Un lobby muy poderoso ataca en este momento al congreso.

Un lobby que quiere que los más humildes paguen el gas de los más grandes y darle ganancias millonarias a los concesionarios.

Está atacando a todos los congresistas que votaron dos veces por unanimidad la ley de masificación del gas para torcer su voluntad y cambiar su voto.

Dicen que si no se paga la cuenta de los gigantes no habrá extensión de nuevas redes de gas. Totalmente falso.

Este tema ya está en la Comisión de Energía y Minas y puede pasar al pleno en cualquier momento. En este nuevo REPORTAFUR, vamos a prenderle la luz al LOBBY DEL GAS.

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Gas, Lobby, REPORTAFUR

Por : Raysa díaz también y Liz Meléndez

Hablar de cuidados es hablar de bienestar. En algún momento de nuestras vidas, todas las personas recibimos cuidados o cuidamos. Así, cuando hablamos de cuidados hablamos de la sostenibilidad de la vida y el buen vivir.   

El año pasado, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Oxfam Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizaron una Encuesta sobre Representaciones del Trabajo de Cuidado en el Perú, donde identificaron que el 68% de las personas señalaron que necesitaban algún tipo de cuidados. 

Ejercer nuestro derecho al cuidado, entendido en sus tres dimensiones de cuidar, ser cuidado/a y el autocuidado, son parte del derecho a vivir una vida digna. Se trata de garantizar condiciones adecuadas a las personas para que puedan vivir en igualdad y sin discriminación, sin estar expuestos/as al abandono y la precariedad. 

Este derecho universal y autónomo debe ser garantizado por el Estado, independientemente de la situación de vulnerabilidad o dependencia de quien lo requiera. Aunque las políticas públicas deben tener en cuenta la situación específica y de riesgo de las diversas poblaciones, este debe ser un derecho garantizado para la ciudadanía en su conjunto.

Volviendo a la encuesta, esta revela que 7 de cada 10 mujeres son las principales responsables del cuidado en sus hogares. Además, el 83% de las personas encuestadas afirmó que a lo largo de su vida ha visto solo a las mujeres dedicarse en mayor medida a las actividades de cuidado.  

Los cuidados han sido históricamente asumidos por mujeres o por personas feminizadas. Si queremos alcanzar una sociedad más igualitaria, se tienen que romper con estos roles de género, pues son una barrera para la igualdad. 

De hecho, muchos hechos de violencia surgen cuando las mujeres no responden a estas funciones o tareas patriarcalmente asignadas. Por ello, promover la corresponsabilidad paritaria en los cuidados y en el trabajo doméstico es una dimensión a impulsar. Aunque esta no es la única.

Vivir en entornos violentos, cuidando a otras personas del hogar y con poco tiempo para acceder al campo profesional y/o laboral no solo limita el desarrollo personal y profesional de las mujeres, sino que genera barreras para salir de la pobreza.

El 81% de personas considera que el trabajo de cuidados debería remunerarse. Sin embargo, el 51% afirma que debe haber una retribución económica solo si la persona no es parte del entorno familiar. Es decir, el trabajo gratuito en el hogar o cuidando personas dependientes recae en las mujeres. 

Lo paradójico es que el trabajo de cuidados significa un aporte fundamental a las economías de la región. Según la CEPAL (2021), equivale al 20,4% del PBI. ¿Realmente existen servicios de calidad en el país para garantizar el derecho al cuidado? La respuesta es no. 

Tenemos algunos servicios asistencialistas, precarios y situados fundamentalmente en las zonas urbanas. Lamentablemente la ciudadanía desconfía de estos servicios. El 80% de hogares con menores de 5 años y el 60% de ellos con personas con discapacidad no los utilizan. Dicha ilegitimidad responde a que estos no cumplen con estándares de calidad mínimos.

El derecho al cuidado interpela al Estado a diseñar, implementar y sostener políticas públicas de gran inversión, pero que redundarán en el bienestar de la población. 

Es tiempo de avanzar y esta es una dimensión clave para lograrlo. 

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derechos humanos, Entre Brujas: Feminismo, género

Ahora que se celebra el 30 aniversario de la Constitución de 1993, hay que ponderar lo que realmente significó ello. Fue un parteaguas social, político y económico respecto de la ruta del desastre a la que el Perú se encaminaba a fines de los 80. Éramos una sociedad inviable, una nación fallida, una democracia insostenible, azotada por la violencia terrorista y la hiperinflación recesiva de nuestra economía. Millones de peruanos se iban del país huyendo de la crisis y de la violencia.

