Hace bien el gobierno en retomar los esfuerzos del Consejo para la reforma del sistema de justicia -como ha anunciado el ministro de Justicia, Eduardo Arana-, para refundar tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, hoy gravemente afectados por la infiltración izquierdista que ha politizado su quehacer a extremos delirantes.
Hace bien, decimos, porque, tal cual se plantea la reforma, no se hace al manazo, desde afuera -como se temía-, sino que involucra a los propios actores, por más que aparentemente se muestren reacios a hacerlo (ni Delia Espinoza ni Janet Tello parecen empeñadas en ese propósito). No hay reforma orgánica y viable posible que no involucre a los propios ficales y jueces en el proceso.
Debe acabar de una vez por todas la politización escandalosa de ambos poderes del Estado, producto de una larga y meditada cooptación diseñada por controlar estamentos de poder que electoralmente la izquierda nunca ha conseguido, pero que subrepticiamente ha ido labrando, con la complicidad indolente del resto de la sociedad civil que no miraba con atención lo que se venía produciendo.
Como resultado de ello, hemos visto persecuciones políticas al amparo de la labor fiscal, venganzas menudas, corrupción soslayada, protección teledirigida a los allegados o afines, etc., bajo el influjo de organismos externos que se excedieron en sus atribuciones y actuaron de operadores políticos del resultado obtenido.
Ello debe acabar. No se trata de reemplazar una casta por otra, por cierto, sino de establecer instituciones meritocráticas sin que importe el color de la camiseta del magistrado en carrera. Parte de este proceso supondría acabar de una por todas también con la alta tasa de provisionalidad que afecta tanto al Poder Judicial como el Ministerio Público y siendo partícipe del Consejo el Congreso, disponer las partidas presupuestales para lograr ese cometido.
Reestablecer la democracia plena -tarea que el gobierno entrante debe acometer como prioridad- pasa por reconstruir una Fiscalía y un Poder Judicial afectados por la politización y la corrupción, problemas que no se solucionan con arreglos cosméticos sino con una profunda cirugía institucional.
Estoy de regreso, en el marco del Día Internacional de los Derechos de la Mujer regreso para seguir compartiendo como vamos luego de 200 años de Independencia. En estos meses que no te he podido escribir, estaba trabajando a tiempo completo como Oficial de Integridad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La integridad es parte esencial de un Estado Moderno. Genera un Estado justo, previsible e inclusivo ya que se rige por valores democráticos. En ese sentido, el bien común debe siempre primar sobre los intereses particulares de los gestores públicos. Por eso, en el marco del Día Internacional de los Derechos de la Mujer quisiera compartirte mi preocupación por la corrupción y el género. Ha habido tantos escándalos que, a la larga, ya se atenta contra las mujeres directa o indirectamente en estos últimos tiempos y conisdero que el tema debe ser incluido en la agenda pública.
Eres, Manuela, un claro ejemplo, te borraron de la historia, de los libros, por el solo hecho de ser mujer. Los valores para las mujeres son diferentes que para los varones pues el espacio público es masculino. Nuestros cuerpos femeninos son deshumanizados y vendidos, así como juzgados por la sociedad, eso lleva a que nuestra existencia tenga retos que los varones no tienen. Los cuerpos de las mujeres tienen un valor monetario y eso es muy peligroso. Hoy querida, las mujeres trabajamos, estudiamos, nos podemos divorciar y tener propiedades, pero aún no tenemos exceso al poder político ni económico. Nuestros cuerpos son bienes que se comercializan y cuando más inocentes tienen mayor valor. Es una visión patriarcal y machista que se mantiene desde tus días. El poder de los varones que gobierna, lidera batallas, congresos, políticas. La diferencia en estos 200 años es que actualmente hay normas y principios nacionales e internacionales que prohíben la discriminación hacia las mujeres, pero se incumplen diariamente.Es por ello que debemos responder, hoy 8 de marzo de 2025, en las dimensiones de genero y corrupción.
Existe la sextorsión que es el chantaje de gestionar en base a recibir favores sexuales y nadie está hablando de ello. El acoso sexual en las oficinas del Estado como formas de corrupción por funcionarios y servidores, tanto nombrados como elegidos. Lo vemos a diario en las noticias. El cuerpo de la mujer tiene un precio y en un sistema capitalista sin oportunidades para nosotras se vuelve el único bien que tiene para ofrecer. No reconocer la violencia ejercida por miembros del Estado como una forma de corrupción nos lleva a separarlo de los valores éticos que deben regir el comportamiento de todo servidor, gestor y autoridad pública. El respeto a la vida de una mujer y su sexualidad es parte de la ética pública.
