política peruana

“Que pase el rey, que ha de pasar…que el hijo del conde se ha de quedar”

En los recreos escolares de mi primaria escolar solíamos jugar Qué pase el Rey, antiquísimo juego infantil con motivos nobiliarios en donde los niños pasan en circulo ante dos de ellos que, al finalizar el último verso del epígrafe que inicia esta nota, bajan los brazos y atrapan a uno. Este jugador resulta eliminado y se retira de la ronda. Al final gana el último sobreviviente, el que nunca fue atrapado.

Me acordaba de ese juego que remonta a lo que por esos años llamábamos jardín o transición, períodos previos a la primaria propiamente dicha, a propósito de lo que se ha hecho con la institución de la Presidencia de la República, gracias al uso y abuso de la vacancia presidencial. Este abuso se ha consolidado desde que, hace unas pocas semanas, el Congreso desactivó la Cuestión de Confianza, el contrapeso natural a la vacancia. 

Si nos remontamos a la historia, la vacancia presidencial aparece en los textos constitucionales desde la carta de 1823, donde se habla de aplicarla en caso de incapacidad física o moral del más alto dignatario de la nación. Aunque el tema ha sido harto discutido, el concepto moral, para esos tiempos, aludía la incapacidad mental, esto es la locura, o trastorno análogo, que pudiese incapacitarlo para el ejercicio de sus funciones.  

Sin embargo, el no reconocimiento de Keiko Fujimori de los resultados electorales de 2016 la llevaron, junto a su mayoritaria bancada, a activar el mecanismo, interpretando moral conforme a la primera acepción de RAE en la actualidad:  Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva, y no a la sexta, que todavía guarda el significado antiguo y original, que es como la interpretó la Constitución de 1823: Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a lo físico. De allí el distingo entre físico o moral, entendido como físico o mental, traducido al español de nuestros días. 

En fin, este es un debate superado, al punto que al público ya no le importa. Sin embrago, no debiera sorprender que recobre actualidad si finalmente la derecha congresal se anima a presentar, ante el Congreso, la moción de vacancia para la cual buscan apenas una coyuntura propicia desde que Pedro Castillo ciñó la banda presidencial hace poco más de cien días. 

Los escenarios que evaluar ante una eventual vacancia del presidente Castillo son diversas. Nos ponemos a jugar otra vez Que pase el Rey en este nuevo periodo constitucional y nos dedicamos a cambiar de presidente cada dos por tres, como si no hubiese sido suficiente dividir el periodo anterior entre cuatro mandatarios. De esta manera, sumiremos al país en un caos aún mayor al que suponemos que vivimos, pues lo que yo veo es un presidente algo torpe pero que paulatinamente superpone sus aciertos a sus desaciertos, como tras la evidente mejoría en la selección de su gabinete ministerial. 

Otro elemento a tomar en cuenta es que unas encuestas desaprobatorias no equivalen a carecer de legitimidad. La mayoría de peruanos no está conforme con la gestión de Pedro Castillo, pero al mismo tiempo piensa que éste se ha ganado justa y democráticamente el lugar en el que está. Entonces cuidado con las tentaciones autoritarias, con los caballazos, revestidos con ropaje democrático, pues la calle juega su propio partido en la democracia peruana; y en este caso la sierra rural, y su apoyo militante a quien considera su presidente, es un factor sensible que no puede faltar en la evaluación de políticos sensatos (si los hay). 

Ya nos lo dijo Max Weber: legalidad y legitimidad no son lo mismo. A algunos vacar un presidente puede parecerles tan sencillo como contar con el voto de 87 congresistas. No es así, también tienen que contar con el favor del pueblo, soberano al fin y al cabo, ciudadano al fin y al cabo, aunque no les guste a quienes viven en las fronteras de nuestra democracia. 

 

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Congreso de la República, Crisis política, política peruana

Sobra desplegar argumentos que demuestren la evidente incapacidad gubernativa y la inimputabilidad política del presidente Castillo. Está avanzando solito, por sus propios errores, a que cuando se genere un “momento destituyente” (probablemente el próximo año), la oposición congresal lo saque del poder mediante su vacancia.

