El tema de la educación no es una broma. Las consecuencias de una mala educación pueden llegar a resultados tan graves como el de la propuesta económica de los aranceles de Donald Trump. Lleno de errores (como poner un país deshabitado en la lista de amenazados), con montos resultado de una fórmula que ningún economista aceptaría, estas medidas comerciales van a afectar la economía mundial, agravar la crisis socioeconómica estadounidense y beneficiar a los empresarios que se empoderan durante las oleadas de quiebra y recesión económica.
La Educación (para unos una forma disciplinaria de la población productiva; para otros, una ética, un aprendizaje de ciudadanía) es una pieza fundamental para los modelos de sociedad que siguen los gobiernos, y que idealmente debieran acordarse entre la población y sus estados. Hasta el día de hoy, una buena educación asegura que una sociedad tenga profesionales inteligentes, agudos y creativos al mando del país y sus servicios públicos, como la seguridad y la salud; más aún cuando estamos sintiendo las consecuencias agrícolas y sanitarias del cambio climático, el crimen organizado y la migración mundial.
Son pocas las sociedades que han conseguido un acuerdo educativo que garantice en el presente y el futuro buenas políticas públicas. Y es que la democracia no es fácil: representa al pueblo, y el pueblo siempre tiene un buen porcentaje de población que vive de la política y que con astucia disfraza sus limitaciones cognitivas y profesionales para su beneficio económico. Cualquier parlamento o asamblea del mundo es un diáfano espejo de la real política de su país. Y de inmediato trasluce el sistema educativo que han conseguido.
En el Perú los modelos de sociedad se han impuesto desde los grupos económicos que llegan al gobierno. El gobierno civilista, la dictadura de Odría, la revolución de Velasco, y la dictadura de Fujimori han tenido un modelo de sociedad manifiesto, que compartían en sus discursos, en ceremonias, en inauguraciones. Cada uno de esos modelos incluyó una reforma educativa. Y cada una de las reformas comenzada con entusiasmo (centralizando la educación, modernizando las universidades, integrando a la población indígena) terminó de mala manera. La centralización de la educación pública devino en un sistema que solo funcionaba para la capital, las universidades y escuelas se convirtieron en focos de violencia política, y se contrató a personas sin formación superior para responder a la cobertura de enseñanza. La mala educación culminó en el Partido Comunista Sendero Luminoso, en el terror que causó, en la respuesta del gobierno peruano y la guerra desatada. Miles de peruanos muertos, desaparecidos, mujeres violadas y asesinadas. Masacres por doquier.
En ese contexto, la reforma educativa neoliberal de Fujimori esperanzó la transformación de nuestro sistema educativo de la mano con el Banco Mundial. Se anunciaron nuevos tiempos de paz y ciudanía. Más aún después de que el gobierno de Valentín Paniagua iniciara un trabajo conjunto con las universidades e institutos de investigación para resanar el gobierno de la corrupción montesinista y construir un estado serio y profesional. Con la educación pública como norte, los siguientes gobiernos fortalecieron el modelo por competencias, se añadió la meritocracia y se exigió titulación a docentes; se construyeron escuelas, colegios de alto rendimiento, se creó un sistema de becas para estudiar dentro y fuera del país. Fuimos mejorando en las pruebas internacionales y parecía haberse vencido con la Sunedu la corrupción en las falsas universidades que el parlamento de Fujimori fomentó.
Pero una crisis se anunció cuando los congresistas del fujimorismo y sus aliados se dieron cuenta de que podían tomar el poder del país a través de distorisones legislativas y comenzaron a acusar a los intelectuales afines a la reforma de ser caviares. Podemos considerar que su golpe parlamentario se inició tras la censura a Pedro Pablo Kuczynski y se cristalizó con la defenestración de Vizcarra y la cerrada defensa a Dina Boluarte. Y que uno de sus puntos clave, con apoyo de los medios de comunicación aliados, ha sido la merma de nuestro sistema educativo: leyes contra Sunedu, contra el contenido de los planes de estudio, la entrega de prorrogas a la falta de titulación. Agravada con la pandemia, aumentó la brecha con las zonas rurales, la deserción escolar se disparó, sobre todo por embarazos adolescentes, y hasta el analfabetismo ha retornado.
Hoy, con el Poder Ejecutivo en sus manos, el Congreso permite que un ministro como Morgan Quero, que solo defiende a la presidenta, pero no a las niñas abusadas sexualmente por sus docentes, que da vivas al autismo y que considera ratas a las personas asesinadas durante la masacre de los primeros días de su presidenta, ya lleve más de un año a la cabeza del sistema educativo de nuestro país.
En las próximas elecciones, 2 millones y medio de adolescentes votarán por primera vez. Aún es tiempo de enseñarles de qué políticos tendrán que defenderse.
