[NOTA] El encuentro se llevó a cabo el 1 de octubre, a las 5:00 p. m., en el Hotel José Antonio Deluxe ubicado en Miraflores. La jornada resultó ser una experiencia única, cargada de magia, mucha emoción, inspiración, arte y esperanza.
El evento contó con un show mágico a cargo de Mr. Mágico JAVAG, luego se presentó el cortometraje “Colores de María”, una producción que refleja cómo una persona que vive con distrofia muscular puede llevar una vida plena, llena de amor, sueños y posibilidades. La proyección buscaba sensibilizar al público y abrir un espacio de reflexión sobre la importancia de la inclusión.
Además, el programa contó con sorpresas especiales y una expo-venta de obras de arte a cargo de la reconocida artista plástica Alexandra Grau, presidenta de la Fundación, junto a destacados artístas como los pintores Antonio García, Fania Fernández y los escultores Alice Poirier y Mauro Canella, cerrando el evento con la presentación musical del cantautor Peruano Juan Arbulú Grau ( Chumijuan ), Embajador de la Fundación Ruedas Mágicas .
Parte de lo recaudado será destinado íntegramente a beneficio de la institución, permitiendo seguir cambiando vidas a través de la movilidad y la independencia.
“Cada silla de ruedas eléctrica que entregamos es mucho más que un medio de transporte: es libertad, es autonomía y es la oportunidad de seguir construyendo sueños. Este evento fue una invitación a que más personas se sumen a esta noble causa”, señaló Alexandra Grau Quinteros, Presidenta de la Fundación Ruedas Mágicas.
[NOTA] La temporada cultural limeña vive días de expectativa. El próximo jueves 9 de octubre, el histórico Teatro Municipal de Lima abrirá sus puertas para recibir a la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, considerada una de las orquestas de cámara más importantes de la actualidad. Bajo la dirección del maestro Riccardo Minasi y con la participación del virtuoso violinista canadiense James Ehnes, doble ganador del Grammy, la velada promete convertirse en una fecha memorable para la música clásica en el Perú.
La presencia de la agrupación alemana en Lima no es un concierto más. Fundada en 1980 y radicada en Bremen desde 1983, la orquesta ha forjado una trayectoria que combina rigor artístico y frescura interpretativa. Sus presentaciones han conquistado al público en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de París o la Elbphilharmonie de Hamburgo. Cada aparición suya lleva consigo la garantía de un sonido refinado y de una lectura renovadora del repertorio clásico.
El prestigio de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen se ha cimentado también en la grabación de las Sinfonías de Beethoven, un ciclo que marcó un antes y un después en la interpretación de la obra del genio de Bonn. Esa propuesta revolucionaria, aclamada por la crítica internacional, le valió reconocimientos como el Gramophone Award – Orquesta del Año 2023 y otros premios de gran prestigio como el Echo Klassik, el Opus Klassik y el Diapason d’Or.
El programa que ofrecerán en Lima revela un recorrido por el romanticismo en su máxima expresión. Abrirá con la Obertura en Do mayor, Op. 170 “En estilo italiano” de Franz Schubert, seguirá con el monumental Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 61 de Ludwig van Beethoven, con Ehnes como solista, y culminará con la luminosa Sinfonía n.º 4 en La mayor, Op. 90 “Italiana” de Felix Mendelssohn. Una selección que busca seducir a un público exigente y, al mismo tiempo, inaugurar una relación entre Lima y una de las orquestas más influyentes del presente.
La cita es, sin duda, un acontecimiento para la vida cultural del país. Escuchar en vivo a la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, con Riccardo Minasi en el podio y James Ehnes en el violín, será mucho más que un concierto: será la oportunidad de inscribir a Lima en el itinerario de las grandes capitales de la música clásica.
El dato:
Concierto: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, con Riccardo Minasi y James Ehnes
Día: Jueves 9 de octubre
Hora: 8 p. m.
Lugar: Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377, Lima)
[INFORME] La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) volvió a quedar expuesta en un terreno que le resulta cada vez más incómodo: el ambiental. La Resolución Directoral N° 00010-2025-DSIS, emitida el 17 de abril de este año, determinó que la comuna capitalina incurrió en incumplimientos vinculados a la supervisión ambiental en proyectos de infraestructura y servicios. El fallo no solo estableció responsabilidades claras, sino que también abrió un nuevo capítulo en la relación de la MML con los estándares que debería cumplir en la gestión de una ciudad que produce miles de toneladas de residuos al día y que sufre, de manera crónica, por la falta de planificación ambiental.
El peso de la resolución
Según el documento oficial, la Municipalidad no cumplió con varias obligaciones que le correspondían en el marco de la normativa vigente. El detalle es contundente: se evidenciaron omisiones en la implementación de medidas correctivas, deficiencias en la supervisión de obras y servicios, y una ausencia de planes efectivos para mitigar impactos ambientales. La consecuencia inmediata fue la sanción administrativa, que la comuna decidió apelar, llevando el caso a una audiencia pública realizada el pasado 16 de junio.
Lejos de ser un trámite más, la resolución puso en blanco y negro algo que muchos especialistas han venido señalando: el municipio limeño ha normalizado una cultura de la evasión, respondiendo tarde y mal a los requerimientos ambientales, cuando no directamente desoyéndolos.
La defensa de la Municipalidad
Durante la audiencia, los representantes de la MML intentaron explicar que algunas de las observaciones respondían a limitaciones presupuestales y a retrasos generados por trámites burocráticos. Argumentaron que la Municipalidad estaba en proceso de implementar mejoras y que varias medidas correctivas ya se encontraban en marcha. Sin embargo, el tono defensivo y las respuestas poco sustantivas generaron más dudas que certezas.
Los asistentes —conectados a la sesión virtual— pudieron constatar la brecha entre lo que el municipio dice y lo que efectivamente hace. En más de un pasaje, la exposición pareció un listado de excusas más que un plan real de solución.
