Sobra desplegar argumentos que demuestren la evidente incapacidad gubernativa y la inimputabilidad política del presidente Castillo. Está avanzando solito, por sus propios errores, a que cuando se genere un “momento destituyente” (probablemente el próximo año), la oposición congresal lo saque del poder mediante su vacancia.
Pero de lo que se habla poco, y es menester hacerlo, es del Congreso, poder del Estado que también deja mucho que desear. Se ha ponderado su capacidad de coordinación para algunos temas y saludado su autonomía de criterio para decidir en asuntos estructurales, como los de la cuestión de confianza a los gabinetes Bellido y Vásquez (aunque, al primero nunca le debió otorgar dicha confianza). Pero en lo que muestra una falencia espantosa e insoslayable es en su labor de fiscalización del Ejecutivo.
Salen todos los días los de la oposición, o muchos de ellos, a declarar en medios, beligerantes, viriles, enhiestos, inmisericordes, pero a la hora de la hora no son capaces, en más de cien días, de haber censurado siquiera a uno de los tantos ministros impresentables que este gobierno alberga.
Ya Carlos Gallardo, el inefable ministro de Educación, no debería estar en el cargo hace tiempo. Lo mismo el de Transportes, al cual, para colmo, anoche el Congreso le salvó la vida, al no aprobar su interpelación. Luego Fuerza Popular ha rectificado y ha dicho que volverá a presentar una solicitud en ese sentido, pero el impasse nos deja la sensación maloliente de que estamos ante una devolución de favores por financiamiento ilegal de campañas electorales por parte de las mafias del transporte informal.
El ministro de Defensa ha sido pescado en flagrancia. No debería merecer ni siquiera la interpelación, si no ser censurado de inmediato. El de Energía y Minas es otro que está destruyendo la poca excelencia burocrática que había en su sector, y el Legislativo, bien gracias, mirando a otro lado.
Esta inacción ostentosa explica, además de las razones propias que atañen a todos los Congresos en el mundo, el creciente nivel de desaprobación del Parlamento. Según la última encuesta del IEP, entre setiembre y octubre la desaprobación de este poder del Estado ha pasado de 61 a 75% y su aprobación ha caído de 32 a 21%. Es consecuencia directa de la percepción ciudadana de que este Congreso no está cumpliendo su papel fiscalizador respecto de un gobierno nefasto como el que nos ha tocado en mala suerte tolerar.
