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Hoy se cumplen 100 días de gobierno de Pedro Castillo y por ello conversamos con los congresistas Arturo Alegría (FP), Darwin Espinoza (AP) y Óscar Zea (PL) quienes coincidieron en que durante este periodo no se ha visto un norte claro en el gobierno.
Con respecto al voto de confianza, el congresista Alegría indicó que Fuerza Popular se ha mantenido firme en su posición de negar la confianza a un gabinete que no le convence; mientras que desde Acción Popular el congresista Darwin Espinoza señaló que ellos decidieron apoyar a la Premier por su mensaje conciliador y experiencia política. En el caso de Perú Libre, el congresista Óscar Zea indicó que se buscará unir nuevamente a la bancada mediante el diálogo.
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Escucha «Si el río suena» de lunes a viernes a las 9 de la mañana con Patricia del Río. Este es nuestro episodio número 42.
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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 247: Castillo pide al Congreso una ley para estatizar Camisea. ¿Tiene sentido un mensaje así cuando no generará resultados? Se aplaza el voto de confianza. ¿Y también la vuelta a clases?
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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 246: ¿Tendrá el voto de confianza Mirtha Vasquez? ¿Pedro Castillo juega a favor o en contra de su gabinete? ¿Apuesta la derecha por la vacancia o por la gobernabilidad? Este episodio fue grabado antes del lamentable fallecimiento del congresista Herrera Mamani
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En el Perú estamos en crisis porque hay un claro enfrentamiento que no resolvió el proceso electoral y que impide la consolidación de un equipo de trabajo que pueda enfocarse en el gobierno mismo. Pasan los días y la derecha no acepta renunciar al conjunto de privilegios acumulados desde el fujimorismo y la izquierda regional, para demostrar que el gobierno es suyo, continúa desafiando a los demás partidos con los personajes de poca seriedad ética y profesional que consigue colocar en el gabinete ministerial y el entorno presidencial. Pronto serán tres meses y no nos permiten redireccionar las acciones de ambas facciones hacia un trabajo conjunto para poder salir de la crisis actual sin tener que dejar que la informalidad se multiplique, asegurando nuestros derechos y compromisos para una vida digna. Mientras tanto, la derecha se ha extremado en la persecución comunista, de tal forma que hasta los derechistas sensibles ante la necesidad social, han sido sentenciados públicamente como terroristas por algún tipo de vínculo imaginado con “algo” de Abimael Guzmán. Mientras tanto, la izquierda regional continúa apelando al discurso castrista que ya ha perdido autoridad en América Latina. Es tan claro que Cuba es su modelo, que Vladimir Cerrón y su enclave familiar y amical parecieran seguir hasta la pauta de la dinastía cubana, tal como aparece en los reportajes sobre Perú Libre, los Dinámicos del centro y otras malversaciones por las que es investigado.
Este enfrentamiento se juega en distintos ámbitos. Uno de ellos es el espacio público. La toma de las calles como campo de confrontación física y violenta ha sido la estrategia principal de la derecha desde hace algunos años atrás y se ha fortalecido en las últimas elecciones. Atinadamente, la izquierda regional no aceptó las bravuconadas y luego de los resultados finales quienes llegaron a Lima retornaron a sus tierras. Dado que no es un enfrentamiento consentido por ambas partes, no podemos referirnos a una pelea, sino a un violento y constante hostigamiento político, físico y verbal. Los ataques son protagonizados por simpatizantes fujimoristas o de Renovación popular que responden a campañas para cercar y perseguir periodistas, funcionarios del estado y demás personajes públicos que cuestionan la corrupción del fujimorismo y de los principales grupos económicos. La agrupación principal es La Resistencia, la cual lidera a otras más pequeñas que también se definen como fervientes anticomunistas y gustan de la utilería fascista. Mes a mes continúan acumulándose las denuncias contra sus dirigentes pero ninguna sanción los ha detenido e intervienen violentamente hasta en la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti.