La contradicción permanente
El caso revela una paradoja que acompaña a la MML desde hace varios años. Mientras sus campañas de comunicación insisten en mostrar una ciudad moderna y sostenible, los expedientes administrativos revelan falencias básicas en la gestión ambiental. La resolución N° 00010-2025-DSIS es, en ese sentido, un espejo incómodo: evidencia que la institucionalidad municipal no está a la altura de las exigencias de una capital que concentra a casi un tercio de la población del país.
En lugar de asumir el fallo como una oportunidad de enmienda, la comuna optó por apelar. El mensaje es claro: la estrategia prioriza el desgaste legal antes que la corrección técnica.
Lo que significa para la ciudad
El impacto de este tipo de procesos no se limita a lo administrativo. Cada incumplimiento, cada omisión y cada apelación retrasan soluciones urgentes para problemas que ya afectan la calidad de vida de millones de limeños: basura acumulada, obras mal supervisadas, contaminación en ríos y quebradas, espacios públicos deteriorados. La sanción contra la MML es un recordatorio de que la crisis ambiental limeña no solo es resultado de la presión urbana, sino también de la inacción de sus autoridades.
Una cultura de evasión
Lo ocurrido con la Resolución N° 00010-2025-DSIS y la posterior audiencia de junio deja una lección: la Municipalidad Metropolitana de Lima sigue atrapada en una lógica de responder para salir del paso, no para transformar. En el terreno ambiental, esa actitud no solo genera sanciones, sino también costos invisibles que se traducen en contaminación, enfermedades y pérdida de espacios habitables.
La audiencia concluyó sin que la comuna lograra convencer ni a los magistrados ni a la opinión pública. Una vez más, Lima asistió a un espectáculo repetido: su principal autoridad local atrapada en el laberinto de la burocracia y la autodefensa, incapaz de reconocer que los problemas ambientales no se resuelven con apelaciones, sino con gestión efectiva.
Además, la apelación de la MML dejó ver un rasgo recurrente en la política limeña: la preferencia por la defensa legal antes que por la gestión de soluciones. En lugar de priorizar inversiones en monitoreo ambiental, mantenimiento de infraestructura o gestión de residuos, los recursos y el tiempo se destinan a prolongar procesos administrativos. Esa dinámica, lejos de resolver los problemas, los agrava, porque cada demora prolonga la exposición de la ciudad a riesgos sanitarios y ambientales.
La resolución sancionadora también generó preguntas sobre la capacidad de fiscalización interna dentro de la Municipalidad. ¿Quién supervisa realmente a las áreas encargadas de cumplir con las medidas ambientales? ¿Existe algún mecanismo efectivo de rendición de cuentas al interior de la institución? Lo que quedó en evidencia en este proceso es que, más allá de los discursos, la estructura municipal carece de controles internos sólidos para garantizar que las decisiones no se queden en el papel.
La resolución también puso sobre la mesa un aspecto que suele invisibilizarse: la falta de articulación entre la Municipalidad y sus organismos internos encargados de velar por el cumplimiento ambiental. Distintas gerencias trabajan de manera aislada, duplicando funciones o, peor aún, omitiendo responsabilidades. Ese desorden administrativo no solo alimenta el caos en la gestión, sino que termina traduciéndose en sanciones y observaciones que golpean la credibilidad del municipio.
Otro elemento clave del caso fue el registro documental que sustentó la sanción. Los informes técnicos señalaban incumplimientos concretos, desde la ausencia de monitoreos adecuados en zonas críticas hasta la carencia de planes de mitigación en obras en curso. No se trataba, entonces, de interpretaciones subjetivas, sino de evidencias recopiladas en campo que daban forma a un expediente sólido. La respuesta de la Municipalidad, en contraste, se limitó a justificar con retrasos administrativos y falta de presupuesto, argumentos que difícilmente borran la responsabilidad.
La audiencia pública también reveló el costo político de estos procesos. Mientras los magistrados evaluaban la apelación, en los barrios de Lima persistían problemas visibles: botaderos informales, ríos contaminados y obras inconclusas. La desconexión entre el debate administrativo y la vida diaria de los vecinos fue palpable. Para la ciudadanía, la discusión no es si el municipio apeló o no, sino por qué los problemas siguen acumulándose sin soluciones de fondo.
Finalmente, lo ocurrido con la Resolución N° 00010-2025-DSIS se suma a una cadena de antecedentes que muestran a la Municipalidad Metropolitana más preocupada en litigar que en gestionar. En vez de usar las observaciones como oportunidades para corregir, la estrategia institucional parece estar orientada a ganar tiempo. Ese patrón, repetido una y otra vez, termina consolidando una peligrosa cultura de impunidad ambiental en la capital.
En el mapa latinoamericano del network marketing, el nombre de David Novoa aparece ligado a una fórmula simple y obsesiva: producto competitivo, relato potente y una escuela comercial que evangeliza a diario. Fuera del ruido de las oficinas, su vocación ha sido poner la marca Teoma en el centro de una comunidad de bienestar, primero en Perú y luego en mercados vecinos. La historia oficial lo ubica como fundador y rostro que presenta anuncios, metas y nuevas plazas.
El creador detrás de cada fórmula
Más allá de la dirección empresarial, Novoa se ha consolidado como el creador de todos los productos de Teoma, fórmulas propias y patentadas a nivel global que hoy superan las 150 referencias entre nutracéuticos, cosmecéuticos y bebidas funcionales. Su papel como formulador no solo respalda la innovación constante de la marca, sino que también legitima a Teoma como un referente científico y comercial de la industria en América Latina.
