la propuesta económica de los aranceles de Donald Trump. Lleno de errores (como poner un país deshabitado en la lista de amenazados), con montos resultado de una fórmula que ningún economista aceptaría, estas medidas comerciales van a afectar la economía mundial, agravar la crisis socioeconómica estadounidense y beneficiar a los empresarios que se empoderan durante las oleadas de quiebra y recesión económica. 

La Educación (para unos una forma disciplinaria de la población productiva; para otros, una ética, un aprendizaje de ciudadanía) es una pieza fundamental para los modelos de sociedad que siguen los gobiernos, y que idealmente debieran acordarse entre la población y sus estados. Hasta el día de hoy, una buena educación asegura que una sociedad tenga profesionales inteligentes, agudos y creativos al mando del país y sus servicios públicos, como la seguridad y la salud; más aún cuando estamos sintiendo las consecuencias agrícolas y sanitarias del cambio climático, el crimen organizado y la migración mundial. 

Son pocas las sociedades que han conseguido un acuerdo educativo que garantice en el presente y el futuro buenas políticas públicas. Y es que la democracia no es fácil: representa al pueblo, y el pueblo siempre tiene un buen porcentaje de población que vive de la política y que con astucia disfraza sus limitaciones cognitivas y profesionales para su beneficio económico. Cualquier parlamento o asamblea del mundo es un diáfano espejo de la real política de su país. Y de inmediato trasluce el sistema educativo que han conseguido. 

En el Perú los modelos de sociedad se han impuesto desde los grupos económicos que llegan al gobierno. El gobierno civilista, la dictadura de Odría, la revolución de Velasco, y la dictadura de Fujimori han tenido un modelo de sociedad manifiesto, que compartían en sus discursos, en ceremonias, en inauguraciones. Cada uno de esos modelos incluyó una reforma educativa. Y cada una de las reformas comenzada con entusiasmo (centralizando la educación, modernizando las universidades, integrando a la población indígena) terminó de mala manera. La centralización de la educación pública devino en un sistema que solo funcionaba para la capital, las universidades y escuelas se convirtieron en focos de violencia política, y se contrató a personas sin formación superior para responder a la cobertura de enseñanza. La mala educación culminó en el Partido Comunista Sendero Luminoso, en el terror que causó, en la respuesta del gobierno peruano y la guerra desatada. Miles de peruanos muertos, desaparecidos, mujeres violadas y asesinadas. Masacres por doquier. 

En ese contexto, la reforma educativa neoliberal de Fujimori esperanzó la transformación de nuestro sistema educativo de la mano con el Banco Mundial. Se anunciaron nuevos tiempos de paz y ciudanía. Más aún después de que el gobierno de Valentín Paniagua iniciara un trabajo conjunto con las universidades e institutos de investigación para resanar el gobierno de la corrupción montesinista y construir un estado serio y profesional. Con la educación pública como norte, los siguientes gobiernos fortalecieron el modelo por competencias, se añadió la meritocracia y se exigió titulación a docentes; se construyeron escuelas, colegios de alto rendimiento, se creó un sistema de becas para estudiar dentro y fuera del país. Fuimos mejorando en las pruebas internacionales y parecía haberse vencido con la Sunedu la corrupción en las falsas universidades que el parlamento de Fujimori fomentó.

Pero una crisis se anunció cuando los congresistas del fujimorismo y sus aliados se dieron cuenta de que podían tomar el poder del país a través de distorisones legislativas y comenzaron a acusar a los intelectuales afines a la reforma de ser caviares. Podemos considerar que su golpe parlamentario se inició tras la censura a Pedro Pablo Kuczynski y se cristalizó con la defenestración de Vizcarra y la cerrada defensa a Dina Boluarte. Y que uno de sus puntos clave, con apoyo de los medios de comunicación aliados, ha sido la merma de nuestro sistema educativo: leyes contra Sunedu, contra el contenido de los planes de estudio, la entrega de prorrogas a la falta de titulación. Agravada con la pandemia, aumentó la brecha con las zonas rurales, la deserción escolar se disparó, sobre todo por embarazos adolescentes, y hasta el analfabetismo ha retornado.

