En un tweet publicado el lunes, se declaró de “izquierda revolucionaria del social liberalismo”, ¿cómo terminó siendo parte de un partido de derecha radical como Renovación Popular?

Cuando nosotros comenzamos en el pacto político con Rafael López Aliaga, él me dijo personalmente que Renovación Popular era social cristiano, y nosotros los social liberales tenemos un punto de encuentro con el social cristianismo en la búsqueda de la justicia social. Después de las elecciones, ellos han ido desplazándose hacia la derecha y empezaron a soliviantar a la gente del Perú para no reconocer el proceso electoral y tratar de irrumpir contra el Estado de derecho. Mi posición como presidente del partido Fuerza Liberal [aún no inscrito en el ROP] es defender el Estado de derecho, las instituciones públicas, el proceso electoral, gane quien gane. El almirante Montoya, quien permanentemente me contradecía, hoy [ayer miércoles] sacó un tweet en el mismo sentido en el que yo venía declarando antes de mi separación.

 

 

 

¿A qué cree que se debe este cambio de Montoya? Hasta hace unos días pedía desconocer las elecciones.

Creo que se debe a la denuncia penal en la que está incorporado por sedición. Él será juzgado en la vía ordinaria porque aún no tiene prerrogativas congresales y puede ser, desde luego, vacado en el Congreso de la República, siempre y cuando salga la sentencia penal contra él. Por eso creemos que este ablandamiento se debe, primero, a que les pinché el globo del quebrantamiento constitucional que ellos querían impulsar y, en segundo lugar, porque la ley se está imponiendo al autoritarismo.

¿Qué sintió cuando, siendo usted parte de Renovación Popular, Rafael López Aliaga hizo un llamado de “muerte a Cerrón y a Castillo”?

Ese día yo estaba en el mismo estrado frente a Palacio de Justicia y me tocaba hablar y, por acto de rebeldía interna, no hablé. No puedo yo permitir que un social cristiano, que supuestamente ama la vida, pida la muerte de dos líderes por más que ellos sean de otro pensamiento, de otra ideología. Creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso para yo, internamente, discrepar con ese tipo de actitudes. Las consecuencias las he pagado con la separación que me hizo el presidente del partido, sin un debido proceso y sin haberme permitido un derecho de defensa.

¿Qué opina del señor López Aliaga?

En resumidas cuentas, es mi hermano mayor. Es del Opus Dei, nosotros también. Creo que ha cometido muchos errores contra su hermano, que soy yo. Creo que ha perdido, como he dicho en algún momento, el rosario. Eso es mucho porque significa llevarlo a una penitencia permanente. Creo que la política le ha hecho mucho daño, ha generado pecados muy graves contra sus hermanos y no es posible que también haya proferido palabras contra la gente pobre del Perú. Dijo en algún momento que el dólar debería seguir flotando para que los pobres empiecen a sufrir el comunismo. Eso no tiene perdón de dios y, en este caso, me parece que ya se salió del templo y necesita releer la Biblia, reencontrar el rosario, volver a la penitencia y volver a la contemplación. Ojalá salga con otra idea después de un largo silencio.

¿Considera que fue una cobardía lo que le hicieron: tener que enterarse por los medios que ya no era parte del partido y no darle la oportunidad de defenderse?

Sí, creo que es una cobardía. Es una forma de demostrar un autoritarismo, una mano militar. Es una forma de desconocer que un partido político tiene que ser un partido democrático. Es una forma de conducta que tenemos que reprochar, una conducta que un líder político no puede, de ninguna manera.

A pesar de todo, parece que no lo quieren dejar ir tan fácilmente.

Sí pues, es lo que dicen: que yo sigo perteneciendo a Renovación Popular, que el proceso disciplinario que supuestamente me han abierto tiene que ser presidido por Rafael López Aliaga, a pesar de que él no es congresista. Me han hecho llegar algunos comentarios de que me absolverían y por lo tanto yo seguiría perteneciendo al partido. Entonces, con ese pretexto, me quieren incorporar nuevamente. Saben que mi salida les va a mermar una comisión, porque la distribución es por porcentaje de congresistas: a ellos les toca dos comisiones y [antes de mi separación] les tocaban tres. Me parece que por ahí va la intención a que yo continúe en el partido.