De la Amazonía a las vitrinas del continente
El discurso de Novoa se apoya en un portafolio amplio de productos que reivindican ingredientes andinos y amazónicos. La compañía ha comunicado en repetidas ocasiones su presencia regional —Perú, México, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia— y su estrategia de crecimiento con tienda y logística propia.
El salto cualitativo de la narrativa de marca
Organizar convenciones masivas, giras de entrenamiento y crear “momentos” que cohesionen a la red ha sido parte del ADN de la firma. Eventos como Teomorfosis y campañas de reconocimiento a su base comercial han servido para alinear mensaje y cultura, mientras la dirección habla de nuevos mercados —incluida la entrada a Europa— y de reforzar locales en los países donde ya operan.
Productos en el centro del negocio
Aunque la retórica de Novoa suele enfocarse en propósito y comunidad, el corazón es el producto. Ese músculo comercial, afirman medios del rubro, es lo que ha permitido a Teoma sostener su expansión y profesionalizar la cadena de suministro, respaldado siempre por la visión y capacidad formuladora de su fundador.
Reconocimientos y legitimidad social
El relato de expansión vino acompañado de premios y condecoraciones al liderazgo emprendedor de Novoa en distintos escenarios internacionales. Para la comunidad, estos hitos funcionan como sellos de confianza que refuerzan la promesa de progreso económico y movilidad social asociada al negocio.
Nuevas líneas para un nuevo rumbo
Actualmente, David Novoa y su equipo preparan el lanzamiento de nuevas líneas que, según adelantan, marcarán un nuevo rumbo para Teoma y para toda la industria de redes de mercadeo en América Latina. Con ello, la compañía busca reafirmar su papel como referente regional y dar el siguiente paso en su expansión internacional.
Un pionero hecho a pulso
En un sector donde las compañías nacen y desaparecen con rapidez, David Novoa Guibovich ha construido una marca de largo aliento. Ha sabido contar una historia —bienestar, superación, orgullo peruano— y convertirla en arquitectura empresarial: productos de alta rotación, eventos que fidelizan, compras que aceleran y una expansión que ya mira a Norteamérica y Europa. Esa es, hoy, la promesa de su liderazgo: ser el empresario y mejor formulador de productos de América Latina, poner a Teoma en la conversación global del bienestar hecho en la región y demostrar que desde Lima también se pueden escribir manuales de crecimiento en la industria de la venta directa.
[INFORME] A puertas cerradas y con la complicidad del silencio institucional, la Policía Nacional del Perú (PNP) avanza un proceso de contratación que, lejos de garantizar transparencia y eficiencia, pondría en evidencia uno de los casos más graves de direccionamiento técnico y simulación de competencia en el sistema de compras públicas durante este gobierno.
El Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1, convocado para contratar un servicio estratégico (la red privada de datos, seguridad gestionada y acceso a internet de toda la infraestructura policial a nivel nacional) estaría siendo direccionado para que vuelva a ganar un postor que no garantiza la ciberseguridad del sistema, poniendo en riesgo todos los datos de denuncias ciudadanas entre 2019 y 2025. Se trata de un servicio que, por su naturaleza crítica, debería estar blindado de cualquier sombra de irregularidad. Pero los hechos demuestran todo lo contrario.
SUDACA tuvo acceso a documentación interna —que incluye cartas a Contraloría, pronunciamientos legales, informes técnicos y publicaciones de prensa especializada— que revelarían una serie de prácticas que configuran una arquitectura de contratación dirigida, construida para beneficiar a determinados actores y excluir al resto. (toda la documentación va al final de este reportaje).
La contratación directa del 2024
Nuestras fuentes relatan que, en 2023, la Policía Nacional del Perú comenzó a preparar el reemplazo de su servicio de telecomunicaciones, sabiendo que el contrato vigente con Telefónica del Perú (TDP) vencía en noviembre de 2024. El escenario ya estaba condicionado: TDP se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado, lo que eliminaba cualquier posibilidad de prórroga o contratación adicional con ellos.
La lógica indicaba que un nuevo proceso debía iniciarse con la debida anticipación para evitar riesgos de desabastecimiento. Los actos preparatorios, sin embargo, se desplegaron de forma llamativamente lenta. El estudio de mercado, clave para definir el valor referencial y la viabilidad del concurso se prolongó casi seis meses, un plazo atípico para este tipo de contrataciones.
Durante este tiempo, la operadora Claro (uno de los pocos proveedores con capacidad de red para atender a la PNP a nivel nacional) envió múltiples consultas y observaciones técnicas. Muchas de ellas no fueron atendidas o recibieron respuestas parciales que no resolvían las inquietudes de fondo.
El retraso no era inocuo. Cada mes que pasaba reducía la ventana de tiempo para convocar el proceso. Un concurso abierto en abril o mayo de 2024 habría enfrentado tiempos ajustados para la recepción de ofertas, absolución de consultas, elevaciones de observaciones e incluso eventuales apelaciones. Esto habría puesto a la PNP en riesgo de quedar sin servicio contratado al vencimiento del contrato de TDP en noviembre.
En este mercado específico, solo tres operadores tenían la capacidad real para brindar el servicio a la PNP: TDP (inhabilitado), Claro (con capacidad, pero marginado por la no atención de sus consultas) y Bitel (Viettel Perú). Al dejar las consultas de Claro sin respuesta efectiva, el proceso quedó, de facto, con Bitel como único jugador viable.
La combinación de un estudio de mercado prolongado y la inminencia del vencimiento del contrato con TDP creó el escenario perfecto para declarar la urgencia y justificar una contratación directa. Con TDP fuera de carrera y Claro reducido a un rol testimonial, la PNP tenía frente a sí un único proveedor en condiciones de recibir el contrato: Bitel.
Con TDP fuera y Claro bloqueada en la práctica, Bitel quedó como único proveedor viable. El resultado: una contratación directa que instaló un modelo técnico cerrado, con marcas predefinidas y sin competencia real. Este sería el molde que, un año después, se replicaría casi intacto y sería replicado en el nuevo proceso CP-SM-2-2025.
