[INFORME] Las labores del Ejército del Perú y la integridad de sus integrantes podría estar en riesgo luego del inexplicable contrato con una empresa para realizarle mantenimiento a sus helicópteros pese a que no contaba con la autorización necesaria.

La vida de los miembros del Ejército del Perú podría estar en riesgo. Pero esta vez no es un enemigo externo ni una guerra la que pone en peligro su integridad. En esta oportunidad, serían los altos mandos del ejército peruano quienes han tomado decisiones tan inexplicables como irresponsables para generar esa alarmante situación.

Como dio a conocer Sudaca en un informe periodístico, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) estuvo a cargo de la elaboración de los documentos en los cuales se establecían los requisitos innegociables para brindar el servicio de reparación mayor de los helicópteros modelo Mi-8MTV-1. Sin embargo, para elaborar estos requerimientos se ignoraron las recomendaciones del propio fabricante y los lineamientos nacionales para estos procedimientos.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a nuevos documentos que exponen en detalle este sospechoso y peligroso accionar por parte del Ejército del Perú que podría poner en riesgo tanto a sus integrantes como las labores que involucran a estas aeronaves cuya vida útil se intentó prolongar.

UN RIESGO ABSURDO

Tal como se relató en el informe publicado la semana pasada, el Ejército del Perú debía recurrir al fabricante y el intermediario designado por este (la empresa National Aviation Service Company) para las labores de mantenimiento mayor de los helicópteros rusos modelo MI-8MTB-1 cuya vida útil se pretendía extender.

Sin embargo, en un inexplicable e imprudente cambio de eventos, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE), desempeñando funciones que no le correspondían, elaboró los documentos para la contratación de este servicio dejando de lado los requerimientos que correspondían.

El siguiente evento en esta cadena de decisiones desafortunadas fue la invitación a la empresa Helicentro Perú S.A.C. para una contratación directa. En la siguiente imagen se puede observar la oferta técnica y económica enviada por la empresa Helicentro Perú S.A.C. por el servicio de reparación integral de estos cuatro helicópteros. Según este documento, la inversión en este servicio de mantenimiento mayor superaría los noventa y seis millones de soles.

En este punto es pertinente señalar que si bien Helicentro Perú S.A.C. contaba con autorización por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como se había exigido en los términos de referencia del servicio, dicha autorización no era para el mantenimiento de los helicópteros rusos que ahora tendría bajo su responsabilidad.

En los documentos de la Contraloría que Sudaca pudo revisar se puede leer que, como lo indica la propia Dirección General de Aeronáutica Civil, la empresa Helicentro Perú no estaba autorizada para darle mantenimiento a helicópteros de uso militar debido a que la autorización con la que contaban únicamente se aplicaba para aeronaves de uso civil.

El panorama se vuelve más desconcertante al tener en cuenta que, cuando fue consultado concretamente por el caso de Helicentro Perú, la empresa National Aviation Service Company, quienes actúan como intermediarios de la Federación Rusa, aseguró que “no ha delegado atribuciones ni funciones y no ha autorizado ni ha facultado a la empresa  Helicentro Perú”.

Esta empresa peruana que tendría a su cargo el mantenimiento necesario para extender la vida útil de estas aeronaves no contaba con tecnologías, boletines o información técnica para mantenimiento y reparación de estos modelos de helicópteros, según lo especificado por el propio fabricante.

Para lograr que esta contratación directa pueda seguir su curso resultó necesario encontrar una justificación y, por ello, se ampararon en el estado de emergencia decretado a raíz de las intensas lluvias que azotaban diversas zonas del país para que este proceso que costaría casi cien millones de soles siga en marcha.

A esto se le suma otro dato alarmante debido a que la empresa Helicentro Perú, como organización de mantenimiento aprobada, no estaba habilitada para llevar a cabo el servicio de peso y balance del helicóptero, una tarea clave para garantizar la seguridad tanto de la aeronave como la de sus tripulantes.

La lista de irregularidades continúa con otro grave descubrimiento. Según la información recopilada por la Contraloría que Sudaca pudo revisar, Helicentro Perú recurrió a los servicios de terceros y, una vez más, se dejó de lado la participación del fabricante. En los documentos se puede leer que el mantenimiento de los extintores y tratamiento anticorrosivo no contó con la presencia de un representante del diseñador de la aeronave tal como estaba estipulado.

Como si lo expuesto hasta ahora fuese poco, a este caso incluso se le sumó un retraso en las fechas pactadas con la empresa Helicentro Perú que, como se establece en los contratos con el Estado, debía culminar en el cobro de una penalidad. Sin embargo, este monto que superaba los ocho millones de soles no fue aplicada.

LOS RESPONSABLES

Por supuesto, esta serie de decisiones desafortunadas han tenido nombre propio. Uno de ellos es el teniente Víctor Guevara Naupari. En su condición de jefe del órgano encargado de la contrataciones del servicio de material de guerra del Ejército fue quien invitó a la empresa Helicentro Perú a participar de la contratación directa pese a que no contaba con la autorización del fabricante.

A Guevara Naupari se le suman Carlos Monsalve y William Lozano, quienes como jefe del departamento de abastecimiento del servicio de material de guerra y jefe del servicio de material de guerra respectivamente emitieron el informe técnico que avalaba la contratación directa con la excusa del estado de emergencia por las lluvias.

En esta lista también figura el nombre de David Ojeda Parra. Según información que la Contraloría pudo constatar, el comandante general del Ejército del Perú había recibido una comunicación en la cual se especificaba que para extender la vida útil de los helicópteros era necesaria la participación del diseñador.

El documento de la Contraloría concluye señalando que esta inversión de casi cien millones de soles no asegura la ampliación de la vida útil de los helicópteros debido a las irregularidades que se observaron en este proceso desde el inicio y también se hace mención a la penalidad que inexplicablemente no se aplicó.

Esta historia marcada por la irresponsabilidad y los peligros a los que quedan expuestos sus integrantes demuestra que, contrario a lo que muchos piensan, quienes más daño le pueden hacer al Ejército del Perú son justamente quienes actualmente están involucrados en su labor diaria.

 

[INFORME] Dejando de lado las advertencias del propio fabricante y las directivas que ellos mismos establecieron, el Ejército del Perú buscó alargar la vida útil de sus helicópteros recurriendo a proveedores no autorizados.

Aunque el ámbito militar es, para muchos peruanos, la representación del patriotismo y su vocación es considerada una de las mayores muestras de compromiso con el país, las Fuerzas Armadas no han logrado permanecer a salvo de la improvisación e irresponsabilidad que afecta a tantos sectores del país.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a reveladores documentos que exponen graves irregularidades por parte del Ejército del Perú en la contratación de un servicio de mantenimiento a helicópteros militares. Desde labores encargadas a sectores ajeno a esas funciones hasta el desinterés por escuchar las advertencias del fabricante han formado parte de este escandaloso caso.