Por otro lado, la corrupción en los servicios públicos para los más vulnerables, en este caso las mujeres y niñas, lleva a incrementar la desigualdad porque no logran sus fines ni ser eficientes. Su objetivo es desviado del interés superior de la niña hacia fines personales de mercantilismo y ganancia personal de redes criminales, que ven en los más vulnerables un botín. Sectores como salud, educación, desarrollo e inclusión, mujer, poblaciones vulnerables, medio ambiente y cultura deben tener acciones de prevención de la corrupción diferenciadas porque son los responsables de cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Lamentablemente, este gobierno eliminó la transversalización del enfoque de género.
Una sociedad más inclusiva es menos corrupta, la participación de las mujeres rompe el dominio tradicional del club de varones que maneja el poder desde hace más de 200 años. Las mujeres aún no logramos ser parte, seguimos sin tener fuerza. A veces ingresan, pero como amantes. Manuela, mujeres como tú, Francisca Pizarro, Quispe Sisa, Beatriz Ñusta, Ana María Lorenza Coya de Loyola, Flora Tristán, Francisca Zubiaga y Bernales que tenían que decidir entre un matrimonio forzado o un monasterio no pueden ser borradas de la historia del Perú. Las mujeres como mercancías o botines de decisiones políticas.
Somos más de 12 millones de mujeres votantes y representamos en las elecciones de 2021 el 50.40%. Debemos sentirnos representadas, pero lamentablemente nuestras agendas como prevención de la violencia, así como acceso a educación, salud y trabajo no son prioridad. No basta con ser mujer para entrar al espacio público, se debe ser mujer y tener clara nuestra agenda diferenciada. ¿Recuerdas cómo ingresaste a la esfera de poder liderada por varones? La Independencia del Perú fue una pugna de poder masculino y tú fuiste la libertadora del libertador. Queda mucho por caminar, por ello este 8 de marzo te honro junto a todas las mujeres del pasado y estoy muy contenta de retomar nuestra correspondencia, querida Manuela.
Siguiendo la tendencia internacional hacia la polarización, en el Perú hoy, en el ámbito político, prosperan las opciones radicales en desmedro de las agrupaciones más centradas, quienes contribuyen a su devaluación por su pasmo político.
Conforme nos acercamos a las elecciones apreciamos que esa polarización aumenta, aminorando las posibilidades de que agrupaciones de centroizquierda o centroderecha prosperen.
Salvo que ocurra un milagro y la ciudadanía se harte de este fenómeno y busque opciones más sensatas, lo más probable es que el 2026 tengamos que definir la elección entre dos radicales.
Al Perú le conviene infinitamente más una segunda vuelta entre alguien como López Chau versus alguien como Rafael Belaunde, que una que coloque frente a sí a Guido Bellido versus Rafael López Aliaga. La viabilidad de la institucionalidad democrática estaría más a salvo y, por ende, la propia solvencia macroeconómica del venidero lustro.
Ya existe un caudal de votos importante a favor del centro, pero la tugurización del segmento juega en contra de las pretensiones de alguien surgido de esta cantera ideológica. Va a tener que hacer varias tareas, muchas de las cuales ya hemos expuesto hasta el cansancio en esta columna (alianzas, buen plan de gobierno, cuadros técnicos, purga de candidatos, frentes sociales en caso no prosperen las alianzas, etc.).
Los grandes adversarios a derrotar no son solo los extremos radicales sino también el fujimorismo, que goza de una base electoral sólida e irreductible, que, sin embargo, tiene esta vez un techo que va más allá del antifujimorismoraigalsino que abreva del pacto soterrado de Keiko con el desprestigiado régimen de Dina Boluarte.
De no hacer la tarea, el centro va a ser subsumido por los extremos polarizantes y después no podrá culpar a nadie de su desventura. La tendencia está dada y tienen que remar contra la corriente.
El nuevo proyecto de ley de Patricia Chirinos y Renovación Popular que pretende instalar a representantes de las iglesias cristianas en diversas instituciones del Estado.