Sobrecosto a la vista
En 2020, la PNP adjudicó a Telefónica del Perú (TDP) un contrato para la provisión de servicios de telecomunicaciones por un monto inicial de S/.182´060,887.84[1]. Posteriormente, este monto fue reducido en un 3.94%, lo que dejó el costo total en aproximadamente S/.174´892,156.84[2] por 36 meses de servicio[3].
Al ser consultados nuestros expertos en contratación pública[4], indicaron que, si distribuimos ese monto a lo largo de todo el periodo, el costo mensual efectivo con TDP fue de S/.4´858,115.47 por mes (S/.174´892,156.84 en 36 meses).
En 2024, mediante contratación directa, la PNP adjudicó a Bitel (Viettel Perú) un contrato por S/.202´168,668.88[5], pero solo por 19 meses de servicio[6]. Esto arroja un costo mensual efectivo con Bitel de S/.10´640,456.26 por mes (S/.202´168,668.88 en 19 meses).
Las matemáticas no cierran. Una simple comparación de costos mensuales salta a la vista con un sobrecosto de 119% que beneficiaría a Bitel.
TDP (2020 – 2023) → S/.4.86 millones/mes
Bitel (2024 – 2026) → S/.10.64 millones/mes
¿Cuál sería el sustento de este incremento? El servicio con Bitel cuesta más del doble por mes que el contrato previo con TDP, pese a que el alcance técnico no se amplió de manera proporcional y sin evidencia de mejoras sustanciales que justifiquen este salto.
Esta diferencia no es un simple ajuste inflacionario, ni una mejora tecnológica extraordinaria: es un sobreprecio mensual evidente que se disparó precisamente en el marco de un proceso sin competencia real, donde Bitel quedó como único proveedor viable tras la exclusión práctica de Claro y la inhabilitación de TDP.
En términos anuales, si ambos contratos se compararan a igual número de meses (19), la diferencia anualizada del gasto acumulada superaría los S/ 109.8 millones, un margen que en contratación pública suele encender todas las alarmas de sobrevaloración y direccionamiento, pero sorprendentemente se mantuvo en silencio pese a la opinión de OSCE[7] y algunas notas[8] que denunciaron el hecho en prensa especializada[9].
Bitel, el gran beneficiado
El 15 de abril, la PNP convocó el nuevo proceso de contratación apenas seis días antes de la entrada en vigor de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento actualizado (21 de abril).
La fecha no fue casual. Con el nuevo marco legal, las entidades estarían obligadas a sostener reuniones formales y documentadas con todos los posibles proveedores durante la etapa de estudio de mercado, así como atender y responder sus consultas. En este caso, esa obligación habría significado reunirse con Claro, el único competidor real de Bitel tras la inhabilitación de TDP, y responder a las observaciones técnicas y comerciales que la operadora había presentado. Al mantener el proceso bajo la Ley antigua, se evitó esa interacción obligatoria y se preservó el esquema de mínima competencia que caracterizó la contratación directa previa.
Desde el inicio, las bases técnicas del concurso encendieron alertas entre expertos[10] en contratación pública y ciberseguridad. Los Términos de Referencia no solo definían funciones y características. Delimitaban prácticamente el catálogo de los fabricantes que podían cumplirlas.
Los expertos consultados[11] por SUDACA indican que “el patrón es claro. En lugar de abrir la competencia, las especificaciones consolidan un cerco tecnológico que favorece a quienes ya controlan la infraestructura, contraviniendo el principio de libre concurrencia previsto en la Ley de Contrataciones del Estado”.
El estudio de mercado cerró entonces con apenas dos cotizaciones[12]: Una de Bitel, actual proveedor, y otra empresa llamada GLOBAL FIBER. Esta última fue incluida a pesar de que no cuenta con la red nacional de fibra óptica que exigen las bases, y cuya presencia se limita a Lima, Iquitos y Huancayo[13]. Esta última fue aceptada como “postor válido” a pesar de que no posee infraestructura estratégica crítica para el servicio, como lo exigen las bases. Según su propia web, su oferta está enfocada a servicios residenciales y pymes. No a soluciones críticas de alcance nacional. Global Fiber declaró falsamente cumplir con los requisitos habilitantes, presentando información inexacta que indujo a error a la administración. Esto permitió “fabricar” un segundo postor y simular competencia, cuando en la práctica solo quedaba en carrera el proveedor actual.
La inclusión de Global Fiber, pese a su evidente incumplimiento de requisitos, resultó clave para cerrar el estudio de mercado y cumplir formalmente con la “pluralidad” exigida por Ley. Su participación habría servido únicamente para simular una pluralidad de postores, cuando en la práctica no tenía capacidad técnica ni operativa. Esto no solo resultaría irregular. Se trataría de un fraude en contratación pública, según el artículo 397-A del Código Penal, señalan los expertos consultados.
Lo más grave es que los Términos de Referencia fueron redactados con especificaciones que calzan exclusivamente con marcas como F5, Arbor e Imperva, en un acto tan burdo de direccionamiento que, hasta el OSCE[14] –en su pronunciamiento de 2024– cuestionó la legalidad del contrato anterior con Bitel, por ser adjudicado sin sustento técnico ni económico, y habría reutilizado incluso equipos que ni siquiera eran propiedad del nuevo proveedor. El mismo modelo de direccionamiento anterior estaría replicándose en el proceso en marcha, con el único objetivo de adjudicarlo nuevamente a este postor.
Al igual que en el caso de la Directa en 2024 (como un copia y pega), la DIRTIC y la PNP nunca respondieron las consultas de Claro para que esta pueda cotizar. ¿Qué raro no? Las áreas responsables (Logística, Administración y Tecnología de la PNP) convalidaron la admisión de un postor que no cumplía requisitos básicos y no observaron el direccionamiento técnico en las bases.