Hoy, con el Poder Ejecutivo en sus manos, el Congreso permite que un ministro como Morgan Quero, que solo defiende a la presidenta, pero no a las niñas abusadas sexualmente por sus docentes, que da vivas al autismo y que considera ratas a las personas asesinadas durante la masacre de los primeros días de su presidenta, ya lleve más de un año a la cabeza del sistema educativo de nuestro país. 

En las próximas elecciones, 2 millones y medio de adolescentes votarán por primera vez. Aún es tiempo de enseñarles de qué políticos tendrán que defenderse. 

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Congreso, Educación, Morgan Quero

El marxismo como factor antiestablishment

Por: 3.04.2025

La concurrencia de factores sociales y políticos en el ascenso de la izquierda marxista radical en el Perú no es solo ideológica. Tal ideología marxista, en sus versiones más extremas, ha tenido en la historia mundial un precio relativamente alto de descrédito, debido a fracasos en otras partes del mundo, pero lo que a menudo ha resonado con el electorado peruano es su capacidad para canalizar la frustración y el enojo hacia el orden establecido.

La izquierda radical ha logrado presentarse como la voz de los desposeídos, las personas que sienten que el sistema político y económico tradicional no ha logrado ofrecer oportunidades ni atender a sus necesidades. El pueblo peruano no es marxista, ni siquiera es mayoritariamente de izquierda, como ratifica la última encuesta del IEP, pero sí va contra el statu quo y alienta opciones de ese perfil, dentro de los que encajan las opciones marxistas señaladas.

El descontento aboga en favor de propuestas que, más allá de su contenido ideológico, se postulan como una ruptura con el statu quo, específicamente en el sur andino, donde las desigualdades sociales, la pobreza y el abandono estatal son más profundos. Es por eso que los líderes cuyo ascenso se debe, aunque sea poco acorde al marxismo, a la contextualización de una crisis en la legitimidad de las instituciones del país están volviéndose cada vez más populares.

Dentro de este contexto, la ideología marxista deja de ser una idea abstracta y se convierte en una herramienta de protesta social, un medio para aquellos actores hartos de las promesas vacías.

Los líderes de este movimiento no son vistos como ideólogos extremistas sino como representantes de una lucha popular contra un orden excesivamente centralizado percibido como ajeno y opresivo para las provincias. Entonces, más allá de su ideología, el peligro de este ascenso radica en la profundidad de un malestar colectivo que podría empujar al país por un callejón sin salida, poniendo en riesgo la democracia y la estabilidad institucional.

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izquierda peruana, Sudaca, Sudaka

Flix Bus llega al Perú: ¿Progreso o Depredación Encubierta?

Por: 2.04.2025

La plataforma retiene hasta el 30% del costo de cada boleto, pero este porcentaje se descuenta sobre el margen bruto, no sobre las utilidades. Esto significa que, tras deducir costos fijos, los transportistas apenas reciben un 30% de sus ganancias reales, asumiendo además todos los riesgos operativos. Mientras tanto, Flix Bus opera como un intermediario sin asumir responsabilidades directas en caso de accidentes o fallas en el servicio.

A diferencia de Uber o Airbnb, que facilitan la conexión entre consumidores y proveedores, Flix Bus regula el mercado con precios que no cubren los costos mínimos de operación. Su condición de ‘unicornio’, con financiamiento masivo pero sin rentabilidad comprobada, le permite desplazar a la competencia manteniendo tarifas artificialmente bajas.

El impacto en la seguridad y comodidad de los pasajeros es evidente. Los transportistas, forzados a reducir costos para sobrevivir, recortan inversiones en mantenimiento y seguridad. Además, la empresa no cuenta con terminales establecidas, utilizando paradas improvisadas que aumentan los riesgos para los pasajeros.