Aunque el Perú está atravesando una grave crisis relacionada a la inseguridad que cada vez parece estar más lejos de ser controlada y los integrantes del gobierno de Dina Boluarte no pasan ni una semana sin involucrarse en hechos cuestionables, las prioridades en el Congreso parecen ir por otro rumbo.
Como se ha podido ver en más de una oportunidad, son varios los parlamentarios que se encuentran estrechamente vinculados con diversas iglesias con las cuales colaboran públicamente asistiendo a sus eventos e impulsando marchas contra las personas LGTBI o el enfoque de género. Este vínculo incluso ha llevado a que el Congreso condecore a quienes manejan estas iglesias.
Pero este apoyo ahora tiene la intención de ir mucho más lejos. En los últimos días, se ha podido conocer que la congresista Patricia Chirinos, quien ahora integra las filas de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que estaría buscando instalar a un representante de las iglesias cristianas en la instituciones y servicios del Estado.
EVANGELIZANDO AL ESTADO
Si bien se esperaría que las interminables crisis políticas y sociales que padecen los peruanos a diario mantengan a los parlamentarios enfocados en ofrecer soluciones al respecto, en el hemiciclo tendrían intereses personales que reciben mayor atención. Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con la congresista Chirinos que parece estar haciendo su mayor esfuerzo por encajar con los intereses religiosos de la bancada de Renovación Popular y se ha convertido en la autora de un inesperado proyecto de ley titulado “Ley de capellanía integral en las entidades y servicios del Estado”.
La propuesta de Chirinos, que se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente del Congreso, dice tener como propósito regular la institución de la capellanía en el país estableciendo los requisitos para quienes desempeñen esta función y se ampara en la Ley de Libertad Religiosa.
Acorde al propio texto presentado por la integrante de Renovación Popular, el capellán deberá estar acreditado y capacitado por una asociación que esté registrada en el Registro de Entidades Religiosa (RER) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Inexplicablemente, la nacionalidad del capellán jugará un rol importante en su designación debido a que, según el proyecto de ley, la persona designada deber ser, preferentemente, de nacionalidad peruana.
Esta asistencia religiosa se tendría que brindar en diversos lugares, como los centros penitenciarios, hospitales, entidades deportivas y culturales e instituciones educativas en todos los niveles. Además, entre las actividades que podrían realizar se han incluido misas, funerales y hasta matrimonios.
Sin embargo, un detalle que ha llamado la atención es que, a pesar que el proyecto de ley dice no favorecer a ninguna entidad religiosa o espiritual en particular, respetar la libertad religiosa y estar en contra de la discriminación religiosa, a la única religión que hace referencia este proyecto en más de uno de sus artículos es a la cristiana.
SEGUNDO ROUND
Pero esta no es la primera vez que el Congreso, y más precisamente Renovación Popular, intenta llevar la religión a las instituciones del Estado. En el año 2022, el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley que con el cual pretendía las instituciones militares y policiales cuenten con un servicio de asistencia religiosa.
No obstante, en el proyecto de ley presentado por el congresista Muñante la tendencia a favorecer a un credo en particular era menos disimulada y señalaba directamente en el título que esta asistencia religiosa sería sólo para los cristianos evangélicos. Pero, además, pretendía que los ministerios de Defensa e Interior usen su presupuesto para implementar esta propuesta.
Acorde a lo que indica la propia página web del Congreso, este proyecto regresó a la Comisión de Constitución en octubre del 2023. Desde entonces no se tuvo más noticias al respecto hasta que la congresista Chirinos presentó esta nueva propuesta legislativa que parece ser muy similar y no sólo se limita a entidades militares y policiales sino que abarca muchas más instituciones además de habilitar que se lleven a cabo numerosas ceremonias y rituales.
Aunque la propia Constitución establece que el Perú es un Estado laico, este tipo de propuestas legislativas, como las presentadas por los congresistas Muñante y Chirinos, evidencian que en los poderes del Estado existe una clara intención por favorecer a determinadas doctrinas y que los parlamentarios están dispuestos a asumir un rol de pastores priorizando la difusión de sus dogmas.