Fuentes internas de la PNP señalaron a SUDACA que no habría dudas respecto a que este proceso está viciado. Indicaron que basta con observar el tratamiento que los encargados de logística y administración de la entidad contratante estarían dando al proceso de absolución de consultas, las cuales fueron reprogramadas hasta en 23 ocasiones, dando una señal inequívoca de improvisación, presiones internas o la simple incapacidad de justificar legal y técnicamente lo indefendible.
Juristas consultados por SUDACA[15] revelaron que los delitos presuntamente cometidos aquí no son menores: colusión agravada por omisión funcional, falsedad documental, negociación incompatible y dirección ilícita del procedimiento, al favorecer indirectamente a un proveedor o fabricante mediante la inacción. ¿Dónde están los controles internos? ¿Por qué la Oficina de Control Institucional y la Dirección de Tecnología guardan silencio tras meses de advertencias? ¿Por qué la Contraloría aún no actúa con firmeza?
Luego de revisar toda la documentación a la que tuvo acceso SUDACA, estos mismos expertos en contrataciones públicas opinaron que éstas no pueden seguir siendo botines ni escenarios de favoritismo técnico disfrazado. “La PNP debería rendir cuentas. Este proceso debe detenerse y los responsables (funcionarios, técnicos y postores) deben responder ante la justicia y ante el país. Si la conectividad nacional de nuestra Policía se construye sobre la base del engaño, el sobrecosto y la exclusión, no hablamos solo de corrupción: hablamos de una traición a la seguridad del Estado”, concluyeron.
Sospechosas coincidencias
Desde febrero del 2025 ingresó a trabajar a Bitel, Miguel Eduardo Vasquez Neira, para liderar el área de contrataciones con el Estado, un personaje controversial[16]. Este personaje es quien se encuentra a cargo de atender directamente el servicio PNP. Su ingreso coincide con la deficiente solución que hoy tiene contratada con Bitel, como parte de la Contratación Directa – Contrato Nº 025-2024-DIRECFIN-PNP, contratación que tiene un 245% de sobrevaloración con respecto al anterior proveedor. Hoy, ese deficiente diseño y direccionamiento con determinadas marcas se viene repitiendo en el CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1.
El CP-SM-2-2025 no es una licitación nueva, sino la reedición —casi calco— de una estrategia que el 2024 ya había asegurado un contrato millonario sin competencia efectiva. La diferencia es que ahora la PNP enfrenta el antecedente reciente de un ciberataque masivo que puso en jaque la integridad de sus sistemas.
Gatito FBI NZ
En agosto de 2025, un incidente puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura montada bajo el contrato de 2024. Un hacker que se identificó como “Gatito FBI NZ” vulneró el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), extrayendo y publicando 88 gigabytes de información interna, incluyendo datos sensibles de ciudadanos y policías. Los datos, ahora disponibles en foros clandestinos, se ofrecen por sumas que alcanzan los 1,500 dólares. Esto puso en riesgo la información de denuncias ciudadanas entre 2019 y 2025, revelando nombres, direcciones y teléfonos de los denunciantes y los oficiales a cargo de las investigaciones en todo el Perú.
Lo más preocupante no es solo el robo de datos, sino la forma en que ocurrió. El atacante utilizó credenciales válidas y los sistemas de monitoreo y bloqueo no detectaron la intrusión. No se generaron alertas tempranas ni se activaron protocolos automáticos de respuesta. Esta falla estructural, ligada a la arquitectura y proveedores definidos en 2024, y cuyo contratista es Bitel, no motivó cambios en el diseño del CP-SM-2-2025. Las mismas marcas, configuraciones y proveedores siguieron en carrera.
Ciberseguridad PNP en alto riesgo
Lo cierto es que el próximo gran contrato tecnológico de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través del Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1, nació con la promesa de modernizar la red privada policial, blindar sus sistemas contra ciberataques y garantizar un acceso seguro a internet para todas sus unidades a nivel nacional.
Los documentos internos a los que SUDACA tuvo acceso y según expertos consultados al respecto[17] (cartas remitidas a las más altas autoridades de la PNP y denuncias formales ante la Contraloría General de la República) cuentan otra historia: la de un proceso con claros indicios de direccionamiento hacia marcas específicas, participación de postores sin capacidad técnica, un estudio de mercado simulado y la repetición de un diseño técnico inseguro que demostró su alta vulnerabilidad en el hackeo masivo más grave en la historia reciente de la institución.
La misma fórmula se repite en ambos casos de contratación: controlar el mercado, acortar los plazos, excluir competidores y blindar a un solo proveedor. Y en ambos casos, el costo lo pagará no solo el erario, sino la seguridad de todos los peruanos.
Ricardo Elías concluye en que “es fundamental investigar quiénes se encuentran detrás de las filtraciones de información confidencial, puesto que la Policía Nacional tiene la obligación de garantizar su resguardo y preservar la confianza ciudadana en las instituciones. En tal sentido, resulta indispensable determinar si algún funcionario pudiera estar implicado en dichas conductas e, incluso, integrar la organización criminal responsable. De lo contrario, se configura un grave escenario de vulnerabilidad en el que cualquier ciudadano que presente una denuncia se expone a que sus datos sean indebidamente difundidos, convirtiendo las brechas de seguridad en una práctica cotidiana que daña el sistema de justicia y la protección de derechos fundamentales”.
