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Cuando se preveía que la iniciativa de Patricia Chirinos iba a morir por inanición, Fuerza Popular y Keiko Fujimori deciden darle nueva vida apoyando tan descabellada causa.
La lideresa de Fuerza Popular no parece entender que su mayor error de perspectiva histórica ocurrió cuando el último lustro derechizó en extremo a su partido, alejándolo de las posturas de centroderecha que el fujimorismo siempre desplegó (desde los tiempos aurorales de los 90).
Por eso llevó a finales del quinquenio anterior al keikismo al peor de sus momentos políticos, con un desprestigio gigantesco y una tendencia decreciente que invitaba a pensar en su muerte natural.
En lugar de establecer un pacto político histórico con PPK, conformando una gran alianza de derecha que hiciera las reformas liberales que el país espera desde finales de los 90, se dedicó a sabotear al régimen buscando el propósito, al final alcanzado, de interrumpir su mandato.
Luego, quiso hacer lo propio con Martín Vizcarra y nunca supuso que éste se rebelase y le propinara un puntapié al Congreso donde el keikismo tenía abrumadora mayoría y terminó así la historia, que el país debe recordar siempre, del mayor desperdicio de poder político que se recuerde.
Una feliz campaña electoral en primera vuelta de este año, y una inédita fragmentación partidaria, la hizo disputar la segunda vuelta contra Pedro Castillo y la colocó nuevamente en las ligas mayores, como si los errores del pasado no le hubiesen pasado factura (¡cuando por ellos fue que, al final, perdió frente a un rival al que cualquier otro candidato quizás le hubiera ganado!).
Hoy, a pesar de ello, insiste en plegarse a posturas de la derecha extrema, en lugar de tratar de reubicarse en el espacio de centroderecha que le corresponde, y que la debería llevar a ejercer una oposición recia y firme frente a un régimen que hace agua por todos lados, pero sin infantilismos radicales y veleidosos como los que están detrás del proyecto de la congresista Chirinos, al cual Keiko se presta como furgón de cola.
El keikismo, que hace pocos días brindó su apoyo al inefable ministro de Transportes -seguramente por estar hipotecado al financiamiento de los transportistas informales-, parece creer que sumándose a una torpe iniciativa de vacancia, hará que la ciudadanía lo caracterice como protagonista del liderazgo de la oposición. Lo único que está logrando es alejarse cada vez más del sentido común.
“Que pase el rey, que ha de pasar…que el hijo del conde se ha de quedar”
En los recreos escolares de mi primaria escolar solíamos jugar Qué pase el Rey, antiquísimo juego infantil con motivos nobiliarios en donde los niños pasan en circulo ante dos de ellos que, al finalizar el último verso del epígrafe que inicia esta nota, bajan los brazos y atrapan a uno. Este jugador resulta eliminado y se retira de la ronda. Al final gana el último sobreviviente, el que nunca fue atrapado.
Me acordaba de ese juego que remonta a lo que por esos años llamábamos jardín o transición, períodos previos a la primaria propiamente dicha, a propósito de lo que se ha hecho con la institución de la Presidencia de la República, gracias al uso y abuso de la vacancia presidencial. Este abuso se ha consolidado desde que, hace unas pocas semanas, el Congreso desactivó la Cuestión de Confianza, el contrapeso natural a la vacancia.
Si nos remontamos a la historia, la vacancia presidencial aparece en los textos constitucionales desde la carta de 1823, donde se habla de aplicarla en caso de incapacidad física o moral del más alto dignatario de la nación. Aunque el tema ha sido harto discutido, el concepto moral, para esos tiempos, aludía la incapacidad mental, esto es la locura, o trastorno análogo, que pudiese incapacitarlo para el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, el no reconocimiento de Keiko Fujimori de los resultados electorales de 2016 la llevaron, junto a su mayoritaria bancada, a activar el mecanismo, interpretando moral conforme a la primera acepción de RAE en la actualidad: Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva, y no a la sexta, que todavía guarda el significado antiguo y original, que es como la interpretó la Constitución de 1823: Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a lo físico. De allí el distingo entre físico o moral, entendido como físico o mental, traducido al español de nuestros días.
En fin, este es un debate superado, al punto que al público ya no le importa. Sin embrago, no debiera sorprender que recobre actualidad si finalmente la derecha congresal se anima a presentar, ante el Congreso, la moción de vacancia para la cual buscan apenas una coyuntura propicia desde que Pedro Castillo ciñó la banda presidencial hace poco más de cien días.