A QUIEN LE CORRESPONDA

En el mes de mayo del año 2023, el jefe de servicio de material de guerra del Ejército, William Lozano Flores, solicitó a Luis Carranza Vilahur, Comandante General de la Aviación del Ejército, que se elaboren los términos de referencia, un documento clave para los contratos en los cuales se especifican las exigencias del que brinda el servicio y el contratante, para que se realice el mantenimiento de helicópteros. Dicha tarea recaería en el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE).

Fue en esta instancia cuando ocurrieron las primeras irregularidades. Tal como se señala en el siguiente documento al que Sudaca tuvo acceso, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) tenía entre sus responsabilidades el planificar los requerimientos de insumos, repuestos y otras actividades que involucran lo que se considera como mantenimiento menor de las aeronaves.

Esto no significa otra cosa que la primera gran equivocación en esta historia. Pese a que las actividades de mantenimiento mayor no le correspondían al Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE), el comandante general Carranza Vilahur le encargó al BEMAE elaborar los documentos para la reparación general de cuatro helicópteros militares.

Los problemas no tardaron en aparecer y, aunque en los términos de referencia elaborados por el BEMAE se debía establecer que quien se encargue de este servicio de mantenimiento exhaustivo debía contar con un certificado emitido por el fabricante que los autorice a llevar a cabo dicha labor, esto sería algo que no terminaría ocurriendo.

Incluso, en los documentos que están en poder de la Contraloría, se puede leer que estos helicópteros modelo Mi-8MTV-1 debían recurrir a la National Aviation Service Company para el respectivo servicio de mantenimiento. Esto es señalado por el propio acuerdo de la Federación de Rusia con los estados extranjeros que adquirieron los helicópteros en cuestión.

LA VOZ AUTORIZADA

La propia National Aviation Service Company comunicó en mayo del 2023 al Comandante General del Ejército del Perú, David Ojeda Parra, que ellos eran los autorizados para realizar el servicio de mantenimiento postventa de estos helicópteros de fabricación rusa. Pero, además, aclaran que ninguna empresa peruana ha recibido permiso para llevar a cabo esta labor.

La comunicación proveniente de Rusia incluso va más allá y aclara que los fabricantes de estos helicópteros modelo Mi-8MTV-1 no tienen previsto otorgar permiso, autorización o certificado para que el mantenimiento a empresas peruana o de otros países para que puedan reparaciones o lo que se considera como mantenimiento mayor de los helicópteros.

Pese a estas advertencias realizadas por el propio fabricante  y que las directivas nacionales exigen certificación por parte del fabricante, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) decidió ignorarlas y en los términos de referencia para el mantenimiento de los helicópteros se limitó a exigir que quien brinde el servicio cuente con habilitación vigente por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La decisión final del Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) fue elaborar los términos de referencia para el mantenimiento mayor helicópteros Mi-8MTV-1 ignorando las recomendaciones nacionales e internacionales pese a que este servicio tenía como objetivo lograr que la vida útil de estos helicópteros militares se extienda por ocho años más.

Esta serie de decisiones que se tomaron pese a las contundentes advertencias de los principales involucrados no sólo despiertan dudas sobre las motivaciones detrás de un proceder irresponsable sino que ponen en alerta al personal del Ejército del Perú cuyas vidas podrían estar en riesgo por un trabajo que no se hizo de la manera que correspondía.

[ENTREVISTA] Integra una alianza política que busca abrirse paso entre los partidos tradicionales, ¿cómo presentaría a esta alianza?

Hemos decidido ser una alianza política llamada Venceremos con Voces del Pueblo, Unidad Popular, el movimiento del humanismo andino que lidera Germán Altamirano, Patria Roja y Dignidad Nacional. Esperamos ser la alianza de izquierda más estructurada para pasar a segunda vuelta y poder eliminar todos los problemas que ha generado la actual correlación de fuerzas que controla el Congreso.

Si hablamos de línea ideológica, ¿están más cerca del centro o un izquierdismo más puro?

Es una alianza nítidamente de izquierda. Diría que estamos más a la izquierda que todos los demás en el espectro político. Tenemos un conjunto de reformas claras para el país que tiene como propuesta madre lograr un acuerdo con las bancadas del próximo Congreso para, a través de un referéndum, ir a una asamblea constituyente y lograr una nueva constitución.

Con respecto a este cambio de constitución, ¿les preocupa un caso similar al de Chile donde ganó el referéndum y luego los procesos constituyentes no culminaron con el resultado esperado?

El nuevo senado y cámara de diputados van a responder a fuerzas que no serán las mismas que están actualmente mandando en el Congreso. Serán fuerzas nuevas y vamos a entrar en una lógica de acuerdo nacional para encaminar las cosas. La situación del Perú es completamente distinta a la de Chile. Lo que va a ocurrir es que las fuerzas de derecha van a tener un porcentaje importante, no como en Chile donde las fuerzas progresistas de izquierda coparon la constituyente y plantearon un esquema muy extremo que el resto de la sociedad no aceptó. Aquí lo que ocurrirá será un balance de fuerzas entre sectores nuevos de izquierda y derecha que van a pactar una constitución equilibrada muy parecida a la de 1979.

Usted dijo que Susana Villarán fue una gran decepción para la izquierda peruana, ¿considera que Pedro Castillo también lo fue?

Nosotros (Nuevo Perú) hicimos un acuerdo con Pedro Castillo y obviamente también toca asumir responsabilidades. Colaboramos con una postura que le permitió ganar las elecciones, tranquilizando los mercados, haciendo crecer la inversión privada, el PBI creció, gestionamos la finanzas públicas de manera ordenada y ejecutamos una reforma tributaria parcial que nos aprobó el Congreso. Él toma una decisión unilateral de retirar a todos los funcionarios de Nuevo Perú del gobierno en febrero del 2022 cuando nombra a Héctor Valer como premier y ahí se acaba el acuerdo. Consideramos que el intento de golpe de estado de Pedro Castillo fue un error que, además, ha permitido que Keiko (Fujimori) y la correlación que maneja el Congreso haya tomado el poder en el Ejecutivo.

¿Eso significaría que sí fue una decepción para lo que esperaba la izquierda con esta oportunidad en el poder?

Me parece que en los años que estuvo en la administración tuvo la oportunidad de emprender grandes reformas y no lo hizo. Por lo tanto, nosotros consideramos que el expresidente Castillo no implementó el plan de reformas que se requerían y, en ese sentido, parte de la ciudadanía de izquierda considera que no se ejecutaron esas reformas. Lo que ocurre después es que el Congreso destituye a Castillo de forma irregular y los que perdieron las elecciones toman el poder y al pueblo que votó a Pedro Castillo le quitaron su presidente.

¿Decir que les quitaron su presidente no es restarle gravedad a la intención de Pedro Castillo de dar un golpe de estado?

