Sudaca conoció en exclusiva los detalles del polémico caso de un asesor del Congreso que ha estaría por ser despedido debido a tener opiniones distintas a los grupos políticos que son mayoría.
Con la interminable crisis política que padece el país, no resultó impactante que el porcentaje de desaprobación a la labor parlamentaria sea considerablemente alto incluso cuando los congresistas no habían cumplido ni medio año en el cargo. El paso del tiempo no logró que, al menos para la mayoría de peruanos, la imagen del Legislativo experimente una mejora y, por el contrario, cada vez son menos puntos los que los separan del 100% de desaprobación en las diferentes encuestas que han realizado.
Sin embargo, quizá ante la necesidad de mejorar la imagen para que los partidos políticos que representan puedan mejorar sus posibilidades de tener apoyo en las urnas en las próximas elecciones, el Congreso parece haber emprendido una campaña para levantar la imagen del Legislativo. Aunque los métodos que parecen haber elegido no serían los más eficaces ni democráticos.
Sudaca conoció los detalles del caso de Diego Alonso Pomareda Muñoz, quien se desempeña como asesor de la congresista Flor Pablo y estaría a pocas semanas de ser despedido como parte de una venganza por haber realizado publicaciones en las redes sociales en las que cuestiona el accionar de algunas bancadas.
PROHIBIDO OPINAR
Diego Pomareda empezó a trabajar en el Congreso hace cinco años con la Bancada Liberal junto a congresistas como Alberto De Belaunde y Gino Costa, y se sumó al equipo de Zenaida Solís para el siguiente periodo. Durante estos años, Pomareda, quien es abogado constitucionalista y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), no tuvo ningún proceso disciplinario en su contra ni se vio involucrado en algún tipo de situación irregular.
“Uno tiene que cumplir requisitos. A mí me piden tres años de experiencia profesional y una maestría. En función a eso puede solicitar la contratación”, relata Pomareda a Sudaca con respecto a su llegada al cargo de asesor de la congresista Flor Pablo. Sin embargo, lo que había sido una trayectoria sin problemas estaba a punto de cambiar.
“Me entero el 15 de marzo cuando me llega una notificación que me quieren despedir”, cuenta. En el documento que llegó a su domicilio le informaban que se iniciaba un procedimiento administrativo disciplinario por una falta grave y tenía cinco días hábiles para presentar sus descargos.
Para Pomareda Muñoz esta información resultaba desconcertante e inesperada. Pero en las siguientes hojas de estos documentos se enteraría del extraño criterio que usaba el área de recursos humanos del Congreso para sancionarlo. La razón por la que habían considerado pertinente tomar esta decisión se debía a publicaciones en una red social.
Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la razón de esta medida eran tuits en los cuales Pomareda Muñoz expresaba una postura crítica con las decisiones que venían tomando una mayoría en el hemiciclo.
En los diez tuits que eran incluidos en el informe al que Sudaca tuvo acceso, los temas sobre los que Pomareda se pronunciaban tenían relación con temas como la Sunedu, la Junta Nacional de Justicia o su desacuerdo con las votaciones.
“Los tuits son de agosto a noviembre del año pasado y se han esperado hasta marzo para notificarme que me han iniciado un proceso disciplinario. Me da la impresión que esta arma ya la tenían cargada”, señala el asesor de Flor Pablo.
No obstante, pese a que las publicaciones citadas no atacaban al Congreso como institución sino representaban la opinión de Pomareda Muñoz, el Departamento de Recursos Humanos decidió iniciar el procedimiento administrativo disciplinario alegando que había incumplido con salvaguardar la imagen institucional del Congreso.
“Tengo el derecho a la libertad y la naturaleza de mi trabajo es política. Yo defiendo la postura del despacho en que trabajo porque creo en sus ideas y principios”, cuestiona Diego Pomareda y agrega “me han dicho que yo he afectado la dignidad parlamentaria y he afectado el deber de proteger al Congreso. Pero eso me suena que tengo que ser cómplice o callarme con cosas que veo y no están bien”.
Pero esta insólita decisión tendría a un responsable que sería el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez. Tal como se puede apreciar en el siguiente documento del noviembre del año pasado, fue Forno Flórez quien envió a Carlos País Vera, jefe del Departamento de Recursos Humanos, las capturas de las publicaciones que Pomareda hizo en sus redes sociales.
“Vamos a tener una oficina de recursos humanos para evaluar a cada uno de los asesores de la oposición viendo cómo actúan o qué dicen, y eso es antidemocrático por donde se le vea”, comenta Pomareda a Sudaca y advierte que considera que lo más probable es que en aproximadamente veinte días sea despedido porque, aunque ha dado su descargo, “esto no se trata de razones sino de un ataque político”.
Aunque para Pomareda su destino ya está escrito, no deja de sorprenderle el accionar de algunas bancadas ante lo que considera un atropello. “Me sorprende que bancadas como las de Avanza País estén calladas ante este tipo de atropellos, porque supuestamente defendían una agenda liberal y la libertad de expresión es un pilar fundamental de este liberalismo. Están asumiendo un rol de cómplices”, explicó.
DOBLE VARA
Pero existen otros detalles que llaman la atención con respecto a este caso. Casualmente, otras personas que actualmente se desempeñan como asesores han tenido expresiones agresivas en redes sociales sin recibir ningún tipo de sanción por ello. Uno de ellos es el caso de Martha Chávez, la excongresista de Fuerza Popular que actualmente se desempeña como asesora y se ha pronunciado en redes sociales con acusaciones a colegas congresistas como Sigrid Bazán y Flor Pablo.
Pese a que sus publicaciones no estaban respaldadas en argumentos técnicos sino en sospechas y hasta teorías conspirativas, la exparlamentaria fujimorista no recibió ningún tipo de sanción ni proceso disciplinario, como sí ha ocurrido con Diego Pomareda.
El vergonzoso porcentaje de desaprobación del Congreso justifica que se tomen medidas urgentes para mejorar la imagen de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, si las medidas implican atentar contra la libertad de expresión e instalar una dictadura en la cual sólo pueden pronunciarse quienes estén a favor de los partidos políticos que son mayoría en el hemiciclo, no sorprendería que en la próxima encuesta estén más cerca del 100% de desaprobación.