Pero de lo que se habla poco, y es menester hacerlo, es del Congreso, poder del Estado que también deja mucho que desear. Se ha ponderado su capacidad de coordinación para algunos temas y saludado su autonomía de criterio para decidir en asuntos estructurales, como los de la cuestión de confianza a los gabinetes Bellido y Vásquez (aunque, al primero nunca le debió otorgar dicha confianza). Pero en lo que muestra una falencia espantosa e insoslayable es en su labor de fiscalización del Ejecutivo.

Salen todos los días los de la oposición, o muchos de ellos, a declarar en medios, beligerantes, viriles, enhiestos, inmisericordes, pero a la hora de la hora no son capaces, en más de cien días, de haber censurado siquiera a uno de los tantos ministros impresentables que este gobierno alberga.

Ya Carlos Gallardo, el inefable ministro de Educación, no debería estar en el cargo hace tiempo. Lo mismo el de Transportes, al cual, para colmo, anoche el Congreso le salvó la vida, al no aprobar su interpelación. Luego Fuerza Popular ha rectificado y ha dicho que volverá a presentar una solicitud en ese sentido, pero el impasse nos deja la sensación maloliente de que estamos ante una devolución de favores por financiamiento ilegal de campañas electorales por parte de las mafias del transporte informal.

El ministro de Defensa ha sido pescado en flagrancia. No debería merecer ni siquiera la interpelación, si no ser censurado de inmediato. El de Energía y Minas es otro que está destruyendo la poca excelencia burocrática que había en su sector, y el Legislativo, bien gracias, mirando a otro lado.

Esta inacción ostentosa explica, además de las razones propias que atañen a todos los Congresos en el mundo, el creciente nivel de desaprobación del Parlamento. Según la última encuesta del IEP, entre setiembre y octubre la desaprobación de este poder del Estado ha pasado de 61 a 75% y su aprobación ha caído de 32 a 21%. Es consecuencia directa de la percepción ciudadana de que este Congreso no está cumpliendo su papel fiscalizador respecto de un gobierno nefasto como el que nos ha tocado en mala suerte tolerar.

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Izquierda, Movadef, Perú Libre, política peruana, Presidente Castillo, Vladimir Cerrón

Importantes temas y reformas ligadas a los desvelos de la izquierda autodenominada moderada del país, están siendo atacadas directamente por el régimen de Castillo y no se oye una sola crítica de este sector ideológico y político del país.

La reforma del transporte, iniciada por una de las suyas, Susana Villarán, bajo el liderazgo del hoy viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García, por ejemplo, quiere ser demolida por el ministro de Transportes, quien ha sido pescado en un audio ofreciendo descabezarla a cambio de evitar una paralización, y agregando a la oferta sinfín de gollerías, contrarias todas al intento de poner un poco de orden en ese caos terrible e ineficiente que es el sistema de transporte público del país.

La reforma educativa, auspiciada con gran intensidad por el exministro Jaime Saavedra, con la participación significativa de cuadros tecnocráticos de izquierda y ONGs de ese espectro, hoy quiere ser lanzada a un tacho por el inefable titular del sector, Carlos Gallardo, quien está más preocupado por los beneficios del sindicato proMovadef, Fenatep, que por el bienestar de los alumnos o la mejora de la educación. Y el silencio sepulcral de la izquierda resuena grandemente.

El manejo de la seguridad interna es otro de los temas cooptados por la intelligentzia izquierdista, que tiene institutos dedicados exclusivamente a estudiar dicha problemática. Pero sale el gobierno con la peregrina y absurda idea, cara a la ultraderecha, de militarizar las calles sacando a las Fuerzas Armadas, y no se ha escuchado a ningún congresista, ministro, académico, intelectual o líder político de izquierda denunciado la falta de idoneidad de dicha medida.

Las pequeñas cuotas de poder de la coalición que nos gobierna, han comprado el silencio de la habitualmente vocinglera izquierda peruana, que se está tragando todos los sapos que perpetra el mediocre e improvisado régimen de Castillo, sin chistar. En ese sentido, más coherencia ha mostrado el grupo de Vladimir Cerrón y Perú Libre.