El expresidente Castillo intentó dar un golpe de estado en el contexto de un acoso político de la derecha liderada por Keiko que lo desestabiliza y él considera que, como lo iban a vacar, no le quedaba otra que hacer un intento de golpe de estado. Entonces, el intento de golpe de estado no está tipificado en el código penal y es por eso que consideramos que debería enfrentar su juicio en libertad. Hay que reconocer que el Congreso lo vacó de forma irregular porque no tenían los 105 votos requeridos para una vacancia exprés.

¿La decisión de Pedro Castillo no fue grave más allá de la actitud de los congresistas?

Nosotros sí pensamos que es un error grave el intento de golpe de estado y no estamos de acuerdo. Más allá de que lo podamos entender en el acoso político al que estaba sometido.

Cuando Nuevo Perú se acercó a Pedro Castillo, uno de sus principales detractores no fue alguien de derecha sino el propio líder de Perú Libre, ¿Vladimir Cerrón es un aliado o un enemigo de la izquierda?

Vladimir Cerrón es una persona que, por tener problemas con la justicia, ha hecho un pacto con Keiko Fujimori y los congresistas del fujimorismo, Podemos, Renovación Popular y APP porque muchos de ellos también tienen problemas con la justicia y han hecho un pacto pro impunidad. Perú Libre y Vladimir Cerrón se han pasado al lado oscuro. Han hecho un pacto explícito con el fujimorismo. Ahí están compartiendo la Mesa Directiva Waldemar Cerrón y Fernando Rospigliosi. Por lo tanto, de izquierda no les queda absolutamente nada. Cerrón pasó de dedicarse únicamente a presionar a Pedro Castillo para tener cargos a hacer un pacto con el lado más oscuro para enfrentar en mejores condiciones sus problemas con la justicia.

¿Por qué a la izquierda le está costando tanto figurar en encuestas?

No creo que las encuestas en este momento signifiquen algo. Insisto en que la población peruana no es tonta. Ellos han visto que los partidos que dominan el Congreso no sólo han hecho leyes pro crimen y pro impunidad sino que, además, han desbalanceado completamente la relación de poder del Ejecutivo con el Legislativo a favor del parlamento. Todas estas modificaciones legales y constitucionales van a tener que ser cambiadas y la sociedad sabe que este desastre va a tener que ser modificado por fuerzas distintas que hoy no aparecen en las encuestas pero son las que van a gobernar en los próximos años.

Si hay un repudio a estos partidos, ¿no le sorprende que otras alternativas no puedan posicionarse de manera más contundente a pocos meses de las elecciones?

Lo que pasa es que a pocos meses de las elecciones todavía es mucho tiempo. Un proceso electoral hay muchas cosas que pueden cambiar en poco tipo. Hoy nadie está tomando decisiones porque hay una extrema desafección política y eso hace que las encuestas de hoy sean las que menos funcionan. Las encuestas no significan nada, solo están recogiendo la recordatoria de marcas de partidos conocidos. Cuando falte mucho menos tiempo nos vamos a dar cuenta cómo están las cosas. En este momento, las encuestas son una foto que no dice nada.

¿Qué hacen como alianza para acercarse a esta gente que hoy ve a los políticos con desconfianza?

Nosotros tenemos un proceso democrático interno por concluir. Este fin de semana vamos a tener un cónclave para definir las dos planchas democráticas que tenemos. En nuestro caso, estamos trabajando bajo el liderazgo de Vicente Alanoca veintiséis líneas de acción que son como 260 propuestas. En los próximos días van a ver un cambio importante en la forma como nos aproximamos a todos los segmentos de la sociedad civil para convencerlos que no sólo tienen que votar por fuerzas distintas para derogar todas las leyes que nunca debieron haberse dado sino que también tenemos un conjunto de propuestas que van a permitir resolver los problemas principales del país.

Su alianza política también incluye a Guillermo Bermejo, quien actualmente se encuentra preso, ¿no es un problema para la izquierda tratar de buscar el voto cargando con la imagen de personajes con problemas legales en desarrollo?

Aquí hay una intención de resucitar a Sendero Luminoso, como hacen cuando hay elecciones. Lo que ocurre es que hay poderes económicos y políticos que interfieren con una parte del Poder Judicial y están sacando de carrera a un montón de candidatos. Más allá de estar convencido que es inocente, porque Sendero Luminoso ya no existe, es un intento de sacar de carrera a un candidato de izquierda que ya aparecía en las encuestas. Así como han sacado a Martín Vizcarra y Salvador del Solar. Está clarísimos que, si eres de izquierda, centrista o no estás aliado a la coalición mafiosa del Congreso, te sacan de carrera.

Algunos sectores de derecha señalan a la izquierda como enemigos del sector privado, ¿a qué relación aspiran en su agrupación política con este sector?

El sector privado es muy importante. Lo que determina la curva de crecimiento a largo plazo de un país y su economía es la inversión privada. Por lo que aspiramos a que la inversión privada fluya. A las empresas no las vamos a cargar con mayores cargas impositivas simplemente vamos a hacer el esfuerzo para que paguen lo que corresponde. Además, vamos a eliminar la exoneraciones tributarias porque los grandes empresarios, como los agroexportadores, deben entender que tiene que contribuir igual que todos. Cuál es la razón para que uno de los sectores más rentables de la economía peruana tengan que pagar la mitad del impuesto a la renta. Se van a derogar todas las exoneraciones dadas desde el 2023 en adelante que nos cuestan 27 mil millones de soles al año.

¿Cómo planean enfrentar el que hoy aparece con el gran problema del Perú que es la delincuencia?

Sectores del poder político y económico tienen problemas con la justicia y por ello han hecho leyes pro crimen, pro impunidad y pro corrupción. No es que la policía no tenga información sobre las bandas de extorsionadores o donde están las dragas de la minería legal. El problema es que tenemos un poder político que no quiere enfrentar esa situación y ha creado un marco legal que favorece todas estas actividades. Los causantes de esta situación, que no quieren entrar en un enfrentamiento abierto con las economías ilegales, están inventando que esto se va a resolver con pena de muerte. Se tienen que derogar las normas que están limitando al Ministerio Público para las investigaciones y se encaminará metiéndole más recursos a las fiscalías especializadas en el crimen organizado que debieron tener mucho más financiamiento.

¿Esta alianza de izquierda que integra Nuevo Perú seguirá defendiendo los ideales progresistas que tenían como bandera cuando Verónika Mendoza fue candidata?

Todos los temas respecto a la diversidad y equidad están claramente planteados en nuestro programa de veintiséis líneas de acción. Nosotros somos izquierdistas, somos igualitarios. Todas las personas deben tener los mismos derechos y mismas responsabilidades. Nosotros estamos claros en que mantenemos nuestra postura contra todo tipo de discriminación y contra los grandes males como el machismo y la homofobia. Hay niños que se suicidan por el bullying como consecuencia de la homofobia de padres y niños en los colegios, y son temas que tenemos que resolver.