Eso, que ya hacía barajar, inclusive, a Washington y países vecinos la eventualidad de una intervención internacional en caso accediera al poder Abimael Guzmán, cambió. El Perú recompuso su economía, se pacificó el país y nos encaminamos hacia una senda de desarrollo que ha durado casi las tres décadas que se conmemoran.

La crisis de hoy es menor respecto de la que vivíamos entonces. Tal vez solo equipare su gravedad la terrible situación de inseguridad ciudadana que nos azota. La sensación de zozobra, sin embargo, ha hecho que también abandonen la patria millones de peruanos.

Pero, como ocurrió hace tres décadas, es factible afrontar esta crisis y salir adelante. El Perú es un país resiliente y que apenas se normalice la gobernanza, sabrá recuperar dinamismo y retomar la senda progresista en la que nos hallábamos.

De este gobierno, lamentablemente, no se puede esperar gran cosa, y, en esa medida, habrá que cifrar las esperanzas en que el 2026 asuma el poder una opción que sepa enfrentar los desafíos más acuciantes: inseguridad ciudadana, corrupción y crisis económica.

La única salida pasa por instaurar un capitalismo democrático, bajo el manto de un respeto irrestricto al Estado de Derecho. Se perfilan ya algunas candidaturas con ese perfil, pero adolecen de química política y, por ello, se torna imperativo abogar por la unidad de fuerzas similares que en conjunto aporten ese brío, y ojalá se encuentre un candidato que convoque los entusiasmos populares necesarios no solo para ganar la elección, sino para asegurar una coalición parlamentaria que permita la gobernanza con la normalidad perdida desde el 2016.

La desesperanza no es buena consejera. De peores hemos salido y sólo hace falta un buen gobierno, con las cosas claras y los equipos tecnocráticos y políticos adecuados. Hay masa crítica para que surjan esos liderazgos. Y hay tiempo para madurar las opciones. De acá al 2026 hay que apostar, desde la sociedad civil, para que cuaje una alternativa de ese talante.

La polarización social 

La polarización ha tomado el relevo a la inteligencia artificial como palabra del año. Han llegado nuevos tiempos en los que esta palabra no dejará de escucharse como sinónimo de inestabilidad, discriminación, desconfianza, confrontación y prejuicios. La polarización provoca una inestabilidad política persistente, con movimientos populistas que deterioran el contexto empresarial. Además, debilita el impulso económico, generando una crisis de confianza generalizada que pone en riesgo la credibilidad de las grandes empresas y marcas, haciendo que la sociedad se aleje de ellas. El riesgo para las corporaciones es latente. 

Pero la incertidumbre puede producir grandes oportunidades empresariales también. Todos los que tomamos decisiones debemos crear espacios de certidumbre y servir como brújulas de nuestras empresas. 

En un escenario en el que las instituciones y los políticos han perdido la confianza, las grandes compañías tienen la oportunidad de ser catalizadoras de corrientes que generen seguridad, confianza y certidumbre. Comenzar a ser parte de la solución y no del problema, para recuperar una sociedad unida y no fragmentada sería el objetivo estratégico de este enfoque hacia la comunicación de las marcas.  

No solo el marketing estratégico deberá aplicarse para revisar las estrategias empresariales y convertirnos en ágiles y trabajar en el propósito corporativo para enfrentar este siglo, sino ser flexibles y adaptarse al cambio para satisfacer las expectativas de sus grupos humanos de interés. 

El perfil del consumidor del siglo XXI busca valor, experiencia y un mayor compromiso con el contexto en el que se vive. 

Por ello, no debemos mirar las amenazas con miedo sino como oportunidades que nos permitan seguir adelante. El mensaje sigue siendo el vehículo esencial para influir e impactar. Y por encima de todo, el aspecto fundamental prevalece: Contar con el conocimiento profundo del consumidor – persona, para adaptar las estrategias a las expectativas, a los nuevos hábitos de consumo, a las nuevas creencias, etc. Es un gap importante a atender. El cliente sigue siendo el principal activo solo que hoy ya es ciudadano digital. 