La buena noticia es que con esto se les acabará la monserga de la supuesta supremacía moral que presumían tener respecto de la derecha, a la que acusaban de actuar más por intereses que por principios. Ahora que la vemos en el poder, queda claro que algunas migajas del mismo, pesan más que los valores éticos de los que se preciaban.

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Izquierda, Movadef, Perú Libre, política peruana, Presidente Castillo, Vladimir Cerrón

La situación de permanente tensión entre los principales miembros del gobierno con el Congreso, muy común en el desarrollo de la política local, está siendo peligrosamente desplazada por los conflictos entre los que disputan el poder dentro del Gobierno y el partido Perú Libre.

Los protagonista de la Agenda Setting son las disputas dentro del gobierno para demostrar quién tiene el verdadero poder de decisión en este país. Y ha quedado certificado que al presidente que elegimos se toca de nervios cuando de tomar decisiones importantes e inmediatas se trata. Decisiones que ante la opinión pública deberían ser acertadas, aceptadas y avaladas, y dejarían sin armas al Congreso para próximos ataques o excusas de vacancia.

En el 2016, cuando el programa de investigación Panorama reveló que Mariano González, el llamado «ministro del amor», tenía una relación con su guapa asesora, fue despedido del cargo de inmediato. El presidente Kuczynski no necesitó reunirse con Fernando Zavala, el primer ministro de entonces. Bastó con su decisión, porque la falta era evidente. Pero a Pedro Castillo le tomó dos días decidir si destituía o no a un ministro que puso contra las cuerdas a su propio gobierno. ¡Increible¡

El gobierno de Pedro Castillo es el único culpable de esta crisis. El presidente es el único responsable de que el sector empresarial, en todas sus inversiones, sienta que, además de no existir evidencia de un rumbo claro y seguro; el conductor de barco no sabe manejarlo y lo está desgastando. El presidente es el responsable de las excusas para que diversos sectores griten: ¡vacancia!

El poder de la toma de decisiones en el momento oportuno puede hacer la diferencia entre un gobierno pusilánime que tiene miedo a ejercer un poder que realmente dirija un país; y otro gobierno, que si bien jamás será perfecto y cuerdo, proyecta la imagen de saber qué rumbo quiere. El gobierno de Pedro Castillo es el primer caso. Es pusilánime no por miedo a lo que haga el Congreso o sus enemigos de otros sectores, sino por lo que hacen sus propios miembros y cómo los fanáticos de Perú Libre están acorralando al presidente y este no sabe qué hacer.

Miramos con horror desde nuestras casas la forma en cómo el presidente ha demorado dos días en sacar del gabinete a un elemento llamado Luis Barranzuela. No sólo era tóxico, sino que además era la imagen de una repartija de poder para blindar corruptos dentro de un gabinete, que ni siquiera recibía el voto de confianza.

La primera ministra Mirtha Vásquez ha tratado de hacer lo correcto. Lo que Barranzuela y Perú Libre le hicieron con ese inaceptable e injustificable acto del pasado domingo 31 de octubre, era una clara muestra de obstrucción interna contra el gabinete recién formado. Lo que hicieron con Mirtha Vásquez y Pedro Castillo fue escupirles en la cara y voltear para decirle al Perú que ellos no hicieron nada, armando un show al estilo Laura Bozzo y Vladimiro Montesinos: ¡Qué pase la vecina!

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Crisis política, política peruana, Presidente Castillo, sector empresarial, Vacancia

Hace unos años falleció un amigo muy querido. Luego de velarlo, lo cremaron como él lo había deseado. Una semana después, sus padres, sus familiares y sus amigos más cercanos nos congregamos en la playa donde corría olas desde que era adolescente. Camino a la orilla, lo recordamos y compartimos anécdotas suyas. Una vez frente al mar, su pareja, quien portaba sus cenizas, agradeció que los acompañáramos y que estuviéramos juntos para despedirlo. Luego, otros amigos músicos empezaron a tocar unos alegres carnavalitos ayacuchanos. Ella se introdujo al mar, abrió el cofre y esparció sus cenizas lentamente. Momento durante el cual nos abrazamos y lloramos.  