[1]Contrato N° 41-2020-DIRECFIN-PNP. Concurso Público N° 001-2020-DIRECFIN PNP “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS EN BANDA ANCHA, PLATAFORMA DIGITAL INTERCONECTADA PARA SERVICIOS DE RED DE DATOS E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA GESTIONADA PARA LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL”[2] Resolución Jefatural N° 11-2021-DIRADM [3] CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN [4] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador [5] Contrato N° 025-2024-DIRECFIN-PNP. CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01-2024-DIRECFIN-PNP, “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS EN BANDA ANCHA, PLATAFORMA DIGITAL INTERCONECTADA PARA SERVICIOS DE RED DE DATOS E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA GESTIONADA PARA LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL” [6]CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Inicio del Servicio. [7] DICTAMEN CD N° 508-2024/DGR-SIRE [8] https://panamericana.pe/locales/430501-servicios-conectividad-pnp-peligro-millonario-contrato-presentaria-irregularidades [9] https://www.americasistemas.com.pe/millonario-negociado-en-la-pnp/ [10] https://www.americasistemas.com.pe/adjudicacion-dirigida-en-la-pnp/ [11] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador [12]Oficio N° 655-2025-DIRADM-PNP/DIVLOG-DEPABA-SAP [13] https://globalfiber.com.pe/ [14]Dictamen CD No 508-2024/DGR-SIRE [15] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador [16] https://peru21.pe/politica/dictan-18-meses-de-prision-preventiva-contra-director-de-la-aviacion-policial-coronavirus-en-peru-noticia/ [17] Ricardo Elías Puelles. https://eliaspuelles.com/
[INFORME] La tensión diplomática entre Perú y Colombia ha escalado en las últimas semanas por la isla de Santa Rosa, un territorio ubicado en el río Amazonas que, según las autoridades peruanas, forma parte del país desde hace décadas. El origen del problema se remonta a la década de 1970, cuando la isla emergió como parte de la isla Chinería, ya reconocida como peruana en la delimitación de 1929. Sin embargo, el gobierno colombiano sostiene que este nuevo territorio no fue contemplado en los tratados y que su soberanía debe resolverse por consenso bilateral.
La controversia se intensificó cuando el Ejecutivo peruano oficializó la creación del distrito de Isla Santa Rosa, en Loreto. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro afirmó que esta decisión viola el tratado de límites de 1934 y acusó a Perú de apropiarse de tierras generadas por el curso cambiante del río. La declaración fue respaldada por sectores políticos colombianos que demandan la apertura de un proceso de revisión territorial.
La respuesta peruana no se hizo esperar. La Cancillería reiteró que no existe disputa alguna sobre la isla y que la soberanía nacional sobre ese territorio es incuestionable. El Congreso aprobó una moción multipartidaria en respaldo a la posición del Ejecutivo, mientras se reforzó la presencia militar y policial en la zona.
Paralelamente, una serie de incidentes aumentó la tensión. Un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa sin autorización, lo que motivó una queja formal del gobierno peruano. Semanas después, un contingente policial colombiano intentó ingresar al territorio y fue impedido por las fuerzas del orden. En otro episodio, dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones fueron retenidos y puestos a disposición de las autoridades. El propio Petro calificó estos actos como un “secuestro”, intensificando el cruce de acusaciones.
Incluso el conflicto ha tenido gestos simbólicos con alto contenido político. Un dirigente colombiano izó la bandera nacional en la isla, acción que fue interpretada como una provocación y que tuvo amplia difusión mediática. El hecho se produjo en pleno contexto de campañas electorales en Colombia, lo que ha llevado a analistas a considerar que el diferendo territorial también está siendo usado como herramienta de presión interna.
Más allá del choque diplomático, existe un problema de fondo que amenaza a la región: el avance de la sedimentación en el río Amazonas. Estudios científicos indican que, en las últimas tres décadas, el cauce que conecta a la ciudad colombiana de Leticia con el río principal se ha reducido de forma alarmante. De continuar esta tendencia, el puerto podría quedar prácticamente desconectado hacia 2030, con graves consecuencias económicas. Este escenario plantea un reto ambiental que exigiría cooperación entre ambos países, aunque las actuales tensiones políticas parecen postergar cualquier diálogo técnico.
El conflicto por Santa Rosa revive recuerdos del enfrentamiento armado de 1932 y de las negociaciones que llevaron a los tratados de límites. Pero también expone problemas contemporáneos: fronteras naturales en constante transformación, intereses políticos que se imponen sobre el diálogo y la ausencia de mecanismos eficaces para resolver disputas antes de que escalen. Lo que está en juego no es únicamente un pedazo de tierra, sino la capacidad de dos países vecinos para gestionar de forma conjunta un territorio vital para su gente y para el equilibrio ambiental de toda la región amazónica.
La disputa por la isla Santa Rosa no solo revela las fisuras diplomáticas entre Perú y Colombia, sino que también refleja la fragilidad de los acuerdos internacionales frente a los cambios geográficos y las presiones políticas internas. Mientras ambas naciones se aferran a sus argumentos históricos y jurídicos, la región amazónica —compartida y vulnerable— queda expuesta a la falta de cooperación. Resolver este diferendo requerirá más que gestos militares o declaraciones altisonantes: demandará voluntad política real para priorizar el bienestar de las comunidades fronterizas y la protección de un ecosistema que trasciende cualquier límite trazado en un mapa.
[INFORME] En menos de dos meses, el nombre de Industrias Argüelles y su fundador, Aniceto Argüelles Loayza, pasó de moverse entre expedientes y contratos municipales a ocupar un lugar fijo en la agenda pública. El punto de quiebre fue el 7 de junio de 2025, cuando un reportaje reveló maniobras y presiones alrededor de un predio comunal en Canta. Desde entonces, lo que parecía un caso aislado empezó a mostrar un entramado de favores oficiales, sentencias, viajes compartidos con funcionarios y un caudal de contratos con municipios de Lima y Callao.