¿Y habría alguna posibilidad de que usted regrese a la bancada de Renovación Popular?

No, de ninguna manera. Si me botaron de una patada en los trastes, ¿cómo volver al lugar donde a uno lo maltratan? Uno tiene que tener dignidad, honor y, si uno es presidente de un partido como yo, con mucha más razón. Un líder tiene que saber morir de pie y no de rodillas. Y nunca, nunca, de felón y tampoco de lambón.

En este escenario, donde pretenden que usted todavía es parte de la bancada después de haberlo retirado, le tocaría renunciar.

Sí, desde luego. Conversaré con Renovación Popular y, si me quieren dentro, pues que públicamente me pidan disculpas y podríamos conversar, pero mi decisión actual es que nadie merece ser maltratado. No somos sumisos a nadie, porque nosotros no somos, de ninguna manera, esclavos de dictadores.

El congresista César Combina lo ha acusado de ser un topo infiltrado de Perú Libre.

Yo creo que al congresista Cesar ‘Cumbina’ me parece que se llama… Es que no lo conozco… Hay que decirle sarcásticamente que, así como él al parecer fabula tipos de conspiración, debería tomar una pastillita de ‘ubicaína’ y una anticonspirativa. Esta forma de hablar de congresista, sin tener prueba alguna, simplemente es soñar despierto. Si el señor Cumbina… ¿cómo se llama este señor que no sé…?

Combina…

Combina. [Si este señor] se siente muy bien insultando a las personas, bueno, por su felicidad de él, lo acepto. No hay ningún problema y me resbala. 

Lo dice por sus acercamientos a Cerrón y Castillo luego de haber sido separado de Renovación Popular. ¿A qué se debieron sus reuniones?

Me he reunido con  Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú, con el señor Vladimir Cerrón y con el ahora presidente constitucional del Perú, con la única finalidad de que la Asamblea Constituyente no se instale a trompicones y sobresaltos, sino que se debe instalar con paciencia, con tranquilidad, porque de lo que estamos seguros es que el Perú necesita una Asamblea Constituyente, pero este no es el momento. De aquí a tres o cuatro años, debidamente preparado el camino, puede ser el momento constituyente, toda vez que esta Constitución que tenemos es inminentemente imperialista.

¿Y qué respuesta ha obtenido de parte de Cerrón y Castillo en relación a esperar para llevar a cabo la Asamblea Constituyente?

Respuestas no. Ha habido conversación, han sido muy abiertos. De alguna manera hemos reflexionado juntos y hemos llegado a algunas coincidencias con el profesor Castillo y el doctor Cerrón. Esto me agrada mucho, porque las otras agrupaciones políticas afines con las que me he reunido están de acuerdo con que una Asamblea Constituyente es importante, pero no ahora ni impuesta dictatorialmente.

Ahora que está formando su propia bancada “liberal”, ¿no le preocupa que los llamen la ‘bancada de los tránsfuga’?

No, un tránsfuga es aquel que abandona una agrupación política a cambio de dinero o a cambio de algún interés personal. En mi caso no he abandonado ni he sido expulsado, a mí me han separado y yo me sigo manteniendo autónomo como un librepensador, un militante del social liberalismo. Si no naciera la bancada liberal por “A” o “B” motivos, yo me mantendré solo en el Congreso. No tengo interés personal en ser presidente o secretario de una comisión o ser vocero de una bancada. Aspiro, sí, a ser presidente de una comisión multipartidaria relacionada a la Asamblea Constituyente.

¿Si se llegase a concretar la Bancada Liberal, sería una bancada que apoye al oficialismo?

Apoyará definitivamente a las mejores leyes. Apoyará, por ejemplo, al oficialismo en lo relacionado a la Asamblea Constituyente, en lo relacionado a la reestructuración del Poder Ejecutivo, en lo relacionado a la revisión de la ley de energía y minas. Apoyará al oficialismo en todo lo relacionado en alcanzar la justicia social.

Según recientes declaraciones, desde Renovación Popular quieren proponer una lista para la Mesa Directiva del Congreso liderada por Jorge Montoya. ¿Sería una buena opción?