Lo relatado sucedió mucho antes de la pandemia por la Covid 19. Circunstancia que permitió que se le acompañara durante su enfermedad y sus familiares estuvieran presentes cuando murió. Además, que la tristeza y el dolor por su fallecimiento no fueran asumidas en soledad por sus seres queridos; y que, durante su velorio, se expresara y compartiera sentimientos de dolor, afecto, congoja y solidaridad entre todos. En suma, se transitó un duelo normal. 

Si hubiera fallecido ahora, no hubiera sido posible velarlo y a su entierro hubieran asistido solo cinco de sus deudos siguiendo un estricto protocolo sanitario. Definitivamente, la pandemia y las medidas implementadas por el Estado para contrarrestarla han alterado las maneras en que se acompaña y asiste a las personas enfermas por la Covid 19 en trance de morir; y las formas de enterrarlas o cremarlas. Un trance inédito difícil de procesar y que causa a sus deudos mucho malestar psicológico. Este malestar aumenta debido a que, por las características de la evolución de la enfermedad, la muerte ocurre de manera rápida. Situación que no todos los dolientes están en condición de afrontar ni en capacidad de sobrellevar. 

Al día de hoy, no se sabe cuántos deudos han dejado los 195 mil muertos por la Covid19 ni cuál es el estado de su salud mental. Sin embargo, algunas cifras, recogidas en el “Plan de Salud Mental Perú. En el contexto Covid-19”, de julio de 2020, permiten conocer en parte la situación de la salud mental de los dolientes como de los que no lo son. Así, el 28.5% de todos los encuestados refirieron presentar sintomatología depresiva. De ese total, “el 41% presentaron sintomatología asociada a depresión moderada a severa y el 12.8% refirió ideación suicida. Las mujeres reportaron sintomatología depresiva en el 30.8% y en los hombres el 23.4%. El grupo etario con mayor afectación depresiva fue el de 18-24 años”.  

Al respecto, es oportuno preguntarse si los deudos, en particular, cuentan con espacios de atención y de cuidado ya sea en el ámbito familiar o en el comunitario. Difícil saberlo. En ese sentido, al Estado le corresponde elaborar e implementar una política pública en relación con el duelo. Es un desafío colosal. En América Latina, hay algunos avances en esa perspectiva. En julio de 2020,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Resolución 4/2020, planteó unas “Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19” para contribuir “al enfrentamiento de la Pandemia y sus efectos para los derechos humanos en las Américas”. Mientras que en Argentina, los miembros de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el fin de la Vida de CONICET, en agosto de 2020, publicaron el documento “Muerte y duelo en el contexto de la pandemia por Covid19”. 

En él, se propone un conjunto de contribuciones para fortalecer “las políticas públicas en relación a los procesos de duelo”. Tales propuestas se refieren a las prácticas y rituales mortuorios en relación con el duelo como experiencia colectiva; al acompañamiento, asesoramiento y empoderamiento de la comunidad en relación al duelo; a la promoción de buenas prácticas de comunicación sobre las muertes en los discursos públicos; y a la atención de las dimensiones específicas del duelo como experiencia colectiva humanizada frente a la muerte en el contexto del Covid19 en el ámbito específico de las instituciones de salud. 

Por último, se señala que es necesario que “el Estado -en sus diferentes instancias jurisdiccionales- se involucre en acompañar el proceso de morir y el dolor de los deudos como experiencia colectiva humanizada frente a la muerte en el contexto de la COVID19. (…) es indispensable nombrar públicamente las muertes: individualizar sus biografías, poner en palabras el dolor por la pérdida, propiciar el proceso de memoria e involucrar en ello a la comunidad”. Una recomendación que nuestro Estado la puede adoptar sin ningún problema. Esperemos que así sea.   