Otro problema es la falta de transparencia para los consumidores. Al comprar un boleto, el pasajero cree que está contratando un servicio directo con la empresa, cuando en realidad es un modelo de subcontratación que minimiza la responsabilidad de Flix Bus.

Este esquema también afecta la regulación estatal del transporte. En un sector que ya enfrenta crisis de seguridad, permitir la expansión de un modelo basado en tarifas predatorias solo empeora la situación. Flix Bus refuerza la precarización del transporte y erosiona la viabilidad de las empresas locales.

Es urgente que las autoridades establezcan normas claras para plataformas como Flix Bus, asegurando que su operación no se base en la explotación de transportistas ni en la degradación del servicio. De lo contrario, su llegada al Perú solo significará más precariedad y menos seguridad para los pasajeros.

Peligra un millón de empleos por quiebra de 300 mil empresas: Urge aprobar Ley de Arrastre de Pérdidas

Por: 2.04.2025

La situación que se busca corregir es grave y concreta. Durante los años mencionados, miles de empresas peruanas —de todos los sectores, pero especialmente en turismo, hotelería, comercio, manufactura y servicios— registraron importantes pérdidas debido a la pandemia del COVID-19, las restricciones sanitarias y la recesión global. A esto se suman factores internos como la criminalidad, la inestabilidad política y los conflictos sociales. 

Estos impactos no se disolvieron con el fin del estado de emergencia: muchas de esas empresas aún arrastran deudas, sufren baja liquidez y ven afectada su rentabilidad real. Es importante tomar en cuenta que los efectos de la pandemia aun no se han superado completamente y la recuperación requiere de más tiempo. 

Edmundo Lizarzaburu, profesor de administración y finanzas de la Universidad ESAN, advierte sobre los riesgos de no aprobar el Proyecto de Ley N°9433. Señala que muchas empresas podrían cerrar o trasladarse a la informalidad, lo que afectaría negativamente el empleo y la economía. 

Aclara que no se trata de condonar impuestos, sino de facilitar una recuperación financiera que fortalezca la sostenibilidad tributaria a largo plazo. En términos de crecimiento económico, advierte que sin la extensión de los plazos el PBI podría estancarse en 3.3%, mientras que con el apoyo adecuado podría alcanzar entre 4% y 5%. Además, de no aprobarse el proyecto, muchas empresas podrían recurrir a fuentes de financiamiento informal y riesgosas, como el crédito ‘gota a gota’, lo cual tendría consecuencias sociales y económicas negativas. 

Según estimaciones del sector privado, más de 600 mil empresas arrastran perdidas desde el inicio de la pandemia. Estas empresas podrían verse directamente afectadas —en su mayoría pequeñas y medianas— y están en riesgo de tributar sobre una renta ficticia, es decir, sobre ingresos netos que en realidad no existen, lo que podría llevarlas a la quiebra o a una paralización definitiva de actividades. No se trata solo de una medida técnica, sino de una acción de justicia tributaria y de preservación del aparato productivo nacional. Juan Carlos Tafur, menciona que las mipymes representan el 99.5% de las empresas formales del país. De no aprobarse la Ley, el futuro de más de 300 mil empresas formales que registraron pérdidas entre 2020 y 2022 estarían en alto riesgo de quiebra. 

Para Jimmy Romero, politólogo y agroexportador, el número mencionado de empresas aún arrastran perdidas y están en peligro de desaparecer. También agrega que “no es un simple tema de recaudación, es la supervivencia del sector (agroexportador) que más empleos formales genera en el país.”

Leydy Hernández, auditora financiera y socia gerente de Alto Asesores SAC, mencionó que “un millón de empleos está en juego. Cada empresa que cierra no es solo un número más en las estadísticas: es una familia que deja de percibir ingresos.”.  También indica que esta ley no es un favor. Es una decisión estratégica para proteger la columna vertebral económica del país. “Si las empresas sobreviven, tributarán; si quiebran, no habrá impuestos, ni empleo, ni inversión que sostener”, puntualiza.

