La contrarreforma universitaria avanza en el Congreso a la espera de la postura oficial del Ministerio de Educación (Minedu), pero esta se demora extrañamente. Sudaca ha podido corroborar que, desde el 2 de diciembre, los asesores del ministro Carlos Gallardo tienen un par de informes técnicos -realizados por funcionarios de su cartera- que califican como «no viable» el proyecto de ley “que restablece la autonomía universitaria».
En el Congreso, la iniciativa legislativa contra la Sunedu ya ha sido plasmada en un dictamen de la Comisión de Educación, pero el ministro Gallardo no parece tener apuro. Al cierre de esta edición, no había enviado al Congreso la opinión elaborada por sus técnicos sobre el proyecto de ley. “Pudiera ser que el ministro tenga una opinión distinta a lo técnico”, reconoce Juan Falcón Ugarte, secretario general del Minedu, en comunicación con este medio.
El tibio comunicado que la cartera publicó el 12 de diciembre muestra, en cambio, otra posibilidad: que el ministerio juegue en pared con el Parlamento. “Defendemos la autonomía de Sunedu, sin embargo, señalamos con transparencia que hay aspectos de la reforma que necesitan ser mejorados”, se lee en el escrito. Un tono opuesto al de los informes técnicos que Sudaca ha podido revisar. José Luna Gálvez, el mandamás de Telesup, debe haber esbozado una sonrisa.
MINEDU VS MINEDU
Fuentes de Sudaca señalan que en la interna del Minedu se vive una relación tensa entre los técnicos que se han manifestado en contra la iniciativa legislativa y el ministro Carlos Gallardo, quien tendrá la última palabra antes de enviar su opinión a la comisión de Educación.
El proyecto de marras propone que el jefe de la Sunedu no lo elija el Minedu, sino un consejo formado -entre otros- por dos representantes de las universidades del Estado y uno de las particulares. Es decir, los fiscalizados pasarían a ser sus propios fiscalizadores. El pasado 10 de diciembre se aprobó el dictamen favorable a este proyecto.
Para elaborarlo, a mediados del mes pasado, la Comisión de Educación pidió la opinión técnica del Minedu y los funcionarios de esta cartera se pusieron en marcha. El 25 de noviembre, la jefa de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (Digesu), Catie González, envió un informe a la viceministra de Gestión Pedagógica, Nelly Luz Palomino. El documento concluía que la iniciativa era “no viable”.
El principal punto -señala el escrito- es que existe un antecedente del Tribunal Constitucional de junio de 2010 que fundamenta el rol rector del Estado y la existencia de una superintendencia independiente. “Puede colegirse que los artículos que pretenden modificarse por el proyecto de ley son artículos que deben su existencia a un mandato constitucional (…) además, establece expresamente que el Minedu asume el rol rector”, se lee.
La Digesu también apunta que, con esta propuesta legislativa, el Consejo Directivo de la Sunedu pasaría a ser un órgano político. Lo que “significaría un retroceso en todo el avance técnico que se ha logrado, en busca de la calidad en la educación superior universitaria».
El informe de Catie González fue trasladado a la Oficina General de Asesoría Jurídica (Ogaj) del Minedu, liderada por Luis Rodríguez. Este funcionario también emitió un oficio con su opinión técnica al secretario general, Juan Falcón Ugarte, el pasado 2 de diciembre, ocho días antes de la aprobación del dictamen.
Dicho informe legal también señala que el proyecto de ley es inviable y apunta: «la propuesta de incorporar cuatro representantes de las universidades públicas y privadas podría vulnerar el principio de imparcialidad al generarse posibles escenarios de conflictos de intereses». Además, aclara que la actual forma de designación del superintendente no supone una intervención política.
El informe, finalmente, indica que no es exacto afirmar que el consejo directivo carece de representatividad universitaria dado que tres docentes de universidades públicas (2) y privadas (1) lo conforman.
Sudaca conversó con el secretario general del Minedu, Juan Falcón, quien señaló que la demora en enviar la postura oficial al Congreso responde a un tema burocrático. “Lo que sube a secretaría no es la opinión institucional, es de los sectores, de la parte técnica. El tema pasó de secretaría al Gabinete de Asesores, que ve la opinión de las áreas, las socializan con otros asesores especializados, visualizan la opinión del ministro y, luego, sale la opinión del sector”, explica.
No hay una respuesta clara sobre la demora ante un tema crucial. Falcón agrega que la respuesta formal del ministerio debería enviarse a más tardar mañana miércoles, y que hubo demoras por los fines de semanas y feriados. Además, planean pronunciarse también por el proyecto de ley que propone otorgar dos años más de plazo para universidades que no obtuvieron el licenciamiento. El dictamen sobre esta iniciativa también fue aprobado el 10 de diciembre.
“Se envió el 2 de diciembre [el informe de Ogaj], pero formalmente entró a despacho el 6. Estamos juntando los dos proyectos para dar la respuesta y ahora está en Gabinete de Asesores”, apunta. El secretario reconoce que podría entrar a tallar en la postura del Minedu “la visión pedagógica del ministro y del Gabinete [de Asesores]”.
Según las fuentes del Minedu que conversaron con Sudaca no es habitual que un ministro ponga trabas a un tema con informes de esta naturaleza. «En realidad lo único que ha faltado ahí es un oficio de la secretaria general haciendo llegar la postura institucional. Es solo un trámite. No se pueden sopesar criterios políticos cuando se trata de políticas públicas, sino la opinión técnica y legal del sector. Me parece que es claro que lo que el ministro quiere hacer es debilitar a su propia área técnico-legal», cuenta una fuente con conocimiento del tema.
“Lo habitual es que el ministro correspondiente la eleve [los informes técnicos] al Congreso, si está de acuerdo. De lo contrario, tiene la potestad de elevar la opinión que él considere conveniente o no hacer. Generalmente, el funcionario, por ser de confianza, opina igual que lo que piensa el ministro. Pero si un ministro ve que un director no guarda coherencia con lo que él piensa, entonces vienen los problemas. Yo, como director, renunciaría», apunta el exministro Idel Vexler.
Las baterías de Perú Libre ya estaban cargadas contra la Sunedu desde la campaña electoral, cuando en mayo Pedro Castillo dijo que su gestión iba a “revisar” y “corregir” el accionar de la superintendencia. Oswaldo Zegarra, jefe de la Sunedu, alertó recientemente sobre la nula relación que tienen con esta cartera.
«Con [el exministro] Cadillo comenzamos a establecer mesas de trabajo para ver la situación de estudiantes y con este ministro [Carlos Gallardo] hemos tenido una sola oportunidad de conversar, no precisamente para ver la mejora de los proyectos que el Minedu piensa impulsar y manteniendo nuestra autonomía en aspectos técnicos», dijo ayer a RPP. Mañana por la tarde, se ha convocado a una marcha contra este ataque parlamentario a la reforma universitaria. ¿Irá finalmente Gallardo en contra de la opinión de sus técnicos?
Fotoportada: Darlen Leonardo