Activismo político: La oportunidad de las marcas hacia el ciudadano digital 

Influir al ciudadano con mensajes relevantes para posicionar a las marcas de modo diferencial es el criterio estratégico que responde a un cómo. Significa crear campañas soportadas sobre valores de naturaleza política. Esto supone un direccionamiento innovador de comunicación y responsabilidad social. 

Sin confianza no hay desarrollo, sin consciencia ciudadana no hay cultura democrática. 

Para los estrategas de comunicación y marketing incorporar este enfoque de comunicación política desde las marcas hacia la ciudadanía, implica no solo conocer los diferentes movimientos sociales o los diferentes tipos de activismo sociales que se han formado en estos últimos años después de la pandemia. Implica también incorporar en las estrategias empresariales, un enfoque de actividad política empresarial en defensa de valores democráticos como la igualdad, la justicia, la veracidad, la transparencia, en un entorno social incierto de desconfianza hacia las instituciones.

Esta transformación nos conduce a la siguiente pregunta: ¿Qué cuestiones políticas se incorporan a las estrategias de marca de las compañías? ¿Son asuntos relacionados con su área de actividad económica e industrial o bien intervienen en los problemas de la globalización (cambio climático, igualdad, salud pública)? ¿Son asuntos locales o se apuesta por el enfoque internacional? 

La empresa puede incorporar los asuntos políticos a la gestión de la marca, para utilizar las cuestiones candentes de actualidad y aprovechar ese territorio como posicionamiento para productos o servicios. Así, atrapa valores para un ciudadano consumidor que es más exigente a las firmas, sobre todo en la generación más joven. El giro político de las marcas se concreta en la defensa de unos valores globales de creciente aceptación, sobre todo en entornos progresistas. La defensa hacia el Cambio climático, la igualdad femenina de las condiciones laborales, la lucha contra el cáncer de corrupción, los temas económicos, la violencia sin género, entre otros. 

La globalización y agenda al 2030 afecta a la administración de las empresas, que han incorporado los temas a su agenda directiva. La globalización ha hecho también que la demanda de productos y la oferta se internacionalice. La orientación política – dentro de las empresas – puede cambiar las practicas del capitalismo y el consumo, por una visión más responsable, justa, sostenible para una nueva generación que no acepta la opresión, el abuso de los derechos o las injusticias de género. 

En este sentido, las marcas se convierten en portadoras de valores que sirven como punto de referencia para orientar la identidad construida por el consumidor, desde su auto percepción como ciudadano responsable, en el momento de la decisión de compra. La marca forma parte de la narrativa propia de como uno se percibe y como quiere ser percibido. Esta alineación entre consumidor y ciudadano, constituye el marco simbólico entre el status y el recurso afectivo de las nuevas campañas de comunicación política corporativas. 

El activismo de marcas ciudadanas se presenta como una estrategia de marketing que consiste en comunicar públicamente, favor o en contra de un tema que polariza a la sociedad, donde la marca con sus mensajes, ejerce el rol de una persona con voz para provocar un cambio social.  Las campañas responden a hechos, declaraciones o situaciones para favorecer una visión responsable de la organización. Las marcas ciudadanas podrían ser los únicos agentes sociales que podrían influir – como portavoces humanos- en un mundo cada vez más dividido. 

Se sabe que Machu Picchu es nuestra joya de la corona del turismo. La mayor parte de visitantes extranjeros viene al país a visitar las centenarias ruinas incas y cualquier percance que suceda respecto de ese itinerario -como el que acaba de acontecer con las mafias locales– afecta seriamente el potencial atractivo turístico del Perú.

Lo que trae a reflexión este problema, sin embargo, es la carencia de una política global de turismo hacia el país que no dependa solo de las ruinas cusqueñas. Hay decenas de destinos igual o más atractivos, que visitar la “maravilla del mundo”.

1.- Caral, la ciudadela más antigua de América, y cuna de civilización, a pocas horas de Lima. Bien vendida debería convocar un flujo significativo de turistas. Hoy ni se le promociona y encima la zona está asolada por las mafias de traficantes de terrenos.

2.- Kuélap y las lagunas de San Martín. El eje turístico Amazonas-San Martín -con las cataratas del Gocta incluídas) ha recibido inversiones importantes (empezando por el teleférico), pero clama al cielo que no se construya un aeropuerto con capacidad de recibir vuelos comerciales.