No, de ninguna manera, porque él sigue teniendo cuerpo y alma de militar. Nosotros no queremos militarizar el Congreso, queremos a un demócrata que sepa articular, que sepa dirigir el país, que conozca de estructura de Estado y no solamente de estructura militar. Queremos que en la Mesa Directiva haya demócratas que sean tolerantes entre ellos también: tolerar a la voz de mando de los militares que están en el hemiciclo y también a aquellos hombres que piensan en una ideología radical como es el marxismo leninismo. Las ideas se combaten con ideas. Nunca se imponen, decía Mercado Jarrín [militar y exministro de Velasco]. Apliquemos este mensaje en esta oportunidad.

¿Su futura bancada apoyaría una lista para la Mesa Directiva del Congreso encabezada por Waldemar Cerrón, como se ha estado barajando en estos días?

Realmente no sé quién será el candidato a la Mesa Directiva por parte de Perú Libre, pero yo creo que debe ser una mesa liderada por un demócrata y no un militar, y debe ayudar a la gobernabilidad del país. En la época de Alan García, en los cinco años [del segundo gobierno], los presidentes del Congreso fueron apristas y gobernó la política económica de forma correcta, porque crecimos casi hasta el 11% del PBI. Creo que Perú Libre merece tener aspiraciones, como también lo merece Fuerza Popular, pero yo me inclino definitivamente a que ha llegado el momento de que la izquierda responsable del Perú gobierne el país.

¿Acaso para usted Perú Libre es la izquierda responsable del Perú?

La izquierda responsable somos varias agrupaciones políticas. Entre esas está Fuerza Liberal, Juntos por el Perú, los hombres de centroizquierda como Somos Perú, Podemos Perú, inclusive una gran parte de Avanza País. En consecuencia, la izquierda responsable son aquellos que piensan en la justicia social del país y no en el neoliberalismo.

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Rey con Barba y mentiras

Una de las primeras arremetidas de Willax contra las vacunas -contra todas ellas- ocurrió en noviembre pasado, cuando Rosa María Apaza, abogada y presidenta de la dudosa Organización Médica Peruana de Investigación (OMPEI), dijo en el programa ‘Rey con Barba’ ¡que las vacunas contra el Covid-19 convertirían a las personas en celulares!

 

No necesitamos ser médicos. El solo hecho de pensar que nos van a inocular genes nuevos… eso no es vacunación. La vacunación no es insertarte nuevos genes. La consecuencia [de esta vacuna] es infertilidad. Las de Pfizer vienen con ARN mensajero, que nos van a introducir nanotecnología, nanopartículas. Es decir, aquí lo que quieren [es] convertir a los humanos en celulares, quieren que sean controlados a través de un pequeño chip”, dijo una delirante Apaza. Los conductores apenas amagaron con contradecirla. Pero Apaza continuó con su exposición. 

Un mes después, en el mismo programa, invitaron a un caserito de la casa: el veterinario Manolo Fernández, dueño de Farvet. Fernández presentó un cuadro donde comparaba la vacuna y la ivermectina, un antiparasitario al que, sin ningún sustento científico, se le atribuye el poder de combatir y prevenir el Covid-19. ¿El ganador de ese supuesto versus presentado por Fernández? La ivermectina. ¿La fuente de dónde se sacó la información? Ninguna.

El Colegio Médico, ni corto ni perezoso, se apuró en hacerle el pare a ‘Rey con Barba’ y a Fernández: “El Colegio Médico del Perú alerta a la comunidad sobre la falsedad de este tipo de comparaciones e información carente de evidencia científica. ¡No se dejen engañar, luchemos juntos contra la infodemia! ¡La desinformación también mata!”, publicó en su página de Facebook. Como si nada hubiera pasado, Rey y Barba siguen haciendo de periodistas todas las semanas. 

 

 

Butters y las fake news

Pero si queremos hablar de disparates, ahí está Phillip Butters. En enero de este año, en su programa ‘Combutters’, presentó la carta de una supuesta empresa llamada KPC Biotech que le ofrecía al Minsa 55 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a precio de infarto. Eso sí, si quería acceder a la oferta, el Estado tenía que apurarse y confirmar rápido.