Como ya muchos analistas lo han señalado, estamos viviendo un cambio en el orden mundial. Como todo orden de esa magnitud no se trata de un simple y nuevo ranking de poder económico liderado por los países imperialistas, sino de un reordenamiento de los territorios junto con el otro reordenamiento, el de la población. Un nuevo orden que tarde o temprano se incorpora dentro de cada habitante de este planeta, traducido en los hábitos, las costumbres y su inevitable representación y reflexión cultural. Por ejemplo, las décadas que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial y su redistribución del territorio, estuvieron enmarcadas bajo la Guerra Fría. Fuimos educados socialmente bajo la amenaza del comunismo soviético (y luego chino, cubano, africano…) al capitalismo estadounidense y europeo (con su estilo poscolonial asiático, latinoamericano, africano…).
En Perú, la Guerra Fría fortaleció nuestros lazos con el mercado norteamericano y tras el paréntesis que nos distanció durante el gobierno militar de Juan Velasco, (que nos acercó a los modelos cooperativistas alternativos al comunismo extremo), la dependencia de Estados Unidos retornó con fuerza. Ya no se trataba tan sólo de superhéroes en cómics. Culturalmente, toda la producción estadounidense cinematográfica, televisiva de entretenimiento, junto con la prensa, fueron diseñadas para convencernos de nuestra postura respecto de esa guerra: la Rusia estalinista era el origen de todos los males y los argumentos de las series y películas pusieron la evidencia. Los rusos eran espías, científicos lava cerebros, soldados, bailadores de ballet, boxeadores, que mostraban convincentemente que Rusia era el enemigo que todos debíamos vencer.
El año 1978, el Partido Comunista Chino comenzó con las reformas para crear una economía socialista de mercado, alejándose cada vez más del comunismo. Pero en Perú Abimael Guzmán con su lectura del Maoísmo y justamente, su rechazo a la reforma china, nos hizo vivir la versión terrorista del comunismo. Para él, debía ser sangriento. Los años de la dura guerra entre el Estado y Sendero Luminoso, alimentaron en nuestra cultura el rechazo al comunismo. Alberto Fujimori, muy sagaz, se encargó de montar su fama como el vencedor de Sendero. De esta manera, en el Perú todo lo que no fuera Fujimorista se convirtió en terrorista.
El año 1989 cayó el muro de Berlín y de pronto el orden mundial pareció vivir una temporada de bienestar: el capitalismo estaba dispuesto a terminar con la pobreza, cerrar brechas con programas sociales y acoger a las minorías incorporando la diversidad como nueva forma de convivencia. La única presión venía de los países musulmanes y su control del petróleo. Pero en América, el comunismo no había sido vencido, quedaban Cuba y Venezuela. Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro representaban el demonio más cercano. Y cuando se agravó la diáspora venezolana por las duras medidas de Donald Trump, la descuidada apertura del Perú a migrantes con antecedentes delictivos, alimentó el encono contra el comunismo. Ya no era necesaria una campaña de cine y televisión, bastaban las redes sociales. Las ideologías de la conspiración cobraron suficiente protagonismo como para convencer a todo un continente a qué debíamos temer.
Mientras tanto, en Rusia Vladimir Putin la estaba pasando muy bien desde que tomó el poder al finalizar el siglo XX. Fortaleció a un poderoso sector de la oligarquía, reemplazó a la Unión Soviética con la Federación de Rusia y si bien económicamente no anda tan bien por las medidas de Europa contra la invasión de Ucrania, sigue teniendo el mayor arsenal de armas nucleares del mundo.
¿Por qué se habla de un nuevo orden mundial? Porque de pronto, sus formas burdas de gobernar, persiguiendo poblaciones y recuperando territorios, han hecho de Rusia un modelo de capitalismo federativo que le ha interesado en demasía a Donald Trump y que al seguirlo ha dejado boquiabierto al mundo entero. El antes país enemigo es ahora el principal aliado. Tendremos entonces que aprender que Rusia ya no es comunista, sino capitalista oligarca, como Trump y Elon Musk. Que sus enemigos son las economías que pueden hoy desafiar a esa alianza ruso estadounidense; y que de todas, Unión Europea, Canadá, México, China es la primera potencia económica actual. Principal mercado y principal exportadora en el mundo entero.