3.- La ruta Moche. Chiclayo y Trujillo alberganruinas, siglos más antiguas que las de Machu Picchu, y tiene, además, museos de primer orden. ¿Por qué no es promovida en su justa medida?

4.- Las playas del norte. Con sol todo el año, deberían ser el destino recreativo de toda América Latina, que, fuera del Caribe, no goza de esa particularidad, con la ventaja de que acá no hay huracanes. Y ya hay suficiente inversión hotelera de primera calidad.

5.- Los pájaros. Así como lo escucha. El Perú acaba de ser considerado el país con mayor cantidad de especies de aves. Hay un flujo turístico mundial importante de avistadores de estos animalitos. Ni se le promociona ni se construye la infraestructura adecuada para sostenerlo.

6.- Callejón de Huaylas y Chavín. Los paisajes naturales de la cordillera ancashina y los restos arqueológicos de Chavín de Huántar -mucho más relevantes que los de Machu Picchu- no son mencionados ni por milagro en los road shows de Promperú en el mundo.

7.- Ruta gastronómica. Hay en el mundo una troupé de turistas que buscan el buen comer. Lima y el Perú, en ese sentido, es considerado un destino inigualable en el planeta.

8.- Lima la horrible. Que, claramente, no lo es. Entre sus decenas de huacas, algunas ya puestas en valor, sus casonas republicanas (deberían abrir al público muchas de las que son regentadas por el sector privado), y sus iglesias (Catedral, San Francisco, Santo Domingo, San Pedro, solo por mencionar a las cuatro más relevantes), merece una estancia de varios días.

9.- Arequipa. Gran destino turístico y capital de la mejor comida del país. Tiene, además, por si no basta con la hermosa ciudad, sus iglesias y casonas de sillar, con el cañón del Colca a la mano.

10.- Puno. Es una maravilla desaprovechada. Entre el lago Titicaca, Taquile, Lampa, Sillustani, Juli, la maravilla de la iglesia de Pomata, el pase a Bolivia para la Portada del Sol, basta y sobra.

11.- Iquitos y el Amazonas. Resorts incluidos. Y si se tiene dinero, los cruceros -que merecerían mayor protección policial-, y la propia ciudad bien amerita una visita.

Y nos quedamos cortos. Ayacucho, Ica, el eje Tacna-Moquegua, Cajamarca, el valle del Mantaro. Hay que romper la dependencia de Machu Picchu. No es posible que Perú apenas reciba poco más de cuatro millones de visitantes del extranjero al año (cifra récord del 2019). Deberían ser por lo menos diez veces más. Es irracional que Chile reciba más turistas que el Perú.

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Caral, kuelap, Macchu picchu, ruta de moche

Tal como lo expuso Sudaca en la primera parte del informe sobre Juan Carrasco Millones, los primeros momentos de fama del exministro estuvieron ensombrecidos por las contradicciones y mentiras que se dijeron con respecto al misterioso apoyo en recursos que recibieron los involucrados en el caso “Los Limpios de la Corrupción”.

Sin embargo, la historia detrás de uno de los casos que supo concentrar la atención de todos los peruanos hace casi una década tiene todavía muchos vacíos que despiertan suspicacias así como testimonios que generan desconfianza sobre lo que realmente ocurrió en el detrás de escena de lo que en su momento fue la mediática detención del alcalde de Chiclayo.

Sudaca ha revisado la información de aquella época para completar esta segunda parte del expediente sobre Juan Carrasco y conocer a fondo cuáles han sido los cuestionamientos que existieron sobre el proceder de Carrasco Millones en la época que se intentó instalar como un luchador contra la corrupción.

MENTIRAS E IREGULARIDADES

Si bien la detención del alcalde Roberto Torres y más de veinte personas había sido vista en su momento como un acto valiente por parte de los fiscales a cargo del caso, entre los que se encontraba el exministro Carrasco Millones, la información que se ha conocido años después con respecto a los argumentos y pruebas para conseguir estas detenciones han expuesto una serie de irregularidades alarmantes que comprometen seriamente a los que en su momento fueron los responsables de la caída de “Los Limpios de la Corrupción”.

Durante el año pasado, Diario La Verdad, un medio regional de Chiclayo, contó la versión de uno de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo sobre lo que realmente habría ocurrido con las colaboraciones eficaces. Según Jorge Matallana Peralta, sus declaraciones no sólo fueron tomadas como si él fuese un aspirante a colaborador eficaz sino que, además, los hechos que figuraban en esos documentos no correspondían a sus relatos y habían sido elaborados por los fiscales a cargo.