Los escenarios que evaluar ante una eventual vacancia del presidente Castillo son diversas. Nos ponemos a jugar otra vez Que pase el Rey en este nuevo periodo constitucional y nos dedicamos a cambiar de presidente cada dos por tres, como si no hubiese sido suficiente dividir el periodo anterior entre cuatro mandatarios. De esta manera, sumiremos al país en un caos aún mayor al que suponemos que vivimos, pues lo que yo veo es un presidente algo torpe pero que paulatinamente superpone sus aciertos a sus desaciertos, como tras la evidente mejoría en la selección de su gabinete ministerial.
Otro elemento a tomar en cuenta es que unas encuestas desaprobatorias no equivalen a carecer de legitimidad. La mayoría de peruanos no está conforme con la gestión de Pedro Castillo, pero al mismo tiempo piensa que éste se ha ganado justa y democráticamente el lugar en el que está. Entonces cuidado con las tentaciones autoritarias, con los caballazos, revestidos con ropaje democrático, pues la calle juega su propio partido en la democracia peruana; y en este caso la sierra rural, y su apoyo militante a quien considera su presidente, es un factor sensible que no puede faltar en la evaluación de políticos sensatos (si los hay).
Ya nos lo dijo Max Weber: legalidad y legitimidad no son lo mismo. A algunos vacar un presidente puede parecerles tan sencillo como contar con el voto de 87 congresistas. No es así, también tienen que contar con el favor del pueblo, soberano al fin y al cabo, ciudadano al fin y al cabo, aunque no les guste a quienes viven en las fronteras de nuestra democracia.
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Sobra desplegar argumentos que demuestren la evidente incapacidad gubernativa y la inimputabilidad política del presidente Castillo. Está avanzando solito, por sus propios errores, a que cuando se genere un “momento destituyente” (probablemente el próximo año), la oposición congresal lo saque del poder mediante su vacancia.
Pero de lo que se habla poco, y es menester hacerlo, es del Congreso, poder del Estado que también deja mucho que desear. Se ha ponderado su capacidad de coordinación para algunos temas y saludado su autonomía de criterio para decidir en asuntos estructurales, como los de la cuestión de confianza a los gabinetes Bellido y Vásquez (aunque, al primero nunca le debió otorgar dicha confianza). Pero en lo que muestra una falencia espantosa e insoslayable es en su labor de fiscalización del Ejecutivo.
Salen todos los días los de la oposición, o muchos de ellos, a declarar en medios, beligerantes, viriles, enhiestos, inmisericordes, pero a la hora de la hora no son capaces, en más de cien días, de haber censurado siquiera a uno de los tantos ministros impresentables que este gobierno alberga.
Ya Carlos Gallardo, el inefable ministro de Educación, no debería estar en el cargo hace tiempo. Lo mismo el de Transportes, al cual, para colmo, anoche el Congreso le salvó la vida, al no aprobar su interpelación. Luego Fuerza Popular ha rectificado y ha dicho que volverá a presentar una solicitud en ese sentido, pero el impasse nos deja la sensación maloliente de que estamos ante una devolución de favores por financiamiento ilegal de campañas electorales por parte de las mafias del transporte informal.
El ministro de Defensa ha sido pescado en flagrancia. No debería merecer ni siquiera la interpelación, si no ser censurado de inmediato. El de Energía y Minas es otro que está destruyendo la poca excelencia burocrática que había en su sector, y el Legislativo, bien gracias, mirando a otro lado.
Esta inacción ostentosa explica, además de las razones propias que atañen a todos los Congresos en el mundo, el creciente nivel de desaprobación del Parlamento. Según la última encuesta del IEP, entre setiembre y octubre la desaprobación de este poder del Estado ha pasado de 61 a 75% y su aprobación ha caído de 32 a 21%. Es consecuencia directa de la percepción ciudadana de que este Congreso no está cumpliendo su papel fiscalizador respecto de un gobierno nefasto como el que nos ha tocado en mala suerte tolerar.
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Importantes temas y reformas ligadas a los desvelos de la izquierda autodenominada moderada del país, están siendo atacadas directamente por el régimen de Castillo y no se oye una sola crítica de este sector ideológico y político del país.
La reforma del transporte, iniciada por una de las suyas, Susana Villarán, bajo el liderazgo del hoy viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García, por ejemplo, quiere ser demolida por el ministro de Transportes, quien ha sido pescado en un audio ofreciendo descabezarla a cambio de evitar una paralización, y agregando a la oferta sinfín de gollerías, contrarias todas al intento de poner un poco de orden en ese caos terrible e ineficiente que es el sistema de transporte público del país.
