Merino, Rodríguez y Flores-Aráoz: este es el precio penal que asumirían

Merino y su Gabinete sabían que la represión en las calles era brutal. Durante varios días, sin embargo, la apañaron. Para dos especialistas, el autoungido presidente, su equivocado premier y el renunciante ministro del Interior tienen responsabilidad en la muerte de dos jóvenes. Si son juzgados por homicidio calificado, podrían ir a la cárcel hasta por 25 años.

Merino y su Gabinete sabían que la represión en las calles era brutal. Durante varios días, sin embargo, la apañaron. Para dos especialistas, el autoungido presidente, su equivocado premier y el renunciante ministro del Interior tienen responsabilidad en la muerte de dos jóvenes. Si son juzgados por homicidio calificado, podrían ir a la cárcel hasta por 25 años.

Por María Isabel Álvarez

La violenta represión policial durante la marcha nacional de ayer sábado 14 de noviembre dejó, por lo menos, la muerte confirmada de dos jóvenes universitarios. Ambos fallecieron luego de ser atacados por proyectiles de armas de fuego. Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24) perdieron la vida mientras protestaban contra el gobierno de Manuel Merino, que no tiene –ni tuvo– ninguna legitimidad popular.

Desde Sudaca llamamos a que sus muertes no queden impunes. El rol que tendrá el Ministerio Público para que los responsables sean sancionados y las víctimas alcancen justicia será determinante.

Manuel Merino, el primer ministro Antero Flores Aráoz y el renunciante ministro del Interior, Gastón Rodríguez, tendrán que ser investigados por la Fiscalía de la Nación, según especialistas consultados por este medio. La titular de ese despacho, Zoraida Ávalos, tiene la prerrogativa de iniciar una investigación preliminar de oficio ante los graves hechos perpetrados por la Policía durante la noche del sábado.

En diálogo con Sudaca, el exprocurador Antonio Maldonado precisa que si la fiscalía califica estos hechos como homicidio calificado, de ser condenados, Merino y Rodríguez podrían recibir hasta 25 años de pena privativa de la libertad. “El asesinato de estos jóvenes alcanza a una ejecución extrajudicial”, asegura.

“No solo hay responsabilidades políticas, sino constitucionales y penales. Respecto de las constitucionales, acá hay una responsabilidad de quien encabezó todas estas operaciones, quien no puede ser otro que el señor Merino de Lama, debajo de él están todos sus ministros”, afirma.

Según el constitucionalista Luciano López, la muerte de los dos jóvenes constituye un delito de “grave violación de los Derechos Humanos”, que es tanto responsabilidad de Merino, como de Flores-Aráoz y su Gabinete. En el caso de Merino, es debido a la figura de la ‘autoría mediata’, por la que –por ejemplo– se juzgó al expresidente Alberto Fujimori en los casos La Cantuta y Barrios Altos. La estrategia, sin embargo, quedará en manos de la fiscalía.

Vale recordar que el viernes, después de la brutal represión de la marcha del día anterior, el primer ministro –junto al extitular del Interior– agradeció en persona la labor de las fuerzas policiales. Les dijo que siempre encontrarían en él a “un defensor” para sus actos de represión.

El expremier Juan Jiménez Mayor opinó en concordancia con la tesis de López en su cuenta de Twitter, donde aseguró que lo ocurrido ayer es “uno de los pocos tipos penales constitucionales que genera responsabilidad” y que debe “ligarse con los delitos especiales [aquellos que requieren de una cualidad específica para ser cometidos, como ser premier o ministro] del Código Penal”.

Sobre el resto de ministros de Estado, once de los cuales presentaron su renuncia en la madrugada de ayer, Maldonado aseguró que ello “no procede” para deslindar responsabilidades. Desde Sudaca advertimos que la brutal represión de la primera marcha -la del jueves 12- ya hacía prever que habría muertes. No haber visto ello es inaceptable.

“Es el cuarto día de la protesta social y de la represión desproporcionada. Eso no procede, han pasado varios días donde ellos conocían qué estaba pasando y finalmente hay responsabilidades penales graves, donde la lista principal la encabeza el ministro del Interior, que se ha venido manifestando de manera arrogante, falsa, diciendo que los policías no usaban proyectiles que causaban lesiones graves”, remarca. Uno de los jóvenes muertos recibió 11 disparos, varios de ellos en la cara, según el reporte oficial del Hospital Almenara.

Según el artículo 128 de la Constitución, además, “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo [de Ministros], aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”. La renuncia de ministros, que cayó en cascada en la madrugada de hoy, se tras varios días de pública y conocida represión policial. 

Para López, los ministros han renunciado demasiado tarde como para evitar su responsabilidad solidaria en la muerte de los jóvenes. Renunciar luego de que la violencia por parte de las fuerzas del orden se tradujo en dos muertes “no es una renuncia inmediata”, asegura.

Maldonado sostiene, además, que la hipótesis fiscal debiera apuntar a que existió un “patrón de represión sistemático y rigurosamente planeado, concebido en la más alta jerarquía policial, y por lo menos con instrucciones del señor Merino”. Algo que Sudaca ha podido comprobar con reporteros apostados en distintos puntos del Centro de Lima durante las manifestaciones. “Acá la fiscalía tiene que ser muy clara en lo que ha pasado, no se trata solo de ver el Código Penal, [eso] sería un error del Ministerio Público. Se trata de figuras complementarias en el ámbito de Derechos Humanos”, declara.

“Lo que debe quedar claro es que no hay nada que esperar, si Merino está intentando fugar del país, la primera medida coercitiva tendría que hacerla ya (la fiscal de la Nación)”, resalta también Maldonado. Repetimos: que la muerte de Jack Bryan y Jordan Inti no queden impunes.

*Actualización (13:00 pm): El Ministerio Público abrió investigación preliminar en contra de quienes resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. El caso está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos. Además se abrirá investigación por lesiones leves y lesiones graves en agravio de los heridos, y sobre los casos de desaparecidos en la movilización social. 

En esta instancia deberán ser incluidos los altos mandos policiales y agentes a cargo de los actos de represión durante las protestas, como el Subcomandante General de la Policía, Jorge Lam Almonte, y el jefe de la Sétima Región Policial Lima, General Jorge Cayas Medina. Hasta el momento, la Fiscalía de la Nación no se pronuncia sobre apertura de investigación a Manuel Merino y ministros

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Manuel Merino, Marchas

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