Matallana Peralta incluso expresó que, usando el temor de terminar en una cárcel, le hicieron firmar documentos con preguntas que nunca se le habían formulado y respuestas que no correspondían a su versión. Para Matallana, el objetivo del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco no era conocer los hechos verdaderos sino reforzar su teoría, aunque para ello tenga que ampararse en mentiras.

Cristian Rebosio

Pero lo relatado por Matallana está lejos de ser un caso aislado. En el siguiente video, otros implicados en el caso cuentan las presiones que recibían para realizar declaraciones que sean funcionales a los intereses de los fiscales y la evidente falta de interés que existía por conocer los hechos que realmente involucraban a los integrantes de “Los Limpios de la Corrupción”.

En la grabación de la audiencia se puede escuchar a Ernesto Sánchez Vásquez y Carlos Mendoza Oliden, exfuncionarios de la municipalidad, retractarse de las declaraciones que habían hecho previamente ante el Ministerio Público y acusar a los fiscales a cargo de haberlos presionado con frases como “si tú los echas, te vamos a pasar como testigo y no te va a pasar nada”.

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EL FACTOR POLÍTICO

Sudaca conversó sobre estas irregularidades en  el caso “Los Limpios de la Corrupción” con Rubén Fernández Morales, presidente de la asociación civil Pro Actione, quien explica la participación del exministro Juan Carrasco en este caso. “Carrasco Millones, con informes falsos de inteligencia, respalda un requerimiento de más de treinta funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo”, expone en declaraciones a este medio.

Además, Fernández hace énfasis en el momento elegido para pedir la prisión preventiva del entonces alcalde Roberto Torres, que se respaldó en los mencionados informes falsos, ocurrió a pocos días de las elecciones municipales y benefició la llegada a la alcaldía de Chiclayo de David Cornejo Chinguel, el candidato de Alianza Para el Progreso, debido a que ocurren precisamente días antes de las elecciones.

Pero, además de manipular declaraciones de falsos colaboradores eficaces, los documentos usados para la detención de más de veinte funcionarios también habría contado con la colaboración de integrantes de la policía y los nombres de estos oficiales serían Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden.

“Firman un informe de inteligencia donde relatan una serie de una organización criminal”, comenta Rubén Fernández sobre el rol de estos oficiales que le proporcionaron a Carrasco Millones otro de los documentos claves para lograr la prisión preventiva. Sin embargo, ninguno de estos oficiales estaba en condiciones de poder firmar un oficio de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial (Ofinterpol) debido a que no cumplían funciones en este lugar y, posteriormente, fueron acusados de usurpación de funciones.

Desmantelar una organización criminal vinculada con políticos es, sin lugar a dudas, una tarea valiente y necesaria en un país tan perjudicado por la corrupción. Pero, cuando se utilizan métodos por fuera de la ley con el propósito de acortar caminos, la finalidad de cualquier detención y operativo queda totalmente desvirtuada, tal como parece haber ocurrido con el emblemático caso del exministro Carrasco Millones.

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Juan Carrasco, Ministerio del Interior

Cuando aún faltan dos años para el recambio constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, un twitter de Keiko Fujimori sitúa la lucha por el sillón presidencial -entre otras- en la respuesta a la pregunta: “¿No les ha pasado que cuando van a una farmacia a comprar un medicamento les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente le ofrecen otro?”.

Bueno, pues, porque con esa pregunta aparentemente ingenua, la señora Fujimori apareció en sus redes sociales emplazando a las autoridades respectivas a corregir una supuesta infracción a las leyes del mercado vigiladas por nuestra Constitución.

Así, en otro twitter del pasado 2 de marzo, Fujimori dice: “Nosotros siempre estaremos a favor de la inversión privada y de lo que esta genera, pero de ninguna manera permitiremos o estaremos de acuerdo con los abusos o excesos que ellas cometan en contra de la población más vulnerable y que se ve afectada en los temas de medicamentos; es por eso que la bancada de Fuerza Popular está promoviendo una serie de iniciativas para proteger al paciente, evitar los abusos y mejorar la competencia, la oferta y los precios”. Termina el enérgico tweet diciendo: ¡Nadie tiene derecho a obligarte a gastar más por tus medicinas!