 

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Covid-19, política peruana

Querida Manuela,

Te cuento que nuevamente hubo cambios ministeriales. En solo dos meses, este gobierno en dos meses, ya va por su segundo gabinete ministerial. Lo que me preocupa es que no hemos aprendido que con tanto cambio no vamos a avanzar. Estamos como el perro que se muerde la cola en círculos. 

Tu lucha estaba comprometida en dar un futuro mejor a nuestro continente. Como libertadora del libertador soñaste en un país libre y una república consolidada. Tú conoces bien la volatilidad de la política y del poder.

¿Con tanto cambio,  ¿a dónde crees que vamos como país? El bicentenario no nos llevó a reflexionar. Nosotros, los ciudadanos consideramos importante cambiar de gabinete, así como cambiar a ministros cuando sentimos que las cosas no andan bien. Nos guiamos por las emociones contra un personaje determinado. 

En base a mi experiencia, considero que la situación actual de falta de protección de derechos, de desarrollo social y de inclusión no se debe al modelo económico, se debe a las terribles gestiones por parte del Estado en estos últimos años, en especial en el último quinquenio. Que los colegios no tengan infraestructura adecuada, que los hospitales hayan colapsado y que la violencia hacia la mujer y los grupos vulnerables se incremente es porque no existe una clara propuesta de gestión y no viene por una política económica neoliberal. El Estado ha  estado cambiando tantos gabinetes y presidentes que no hay una visión de gestión, de cumplimiento de metas y de supervisión eficaz y eficiente de la gestión pública.  Como ciudadanos nos hemos enfocado en descartar jefes de Estado y ministros pero no en fiscalizar de manera correcta la ejecución de gasto, así como exigir los perfiles adecuados para los puestos de gobierno y el buen funcionamiento de los servicios públicos.  

Para sustentar lo que te comento, usaré mi experiencia en el último cargo en gestión pública en plena pandemia Covid 19 como directora ejecutiva (junio-noviembre 2020) del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la violencia hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar- Aurora. En esos 6 meses estuve bajo la dirección de cuatro ministras y cinco viceministras. Cada una con una visión y entendimiento de la problemática particular sin tener en consideración necesariamente  el Plan de Gobierno que iba del 2016 al 2021. Un ejemplo es el compromiso de i implementar 225 centros de emergencia mujer (CEM) dentro de comisarías donde solo se logró tener 170  a pesar que se tenían los recursos económicos. El programa ha recibido en el año 2019 el monto de S/. 438,793,450 millones de soles; en el 2020 el monto de S/. 416,984735 millones de soles y en el 2021 tenían proyectado S//. 394,681,992 millones de soles, un 5.3% menos por la pandemia Covid 19. Hemos llegado al bicentenario con recursos, de los cuales donde se asignaron interesantes presupuestos a los programas sociales. 

¿Manuela, ¿en qué fallamos? ¿Por qué ahora en la pandemia las desigualdades e injusticias aparecen? Creo que estamos equivocándonos en la fiscalización. Debemos pedir resultados según los compromisos de gobiernos y no pedir cambios constantes, ya que, no vamos a avanzar. 

La nueva Primera Ministra ayer ante el mandatario juramentó “Por Dios, por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan por vivir con dignidad, sin discriminación y que promueven reales cambios, sí juro”. Le deseo lo mejor, que se mantenga por años en el cargo, que ejecute los presupuestos de desarrollo y bienestar social de manera eficiente y que supervise los servicios públicos para que nuestro bicentenario marque una pauta en la Historia del Perú. 

 

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política peruana, Presidente Castillo