[ENTREVISTA] Fernán Altuve es una de las figuras de la política peruana que intentará ser protagonista en las elecciones del 2026. Como parte de la plancha presidencial de Phillip Butters, el reconocido abogado dialogó con Sudaca sobre las polémicas del precandidato al que considera un amigo de hace décadas, sus propias ideas conservadoras y las nuevas estrategias de la política nacional.

¿Que encontró en Avanza País que lo sedujo para emprender esta aventura política con ellos?

Lo más importante es que es una organización política que funciona y no tiene un marco de imposición ideológica sino que permite que las personas se desenvuelvan de una manera autónoma. Es un partido que respeta la libertad y forma de pensar dentro de su propia organización.

¿Se sintió representado por la labor parlamentaria de los congresistas Patricia Chirinos, Alejandro Cavero y Adriana Tudela?

Yo no hablo de personas sino de las posiciones que he tenido. Hasta antes de mi inscripción en el partido he sido enormemente crítico con el parlamento en su conjunto independientemente de las bancadas que han estado ahí. Por lo tanto, esas críticas no las voy a dejar de tener. Si hay parlamentarios que han tomado decisiones que no he compartido, ellos son responsables ante sus electores.

¿Al unirse a Avanza País no considera importante el sentirse representado por el accionar del partido y su bancada?

En absoluto. El voto preferencial hace que los elegidos sean los que han marcado los electores. El partido hizo una propuesta donde había un conjunto de personas y los ciudadanos eligieron esos parlamentarios dentro del partido. Por lo tanto, la responsabilidad del partido queda enormemente reducida. Esa es la perversidad del voto preferencial. Disminuye la capacidad de representación del partido, porque ellos han sido elegidos por la ciudadanía.

¿Cómo analiza las divisiones que hay entre las diversas alternativas de derecha?

Dije desde el año 2021 que había que fomentar una unión, pero lamentablemente han primado los personalismos. No ha habido posibilidad de evitarlo.

Pese a las diferencias actuales, ¿partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular podrían ser aliados de Avanza País en un futuro?

Uno tiene que ver cuáles son los resultados de las elecciones y ese escenario determinará cuáles son los pasos a seguir. Yo la política no la veo como odio a las personas y no encontrará en mi actuar un insulto personal. No pienso que mi comportamiento en la política está dado por mi simpatía o antipatía. Somos profesionales y tenemos que trabajar con lo que el pueblo escoja en el Legislativo y Ejecutivo. Si hay otras organizaciones que están preparadas para esa actividad madura, no lo sé y eso lo dirá el tiempo.

«Su tendencia hacia la extrema derecha es preocupante», dijo sobre Rafael López Aliaga. ¿En qué se diferencia Avanza País de las ideas de esa otra agrupación política que dice levantar las banderas conservadoras, derechistas y patrióticas?

Unos le damos más importancia a las libertades de las personas a decidir y entablar diálogo con otras fuerzas aunque nosotros no seamos compatibles en lo ideológicos. Hay grupos que, más allá de las ideas, tienen el comportamiento de distanciarse de todos, aislarse y reaccionar ante los demás de manera agresiva, violenta, belicosa e insultante. Eso se va a reflejar en acciones políticas.

Usted ha dicho que Phillip Butters defiende a la familia, ¿en qué consiste exactamente defender a la familia?

Tiene que haber, en un país donde no hay organismos de seguridad social sólidos, apoyos directos a las familias para que sean un espacio de cobertura social. La gente pobre en las zonas marginales de Lima o zonas rurales altoandinas no tiene presencia del orden público tiene a la familia a la cual recurre. Hay que buscar programas para que las familias sean un instrumento para asistir a esas personas en estado de vulnerabilidad.

¿En qué consistirían esos programas?

Cuando vea el plan de gobierno verá los planes que están incluidos ahí.

También describió a Phillip Butters como un representante de los sentimientos patrióticos. Sin embargo, semanas atrás lo vimos ser repudiado en su visita al sur. ¿Es Butters un candidato patriótico para Lima o para todo el país?

Si digo que es patriótico, la patria no se reduce a Lima.

¿Por qué cree que en el sur se vio ese tipo de respuesta?

Los incidentes ocurrieron en Juliaca en torno a una radio donde se preparó una situación armada para perjudicar su voluntad de opinar libremente sobre lo que debía pasar en Puno y cambiar la estructura de poder que hay en la región altiplánica que es Puno, donde hay un sistema de control hegemónico de los sectores de izquierda.

¿Fue por ese motivo y no por sus declaraciones sobre las víctimas de la represión?

Absolutamente. Eso no tiene nada que ver.

¿No considera que esas expresiones pudieron generar molestia y dolor en las personas de Juliaca?

A mí me dicen cosas horribles todos los días y no me llevan a que le pegue a nadie. Me dicen barbaridades hace veintisiete años y no le tiro piedras a nadie. Entonces, si yo no hago eso porque no tengo derecho a hacerlo, quién tiene derecho a convertir su incomodidad, si usted le quiere llamar dolor, en un acto violento. Eso rompe toda convivencia pacífica. Eso no es aceptable como idea ni justificación.

¿Pero no estamos hablando de personas que vieron morir a sus familiares y conocidos?

¿Usted considera que hay una justificación para la violencia? Muchísimas personas hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas y familias. He tenido alumnos que han muerto en la guerra subversiva y eso no me hace actuar de una manera violenta hacia los otros. Las palabras y los dolores no se legitiman actuando violentamente. Si eso no lo ponemos como premisa, entonces estamos tolerando que haya comportamientos como los de Puno.

Hace un momento mencionaba que ha recibido insultos, ¿considera que insultos en redes sociales están al mismo nivel que el caso de personas que han perdido la vida?

Le estoy planteando el caso de personas que he conocido que han perdido la vida y eso no me lleva a actuar violentamente.

Pero estas personas que han perdido la vida…

Lo lamento muchísimo. Pero eso no justifica. Porque bajo ese criterio vamos a justificar el ojo por ojo y la venganza eterna. Bajo ese criterio usted está diciendo que hay dolores superiores que permiten o justifican la violencia. Ningún dolor, ninguna pena o tristeza por muy grave que sea justifica que usted pase de su legítimo sentimiento a la acción violenta. Porque si no está legitimando lo que pasó con la represión en la época de los militares cuando ellos veían morir a sus compañeros y actuaban.

¿Phillip Butters debió tener autocrítica por sus declaraciones?

¿Usted le pide autocrítica a las personas que han ido a tirar piedras? Porque el señor Butters, en caso hipotético, debería tener autocrítica de palabras.

Se está viendo que algunas agrupaciones políticas tienen la intención de incluir en sus listas de candidatos al Congreso a personajes de la farándula peruana. Como persona con mucha experiencia en la política peruana, ¿qué opina ante esta tendencia?