Este nuevo orden, comienza con Trump imponiendo aranceles del 20% a China, 25% al resto, rompiendo tratados de comercio, sin anunciar cómo se enfrentará el impacto en los precios de los productos chinos en su país. ¿Putin se atreverá a desafiar a China? En Perú, China es nuestro primer mercado para la exportación e importamos muchísimos de sus productos. Tenemos además una gran colonia china y con ella, una de nuestras principales cocinas. Hoy, cada vez son más los colegios que enseñan chino mandarín. El puerto automatizado de Chancay ha sido resultado de un acertado acuerdo entre China y la minería peruana. Pero nuestra gobernante, interesada en aliarse con Trump, hasta ahora no responde cómo el Estado peruano va a afrontar el retiro de la ayuda humanitaria de Estados Unidos en el Perú. Sus intereses y preocupaciones son otras, vinculadas a las investigaciones a las que ella y su gabinente están sometidos por sus componendas. El Congreso está dedicado a tomar leyes contra las minorías de la población (en eso sí se acerca al nuevo orden que buscan Putin y Trump), pero su meta es legislar para favorecer a delincuentes y empresarios ilegales. ¿Así es como vamos a responder a un oleaje que no sabemos hacia qué nuevo orden nos va a llevar?
Un sector que puede terminar teniendo gran impacto electoral en la jornada del 2026 es la derecha radical. La inseguridad ciudadana es su combustible creciente y seguramente los discursos prometiendo mano dura, pena de muerte, retiro dela Corte de San José, segregación de migrantes venezolanos, etc., serán parte del arsenal narrativo a emplear.
En general, según la encuesta del IEP, la derecha ha venido creciendo significativamente en las preguntas de autodefinición ideológica, en consonancia con el aumento de la inseguridad. Por más que el gobierno de Dina Boluarte sea identificado como de derecha (más aún ahora que ha estrenado un arraigado anticaviarismo) y tenga un nivel de aprobación paupérrimo, la derecha crece como la espuma.
El problema es que el 10 o 15% que se puede identificar como de derecha radical va a tener que dividir sus preferencias. Ya en estos momentos hay por lo menos tres candidatos que pisan esos predios: Rafael López Aliaga, Phillip Butters y Carlos Álvarez.
No está tan fragmentada como la centroderecha, que presentará cerca de 20 candidatos, pero no tiene el caudal de votos de aquella, bastante más grande que la derecha radical. Eso le puede complicar el panorama de meter a algunos de los tres mencionados en la segunda vuelta electoral.
López Aliaga lleva ventaja por su tribuna municipal. Butters tiene que romper la burbuja televisiva en la que se mueve y Carlos Álvarez tiene que prepararse para afrontar con solvencia la campaña que atacará su identidad sexual (ésta va a ser una campaña furibunda y muy sucia).
El problema para ellos es que si se nivelan sus intenciones de voto, no podrán disputarle el sitio a la izquierda radical y antisistema, y al fujimorismo, que tiene un sólido 10 o 12%, difícil de revertir, a pesar del apoyo absoluto que le brinda al impopular gobierno de Dina Boluarte.
Lo interesante, en todo caso, es que serán animadores de la campaña. Son contestatarios, beligerantes, políticamente incorrectos y confrontacionales. Al menos garantizan algo de condimento a una contienda que si algo no debe ser, por lo que juega en ella, es sosa y plana.
[La columna deca(n)dente] Cuando un ministro del Interior acumula denuncias de ineficacia, miente con descaro, evade la justicia y, en lugar de responder a las investigaciones en su contra, contraataca denunciando a la fiscal de la Nación, el problema no es solo él: es el gobierno que lo sostiene. Pero cuando ese ministro, además, es protegido por la presidenta Dina Boluarte y cuenta con el respaldo de Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga, Vladimir Cerrón y José Luna, el panorama se vuelve aún más preocupante.
La permanencia del ministro en el cargo no se explica, presumiblemente, por su capacidad ni por su gestión, sino por lo que sabe. Su lealtad no es gratuita: es el precio de su silencio. En un gobierno donde la impunidad es la norma, un ministro con demasiados secretos bajo la manga se convierte en un escudo invaluable. Boluarte no lo sostiene por convicción, sino por necesidad. Si él cae, podría arrastrarla consigo.
Su negativa a acudir a la fiscalía y la entrega de un teléfono formateado no son gestos de rebeldía, sino de advertencia: él tiene información que lo hace intocable. En este escenario, su permanencia es menos una decisión política y más un pacto de mutua protección. No es el ministro quien depende del gobierno, sino el gobierno el que depende de él.