Otro enfrentamiento, incluso más desigual e injusto es el que se observa hasta ahora en los medios de comunicación. El control que tienen grandes grupos económicos como El Comercio o RPP sobre los principales medios escritos, de la radio y de la televisión ha llegado a extremos insospechados. El hito principal ocurrió cuando la directora periodística de América Televisión, Clara Elvira Ospina, fue reemplazada por Gilberto Hume. Si bien él había sido el primer director de Canal N hasta el año 2002, unos años después fundó Willax Televisión canal que siempre ha emitido información falsa e imprecisa sobre temas de política e incluso, en plena pandemia, sobre temas de salud pública, como la desinformación que realizaron sobre la vacuna Sinopharm. La salida de muchos periodistas dejó en claro con sus reemplazos que los principales canales de señal abierta, junto con las cadenas de noticias y la prensa de mayor prestigio, hoy se dedica a remarcar el imaginado vínculo con el terrorismo de todos y cada uno de los funcionarios del nuevo gobierno de Castillo, desprestigiando toda propuesta política del Poder Ejecutivo. Los medios de comunicación alternativos no cuentan con el poder necesario para contrarrestarlos.
Pero la pelea principal, la cual no puede ser distorsionada por darse en el ámbito constitucional y tener impacto directo en el equilibrio de poderes del Estado, es la que se ha presentado entre el Congreso de la República y el Ejecutivo respecto de la vacancia presidencial y el voto de confianza. Mucho ya se ha escrito sobre la indefinición de incapacidad moral, razón por la cual se ha decidido omitirla, y mucho también sobre el voto de confianza, que permite retrasar las labores sectoriales al censurar a los gabinetes ministeriales, pero que también otorga al Presidente de la República el poder de cerrar el Congreso. Estas reformas constitucionales tienen que ser entendidas también en el marco de la lucha contra la corrupción en la que está comprometido el país entero. Las propuestas ya han sido estudiadas por especialistas como Fernando Tuesta, quien ha dejado claro que no son intercambiables. Urge pues que la primera ministra y el Congreso lleguen a un acuerdo, pero para ello es sin duda necesario que esta pelea electoral llegue a su fin y que se toma la estabilidad del país como el primer paso fundamental para un gobierno que piense en el futuro del país y no en viejas contiendas que solo aumentan conflictos y pobreza.
Recientes propuestas de reformas al sistema de gobierno han llamado la atención, pues parecen no centrarse en atacar el problema de raíz, sino en respuestas a situaciones coyunturales. El proceso de reforma constitucional tiene un gran impacto y, por lo tanto, no debe tomarse a la ligera.
Una constitución es un texto que recoge los principios y valores, las reglas de convivencia, de una sociedad. En ese sentido, no es propósito del texto constitucional desarrollar cada aspecto de nuestro quehacer cotidiano. En cambio, a partir de la norma suprema, se aprueban leyes y reglamentos específicos para cada sector y actividad que amerite regulación, siempre en armonía con los principios constitucionales.
Esta norma, al reflejar los valores de la sociedad, tiene vocación de permanencia en el tiempo que nos dé predictibilidad y seguridad. Esto no significa de ningún modo que nuestras reglas de convivencia no puedan evolucionar y adaptarse a los cambios sociales. La Constitución puede ser interpretada de manera dinámica por el Tribunal Constitucional, de tal forma que sus disposiciones se apliquen de acuerdo al contexto actual.
Sin embargo, ante cambios sociales que lo ameriten, la propia Constitución contempla la regulación para introducir reformas que permitan ajustarla a la realidad nacional. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se reconoció el derecho al voto a nuestras Fuerzas Armadas, en el año 2005, o cuando se prohibió la reelección presidencial inmediata, según nuestra tradición constitucional.
Cualquier reforma constitucional debe ser evaluada con detenimiento y con particular enfoque en su impacto en el resto del texto constitucional. Es imprescindible mantener la armonía y consistencia de la norma suprema, de forma que el cambio en una disposición no entorpezca o vuelva inviable la aplicación de otra.
En este contexto, preocupa la reciente tendencia a la presentación de proyectos que buscan reformar la interacción de los poderes del Estado, pues no parecen derivar de un estudio profundo del problema que se busca solucionar y sus causas, sino más bien aparentan ser reacciones a situaciones a las que se ha enfrentado el país recientemente. Es el caso, por ejemplo, de la propuesta de interpretación de la cuestión de confianza, así como de las propuestas de modificación de la vacancia presidencial, o la llamada muerte cruzada, cuya aplicación derivaría en la disolución automática del Congreso.