El problema no es el tema de la farandulización sino el desconocimiento. Es un fenómeno que ha ocurrido en donde no es culpable la prensa pero implica a la prensa. La prensa ha perdido capacidad de llegada al público. Si los partidos se comunicaban a través de las vías de la prensa política y la prensa ha dejado de ser un referente para la opinión pública, ¿a dónde miran los partidos? A las personas que sí son referentes para hacerse conocidos. Obviamente, ante la devaluación de los políticos, lo que ha ocurrido es la revaluación de las figuras públicas no políticas. Entonces, los partidos para poder hacerse conocidos en sus propuestas buscan ese tipo de figuras para que los ayuden. Es un fenómeno natural.

Entonces, ¿usted respalda que Avanza País considere a Génesis Tapia como candidata al Congreso?

No respaldo ni dejo de respaldar porque no he participado en la organización de listas. Si se ha tomado esa decisión, habrá sido por algo.

¿Pero cuál es su opinión?

Mi opinión está vinculada a la militancia partidaria que tengo. No puedo tener una opinión sobre actos o decisiones del partido diferente a la del partido.

A Phillip Butters se le ha cuestionado mucho por sus declaraciones sobre personas homosexuales, ¿qué podría decir usted con respecto a la situación de la comunidad LGTBI?

Que es una minoría que tiene los derechos legítimos a ser respetados.

¿Actualmente tienen los derechos que les corresponden?

Tienen todos los derechos de ciudadanos. ¿Qué derechos no tienen?

¿El matrimonio igualitario?

Eso no es un derecho.

¿No deberían poder casarse sin importar su orientación sexual?

El matrimonio es entre varón y mujer. Esa es la naturaleza jurídica.

¿Cómo se explica que en otros países sí exista la figura de matrimonio igualitario?

Que otros países destruyan su orden jurídico es problema de ellos. Yo soy abogado y le digo que la finalidad de un matrimonio es la procreación de la prole. Si hay países que quieren hacer interpretaciones o creaciones, cada país hace lo que le parezca. Yo respeto el derecho natural como viene del derecho romano.

Si una pareja heterosexual se quisiera casar pero no quiere o no puede tener hijos, ¿se le debería negar el derecho al matrimonio?

Esas son excepciones. La finalidad del matrimonio como se concibió es la procreación. Si hay personas que deciden no hacerlo es un acto voluntario. Pero la naturaleza de la institución es esa. Si lo que vamos a ir creando es normas por excepción, se va a desnaturalizar la institución.

¿En qué se perjudicaría al país si se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo?

No estoy diciendo que se perjudique o no. Me pregunta por los derechos y le digo que los ciudadanos peruanos tienen todos los derechos. Las personas que tienen una orientación determinada pueden cumplir con la institución de matrimonio como es su naturaleza.

¿Usted también se opone al enfoque de género o que se hable de diversidad sexual en las instituciones educativas?

Yo soy muy claro. La ideología de género, como cualquier otra ideología, no tiene cabida en la educación. No se debe enseñar ideología ultraderechista, ultraizquierdista o ultramarxista.

¿La homosexualidad es una ideología?

La considero ideología de género.

¿Se arrepiente de haber sido abogado de Odebrecht?

No

En una entrevista con La República señaló que sigue siendo amigo de Juan Luis Cipriani. ¿No considera que es contradictorio hablar de defensa de la familia mientras se mantiene un vínculo con un personaje sobre el cual pesa una acusación tan seria?

Usted puede criticar lo que desee. Si uno tiene una amistad con una persona, esa persona puede equivocarse o acertar en la vida. Si ha acertado en la vida y está investigado, es una víctima. Si ha cometido el error del que se le imputa, a los amigos hay que acompañarlos en sus dificultades sin decir que son inocentes u omitir la falta que hayan cometido. Si él ha actuado mal, hay que estar con él y con su familia para que corrija y mejore.

Hoy el Perú vive una crisis de seguridad muy grave y muchos candidatos señalan que la forma de combatirlo es dejando de lado los derechos humanos, ¿la solución de Avanza País va por ese rumbo?

Por lo que tengo entendido, el fomento a la inteligencia y acciones de inteligencia. La lección de la guerra terrorista de los ochenta y noventa es que, ante retos graves, la inteligencia lo que hace es dar golpes efectivos y eficientes en los puntos neurálgicos del problema de seguridad.

¿A qué tipo de relación aspira Avanza País con el sector empresarial?

Lo más importante es dejarlos trabajar. Que el gobierno deje trabajar al empresariado y que este actúe con plena libertad sin restricciones burocráticas o administrativas. Ni que lo favorezca sobre la libertad económica, porque todos deben recibir las mismas oportunidades, pero que tampoco le ponga obstáculos ni barreras que impidan su trabajo. El sector empresarial tiene todo el respeto y toda la consideración, pero el gobierno ni es muleta para los que no pueden prosperar por sí solos ni debe ser un obstáculo para que la gente prospere de manera libre.

¿Comparte esa visión de un Estado reducido y la posibilidad de eliminar ministerios?

En el plan de gobierno de Avanza País se está estudiando la reducción de ministerios para lograr una simplificación administrativa y una reducción presupuestal, porque el Estado ha crecido en los últimos años de una manera desproporcionada. Hay un déficit fiscal que hay que cerrar rápidamente.

¿Cuáles son esos ministerios que podrían ser prescindibles?

No puedo decir eso, porque depende del plan de gobierno que lo están estudiando y todavía no se ha presentado. Es importante señalar que no es una supresión sino una concentración de ministerios. Las áreas que esos ministerios están atendiendo no van a dejar de ser atendidos y el personal que trabaja en esos ministerios no va a ser despedido sino racionalizado para hacer un mejor trabajo.

¿Usted está trabajando en dicho plan de gobierno?

Sí, soy parte del equipo, pero no puedo darle una información que no ha sido concluida.

¿Cuál es su postura ante el conflicto con el precandidato César Combina?

El señor Combina es amigo mío. Le tengo mucho aprecio. No sabía que quería ser precandidato. Él me dijo que quería ser candidato a la alcaldía de San Isidro. Me sorprendió su precandidatura. No sé si se ha llegado a inscribir formalmente. Él declara cosas a la prensa pero no son cosas que se condigan con las inscripciones. Ha habido mucha declaración mediática y poca acción.

En los últimos años se ha visto casos como el de Pedro Castillo con Dina Boluarte o el de Pablo Kuczynski con Martín Vizcarra en los que se observa que el presidente y vicepresidente eran muy distintos. ¿Cómo describiría su relación con Phillip Butters?

Nosotros tenemos treinta y cinco años de amistad y conversamos semanalmente hace treinta y cinco años. Hay una relación fluida e integrada. Él con sus opiniones y yo con las mías. Al final de cuentas se decide lo que el candidato presidencial determina, pero yo doy mis opiniones a favor o en contra de la manera más respetuosa y soy acogido, atendido y escuchado.

 

[INFORME] Un empresario que fue condenado reconoció haberla sobornado para obtener una sentencia favorable y evidencias conseguidas por la DIVIAC la comprometen seriamente. Sin embargo, hasta la fecha, la jueza Roxana Becerra sigue sin sanción alguna.