Pero la carta nunca obtuvo respuesta por parte del gobierno. Indignado, Butters le exigía al Estado que compre las vacunas ya mismo. Por supuesto, se trató de una puesta en escena del experiodista deportivo.

La denuncia que hizo Butters se propagó rápidamente y, en menos tiempo de lo que le tomó a Willax difundir mentiras, varios usuarios de Twitter descubrieron que la empresa que ofrecía las vacunas existía recién desde septiembre, es decir, solo cuatro meses antes de enviada la carta. Y para colmo: ni siquiera tenía una página web.

Pero el roche fue mayor cuando el Minsa dijo que la propia AstraZeneca les había informado que no vendía vacunas a través de intermediarios y que “solo tiene compromisos con los gobiernos de los países y organizaciones de salud internacionales”.

Entonces, ¿de dónde KPC Biotech sacó 55 millones de vacunas?, ¿Butters se planteó esa pregunta o fue parte de un intento de estafa?

Aunque también es muy proclive a las mentiras, Martín Vizcarra fue una de las víctimas de este programa. Phillip Butters soltó el rumor de que estaba internado en una clínica porque, supuestamente, se había contagiado de Covid.

La desmentida no se hizo esperar y, al día siguiente, el propio Vizcarra apareció en los medios rechazando tales afirmaciones.

“Parece que el efecto del distanciamiento ya generó alguna información falsa, hasta ya nos habían enfermado, que estábamos internados en una clínica (…) Debemos tratar de dejar de lado este tipo de información. Nosotros decíamos que si algo afecta más a la población, es este tipo de información falsa (…) este tipo de información falsa [su supuesto contagio] se aclara rápido, pero hay otro tipo de informaciones que a veces demora en aclarar y genera en la población ideas erróneas”, dijo Vizcarra.

 

 

Ve tú a saber si es verdad

El caso más delicado fue protagonizado por Beto Ortiz, cuando en marzo pasado compartió los resultados preliminares de un estudio de la Universidad Cayetano Heredia que supuestamente revelaban que la eficacia de la vacuna Sinopharm era ínfima y que, por este motivo, inocularse con esta era “prácticamente como inyectarse agua destilada”.

Así lo dijeron el conductor del programa y también Ernesto Bustamante, biólogo molecular de profesión. Invitado por Ortiz, este último señaló: «la vacuna produce más Covid-19 que el placebo”.

La metida de pata fue tan grande, que el Minsa tuvo que emitir un comunicado para evitar crear confusión y desconfianza en la población. En él se aseguraba, con evidencia científica de otros países, que la vacuna china tenía un 79.34%.

Entre las aclaraciones del Minsa y las réplicas del programa, la OMS finalmente aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm y las declaraciones de Bustamante y Ortiz cayeron en saco roto. En mayo pasado, el organismo internacional le dio el visto bueno basado en un estudio del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre inmunización de este organismo. 

 

“Sobre la base de toda la evidencia disponible, la OMS recomienda la vacuna para los adultos de 18 años o más, en dos dosis espaciadas entre tres y cuatro semanas. Se estimó que la eficacia de la vacuna para evitar cuadros sintomáticos y hospitalizaciones era del 79% (para todos los grupos de edad)”, afirma en el comunicado.

Para Juan More Bayona, experto en inmunología comparada, solo existen dos posibilidades respecto a las constantes mentiras de Bustamante. “O desconoce enormemente las terminologías del informe y no entiende lo que lee o tiene un propósito perverso de desinformar a la población”, dijo en el medio Salud con Lupa.

El 28 de mayo, Ortiz volvió a arremeter contra la vacuna china diciendo que no servía porque una veintena de médicos murieron por Covid a pesar de estar vacunados con las dos dosis de Sinopharm. Sin embargo, según cifras recientes del Minsa, del total de 60 médicos fallecidos por Covid entre febrero y junio de este año, 39 no se habían vacunado, 14 recibieron solo una dosis de la vacuna de Sinopharm y 7 las dos dosis. “Eso [el bajo número de fallecidos] muestra que [la vacuna] tiene un grado de protección alto, pero no existen vacunas perfectas”, explicó el vocero del Minsa, Arturo Granados.