Pero el problema no es solo el Ejecutivo. Que este ministro cuente con el respaldo de políticos que dicen representar distintos sectores del espectro ideológico revela un pacto de conveniencia: una alianza pragmática en la que la impunidad se antepone a cualquier principio político. No hay derechas ni izquierdas en esta ecuación, solo actores que buscan sobrevivir políticamente protegiéndose unos a otros. En otras palabras, la corrupción no tiene patria ni bandera.
El acceso anticipado del ministro a un reportaje que lo compromete y su intento de influir en la prensa evidencian un uso sistemático de la información como arma política. Esto sugiere dos cosas: que existen filtraciones desde los medios o que la información se obtiene de manera ilegal. Esto último es una pieza clave en regímenes donde la corrupción es norma y la transparencia, una amenaza.
El país se encuentra ante una deriva peligrosa. Lo que se está consolidando no es un gobierno con una agenda clara, sino una coalición de la impunidad, donde los acuerdos no giran en torno a reformas o políticas públicas, sino a blindajes y favores. Este no es un gobierno de derecha ni de izquierda, sino un gobierno de intereses personales, de grupo y criminales.
En este escenario, la justicia se convierte en una amenaza para quienes ostentan el poder. La policía no responde a la seguridad ciudadana, sino a las órdenes de quienes la controlan políticamente. La prensa es atacada y la institucionalidad, erosionada. Mientras tanto, el ciudadano común es testigo de cómo unos cuantos malgobiernan y legislan en beneficio de las organizaciones criminales.
¿Hasta cuándo durará este pacto? Hasta que las tensiones internas entre sus propios integrantes lo hagan insostenible o hasta que la sociedad, junto con líderes y partidos políticos democráticos, decida romper con esta lógica de impunidad. La pregunta es si la ciudadanía seguirá tolerando un gobierno que, lejos de garantizar justicia y seguridad, se ha convertido en el refugio de quienes más temen rendir cuentas y buscan eludir la justicia.
Sorprende el estruendoso silencio de los precandidatos presidenciales al 2026 respecto de la crisis política que asola al gobierno de Dina Boluarte, a propósito del último escándalo del controvertido ministro del Interior Juan José Santiváñez.
Normalmente, empezada ya la campaña, la clase política suele pronunciarse frecuentemente sobre los quehaceres del régimen que gobierna porque eso les permite “posicionarse” frente al electorado. Así, paulatinamente se van perfilando y capitalizando políticamente, más aún en una situación en la que la mayoría de la población -según confirman todas las encuestas- no tiene idea de por quién va a votar.
Eso sucede en todas las democracias del mundo. Es lo habitual en un contexto preelectoral. Acá en el Perú, por el contrario, parece que el silencio es la consigna.
Por supuesto, ha habido aislados pronunciamientos. Los congresistas, inevitablemente -porque son abordados por la prensa- hablan sobre la coyuntura, pero en el caso que comentamos nos referimos a los que preparan maletas para emprender el viaje de la candidatura presidencial. Salvo una o dos excepciones (Víctor Andrés García Belaunde y Carlos Anderson), el resto de precandidatos ha guardado absoluto silencio, tanto en la izquierda como en la derecha.
Tal vez sea el anticaviarismo del que ha hecho gala el gobierno, empezando por la mismísima presidenta de la república, avalado por una buena parte de la población (ya es casi, podría decirse, la primera fuerza política del país por encima del antifujimorismo), algo que es compartido por la izquierda y la derecha peruana en su mayor parte, lo que ha hecho que se prefiera guardar silencio y en el fondo se espere que la batalla librada por el régimen lleve efectivamente a la derrota de la “mafia caviar”.
No obstante, aún si fuese ése el cálculo detrás, se comete un grave error guardando silencio. Porque ese vacío es ocupado en el imaginario popular por el imprevisible candidato antisistema que, sin lugar a dudas, aparecerá en el firmamento electoral a pocos días de las elecciones, tal como sucedió con Pedro Castillo (hoy, las condiciones para que surja un candidato antiestablishment son más fuertes que las que existían el 2021).
El partido de César Acuña ha logrado instalar en el Ministerio de Salud a otro de allegados. En esta oportunidad, un excandidato a la alcaldía de Maynas y acusado de estas de fiesta en el peor momento de la pandemia se ha convertido en director ejecutivo con la venia del ministro César Vásquez.