 Más allá del hecho de haber obligado a las organizaciones a la derecha y a la izquierda de Fuerza Popular a pronunciarse muy temprano en un tema que no tenían pensado, Keiko Fujimori se convierte en abanderada de todos aquellos que entienden qué es monopolio, qué es oligopolio y qué es posición dominante en el mercado y cómo ellos pueden hacernos la vida más difícil.

Pero el verdadero efecto conseguido con esos dos twitter es, a saber, la dación del decreto de urgencia 005-2024 que obliga a las farmacias y a las boticas a proveer la totalidad de los medicamentos genéricos. Es decir, con dos tuits bien colocados, Keiko Fujimori sitúa la lucha por lograr el primer lugar en las preferencias ciudadanas en poner el énfasis en las necesidades primarias de los peruanos.

Desde mediados de la década pasada, la industria farmacéutica produce más de mil millones de dólares anuales de beneficios netos, siendo una industria en expansión, aunque sus lobbistas se quejan porque cada año la industria pierde millones de dólares en ingresos al convertirse cientos de marcas registradas en genéricos de uso libre.

 

¿Por qué se da el decreto de urgencia?

El Gobierno emitió en la fecha un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias a fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos genéricos, tras haber vencido una norma dictada en el mismo sentido hasta febrero próximo pasado.

El documento obliga a boticas y farmacias a mantener un stock de 30 por ciento de la oferta total de medicinas priorizadas.

“Dicha obligatoriedad se circunscribe a aquellos medicamentos que formen parte de la oferta de medicamentos de marca, no implicando la obligación de ampliar dicha oferta, precisa el Decreto de Urgencia 005-2024.

Se señala, además, que el incumplimiento de dichas disposiciones constituye infracción administrativa, sancionada con multa de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 10,300 soles durante el presente ejercicio tributario.

El defensor del Pueblo Josue Gutiérrez dijo que la medida dada en la fecha por el Poder Ejecutivo responde “a un momento, a un contexto”, pero quien debe asumir la responsabilidad es el Congreso a través de la aprobación de una ley que defina la política sobre estos medicamentos.

«Saludamos cuando de manera rápida se busca dar solución a estos problemas centrales […] (pero) lo que buscamos y pretendemos siempre es que esta discusión pase por donde tiene que pasar y, disculpe, esta norma debe ser ley, no decreto de urgencia», dijo. 

«Entonces hay una responsabilidad directa del Congreso de la República y por lo menos el reto en los próximos días para que pueda abordarse esto con suma rapidez y tener una legislación un poco más integral», agregó. 

El defensor del Pueblo dijo que desde su institución se está estableciendo «el nivel de coordinación a través de la Comisión de Salud» del Parlamento «a efectos de que empecemos a tratar mucho más en serio este tema de acceso a la salud».

El exministro de Salud Víctor Zamora, calificó el DU sobre los medicamentos genéricos de confuso, porque, no especifica si también están incluidas las grandes cadenas de farmacias y boticas. 

«Es un problema de forma que puede tener un impacto en el fondo. Es la redacción, puede ser entendida que no son todos. O que puede ser entendida que está restringido solo a las farmacias y boticas y no así a las cadenas de boticas. Bastaba decir que era de obligatorio cumplimiento por todos los establecimientos, farmacias y boticas del sector privado», señaló. 

Además, criticó que el DU extienda un plazo de 10 días para determinar la lista de medicamentos genéricos incluidos en la norma.

«Una lista cuya composición, en términos de medicamentos, desde mi punto de vista, debería ser mínimamente lo que ya existía o mejorar, pero no retroceder», señaló. 

Zamora también indicó que el titular de Salud, César Vásquez tenía una ley preparada y que seguro necesita los meses del DU para preparara la normativa. 

«El ministro (de Salud, César Vásquez) dijo que tenía preparada una ley, luego cambió la versión de un decreto de urgencia. Sospecho que no tiene una norma preparada y este es el lapso de tiempo para preparar una norma, un proyecto de ley para enviar al Congreso», afirmó. 

El exministro también sugirió la posibilidad que el nuevo decreto de urgencia solo sirva para dentro del periodo de vigencia «nos olvidemos del asunto» y finalmente se derogue la norma de acceso a medicamentos genéricos.