Si bien hay que considerar el pedido de los médicos de tener una tercera dosis, es importante aclarar que el hecho de que haya fallecidos no implica que las vacunas no sirvan. Ninguna protege al 100% a todas las personas que la reciben. Según un estudio del mismo Colegio Médico del Perú, en cambio, dos semanas después de que los doctores recibieron la segunda dosis de Sinopharm hubo una caída en la curva de muertes y hospitalizaciones. 

Las fake news de Willax respecto a la vacuna de Sinopharm llegaron a tal nivel, que la misma Embajada China ha tenido que emitir, en más de una oportunidad, comunicados para desmentirlas y pedir que dejen de desinformar y jugar con la salud de los peruanos.

La más reciente la escribió hace solo cinco días en su cuenta de Twitter : “Sr. Ernesto Bustamante, es delito privar el derecho a la salud y vida de la gente con desinformación y mentiras. Peor aún si es alguien que se dedicaba a la medicina y ciencia. Es difamación acusar de corrupción a una empresa sin ningún fundamento”. Pero hasta el día de hoy, no parece que los conductores o el mismo canal estén arrepentidos de nada.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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Beto Ortiz, Fake news, Sinopharm

Luego de una cruzada infructuosa en la que no lograron los 87 votos necesarios para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el Congreso puso en agenda la destitución e inhabilitación por 10 años contra el actual magistrado Eloy Espinosa-Saldaña por el supuesto delito de prevaricato cometido cuatro años atrás.

 

En la orden del día de la Comisión Permanente del pasado 9 de julio, revelada por el diario La República, también se pedía acusar por infracción constitucional y suspender por 30 días a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Y aunque hasta el momento no hay convocatoria oficial para ver qué se hace con este pedido, esta no es la primera vez que intentan deshacerse de estos cuatro magistrados a los que ven como enemigos de los intereses parlamentarios.

El caso data del 2017, cuando un grupo de exmarinos denunció constitucionalmente a los cuatro miembros del TC por emitir una resolución en la que supuestamente cambiaban el sentido del voto de un exmagistrado del TC, Juan Vergara Gotelli. ¿Dónde? En una sentencia de 2013 que consideraba los hechos ocurrido en “El Frontón” como delitos de lesa humanidad.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida en esos años por la fujimorista Karina Beteta, aprobó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por diez años de Eloy Espinosa-Saldaña y la suspensión por 30 días de los otros tres magistrados.

“Los congresistas se dieron cuenta de que era un escándalo pedir que los cuatro magistrados sean sancionados con la destitución. Lo que les interesaba era deshacerse de Eloy Espinosa-Saldaña, a quien veían como el responsable de tomar la iniciativa de la decisión, pero esta diferencia no se justifica de ningún modo, porque, si los cuatro cometieron la misma supuesta falta, entonces no pueden sancionarlos de distinta manera”, explica Walter Albán, director ejecutivo de Proética y abogado que asumió la defensa de Espinosa-Saldaña en este caso.

Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó archivar la acusación constitucional, Luis Galarreta, quien presidía el Congreso, envió una carta al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski rechazando la disposición. El caso nunca fue archivado, pero desistieron de la denuncia.

Luego de que el intento del fujimorismo y el APRA por destituir a los magistrados fracasara en aquella época, Espinosa-Saldaña fue denunciado por su colega en el TC, el magistrado José Luis Sardón, por supuestamente haber mentido y arrogarse el título de “doctor” en su CV al momento de postular al cargo en 2014.

Sin embargo, en la denuncia de Sardón no se tomó en cuenta que Espinosa-Saldaña ya había hecho la rectificación de su título el 13 de mayo del 2014, incluso antes de ser elegido formalmente. Al final, el pleno del TC no pudo destituirlo, porque no se alcanzaron los cuatro votos necesarios.

Con una eventual destitución de Espinosa-Saldaña -uno de los magistrados que considera irregular el proceso que lleva a cabo el Congreso para elegir a sus reemplazos-, lo que se pretendía era cambiar la correlación de fuerzas y votos en el TC.

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña es incómodo a ciertos intereses políticos.

Todo indica que la artillería congresal ahora lo volvió a poner en la mira. El orden en el que los magistrados deben ser cambiados depende de quién es el más antiguo. Como los seis con mandato vencido fueron elegidos y juramentaron el mismo día, lo que corresponde, según la Ley Orgánica del TC, es cambiar primero al que tenga la colegiatura más antigua. Bajo ese criterio, los últimos en ser cambiados serían Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma.

