La salida de Castillo de Palacio, si acaso ocurre, va a demorar el tiempo que se necesite hasta que aparezca una denuncia, un audio o un documento que lo comprometa claramente con un hecho de corrupción. Mientras eso no ocurra, su componenda con la guardería parlamentaria lo tendrá atornillado al poder que indignamente ejerce.
Ello no es óbice, sin embargo, para que el Congreso no desempeñe un rol de extrema fiscalización, mayor al que viene ejecutando hasta ahora, que al menos impida la destrucción del Estado que el presidente y las huestes perulibristas están perpetrando en casi todo el organigrama del sector público (son pocas las instituciones que aún se mantienen a salvo del paso del Atila chotano).
Es claro que los ministros están sujetos a control político y pueden ser interpelados y censurados por sus actos -se espera que hoy lo sea, por ejemplo, el inefable ministro de Salud-, pero entre tales actos a vigilar, el Congreso debiera mirar con atención, también, la designación de funcionarios de segundo o tercer nivel, a los que el Congreso no puede destituir, pero sobre cuya responsabilidad de designación sí puede exigirle cuentas al titular del pliego.
Al respecto, es perfectamente posible que el Legislativo junte los votos suficientes para tener a raya a los destructores de la meritocracia pública que se han instalado en Palacio y que amenazan con dejar un país devastado al cabo de su mandato, sin orden público, con servicios colapsados, con reformas que han costado años, hechas añicos. Esa franja de supervisión, por ahora, el Congreso la está dejando pasar por alto, sin intervenir, como le corresponde, ya que es parte de sus tareas de fiscalización.
No habrá votos para la vacancia, pero sí para ajustar al gobierno lo suficiente como para evitar que el desastre que nos va a dejar como herencia sea mayúsculo. La mediocridad imperante no la va a poder resolver el Legislativo, es lamentablemente inexorable, pero sí puede hacer bastante para aminorar el colapso estatal, que tanto daño político le puede hacer al país, dejando el camino expedito para que el 2026 vuelva a aparecer un radical disruptivo que encandile al pueblo frustrado por la decepción terrible que Castillo está generando, sin percatarse de que es justamente por haber votado como votaron el año pasado que estamos en la situación que estamos.