CONTRADICCIÓN EN EL MEF

A pesar de la urgencia del tema, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una opinión desfavorable al proyecto. En el Informe N°0038-2025-EF/61.01, el MEF argumenta que extender el plazo de arrastre vulneraría el principio de no retroactividad de las normas tributarias y tendría un impacto fiscal negativo, estimado en más de S/.5,000 millones. Sin embargo, esta cifra no ha sido sustentada técnicamente y omite un punto central: esas pérdidas aún no han sido compensadas, por tanto, la norma no actúa sobre hechos consumados, sino sobre una situación jurídica en curso.

Lo más preocupante es que la postura del MEF contradice los compromisos asumidos por el propio ministro de Economía y Finanzas, José Salardi. En diversas intervenciones públicas, el ministro ha manifestado que el gobierno prioriza la promoción de las inversiones, la reactivación de las empresas y el fortalecimiento del empleo formal. Sin embargo, bloquear una norma que da un respiro tributario legítimo a las empresas más golpeadas por la crisis va en sentido contrario a esas promesas. El especialista Lizarzaburu explica que no se puede hablar de incentivar la inversión mientras se mantiene a las empresas atrapadas en un sistema que no reconoce el contexto extraordinario de los últimos años. 

Además, muchas de estas pequeñas y medianas empresas enfrentan un nuevo factor de riesgo: la inseguridad. En los últimos meses, se ha reportado un aumento significativo de extorsiones, robos y amenazas contra empresarios, especialmente en regiones como La Libertad, Piura, Lima y el Callao. A la asfixia tributaria se le suma ahora el crimen organizado, poniendo en riesgo la continuidad de negocios que generan empleo, tributos y desarrollo local.

El proyecto de ley es una necesidad 

Los argumentos a favor de la ley son múltiples y sólidos. En primer lugar, Leydi Hernández asegura que el derecho al arrastre de pérdidas no es un “beneficio” o “trato preferencial”, sino un mecanismo legítimo para garantizar que el impuesto a la renta se calcule sobre la ganancia real y no sobre una base ficticia. Este principio, conocido como el de renta neta o capacidad contributiva, está reconocido en la Constitución y en la legislación tributaria nacional. 

En segundo lugar, el sistema tributario ya contempla dos mecanismos para el arrastre de pérdidas: el sistema A, que permite arrastrar por cuatro años (cinco para el 2020), y el sistema B, que permite compensar sin límite de tiempo, pero solo hasta el 50% de la renta neta. El economista Lizarzaburu añade que la mayoría de las empresas optó por el sistema A, muchas veces por desconocimiento, por falta de asesoría o simplemente por necesidad. 

La propuesta legislativa no cambia esa elección, sino que busca extender el plazo hasta el año 2032, tal como se hizo parcialmente mediante el Decreto Legislativo N°1481 para el ejercicio 2020. La diferencia es que ahora también se incluirían las pérdidas de 2021 y 2022.

En tercer lugar, otros países de la región ya han adoptado medidas similares. En Bolivia se amplió el plazo de arrastre de pérdidas a cinco años; en Ecuador, hasta diez años para el sector turismo. Jimmy Romero destacó que el Perú no puede quedar rezagado si quiere competir por inversiones y fortalecer su tejido empresarial. El costo de no actuar ahora será mucho mayor: pérdida de empresas, aumento del desempleo, caída en la recaudación futura y mayor informalidad. 

En cuarto lugar, si bien el MEF señala que las ventas se han recuperado, esto no implica que las empresas hayan recuperado su rentabilidad o solvencia. La especialista Hernández recalca que aumentar ventas no significa tener utilidades. Muchas siguen operando al límite, con márgenes bajos o negativos, y enfrentan altos niveles de endeudamiento acumulado. 

Finalmente, según Lizarzaburu, esta medida no representa un gasto fiscal inmediato ni permanente. Al contrario, es una forma de asegurar mayor recaudación en el mediano y largo plazo, al darle a las empresas espacio para recuperarse, estabilizarse y generar utilidades reales sobre las que puedan tributar. 

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MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ministro José Antonio Salardi Rodríguez
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