La reforma educativa, auspiciada con gran intensidad por el exministro Jaime Saavedra, con la participación significativa de cuadros tecnocráticos de izquierda y ONGs de ese espectro, hoy quiere ser lanzada a un tacho por el inefable titular del sector, Carlos Gallardo, quien está más preocupado por los beneficios del sindicato proMovadef, Fenatep, que por el bienestar de los alumnos o la mejora de la educación. Y el silencio sepulcral de la izquierda resuena grandemente.
El manejo de la seguridad interna es otro de los temas cooptados por la intelligentzia izquierdista, que tiene institutos dedicados exclusivamente a estudiar dicha problemática. Pero sale el gobierno con la peregrina y absurda idea, cara a la ultraderecha, de militarizar las calles sacando a las Fuerzas Armadas, y no se ha escuchado a ningún congresista, ministro, académico, intelectual o líder político de izquierda denunciado la falta de idoneidad de dicha medida.
Las pequeñas cuotas de poder de la coalición que nos gobierna, han comprado el silencio de la habitualmente vocinglera izquierda peruana, que se está tragando todos los sapos que perpetra el mediocre e improvisado régimen de Castillo, sin chistar. En ese sentido, más coherencia ha mostrado el grupo de Vladimir Cerrón y Perú Libre.
La buena noticia es que con esto se les acabará la monserga de la supuesta supremacía moral que presumían tener respecto de la derecha, a la que acusaban de actuar más por intereses que por principios. Ahora que la vemos en el poder, queda claro que algunas migajas del mismo, pesan más que los valores éticos de los que se preciaban.
La situación de permanente tensión entre los principales miembros del gobierno con el Congreso, muy común en el desarrollo de la política local, está siendo peligrosamente desplazada por los conflictos entre los que disputan el poder dentro del Gobierno y el partido Perú Libre.
Los protagonista de la Agenda Setting son las disputas dentro del gobierno para demostrar quién tiene el verdadero poder de decisión en este país. Y ha quedado certificado que al presidente que elegimos se toca de nervios cuando de tomar decisiones importantes e inmediatas se trata. Decisiones que ante la opinión pública deberían ser acertadas, aceptadas y avaladas, y dejarían sin armas al Congreso para próximos ataques o excusas de vacancia.
En el 2016, cuando el programa de investigación Panorama reveló que Mariano González, el llamado «ministro del amor», tenía una relación con su guapa asesora, fue despedido del cargo de inmediato. El presidente Kuczynski no necesitó reunirse con Fernando Zavala, el primer ministro de entonces. Bastó con su decisión, porque la falta era evidente. Pero a Pedro Castillo le tomó dos días decidir si destituía o no a un ministro que puso contra las cuerdas a su propio gobierno. ¡Increible¡
El gobierno de Pedro Castillo es el único culpable de esta crisis. El presidente es el único responsable de que el sector empresarial, en todas sus inversiones, sienta que, además de no existir evidencia de un rumbo claro y seguro; el conductor de barco no sabe manejarlo y lo está desgastando. El presidente es el responsable de las excusas para que diversos sectores griten: ¡vacancia!
El poder de la toma de decisiones en el momento oportuno puede hacer la diferencia entre un gobierno pusilánime que tiene miedo a ejercer un poder que realmente dirija un país; y otro gobierno, que si bien jamás será perfecto y cuerdo, proyecta la imagen de saber qué rumbo quiere. El gobierno de Pedro Castillo es el primer caso. Es pusilánime no por miedo a lo que haga el Congreso o sus enemigos de otros sectores, sino por lo que hacen sus propios miembros y cómo los fanáticos de Perú Libre están acorralando al presidente y este no sabe qué hacer.
Miramos con horror desde nuestras casas la forma en cómo el presidente ha demorado dos días en sacar del gabinete a un elemento llamado Luis Barranzuela. No sólo era tóxico, sino que además era la imagen de una repartija de poder para blindar corruptos dentro de un gabinete, que ni siquiera recibía el voto de confianza.
La primera ministra Mirtha Vásquez ha tratado de hacer lo correcto. Lo que Barranzuela y Perú Libre le hicieron con ese inaceptable e injustificable acto del pasado domingo 31 de octubre, era una clara muestra de obstrucción interna contra el gabinete recién formado. Lo que hicieron con Mirtha Vásquez y Pedro Castillo fue escupirles en la cara y voltear para decirle al Perú que ellos no hicieron nada, armando un show al estilo Laura Bozzo y Vladimiro Montesinos: ¡Qué pase la vecina!