Pero en los pasillos del Congreso se empezó a esbozar la intención de alterar el orden. Como explicó el periodista Juan Rosales: definir la antigüedad de acuerdo a la hora en la que fueron elegidos por el Congreso el 21 de mayo del 2014, siendo Espinosa-Saldaña, luego de Ernesto Blume, el segundo en irse. La decisión alteraría el bloque de los cuatro magistrados que resolvió que la disolución del Congreso fue constitucional. El Parlamento perdería un magistrado como Blume, afín a sus posiciones, pero podría reemplazarlo por otro cortado con la misma tijera.

“El orden tiene que ser por la antigüedad en la incorporación. Estos 6 fueron incorporados el mismo día, no hay ninguno que sea más antiguo que el otro, pero por ahí quieren llevar adelante la peregrina tesis de que el orden lo determina el número de resolución, eso es una tontería”, dice Walter Albán.

Una fuente del Tribunal Constitucional apunta a un grupo de empresarios, políticos y abogados de derecha, como autores intelectuales de esta interpretación auténtica que habría influenciado a varios congresistas: la Coordinadora Republicana. “El sector de la Coordinadora Republicana quería meter un orden distinto, no tuvo mucho predicamento y, cuando no se lograron los votos [en la elección de magistrados del TC], finalmente esto quedó como una anécdota, pero la intención de ellos era muy clara. Había intereses de este grupo de variar el orden fundamentalmente para impedir que Eloy Espinosa-Saldaña sea el último en ser cambiado”, asegura.

La Coordinadora Republicana, en palabras del exministro Albán, está conformada por abogados “que aparecen como académicos para sustentar todo lo que ocurre políticamente del lado que a ellos les interesa, sobre todo del Congreso”.

El sábado 10, por ejemplo, el congresista Luis Valdez (APP) convocó una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución para hablar sobre las elecciones de los nuevos magistrados del TC. La reunión contaba con “constitucionalistas de mayor trayectoria y reconocimiento académico”, como los presentó Valdez. Ahí estaban  los abogados que han firmado varios de los comunicados de la Coordinadora Republicana: Aníbal Quiroga León, Gerardo Eto Cruz y Domingo García Belaúnde.

Cuando el congresista Lenin Checco, de Frente Amplio, pidió explicaciones de por qué no se invitó a más abogados con posturas distintas, Luis Valdez no dudó en interrumpirlo y cortar su intervención. De otro modo trató a Martha Chavez (FP) y Rosario Paredes (AP), quienes se tomaron casi 10 minutos, cada una, para plantear sus preguntas.

El abogado Gerardo Eto no dudó en despacharse contra algunos de los actuales magistrados arguyendo que “cuatro tienen una postura ideológica y deben ser cambiados […] con los actuales miembros no hay garantía de independencia política e ideológica”. No es muy difícil saber a quiénes se refería. Así mismo, recomendó a los parlamentarios llegar a consensos para seguir adelante con las elecciones.

 

“Caseritos del TC”

Walter Albán también califica a los abogados de la Coordinadora Republicana como “caseritos” del Tribunal Constitucional. De hecho, Ernesto Blume, quien fue presidente del TC entre marzo de 2018 y enero de 2020, es cercano al abogado Domingo García Belaúnde, integrante del equipo legal de Fuerza Popular que buscó desconocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y miembro de la mentada coordinadora.

“En el estudio Flores-Araoz está García Belaúnde y tiene una relación de mucha cercanía con Ernesto Blume, tanto así que en el TC hay un baño que usan exclusivamente los magistrados, pero Domingo es la única persona que cuando visita el Tribunal usa ese baño. Es ridículo, pero te lo pongo como ejemplo de la cercanía”, cuenta una fuente que trabajó en el TC. 

Otro de los vínculos entre ambos abogados es la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, donde Blume es presidente y García Belaúnde es fundador y presidente honorario.