Cuando en agosto de 2015 visité Washington D.C., la capital de los Estados Unidos de América, quedé sorprendido ante el paisaje que se presentaba a mi vista en el centro de la ciudad. Grandes espacios vacíos ocupados por parques y monumentos grandiosos para eternizar a los personajes y las hazañas de la nación estadounidense: el obelisco en homenaje a George Washington, la estatua de Abraham Lincoln en un edificio que parece un templo griego, los monumentos a los veteranos de la Segunda Mundial, de la Guerra de Corea y de la Guerra de Vietnam, la imponente estatua en piedra blanca de Martin Luther King, el monumento a Franklin Delano Roosevelt. Un poco apartado, a orillas del Potomac, se encuentra el monumento a Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la nación norteamericana, pero entendida como conformada sólo por blancos, por supuesto, pues Jefferson tuvo más de 600 esclavos y, siendo el tercer presidente de los Estados Unidos, esbozó una Ley de Traslado Forzoso de los Indios con el fin de que las poblaciones originarias abandonaran sus propias culturas, religiones y estilos de vida a favor de la cultura occidental europea, la religión cristiana y un estilo de vida agrícola sedentario. Aplicada durante el gobierno de Andrew Jackson a partir de 1830, legalizó en la práctica el genocidio indígena y propició expropiaciones de tierras, masacres y otros abusos.

Espacios vacíos, una arquitectura que exalta la idea de patria y el nacionalismo, elevación de personas de carne y hueso al glorioso Olimpo de los dioses de la historia, todo ello me hacía recordar la imponente arquitectura nazi de la cual todavía quedan rezagos en Berlín, Múnich y Núremberg. O en los dibujos y maquetas de arquitectos que hipotecaron su alma al Führer.

Porque si bien Estados Unidos combatió el fascismo encarnado en el nacionalsocialismo de Hitler y en el gobierno de Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, también es cierto que asumió varias de sus formas, que aún persisten en la cultura del país del Norte: su militarismo, su nacionalismo exacerbado, su miedo irracional al enemigo ficticio que es el “comunismo”, su tolerancia hacia las armas y la justicia por mano propia, su condescendencia colectiva con grupos de extrema derecha incluyendo neonazis. Y si bien existe el contrapeso de instituciones democráticas sólidas, los elementos mencionados siguen presentes en el inconsciente colectivo de grandes sectores de la población. Y han sido alimentados durante décadas por la literatura popular de superhéroes y el cine.

La figura de Superman apareció por primera vez en 1933 en la revista Science Fiction en el cuento “The Reign of the Super-Man”, escrito por Jerry Siegel y Joe Shuster, hijos de inmigrantes judíos. En ese relato —inspirado en la entonces popular figura del superhombre de Friedrich Nietzsche, asumida luego por Hitler en su ideario doctrinal— Superman es un hombre común y corriente que adquiere poderes telepáticos y se convierte en un ser malvado que quiere dominar el mundo. Es así que Superman nace como un villano con características fascistas, pero después sus autores decidieron convertirlo en un superhéroe de anatomía hercúlea, poderes supranaturales, traje circense, origen planetario y doble identidad, a fin de identificarlo de alguna manera con el hombre de la calle. Pero este superhéroe no deja los modales fascistas: cree saber mejor que nadie cuál es la verdad, combate el crimen de manera extrajudicial y toma la justicia por su propia mano, salvar a la humanidad es para él antes que nada salvar a la población anglosajona de los Estados Unidos, no ha sido elegido democráticamente por nadie para la tarea que está cumpliendo, se erige él mismo en salvador de la especie humana con métodos que nadie puede cuestionar, pues él mismo es incuestionable y es bueno por definición.

Por más que la historia posterior de los diversos superhéroes se haya hecho más compleja, sobre todo con la humanización de los mismos bajo el sello de Marvel, nunca se han podido sacar de encima este esquema fascista, al menos en sus trazos generales. Téngase en cuenta que se trata de seres de fantasía, entre los cuales Batman, aún careciendo de superpoderes, tiene un rasgo irreal que lo identifica sobremanera como un producto de la imaginación: es un millonario que nunca ha cometido un delito. Y como miembro de su clase, defenderá siempre a los bancos y al sistema político y económico que lo sustenta. Por regla general, no existen los superhéroes críticos del sistema que asuman la defensa de quienes se ven perjudicados por él.