Sin el respaldo de la mayoría de la población, graves errores que se siguen acumulando y deficientes resultados en el trabajo de los ministerios, el gobierno que encabeza Dina Boluarte ha encontrado en las agrupaciones políticas con representación en el Congreso su principal y única carta para sostenerse en el poder.
Sin embargo, en una política peruana ensombrecida por intereses subalternos y negociados bajo de la mesa, no hace falta ser demasiado suspicaz para notar que este respaldo del Legislativo a Boluarte y su gabinete no le está resultando nada barato a la mandataria y menos al Perú.
Durante los últimos meses, Sudaca ha expuesto una serie de designaciones hechas en diversos ministerios que no sólo carecen de una experiencia laboral que sustente estas contrataciones sino que se ha tratado de personajes, casualmente, vinculados con los partidos políticos cercanos al gobierno actual. Entre estos, uno de los que más destaca en la lista es Alianza Para el Progreso, el partido de César Acuña.
OTRO EX
Cuando César Henry Vásquez Sánchez, militante de Alianza Para el Progreso, fue designado por Dina Boluarte para tener a su cargo el Ministerio de Salud, las sospechas de un posible intercambio de favores entre la presidenta y César Acuña se encendieron. Lamentablemente para los intereses del Perú, diversos informes periodísticos expusieron que, tras la llegada de Vásquez al Minsa, tanto personas cercanas a Vásquez como a Acuña y su partido obtuvieron cargos y contratos con este ministerio.
Pese a que el escrutinio de los medios ha estado presente, el desinterés del ministro Vásquez pro realizar designaciones apropiadas se ha mantenido y hoy el Ministerio de Salud le sigue abriendo las puertas a personajes cercanos a su partido político. Sudaca ha encontrado un nuevo caso de un antiguo integrante de Alianza Para el Progreso que hoy consigue importantes designaciones en el ministerio que está bajo el mando de otro miembro de esta agrupación.
En esta oportunidad, el protagonista del nuevo anuncio del Ministerio de Salud es Yuri Alfonso Alegre Palomino, quien el pasado 20 de febrero fue nombrado como el nuevo director ejecutivo en la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica del Ministerio de Salud.
Cabe señalar que, tres días antes, Alegre Palomino había renunciado a su cargo como director ejecutivo en la Dirección de Control y Vigilancia de la Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria, puesto al que había accedido el 30 de octubre del año pasado.
Estas designaciones no parecían tener nada de sospechoso. Sin embargo, al revisar el historial de Yuri Alegre Palomino se puede encontrar que, pocos años atrás, fue candidato para la alcaldía provincial de Maynas, parte del departamento de Loreto, de la mano del partido político de César Acuña y del cual también es parte el titular del Ministerio de Salud.
ALEGRE PERO INOPORTUNO
Pero esto no es lo único que se conoce con respecto a Yuri Alegre. A inicios del año 2021, cuando el país todavía era cruelmente azotado por la pandemia del Covid-19, el nuevo director ejecutivo fue visto realizando una fiesta de cumpleaños con numerosos invitados y hasta banca de música pese a que, por esas fechas, todavía se le pedía a población mantener el distanciamiento social, se prohibían reuniones y se exigía el uso de mascarillas.
En este informe que fue publicado por el Diario Ahora también se cuestionaba la irresponsabilidad por parte de Alegre Palomino dado que en esa época atendía pacientes en el Centro de Salud de Morona Cocha así como en su consultorio personal y este tipo de reuniones habían ayudado a propagar con mayor velocidad los contagios.
Según la información de este medio, la fiesta tuvo lugar en los primero días del mes de abril del año 2021 y, para entender mejor el contexto y la gravedad de esa denuncia, se debe tener en cuenta que el mes de abril de ese año fue uno de los más trágicos para el país y que incluso se llegó a superar los cuatrocientos fallecidos en un día.
Durante los meses pasados, Sudaca ha publicado varios informes que exponen las numerosas deficiencias que está reportando en Ministerio de Salud en temas clave para el sector, como son los bajos números en vacunaciones, los errores en la compra de medicamentos y hasta la improvisación con las personas que reciben tratamiento para el VIH.
No obstante, el ministro Vásquez parece más enfocado en darle trabajo a personajes con pasado en el partido político en el cual él ha militado y, como el propio ministro lo ha señalado, incluso ya está pensando en su próxima aventura política como posible candidato al Congreso o en las elecciones regionales del 2026.