Según Albán, hay diferentes casos que llegan al TC en donde los abogados relacionados a la ‘Coordinadora Republicana’ tienen participación y encuentran votaciones favorables de parte de Blume. «Yo he tenido casos en el TC. Y eso no es delito, es el derecho a la legítima defensa», responde García Belaúnde consultado por Sudaca.

Al preguntar por sus conexiones con Blume, el abogado aseguró que “ningún abogado del TC se reúne con nosotros [la Coordinadora Republicana]” y que lo unía una amistad de años no solo con él, sino con Sardón, Ferrero y hasta con Carlos Ramos y Manuel Miranda.

Por su parte, el magistrado Augusto Ferrero Costa, el único de los siete que no será cambiado, tiene lazos con el congresista fujimorista Carlos Mesía, pues su asesora, Milushka Carrasco Gallardo, es la exesposa de este último. “Cuando Mesía sale, ella también sale y luego Ferrero la contrata como su asesora”, explica una fuente con conocimiento de los vínculos.

Milushka Carrasco, exesposa del congresista fujimorista Carlos Mesía, es asesora del actual magistrado Augusto Ferrero.

Carlos Mesía, quien fue abogado del frustrado tribuno Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, fue uno de los congresistas que más defendió el proceso de elecciones de los magistrados. Tanto que no le importó desacatar la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, emitida el martes pasado, que mandaba suspender las elecciones. “Eso no es democrático, eso es antidemocrático. Y si quieren llevarnos presos, aquí estamos, pero hoy día se vota”, fueron las palabras del ahora congresista naranja. 

Consultado por su relación con el fujimorismo, Ferrero respondió que no tiene vínculo alguno y que, en cambio, apoyó “vivamente a Vargas Llosa en el primer proceso y a Pérez de Cuellar en el segundo”. Y sobre la contratación de Carrasco, solo apuntó: «A Milushka la conocí hace más de ocho años y tuve ocasión entonces de presentar un libro suyo en el Tribunal Constitucional cuando yo no pertenecía a él. Ahora la veo con su nueva pareja que es un inversionista francés con gran cultura, propietario de un hotel en Tahití».

 

Convencer al Frepap

El último miércoles, zurrándose en la cautelar, los congresistas intentaron elegir a los magistrados del TC. Sorpresivamente el Frepap decidió no participar del proceso. 

“En el transcurso de la noche [del martes], hasta la mañana del día siguiente, estuvimos evaluando [qué hacer], porque se debe admitir también que la medida cautelar no nos llegó a cada uno de los congresistas, nos hemos enterado por los medios. Pedimos información a nuestros asesores y evaluamos. Al día siguiente, tomamos la decisión con los nueve congresistas de la bancada que estuvieron presentes de no ratificar que se prosiga con la agenda, sino acatar y respetar esa medida cautelar, que de todas maneras era algo irregular”, cuenta la congresista de la bancada del pescado, María Cristina Retamozo, quien integró la Comisión Especial encargada de elegir a los mejores candidatos para conformar el TC.

Pero no todos estuvieron alineados. La vocera del partido, María Teresa Céspedes, fue la única que sí emitió un voto: lo hizo a favor del candidato Carlos Hakansson.

Aunque la mayoría retiró su apoyo, en el Frepap siguen sosteniendo que el proceso sí fue transparente y solo se cometió un error al no hacer pública las motivaciones de los puntajes de las entrevistas personales.

Luego de quitar su respaldo al proceso y que los tres primeros candidatos no lograran los 87 votos, se pidieron cuartos intermedios para buscar consensos. Retamozo cuenta que durante estos recesos, algunos congresistas, aunque no quiso precisar nombres ni partidos, se acercaron a ellos para intentar convencerlos “respetuosamente” de prestar nuevamente su apoyo. 

Franco Salinas, vocero de Acción Popular, admite que algunos de sus colegas de bancada fueron los que trataron de explicar a los del Frepap que “los congresistas no estamos condicionados y no nos pueden procesar por seguir una sesión plenaria”. Pero la bancada del ‘pescadito’ no dio marcha atrás.

Al interior de AP, tres parlamentarios se bajaron a tiempo del coche: Hans Troyes, Jorge Vasquez y Rolando Campos. Al día siguiente de las votaciones fallidas, al último le mandaron un documento donde le indicaron que lo separaban de la bancada, aunque luego recularon y le enviaron otra comunicación donde le avisaban que ya no lo separaban, pero le llamaban la atención por su postura.

