Hace bien el gobierno en retomar los esfuerzos del Consejo para la reforma del sistema de justicia -como ha anunciado el ministro de Justicia, Eduardo Arana-, para refundar tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, hoy gravemente afectados por la infiltración izquierdista que ha politizado su quehacer a extremos delirantes.
Hace bien, decimos, porque, tal cual se plantea la reforma, no se hace al manazo, desde afuera -como se temía-, sino que involucra a los propios actores, por más que aparentemente se muestren reacios a hacerlo (ni Delia Espinoza ni Janet Tello parecen empeñadas en ese propósito). No hay reforma orgánica y viable posible que no involucre a los propios ficales y jueces en el proceso.
Debe acabar de una vez por todas la politización escandalosa de ambos poderes del Estado, producto de una larga y meditada cooptación diseñada por controlar estamentos de poder que electoralmente la izquierda nunca ha conseguido, pero que subrepticiamente ha ido labrando, con la complicidad indolente del resto de la sociedad civil que no miraba con atención lo que se venía produciendo.
Como resultado de ello, hemos visto persecuciones políticas al amparo de la labor fiscal, venganzas menudas, corrupción soslayada, protección teledirigida a los allegados o afines, etc., bajo el influjo de organismos externos que se excedieron en sus atribuciones y actuaron de operadores políticos del resultado obtenido.
Ello debe acabar. No se trata de reemplazar una casta por otra, por cierto, sino de establecer instituciones meritocráticas sin que importe el color de la camiseta del magistrado en carrera. Parte de este proceso supondría acabar de una por todas también con la alta tasa de provisionalidad que afecta tanto al Poder Judicial como el Ministerio Público y siendo partícipe del Consejo el Congreso, disponer las partidas presupuestales para lograr ese cometido.
Reestablecer la democracia plena -tarea que el gobierno entrante debe acometer como prioridad- pasa por reconstruir una Fiscalía y un Poder Judicial afectados por la politización y la corrupción, problemas que no se solucionan con arreglos cosméticos sino con una profunda cirugía institucional.