El episodio que prendió la mecha ocurrió en Quipán. De acuerdo con la reconstrucción periodística, representantes comunales denunciaron a Aniceto Argüelles por haber organizado, junto con el entonces presidente de la comunidad, Abel Mosquera, la adquisición de un terreno comunal por S/600 mil, pese a que su valor real superaría los S/5 millones. El objetivo final, según la nota, era que una jueza validara la transacción mediante la absolución de Mosquera. En esa ruta apareció un dato sensible: la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, fue condenada por facilitar la operación con documentos falsos. El 14 de junio, el Poder Judicial ratificó la condena de cuatro años de pena suspendida contra Pasco por falsedad ideológica. Días antes, el 7 de junio, se consignó además la admisión de un intento de soborno a la jueza del caso. Son piezas que, colocadas en secuencia, iluminan cómo una compraventa irregular terminó con responsabilidades penales y abrió la puerta a sospechas mayores.
El caso Quipán se volvió todavía más oscuro por un hecho irreparable: el 1 de abril de 2024, el dirigente comunal Santiago Guardamino Gonzáles, quien había emprendido los juicios contra la empresa y sus ejecutivos, fue asesinado por sicarios. Aun con ese antecedente, el tribunal de Canta dictó sentencia contra Pasco ese mismo año y los procesos civiles por la propiedad comunal siguieron su curso. La dimensión humana —un dirigente asesinado en medio de una disputa por tierras— se convirtió en telón de fondo de una trama que ya no solo hablaba de papeles.
Mientras tanto, en paralelo a la controversia judicial, la empresa siguió acumulando contratos con gobiernos locales. Entre enero y mayo de 2025, Industrias Argüelles obtuvo once adjudicaciones por S/72,1 millones para prestar servicios de limpieza y residuos en el Callao y en distritos como Surco, Miraflores, La Molina, Surquillo, Comas, Independencia, La Victoria, Lince, Los Olivos y Santa Anita, de acuerdo con el registro de proveedores del Estado citado en una nota de investigación. Este flujo de contratos —en un rubro tradicionalmente sensible a la captura política y las licitaciones a medida— reforzó la necesidad de revisar con lupa la relación de la compañía con autoridades y decisores públicos.
Ahí aparece otra veta: el vínculo de la compañía con el entonces viceministro de Gestión Ambiental, Edgar Romero La Puente. La República acreditó que Romero trabajó siete años en Industrias Argüelles y que, ya como alto funcionario, suscribió diecisiete resoluciones que beneficiaron a la misma empresa. La pieza periodística añadió un dato que agrava el conflicto de intereses: la directora de la empresa es Karen Pasco Flores, exesposa de Romero, vínculo que él no transparentó en su Declaración Jurada de Intereses. La secuencia de publicaciones llevó a que, el 2 de agosto, el exviceministro presentara su renuncia. En los días previos, se habían difundido además viajes al exterior que Romero realizó con una ejecutiva de la contratista. El propio funcionario intentó desactivar el escándalo sosteniendo que se trataba de “resoluciones estándar”, pero la evidencia documental y la omisión declarativa dejaron su posición insostenible.
Las revelaciones no se quedaron en el papel. El 13 de junio, La República denunció que su reportera de la Unidad de Investigación, Rosmery Tapara, recibió amenazas, sufrió el hackeo de cuentas personales y el bloqueo de sus líneas telefónicas tras publicar el reportaje sobre Argüelles. La Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones de libertad de expresión replicaron la alarma por lo que consideraron un nuevo episodio de hostigamiento contra la prensa en el país. El caso expone hasta qué punto los intereses en juego pueden traducirse en intentos de silenciar el seguimiento periodístico de contratos, fallos judiciales y relaciones con funcionarios.
Un repaso cronológico permite entender el cuadro completo. El 1 de abril de 2024, Guardamino fue asesinado. El 6 de noviembre de ese año, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Canta condenó a Pasco a cuatro años de pena suspendida por falsedad ideológica; la sentencia sería confirmada en segunda instancia en junio de 2025. El 7 de junio de 2025, un empresario admitió haber intentado sobornar a una jueza ligada al caso del terreno comunal. Una semana después, el 13 de junio, se denunció el hostigamiento a la periodista que había revelado la historia. En paralelo, entre enero y mayo, la empresa sumó más de S/72 millones en adjudicaciones municipales. En julio, se documentaron los diecisiete actos administrativos firmados por el viceministro Romero que beneficiaron a la compañía, así como viajes compartidos con una ejecutiva; y el 2 de agosto, tras la presión pública, presentó su dimisión. La concatenación de hechos dibuja una constante: los hilos privados y públicos de una misma empresa enlazados a decisiones estatales.
Más allá de la ruta judicial pendiente y de las investigaciones administrativas que correspondan, las historias que salieron a la luz dejan preguntas de interés público: ¿qué barreras reales existen para evitar que exejecutivos de proveedores del Estado firmen resoluciones que favorezcan a sus antiguas compañías? ¿cómo se rastrea y sanciona el uso de documentación falsa en operaciones que afectan a comunidades enteras? ¿de qué manera se protege a los periodistas que investigan contratos municipales y conflictos de interés? La evidencia publicada hasta ahora apunta a un ecosistema donde los mecanismos de control fallan si no hay escrutinio externo y presión ciudadana. Ese es, precisamente, el valor de las investigaciones que empujaron estas renuncias, reacciones institucionales y alertas internacionales.
En definitiva, el caso Argüelles ha dejado de ser un expediente más en los archivos judiciales. Hoy es un espejo incómodo que refleja la fragilidad de los mecanismos de control en el Estado, la permeabilidad de las licitaciones públicas a intereses privados y el alto costo que puede tener para las comunidades la falta de transparencia. Las tierras en disputa, los contratos millonarios, los vínculos con funcionarios y las amenazas a quienes investigan conforman un rompecabezas que revela mucho más que un conflicto puntual: expone un sistema donde las coincidencias rara vez son inocentes y donde el silencio, para algunos, sigue siendo la mejor inversión.