Las legislaciones que regulan las ventas de los productos farmacéuticos y la conversión de muchos de ellos en genéricos contienen una serie de medidas que han llevado a dos países de nuestra región de tener medicamentos baratísimos a tener los más caros del área. Esos países son Chile y la Argentina, en el primer caso el estallido social y las secuelas de la pandemia y en el segundo la subida incontrolable del precio de los insumos los convirtió de baratos en caros. Asimismo, en ambos países y en el Brasil sucede un fenómeno singular al ingresar millones de dólares de ciertas industrias ilegales al mercado farmacéutico, generando distorsiones en los precios de los medicamentos. De igual manera, en Colombia y en el Perú se suscitan fenómenos parecidos, colocando a las industrias de ambos países en productoras de fármacos de bajos costos. Sin embargo, pese a tener insumos baratos, capital de trabajo de poco costo y regulaciones estatales, los precios de venta se mantienen altos, creando malestares y convirtiendo dichos malestares en temas de campaña electoral.

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Ejecutivo, Keiko Fujimori, Medicamentos genéricos

En la opinión pública, cortesía de La Encerrona, un tema ha emergido, eclipsando debates sobre la recesión económica y la seguridad ciudadana: ¡los relojes lujosos de la presidenta Dina Boluarte! Mientras algunos de sus pares latinoamericanos se afanan por abordar problemas urgentes, nuestra querida presidenta parece más preocupada por lucir los últimos modelos en su muñeca.

Desde los salones del Palacio de Gobierno, las calles de Lima y de otras regiones, la resplandeciente ostentación de estos relojes no pasa desapercibida. En cada comparecencia ante la prensa, un nuevo reloj reluciente aparece en la muñeca de la mandataria. Después de todo, ¿quién necesita hablar sobre la demolición de la institucionalidad democrática cuando puedes quedarte embobado admirando los detalles de sus relojes de pulsera de alta gama?

Se rumorea que la presidenta Boluarte posee un reloj para cada día de la semana, cada uno de los cuales supera al anterior en valor. Los ciudadanos pueden respirar aliviados: su líderesa está perfectamente sincronizada en sus reuniones y en el uso del tiempo, gracias a su vasta colección de relojes de lujo. ¡Qué alivio saber que, mientras el dengue avanza en el país sin mayor control, al menos los relojes de la presidenta funcionan a la perfección!

Es reconfortante saber que, mientras la mayoría de congresistas se esfuerzan por desmontar cuanta reforma les sea posible e instaurar el reino de la ilegalidad, la mandataria dedica su tiempo a cuestiones más trascendentales, como pensar en su outfit relojero. ¿Quién necesita un gabinete ministerial bien preparado cuando puedes tener un estuche rebosante de relojes exclusivos? 

Claro, algunos críticos podrían argumentar que presumir de riqueza en un país marcado por la desigualdad económica y la pobreza es un tanto descabellado y frívolo. Pero, ¿qué importa eso cuando puedes deslumbrar a la población con el brillo de tus accesorios? 

Además, mientras los ciudadanos luchan con las dificultades económicas diarias, la extorsión por parte de grupos criminales, el sicariato y el regreso de las combis “asesinas”, la extravagancia de la presidenta Boluarte solo sirve para resaltar la desconexión entre la “élite” política y los ciudadanos y ciudadanas. O para decirnos que cualquiera puede tener un Rolex, siempre y cuando trabaje lo suficiente para comprárselo, ignorando la realidad de miles de peruanos que viven en la pobreza y la desigualdad.

¡Brindemos por nuestra presidenta y su colección de relojes exclusivos! Porque al final del día, ¿qué importa el bienestar de la ciudadanía si la mandataria luce un Rolex? ¡Salud!

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Democracia, Dina Boluarte, frivolidad, relojes, Rolex

La noche del 29 de septiembre de 2023 falleció en Islay, Perú, el exvicepresidente del Congreso Hernando Guerra García. El político de Fuerza Popular sufrió una descompensación. Su seguro de salud era de los mejores pero la cobertura solo alcanzaba a Lima y algunas capitales regionales. Guerra García, indefenso en una provincia ni tan remota ni tan lejana, se convirtió súbitamente en un peruano de a pie y murió como tal: sin servicios de salud que lo amparen. 