En las últimas semanas, Sudaca dio a conocer impactantes detalles sobre el caso de Aniceto Argüelles y su empresa Industrias Argüelles que han expuesto las estrategias que algunos personajes condenados pueden utilizar para intentar evadir los filtros creados para evitar que quienes han incurrido en un delito puedan acceder a contratos con el sector público.

Sin embargo, esta historia tiene más de un protagonista y no todos están respondiendo por sus acciones al margen de la ley. En este informe, Sudaca ha podido enfocarse en la participación de una persona que debería defender la justicia y, por el contrario, estuvo pactando para posicionarse en favor de ciertos intereses.

 

EL CASO ARGÜELLES

Como se ha contado anteriormente, Aniceto Argüelles fue un nombre que saltó a diversos titulares periodísticos este año cuando confesó, como parte de una estrategia legal que buscaba salvarlo de una condena mayor, que había intentado sobornar a una jueza para que accione en favor de sus intereses.

Este caso que involucraba una documentos falsificados para concretar la venta de terrenos comunales a Industrias Argüelles  culminó este año 2025 con el empresario siendo condenado a cuatro años y dos meses de prisión suspendida y obligado a pagar una reparación civil de veinte mil soles.

No obstante, hay una persona más que, por ahora, parece haber escapado de la justicia pese a que tuvo un rol muy comprometido en esta historia y que existen pruebas contundentes sobre su participación en este intento de dejar de lado el objetivo que debería perseguir la justicia y ponerle un precio a su decisión.

MAGISTRADA BECERRA

La protagonista de este capítulo es la jueza Roxana Elizabeth Becerra Urbina, quien se ha venido desempeñando en el Juzgado Mixto de la provincia de Canta, Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Becerra Urbina es la pieza de la historia que, por ahora, había pasado desapercibida en el caso Argüelles. Según fuentes consultadas por Sudaca, el intento de Argüelles por comprar a la justicia encontró en Roxana Becerra a una representante de la justicia dispuesta a colaborar con sus intereses.

Acorde a la confesión del propio Argüelles, el empresario había coordinado con  una persona de su entera confianza, que fue identificada como Silvio Muñoz, para que, a cambio de una sentencia favorable, este le compre terrenos que le pertenecían a ella y su familia a precios inflados.

La información que se ha podido conocer expone que la primera compra se produjo en el año 2019 por el monto de S/ 533,703.09. Previamente, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) pudo hacerle seguimiento a numerosos encuentros en restaurantes entre la jueza Becerra, Argüelles y personas de su círculo de confianza en los cuales se habrían acordado estas compras irregulares.

Sin embargo, pese a que estos hechos tuvieron lugar en el año 2019 y la investigación preparatoria terminó en marzo de este año, hasta la fecha, la jueza Becerra Urbina ha permanecido impune en este caso que la involucra y, recién a finales de septiembre, se ha conocido que la Junta Nacional de Justicia inició una investigación que podría culminar con su destitución.

Una frase conocida en el ambiente de los abogados señala que «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía» y que el caso de la magistrada Roxana Becerra permanezca como un asunto pendiente sólo refuerza la sensación que existe una falta de interés por sancionar a aquellos miembros que le ponen la justicia al servicio de quienes más dinero tienen.

[INFORME] Pese a que no lo pudo lograr mediante un proceso electoral, la renuncia de Rafael López Aliaga le permitió a Renzo Reggiardo cumplir su viejo anhelo de ser alcalde de Lima. Sin embargo, en sus primeros días de gestión parece haber priorizado darle trabajo a sus conocidos.

Aunque tiempo atrás había descartado la posibilidad, el deseo de Rafael López Aliaga de llegar a Palacio de Gobierno terminó pesando más y, en las primeras semanas del pasado mes de octubre, el burgomaestre oficializó su salida de la alcaldía para poder enfocarse a tiempo completo en su campaña política con miras a las elecciones del 2026.

Esta salida prematura, aunque podía ser cuestionable, no estaba fuera de lo permitido y, por lo tanto, se sabía que el sillón municipal tenía un sucesor. Esta persona sería Renzo Andrés Reggiardo Barreto, quien se venía desempeñando como teniente alcalde del ahora candidato presidencial de Renovación Popular y había intentado sin éxito llegar a la alcaldía en elecciones pasadas.

Sin embargo, pareciera que, así como Rafael López Aliaga fue severamente cuestionado por sus acciones como alcalde, el nuevo ocupante del Palacio Municipal estaría utilizando su turno para seguir dándole trabajo a personajes de su círculo personal. Sudaca pudo revisar algunas de las primeras designaciones de Reggiardo Barreto como alcalde y encontró algunos nombres interesantes.

SOCIOS DE LA VIDA

Renzo Reggiardo parece haber llegado a la alcaldía de Lima con una agenda propia, aunque esta tendría algunos beneficiados muy particulares. En las últimas semanas del mes pasado, el actual encargado del despacho municipal designó a Juan Carlos Valderrama Cueva como el nuevo presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.

Juan Valderrama puede ser un nombre desconocido para la mayoría de peruanos, pero registra un pasado muy cercano al alcalde Reggiardo. Según la información que pudo revisar Sudaca, este personaje, que ha sido una de las primeras designaciones de Reggiardo en su nuevo cargo, estuvo afiliado a Perú Patria Segura, el partido que manejaba el teniente alcalde de López Aliaga.

La cercanía entre Renzo Reggiardo y Juan Carlos Valderrama fue tal que este último no sólo fue un afiliado de su agrupación política sino que también actuó como representante de la asociación Liga Peruana de Lucha Contra el Crimen, la ONG que fundó el actual alcalde de Lima y que también se relaciona con su programa de televisión “Alto al Crimen”.

QUÉ TALES ANTECEDENTES

Con tan sólo unos días en el cargo, más precisamente el 22 de octubre, el nuevo alcalde de Lima designó al vicepresidente del comité directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET). Renzo Reggiardo optó por Pedro Martín Sagástegui Bardales para ocupar dicho cargo.


Esta designación no sería noticia de no ser porque Sagastegui Bardales no es un simple funcionario de la Municipalidad de Lima sino que se trataría de un personaje muy cercano al círculo personal del ahora alcalde Reggiardo. La siguiente imagen se muestra al nuevo vicepresidente del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) compartiendo con el nuevo burgomaestre limeño.

Esta cercanía no sólo le habría permitido acercarse a la actual gestión a cargo de la Municipalidad de Lima sino que podría haber servido para que se pase por alto un grave episodio en el que estuvo involucrado anteriormente Pedro Sagastegui. En junio del año 2023, el portal Lima Gris sacó a la luz un grave caso de atropello y abandono de víctima que tenía como protagonista a la flamante designación hecha por Reggiardo.

En el documento que se expuso, el nombre de Pedro Sagastegui no sólo figura como responsable de haber atropellado y abandonado el lugar del accidente sino que también detalla que este personaje fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad por sus acciones.