No cabe duda que la relación ejecutivo legislativo es uno de los aspectos de la Constitución que mayor atención ha atraído, en particular a raíz de la interacción entre estos poderes en los últimos cinco años. En tal sentido, es necesario implementar cambios al sistema de balance de poderes. Sin embargo, estos cambios deben partir por evaluaciones profundas de expertos, seguidas por propuestas que ataquen el problema de raíz y de manera integral, en lugar de a cada figura de manera aislada. Finalmente, estas propuestas deben ser analizadas, reflexionadas y debatidas por los legisladores en búsqueda de la mejor alternativa. Es responsabilidad del legislador generar propuestas de calidad, debidamente sustentadas y evaluadas.
Urge regular adecuadamente un mecanismo real de control político al Ejecutivo, como el juicio político, así como el alcance de la cuestión de confianza. Pero la única manera de evitar futuras crisis políticas que nos paralicen de la forma en la que ha ocurrido en el pasado, es mediante una mirada integral y poniendo por delante el interés del país. Mucho bien nos haría retornar al sistema bicameral, entre otras razones porque las propuestas legislativas ameritan una reflexión más profunda.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 241: ¿Por qué está ahí el nuevo asesor presidencial? ¿Cómo se dividirá la bancada de Perú Libre en la votación por la confianza? Y Sagasti: ¡baje el precio de su libro!
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Desde hace unas semanas, debido a la posible aprobación de la cuestión de confianza por parte del Congreso de la República por insistencia, se viene debatiendo la posibilidad de su reforma y sus implicancias. ¿Qué propone el proyecto de ley en cuestión? Regular los artículos 132 y 133 en la que se proponga que el Ejecutivo solo pueda utilizar la cuestión de confianza para temas relacionados a políticas de gobierno en general, exceptuando de ella reformas constitucionales que competen al Congreso de la República y otras entidades autónomas. Acto seguido -en una disposición complementaria y final de la autógrafa- propone que solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de decisión.
Proyecto de ley realmente cuestionable porque pone en desbalance el equilibrio de poderes. Como señala Carlo Magno Salcedo en su análisis del tema (La Mula, 11/10/21), actualmente el Congreso de la República, implícitamente, tiene la potestad de poder interpretar la Constitución para su labor legislativa, pero qué pasa cuando contraviene -por ejemplo- temas que puedan afectar la relación ejecutivo y legislativo.
Sabemos que el contexto actual es de una polarización extrema debido al objetivo que tiene el gobierno de llevar adelante una Asamblea Constituyente, pero se debe actuar con suma cautela en temas jurídicos para causas políticas prodemocráticas, como detener esa intentona que pretende cambiar las reglas de juego. En ese sentido, y de acuerdo a la propuesta del constitucionalista y docente universitario Joel Campos, es necesario salir de esa dicotomía que contribuye a un enfrentamiento político fratricida y sin salida.
Para ello -según el constitucionalista- se debe establecer una reforma al artículo 134 de la Constitución, sobre la disolución del Congreso de la República, en la que se proponga la “muerte cruzada” (que se usa también en el Ecuador) en la que disuelto este primero poder del Estado se proponga convocatoria a nuevas elecciones no solo para elegir nuevos parlamentarios sino también de presidente de gobierno.
Dicha reforma limitaría el enfrentamiento permanente de los actores en el juego político. Reformas así oxigenan nuestro precario sistema político tan venido a menos en la que minorías activas (como el caso de grupos vinculados a Sendero Luminoso) tengan margen de acción para -desde el propio sistema- destruir los cimientos democráticos que tanto nos ha costado construir.
La oposición política debe hilar fino -en tiempos turbulentos para el mantenimiento del Estado de derecho- para proceder a usar armas legales que no contravengan a la Constitución y a su estrategia de detener pretensiones que generan graves problemas a lo avanzado durante los últimos dos décadas en el país.