Hace unos años falleció un amigo muy querido. Luego de velarlo, lo cremaron como él lo había deseado. Una semana después, sus padres, sus familiares y sus amigos más cercanos nos congregamos en la playa donde corría olas desde que era adolescente. Camino a la orilla, lo recordamos y compartimos anécdotas suyas. Una vez frente al mar, su pareja, quien portaba sus cenizas, agradeció que los acompañáramos y que estuviéramos juntos para despedirlo. Luego, otros amigos músicos empezaron a tocar unos alegres carnavalitos ayacuchanos. Ella se introdujo al mar, abrió el cofre y esparció sus cenizas lentamente. Momento durante el cual nos abrazamos y lloramos.
Lo relatado sucedió mucho antes de la pandemia por la Covid 19. Circunstancia que permitió que se le acompañara durante su enfermedad y sus familiares estuvieran presentes cuando murió. Además, que la tristeza y el dolor por su fallecimiento no fueran asumidas en soledad por sus seres queridos; y que, durante su velorio, se expresara y compartiera sentimientos de dolor, afecto, congoja y solidaridad entre todos. En suma, se transitó un duelo normal.
Si hubiera fallecido ahora, no hubiera sido posible velarlo y a su entierro hubieran asistido solo cinco de sus deudos siguiendo un estricto protocolo sanitario. Definitivamente, la pandemia y las medidas implementadas por el Estado para contrarrestarla han alterado las maneras en que se acompaña y asiste a las personas enfermas por la Covid 19 en trance de morir; y las formas de enterrarlas o cremarlas. Un trance inédito difícil de procesar y que causa a sus deudos mucho malestar psicológico. Este malestar aumenta debido a que, por las características de la evolución de la enfermedad, la muerte ocurre de manera rápida. Situación que no todos los dolientes están en condición de afrontar ni en capacidad de sobrellevar.
Al día de hoy, no se sabe cuántos deudos han dejado los 195 mil muertos por la Covid19 ni cuál es el estado de su salud mental. Sin embargo, algunas cifras, recogidas en el “Plan de Salud Mental Perú. En el contexto Covid-19”, de julio de 2020, permiten conocer en parte la situación de la salud mental de los dolientes como de los que no lo son. Así, el 28.5% de todos los encuestados refirieron presentar sintomatología depresiva. De ese total, “el 41% presentaron sintomatología asociada a depresión moderada a severa y el 12.8% refirió ideación suicida. Las mujeres reportaron sintomatología depresiva en el 30.8% y en los hombres el 23.4%. El grupo etario con mayor afectación depresiva fue el de 18-24 años”.
Al respecto, es oportuno preguntarse si los deudos, en particular, cuentan con espacios de atención y de cuidado ya sea en el ámbito familiar o en el comunitario. Difícil saberlo. En ese sentido, al Estado le corresponde elaborar e implementar una política pública en relación con el duelo. Es un desafío colosal. En América Latina, hay algunos avances en esa perspectiva. En julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Resolución 4/2020, planteó unas “Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19” para contribuir “al enfrentamiento de la Pandemia y sus efectos para los derechos humanos en las Américas”. Mientras que en Argentina, los miembros de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el fin de la Vida de CONICET, en agosto de 2020, publicaron el documento “Muerte y duelo en el contexto de la pandemia por Covid19”.
En él, se propone un conjunto de contribuciones para fortalecer “las políticas públicas en relación a los procesos de duelo”. Tales propuestas se refieren a las prácticas y rituales mortuorios en relación con el duelo como experiencia colectiva; al acompañamiento, asesoramiento y empoderamiento de la comunidad en relación al duelo; a la promoción de buenas prácticas de comunicación sobre las muertes en los discursos públicos; y a la atención de las dimensiones específicas del duelo como experiencia colectiva humanizada frente a la muerte en el contexto del Covid19 en el ámbito específico de las instituciones de salud.
Por último, se señala que es necesario que “el Estado -en sus diferentes instancias jurisdiccionales- se involucre en acompañar el proceso de morir y el dolor de los deudos como experiencia colectiva humanizada frente a la muerte en el contexto de la COVID19. (…) es indispensable nombrar públicamente las muertes: individualizar sus biografías, poner en palabras el dolor por la pérdida, propiciar el proceso de memoria e involucrar en ello a la comunidad”. Una recomendación que nuestro Estado la puede adoptar sin ningún problema. Esperemos que así sea.