Al ser consultado por este caso, Rafael López Aliaga, quien había intentado incluir a Sagastegui Bardales desde el primer día que llegó a la Municipalidad de Lima y también con un cargo en el Fondo Metropolitano de Inversiones, había señalado que esta persona había renunciado al cargo.

Pero esta no fue el único hecho cuestionable que tiene como protagonista a Pedro Martín Sagastegui Bardales. A inicios de año 2024, Sudaca publicó un informe titulado UNA REALIDAD QUE SUPERA LOS HORRORES DE UNA HISTORIA DE TERROR en el cual se detalla el dramático caso de una mujer de más de ochenta años que se vio en la disputa de una propiedad con su hija.

En este caso, Pedro Sagastegui actuó como abogado de esta mujer pese a que existía un evidente conflicto de intereses debido a que su estudio de abogados también estaba representando a la otra parte que estaba en disputa y terminó siendo favorecida. “He estado muchos años confiando en ese abogado Pedro Martín Sagástegui Bardales, pero también fue otro arreglo mafioso”, declaró María Victoria Márquez Alcalde a Sudaca en enero del 2024 y agregó “el estudio del señor Sagastegui, que supuestamente me defendió, me sacó como cincuenta mil soles”.

Sin embargo, con la llegada al poder de Reggiardo Barreto, las puertas de la Municipalidad de Lima se volvieron a abrir para Pedro Sagastegui Bardales. Cabe señalar que, tal como ocurrió en el caso de Valderrama Cueva, Sagastegui también estuvo afiliado a Perú Patria Segura, el partido que le pertenecía al actual alcalde de Lima.

La gestión de Renzo Reggiardo lleva pocos días en funciones. Sin embargo, este tipo de designaciones invita a creer que este paso por la Municipalidad de Lima priorizará a los amigos del burgomaestre en lugar de ir en búsqueda de las personas idóneas para una ciudad de Lima que parece cada vez más distante de esa promesa de ser potencial mundial.

[INFORME] Este año, Aniceto Argüelles reconoció su intento de sobornar a una jueza para que favorezca sus intereses. Sudaca pudo conocer los detalles detrás de su ilícito accionar.

Aunque Industrias Argüelles y su fundador intentaron mediante todas las estrategias posibles ocultar el capítulo más polémico de sus historia para poder seguir participando de millonarias licitaciones públicas, ese reprochable accionar del pasado los sigue persiguiendo y los casos en los que se vieron involucrados siguen en desarrollo.

Sudaca pudo revisar los detalles que figuran en el historial de este caso que, sorprendentemente, sigue esperando que se realice la acusación pese a que la investigación preparatoria culminó en el mes de marzo del presente año y hasta la fecha esto no ha ocurrido.

LA HISTORIA DEL SOBORNO

Para entender este caso es necesario regresar a un hecho que ocurrió aproximadamente diez años atrás cuando Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien se desempeñaba como presidente de la Comunidad Campesina de Quipán, recibió una grave acusación por la venta fraudulenta de diez mil hectáreas de terrenos comunales a la empresa de Aniceto Elvis Argüelles Loayza.

En esta venta, que claramente no se había concretado haciendo uso de los procedimientos lícitos, se hizo uso de un acta de asamblea comunal falsificada y fue por ello que Abel Cruz Mosquera Ortiz vio su nombre en una denuncia penal ante el Juzgado Mixto de Canta por la jueza Roxana Becerra.

Al encontrarse ante esta situación, Aniceto Argüelles Loayza intentó ayudar a Mosquera Ortiz en el problema que lo involucraba. Sin embargo, esta ayuda tampoco iría por el camino de lo legal sino que intentaría, como el propio Argüelles confeso, sobornar a la jueza Roxana Becerra para obtener una sentencia favorable.

Los sobornos se terminarían realizando mediante la compra de terrenos que le pertenecían a Becerra a cambio de cifras que estaban muy por encima del precio del mercado y, como se señaló en la sentencia a Argüelles, estas operaciones incluyeron a varias personas que actuaron como testaferros.

LA RUTA DEL DINERO DE ARGÜELLES

El testimonio del propio Aniceto Elvis Argüelles Loayza detalla que la estrategia para sobornar a la jueza involucraba la compra de terrenos que le pertenecían a Becerra y su familia. Por supuesto, estas compras también incluían pagos que evidenciaban un caso de precios muy inflados.

Una de estas compras ocurre en noviembre del año 2019. En aquella oportunidad, Becerra le vente a un familiar de Argüelles acciones y derechos de un terreno ubicado en Canta por el monto de S/ 533,703.09, una cantidad de dinero que la Fiscalía terminaría catalogando como “muy superior al valor real”.

Pero esta no sería la única operación que involucra a Argüelles y su entorno con la jueza Becerra. También durante el mes de noviembre del 2019, Silvio Muñoz Villanueva, quien es considerado en este caso como un operador de Aniceto Argüelles, adquiere una propiedad que también se ubicaba en Canta y le pertenecía al entorno de la jueza.

Estas situaciones fueron descubiertas durante un cuidadoso operativo realizado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) a lo largo de varios meses. En él se descubrió que a finales de abril del 2019 se registró una reunión que tuvo lugar en un restaurante de San Martín de Porres entre la jueza Becerra, una persona cercana a ella identificada como Ricardo Quispe Medrano, Aniceto Argüelles y su operador Silvio Muñoz.

Mientras que, durante julio del mismo año, se llevaron a cabo nuevos encuentros en el mismo restaurante de San Martín de Porres y en otro local ubicado en el Centro de Lima. En esta oportunidad, las reuniones no involucraban directamente a Aniceto Argüelles pero sí a quien fue señalado como su operador, Silvio Muñoz, a la jueza Becerra y a Quispe Medrano.

A ello se le han sumado llamadas a las que tuvieron acceso las autoridades y ponen al descubierto los vínculos entre Becerra y el entorno de Argüelles. Sin embargo, pese a lo contundente de estas pruebas, hasta la fecha no se ha procedido con la acusación correspondiente.

 

[INFORME] La vapuleada imagen del Congreso de la República ha sufrido un nuevo revés tras las escandalosas imágenes de la congresista Lucinda Vásquez. La noche del domingo, el dominical “Cuarto Poder” sacó a luz material gráfico en el cual se observa que la parlamentaria utiliza a uno de sus asesores para que le corte las uñas de los pies en su despacho parlamentario.

No conforme con ello, Vásquez, quien obtuvo su lugar en el hemiciclo de la mano de Perú Libre, también estaría utilizando a los asesores, cuyos salarios salen del erario público, para que realicen tareas ajenas a la labor parlamentaria, como cocinar en la vivienda de la congresista.