El fascismo cinematográfico hollywoodense también tiene una larga data, pero encuentra impulso importante con un clásico del cine policial, “Dirty Harry” (Don Siegel, 1971) —o, como se le conoce en español, “Harry el Sucio”—. Este este film Clint Eastwood —quien se define actualmente como libertario, apoyó al Partido Republicano y decía de sí mismo que era izquierdista en lo social y derechista en lo económico— encarna al inspector Callahan, que tiene métodos discutibles para combatir el crimen, incluyendo la manipulación psicológica, la extorsión, la tortura e incluso la ejecución del criminal por propia mano, y que justifica la violencia argumentando que el poder judicial es incapaz de castigar adecuadamente el crimen. El trasfondo fascista y el cinismo de esta cinta no serían obstáculo para la aparición de películas con un esquema parecido, entre las cuales destaca “El vengador anónimo” (“Death Wish”, Michael Winner, 1974), donde esta vez un civil, el arquitecto Paul Kersey interpretado por Charles Bronson, decide tomar la justicia por sus manos debido a la inoperancia del aparato policial ante la violación y asesinato de su mujer y su hija.

Seguirían los filmes de acción de los 80 con actores como Sylvester Stallone, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude van Damme, Steven Seagal, propagadores de un fascismo a la americana en películas policiales y bélicas, y que encontraría uno de sus puntos culminantes en “Duro de matar” (“Die Hard,” John McTiernan, 1988), donde el protagonista ya no es tan duro, cínico e implacable como los anteriores, sino más bien un hombre común y corriente, conservador y pro-familia, que se ve envuelto en una inesperada situación de violencia y se ve casi forzado por las circunstancias a repartir golpes y balas para eliminar a los malos, para gusto y satisfacción de la platea.

No me extraña que este tipo de películas hayan estado entre las que más le gustaban a un fascista como Luis Fernando Figari, quien después de disfrutarlas nos enviaba los videocassettes de VHS con el P. José Antonio Eguren a la comunidad de La Aurora (Miraflores), quien también las disfrutaba imitando el traqueteo de las metralletas con sus labios cuando Schwarzenegger disparaba a mansalva en películas como “Comando” (“Commando”, Mark L. Lester, 1985) o “Depredador” (“Predator”, John McTiernan, 1987).

Querámoslo o no, esta narrativa fascista que no se denomina como tal pero que hemos consumido, y muchos seguimos consumiendo, ha sido como un humus inconsciente en el cual han germinado en algunos brotes de extremismo derechista. Esto no es nuevo en la azarosa historia del Perú. Incluso hemos tenido un presidente abiertamente fascista, el coronel Luis Sánchez Cerro —asesinado el 30 de abril de 1933 por un militante aprista—, fundador del Partido Unión Revolucionaria, el cual, como buen fascista, era populista, militarista, se oponía al liberalismo y al comunismo, y también a la inmigración china y japonesa. Simpatizantes del fascismo italiano y del franquismo —el fascismo español— fueron José de la Riva-Agüero y Osma y otros pensadores vinculados a la Acción Católica.

Todas estas tendencias que se ven plasmadas actualmente en partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País y en sus simpatizantes encierran un peligro totalitario que constituye una amenaza para la frágil democracia peruana. No obstante que muchos integrantes de esas agrupaciones políticas hacen suyo el lema tan querido por Mussolini de “Dios, Patria y Familia”, esta consigna que suena bien a los oídos piadosos tiene un reverso oscuro, pues implica la negación de derechos para quienes consideran que la religión no debe inmiscuirse en la cosa política y que el Estado debe permanecer laico, para quienes ellos no consideran como parte de la patria y por lo tanto deben ser marginados —entre ellos, los que no comulgan con su ideología conservadora, los pueblos indígenas y los inmigrantes extranjeros—, para quienes forman familias diversas a la familia tradicional o tienen identidades de género distintas a las tradicionales.

Las reuniones que han tenido entre el 22 y el 23 de septiembre representantes de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular con representantes del partido español Vox, a fin de conformar un fuente ultraderechista que busque derrocar a todo gobierno de izquierda en la región —englobados bajo el rótulo descalificador de “comunismo”— nos muestra que el fascismo sigue siendo una amenaza para la estabilidad democrática en el Perú. Y que para muchos se ha convertido en una forma normal de pensar la realidad.

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