La triste muerte de Nano me ha recordado algunos pasajes de la novela 1984 de Orwell. Aquella distopía transcurre en una sociedad dividida en dos: la vinculada con el Estado, que se beneficia de sus prebendas pero al mismo tiempo es vigilada al milímetro por un omnipotente sistema de inteligencia y reprimida con monstruosas torturas; y el pueblo llano, al que su pobreza e insignificancia sitúan fuera de la esfera del poder. Por ello, la pareja protagonista se refugia en ese ignorado paraje para así respirar un halo de libertad.  

He meditado sobre dos recientes artículos, uno de Alberto Vergara y el otro de Javier Díaz Albertini. Vergara plantea el caos, no hay instituciones, no hay ley, no hay representatividad, vivimos en un sálvese quien pueda. Díaz Albertini añade algo más: a nadie le importa, hemos perdido hasta la empatía. 

En una mirada de corta duración es posible sostener que los últimos años hemos trocado la crisis de la legalidad y del Estado por su absoluta desconexión de la realidad cotidiana. Podría decir más: la coyuntura iniciada en 2016 por el enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, y el posterior destape de los cuellos blancos demolieron las ruinas sobre las que yacía una bicentenaria república nonata. Este escenario generó una situación inesperada, que algunos interpretan como una transformación estructural y otros como una nueva coyuntura: a los intereses ilícitos, y sus representantes en la política, no les quedó más remedio que mostrarse como tales, de allí el nuevo rostro adolescente de nuestra política y nuestro país, parafraseando a Luis Alberto Sánchez y Carlos Contreras. 

Sin embargo, desde la larga duración me pregunto: ¿hay motivo para sorprenderse? ¿alguna vez instituimos un orden constitucional que funcione como tal? Es posible que ahora estemos aún peor pero cuando Vergara refiere la dicotomía entre crisis y equilibrio crítico no señala el advenimiento de una circunstancia nueva sino un estado de cosas permanente. En el Perú nunca fuimos lo que algunos creen que recientemente dejamos de ser. Enorme oxímoron, salvo que comencemos a preguntarnos cómo se construye una república que nunca existió.

Los trabajos de Cristóbal Aljovín acerca de nuestros inicios republicanos son reveladores: no hubo república, lo que sí hubo fue una anárquica combinación entre la nueva institucionalidad y la praxis cotidiana que permitió la revitalización de la vieja relación casuística colonial entre sociedad y Estado. De esta manera, la percepción del Erario Público como botín y de la función pública como enriquecimiento ilícito anteceden a la fundación política del país. Está en la costumbre hace quinientos años. Por eso, la otra pregunta que se suma a la ecuación es la misma de 1821: ¿cómo se construye una república donde la sociedad es consuetudinariamente antirrepublicana?

Carmen Mc Evoy desentrañó la maquinaria política de Ramón Castilla a mediados del siglo XIX: la presenta como una cadena de dones y contradones. El clientelismo en su máxima expresión, yo te doy, tu me das, y todo sale del Estado, de sus recursos, de sus contribuyentes, del tonto que vive de su trabajo y el vivo que vive del tonto, etc.  El siglo XX fue una feria de exuberantes dictadores civiles y militares, el uno más tórrido que el otro. Todos gobernaron sin la molestia de instituciones que fiscalicen la farra fiscal. Hoy ya contamos con “democracias” sin fiscalización, pero a nadie le importa. 

Al fin y al cabo, quizá las últimas dos décadas sí hayamos construido un nuevo sistema, uno que engrana acabadamente costumbre y política. ¡Al fin terminamos el trabajo! ¡Pensar que tomó 200 años! Hasta 2016 mantuvimos un atisbo de pudor republicano. Ahora que matamos al pudor, solo queda el matrimonio por conveniencia que contrajeron la sociedad y el Estado en el siglo XVI y que se reproduce más vigoroso que nunca. 

¿Todo acabará en un inesperado divorcio? Admirarse de un antiquísimo matrimonio para constatar que sus nocturnos ritos amatorios siguen siendo los mismos de siempre no le sirvió de mucho ni a Mariátegui, ni a Sánchez, ni a todos los que vinieron después. ¿Cómo se rompe una relación tóxica de quinientos años? ¿qué pacto conyugal viene después de la ruptura? Ahora tenemos a Orwell y sus distopías solo que con inteligencia -y respiración- artificial. Si queremos pensar y resolver al Perú -¿no será este otro oxímoron?- la mirada diacrónica es indispensable. 

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Islay, Nano, Nano Guerra García
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