Hace unos años falleció un amigo muy querido. Luego de velarlo, lo cremaron como él lo había deseado. Una semana después, sus padres, sus familiares y sus amigos más cercanos nos congregamos en la playa donde corría olas desde que era adolescente. Camino a la orilla, lo recordamos y compartimos anécdotas suyas. Una vez frente al mar, su pareja, quien portaba sus cenizas, agradeció que los acompañáramos y que estuviéramos juntos para despedirlo. Luego, otros amigos músicos empezaron a tocar unos alegres carnavalitos ayacuchanos. Ella se introdujo al mar, abrió el cofre y esparció sus cenizas lentamente. Momento durante el cual nos abrazamos y lloramos.
Lo relatado sucedió mucho antes de la pandemia por la Covid 19. Circunstancia que permitió que se le acompañara durante su enfermedad y sus familiares estuvieran presentes cuando murió. Además, que la tristeza y el dolor por su fallecimiento no fueran asumidas en soledad por sus seres queridos; y que, durante su velorio, se expresara y compartiera sentimientos de dolor, afecto, congoja y solidaridad entre todos. En suma, se transitó un duelo normal.
Si hubiera fallecido ahora, no hubiera sido posible velarlo y a su entierro hubieran asistido solo cinco de sus deudos siguiendo un estricto protocolo sanitario. Definitivamente, la pandemia y las medidas implementadas por el Estado para contrarrestarla han alterado las maneras en que se acompaña y asiste a las personas enfermas por la Covid 19 en trance de morir; y las formas de enterrarlas o cremarlas. Un trance inédito difícil de procesar y que causa a sus deudos mucho malestar psicológico. Este malestar aumenta debido a que, por las características de la evolución de la enfermedad, la muerte ocurre de manera rápida. Situación que no todos los dolientes están en condición de afrontar ni en capacidad de sobrellevar.
Al día de hoy, no se sabe cuántos deudos han dejado los 195 mil muertos por la Covid19 ni cuál es el estado de su salud mental. Sin embargo, algunas cifras, recogidas en el “Plan de Salud Mental Perú. En el contexto Covid-19”, de julio de 2020, permiten conocer en parte la situación de la salud mental de los dolientes como de los que no lo son. Así, el 28.5% de todos los encuestados refirieron presentar sintomatología depresiva. De ese total, “el 41% presentaron sintomatología asociada a depresión moderada a severa y el 12.8% refirió ideación suicida. Las mujeres reportaron sintomatología depresiva en el 30.8% y en los hombres el 23.4%. El grupo etario con mayor afectación depresiva fue el de 18-24 años”.
Al respecto, es oportuno preguntarse si los deudos, en particular, cuentan con espacios de atención y de cuidado ya sea en el ámbito familiar o en el comunitario. Difícil saberlo. En ese sentido, al Estado le corresponde elaborar e implementar una política pública en relación con el duelo. Es un desafío colosal. En América Latina, hay algunos avances en esa perspectiva. En julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Resolución 4/2020, planteó unas “Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19” para contribuir “al enfrentamiento de la Pandemia y sus efectos para los derechos humanos en las Américas”. Mientras que en Argentina, los miembros de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el fin de la Vida de CONICET, en agosto de 2020, publicaron el documento “Muerte y duelo en el contexto de la pandemia por Covid19”.
En él, se propone un conjunto de contribuciones para fortalecer “las políticas públicas en relación a los procesos de duelo”. Tales propuestas se refieren a las prácticas y rituales mortuorios en relación con el duelo como experiencia colectiva; al acompañamiento, asesoramiento y empoderamiento de la comunidad en relación al duelo; a la promoción de buenas prácticas de comunicación sobre las muertes en los discursos públicos; y a la atención de las dimensiones específicas del duelo como experiencia colectiva humanizada frente a la muerte en el contexto del Covid19 en el ámbito específico de las instituciones de salud.
Por último, se señala que es necesario que “el Estado -en sus diferentes instancias jurisdiccionales- se involucre en acompañar el proceso de morir y el dolor de los deudos como experiencia colectiva humanizada frente a la muerte en el contexto de la COVID19. (…) es indispensable nombrar públicamente las muertes: individualizar sus biografías, poner en palabras el dolor por la pérdida, propiciar el proceso de memoria e involucrar en ello a la comunidad”. Una recomendación que nuestro Estado la puede adoptar sin ningún problema. Esperemos que así sea.