Más de dos años después de la publicación del reportaje “Una candidata de Renovación Popular denunciada por estafa”, la señora Isabel Rodríguez, ex candidata a la alcaldía de Breña por el partido Renovación Popular, envió una carta notarial para solicitar la rectificación y el retiro del mencionado artículo, al considerar que constituye una «abierta difamación» contra su persona. Sudaca cumple con publicar la carta en su totalidad, como corresponde. Sin embargo, consideramos necesario precisar que no existe contenido inexacto en el reportaje original ni razón alguna para rectificarlo. A continuación, respondemos a las observaciones realizadas por la señora Rodríguez.
En primer lugar, el reportaje no incurre en difamación ni atribuye hechos falsos. Si bien Rodríguez afirma actualmente no tener investigaciones en curso, en 2022 este medio informó que, en ese momento, la entonces candidata municipal se encontraba involucrada en una denuncia penal vigente por el presunto delito de estafa.
En segundo lugar, Rodríguez sostiene que nunca ha “realizado pedido alguno ni dádivas a la sra. Virginia Velarde”. No obstante, Sudaca tuvo acceso a la denuncia interpuesta en 2022, así como a las pruebas adjuntas: vouchers ymensajes de WhatsApp en los que Rodríguez le pide a Virginia Velarde una “cuota de 25 mil dólares” para sumarla a su lista de regidores. Todo este material fue revisado cuidadosamente antes de la publicación del reportaje.
En tercer lugar, la ex candidata también señala que Virginia Velarde cuenta con una sentencia condenatoria del 30 de junio de 2022. Esta información fue incluida de manera transparente en el reportaje original publicado por Sudaca hace más de dos años. Tal como se informó en su momento, Velarde presentó inicialmente una denuncia penal contra Isabel Rodríguez por el presunto delito de estafa. Sin embargo, debido a su desconocimiento de los procedimientos legales, decidió desistir del proceso y, al no presentar pruebas, la denuncia fue archivada.
En respuesta, Rodríguez la demandó por difamación y solicitó S/750,000 de reparación civil. La Corte falló a su favor, señalando que Velarde la llamó “estafadora” sin pruebas, y usó como sustento el archivamiento de la denuncia original. Velarde fue sentenciada a un año de prisión suspendida y un pago de S/5,000. Posterior a ello, Velarde decidió retomar el proceso y volvió a denunciar penalmente a Rodríguez, esta vez presentando las pruebas documentales que Sudaca revisó en detalle.
Por todo lo expresado, nos reafirmamos en que no hay motivos para rectificar o eliminar el reportaje.
Nota de Redacción: esta respuesta ha sido elaborada por la propia autora de la nota, Alba Ñaupas, quien entonces se desempeñaba como reportera de Sudaca y hoy labora en otro medio de comunicación. Le agradecemos la entereza de reafirmarse en su publicación.
FlixBus no opera buses. Su negocio es vender pasajes con su marca, delegando la operación de transporte a terceras empresas que afilia con condiciones contractuales también engañosas. El usuario cree que va a viajar con un empresa llamada FlixBus, que no existe como empresa de transporte, el consumidor aborda un bus de otra empresa que de otra forma no elegiría.
Este modelo comercial es engañoso porque genera una falsa percepción de garantía. Ante un accidente, quién debe asumir la responsabilidad es la empresa de transporte desconocida por el consumidor pues la multinacional para eso, solo «gestiona la plataforma».
Además, distorsiona también la competencia. Los operadores tradicionales que cumplen normativas, tienen infraestructura propia y tributan correctamente deben enfrentar una competencia desleal, porque FlixBus es una «startup» con gran capacidad económica que utiliza para desplazar a la competencia a través de precios predatorios imposibles de igualar,
Seguridad sacrificada por el precio bajo
Las carreteras peruanas son peligrosas, con escasa fiscalización y controles técnicos laxos, por ello predomina la informalidad. Ofrecer pasajes a precios extremadamente bajos plantea una pregunta obvia: ¿cómo se financia un viaje de 14 horas por menos de 30 soles? Cuando lo hace un informal, el público puede percibir que asume un riesgo por un precio barato; en este caso, piensa que es bueno y barato y no es así.
La consecuencia muy probable es alarmante: Se reducen mantenimientos, se contratan conductores con menores exigencias, se extienden jornadas laborales y se utilizan buses antiguos. En suma, se sacrifica la seguridad y aunque FlixBus no lo muestra, quien asume el riesgo es el pasajero.
Una coartada perfecta para el lavado de activos
El modelo FlixBus puede servir como vehículo para el lavado de dinero. El transporte terrestre —por su manejo de efectivo, facilidad para justificar ingresos y baja fiscalización— es un canal históricamente infiltrado por redes criminales para el lavado de activos.
El Perú enfrenta múltiples formas de crimen organizado que generan enormes volúmenes de dinero ilegal. Este modelo permitirá que pseudo empresarios operen flotas a pérdida bajo el aval de una marca internacional que solo actúa como intermediaria. Esto es muy funcional para ese tipo criminal. Mediante esta modalidad, se puede lavar dinero justificando pérdidas operativas, todo bajo la justificación de ser «socio operador» de FlixBus.
Conclusión: amenaza disfrazada de modernidad
La llegada de FlixBus al Perú representa una alerta sobre cómo un modelo aparentemente moderno puede ocultar riesgo para los pasajeros, el transporte formal y la seguridad nacional. No se trata de rechazar la innovación, sino de exigir transparencia y regulación clara para resguardar al público y la sociedad del perjuicio de un modelo depredador aplicado a un servicio público, que debe ser económico, pero también seguro y eficiente.
La verdadera pregunta no es si FlixBus es sostenible, sino cuánto daño causará antes de que las autoridades reaccionen.