EN MANOS DE LA COMISIÓN DE ÉTICA

“Espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista. Es una humillación para trabajadores del Congreso ser empleados en este tipo de menesteres”, indicó esta mañana Fernando Rospigliosi ante los medios de comunicación al ser consultado por el caso de su colega. El titular de la Mesa Directiva también catalogó como “repudiable” y “digno de muchas críticas” el accionar de la parlamentaria.

Por otro lado, el parlamentario Roberto Sánchez, quien integra junto a Lucinda Vásquez la bancada  formada  por Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial, solicitó que se realice una investigación al respecto para determinar “cuándo y cómo ocurrieron” las situaciones observadas en las imágenes.

No obstante, el congresista catalogó la situación como “indefendible” y, aunque señaló que Vásquez requiere asistencia por un tema relacionado con su salud, indicó que “eso debe mantenerse en el ámbito privado” y no involucrando a quienes trabajan en su despacho debido a que su funciones son otras.

EXTRAÑAS REPERCUSIONES

Otro de los congresistas que se pronunció ante este caso fue Alfredo Azurín, quien pidió que sea sancionada Vásquez por estas acciones. “Tengo vergüenza ajena. Pido disculpas por lo que viene pasando en el Congreso. Tenemos que asumir nuestro perfil como congresistas”, indicó el congresista a Canal N.

Pero el integrante de la bancada de Somos Perú causó sorpresa al pedir que Lucinda Vásquez no sea la única sancionada por la situación que el programa periodístico dio a conocer. El parlamentario Azurín comentó este lunes que los asesores también debían ser sancionados por “permitir que pase eso”.

Con un Congreso cuya aprobación se mantiene en niveles extremadamente bajos, el caso de Lucinda Vásquez ha llevado a que también existas posturas que intentan evitar que las acciones de esta legisladora impacten negativamente en la imagen del Legislativo y todos sus integrantes.

Por ello, mediante sus redes sociales, el congresista Alejandro Muñante señaló que criticar al Congreso por esta situación es “un análisis flojo” y “deliberadamente malintencionado”. El integrante de Renovación Popular también señaló que “la verdadera decadencia” es de la izquierda.

Al ser consultada por el equipo periodístico de “Cuarto Poder” por qué razón obligaba a sus asesores a realizar estas labores, la congresista Vásquez negó la imágnes, dijo no poder contestar y, ante la insistencia del periodista, sólo atinó a responder “¿cómo sabe que los obligo”.

[INFORME] En sus primeros días, el gobierno de José Jerí recicló a varios exfuncionarios del cuestionado gobierno de Dina Boluarte. Incluso personajes que fueron despedidos de forma vergonzosa han encontrado puestos en los nuevos ministerios.

Este miércoles, el primer gabinete del gobierno de José Jerí se presentó en el Congreso para solicitar el voto de confianza y, aunque algunas de las bancadas que integran el hemiciclo se han mostrado críticas con el Ejecutivo, se terminaron por confirmar los rumores que indicaban que el gabinete liderado por Ernesto Álvarez recibiría el respaldo de los parlamentarios.

Apoyado en una agresiva estrategia de comunicación que muestra a Jerí Oré realizando presencias en diversos operativos, el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno ha intentado marcar distancias con Dina Boluarte y mostrar que son una gestión que está trabajando y pendiente de cada detalle.

Sin embargo, pese a que sus ministros llevan pocos días en el cargo, se ha podido evidenciar lo que se podría catalogar como un plan de reciclaje. Sudaca ha detectado numerosas designaciones de asesores y funcionarios que estuvieron durante el cuestionado gobierno de Dina Boluarte y ahora repiten el plato.

LOS CONVOCADOS DEL GOBIERNO

La semana pasada, el presidente Jerí presentó ante los peruanos a los integrantes del primer gabinete de su gobierno. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el elegido para estar al frente fue Walter Martínez Laura y, como suele ocurrir, en sus primeros días a cargo de este ministerio designó a nuevos funcionarios en el cargo de confianza.

Uno de los primeros en ser elegidos por el nuevo titular de Justicia fue Magno Abraham García Chávarri. En sus primeras horas como ministro, Martínez Laura designó a García Chávarri como en el cargo de confianza de asesor y jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Pero esta no sería la primera vez que Magno García está en un cargo de confianza. Durante el gobierno de Dina Boluarte, Magno Abraham García Chávarri fue uno de los funcionarios de confianza de Eduardo Arana cuando este estuvo a cargo del Ministerio de Justicia antes de convertirse en premier.

Otro de estos convocados  por el ministro Walter Martínez para ocupar un puesto como asesor del despacho ministerial fue Óscar Enrique Malca Naranjo, quien también ocupará un lugar en el consejo directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).

Esta designación podría pasar desapercibida de no ser porque los antecedentes más resaltantes de Malca Naranjo no han sido los mejores. En el año 2018, cuando trabajaba como funcionario de confianza para el Gobierno Regional de Ica en el cargo de gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el nuevo asesor del despacho ministerial fue despedido y recibió duros cuestionamientos por parte del entonces gobernador Fernando Cillóniz.

“Llegan tarde, son inoperantes e indolentes” y “salen con cada explicación ridícula peor que la otra respecto a la demora en la adjudicación” fueron algunos comentarios que realizó Cillóniz en aquella oportunidad a Diario Correo sobre el despido de Malca y otros cinco funcionarios que estaban involucrados  en la ejecución de la doble vía Ica – Salas Guadalupe y una fallida licitación de una obra de asfaltado.

Pero esto no fue lo más grave sobre su paso por el Gobierno Regional de Ica. La Contraloría detectó irregularidades que habrían representad un prejuicio económico de S/. 183,877 que involucraban a Malca Naranjo en contrataciones irregulares de personal directivo. En la nota publicada por Diario Correo se relata que encontró la presunta responsabilidad penal y administrativa de doce funcionarios de aquella época.

EL EJEMPLO DEL PREMIER

El premier Ernesto Álvarez también parece haber recurrido a este plan de reciclaje para elegir a quienes lo acompañarán en esta aventura formando parte del gobierno. El último viernes, el titular de la PCM designó a Marco Alejandro Castro Rossell como asesor de alta dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pero Castro Rossell no parece ser precisamente un novato en el terreno político. Además de haber declarado que posee acciones de una compañía minera, el nuevo asesor de la PCM ha trabajado como asesor de la congresista María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular) y formó parte del gobierno de Boluarte cuando actuó como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas.

Incluso el Despacho Presidencial parece haber encontrado en los exfuncionarios del gobierno de Dina Boluarte al personal idóneo para acompañar la gestión de José Jerí. La semana pasada, el despacho del presidente designó como jefe de la oficina general de recursos humanos a Luis Álvaro Solórzano Yabar, quien recientemente se venía desempeñando como director en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Aunque el gobierno de José Jerí intenta desmarcarse de lo que fue la gestión de Dina Boluarte, esta intención parece condenada a quedar únicamente en palabras si en la búsqueda de obtener resultados distintos recurre a funcionarios que integraron uno de los gobiernos más incapaces de los últimos años.

 

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