Para el aún congresista accionpopulista, el “incidente parece que ha sido superado”; sin embargo, Franco Salinas asegura que Campos afronta un proceso disciplinario y que podría ser retirado de la bancada.

Las votaciones ahora se encuentran congeladas porque aún no se tienen los votos necesarios. “Todo depende de cómo pasen los días esta semana y que el Frepap [cambie de decisión]. Mientras no apoyen, no hay votos; si no hay votos, no se va a continuar con la sesión”, dice Salinas. Y luego añade, como un retando a la justicia: “Nosotros tenemos legitimidad para elegir hasta el último día. Si el último día se puede elegir, lo vamos a hacer”.

*Fotoportada por Leyla López

 

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Congreso, Eloy Espinosa-Saldaña, Tribunal Constitucional

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

«El feminismo surge de un enfoque patológico de la sociedad, de quienes creen que pueden ser dueños de las vidas de su pareja o de la mujer», respondió la candidata María del Pilar Tello a una de las preguntas de la Comisión Especial encargada de escoger a los mejores exponentes para conformar el Tribunal Constitucional (TC). Tello, aunque usted no lo crea, es la séptima en el orden de mérito de la lista final.

 

Su peculiar respuesta fue una de las frases memorables que dejaron las jornadas de entrevistas personales en el Legislativo. En esta etapa, previa a la votación final en el Pleno, hubo de todo. Desde alusiones al aborto y el divorcio, hasta menciones a iniciativas de este Congreso como el retiro de los fondos privados de pensiones.

La carrera pública de Tello, que obtuvo uno de los más altos puntajes de la etapa de entrevistas, ha estado vinculada al APRA. No solo postuló con ellos al Congreso en el 2001, sino que también fue funcionaria del segundo gobierno alanista como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y de Editora Perú en el 2006. Renunció luego de que una denuncia periodística revelara que percibía doble sueldo del Estado: trabajaba en Editora Perú y la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Como ella, otros actuales candidatos también tienen relación con parte de la variada fauna política peruana. Y podrían convertirse, gracias a estas elecciones retomadas hace solo tres meses, en uno de los seis nuevos tribunos.

María del Pilar Tello, la candidata al TC con corazón aprista. Foto: Andina.

La prisa no sorprende. Detrás de estas elecciones express -que buscan designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 28 de julio- hay más de un motivo económico y político. “La situación del TC es clave para muchas cosas. Se va a elegir para los próximos cinco años y no es dable que un Congreso con estas características proceda ahora a elegir a seis de los siete magistrados”, dice Walter Albán, exdefensor del Pueblo y miembro del directorio del Consejo Directivo de Proética. 

Y luego añade: “En esta elección se suman varios intereses, pero ahora probablemente el interés más predominante es poner gente para tener un TC que convalide cualquier barbaridad de las que ya están postulando algunas de las actuales bancadas”.

Por ejemplo, en los 38 meses en los que estuvo activo el Congreso disuelto, tres de sus leyes fueron declaradas inconstitucionales. En menos tiempo, este Congreso complementario ya alcanzó a su predecesor. Y queda una larga lista de acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo contra las leyes aprobadas por este Parlamento que serán atendidas por el TC, como aquella que elimina el régimen CAS o la que establece la formalización de los taxis colectivos.

La lista aún puede crecer. Durante la cuarta legislatura aprobada por este Congreso se han aprobado varias normas express que, según la abogada Úrsula Indacochea, el Tribunal podría declarar inconstitucionales. La más importante es el dictamen sobre la interpretación de la cuestión de confianza. “Por más vicios o irregularidades que tenga [este dictamen], un TC controlado políticamente no lo declarará inconstitucional. Claro que va a afectar a un posible gobierno de Castillo”, explica.

Albán coincide: “Si están tratando de aprobar esta norma sobre la cuestión de confianza, obviamente es para impedir que Castillo pueda tener ese recurso a la mano de llegar a necesitarlo y el nuevo TC probablemente va a confirmar la constitucionalidad de esa norma sin mayores empachos, a pesar de que sea abiertamente inconstitucional”, sostiene el exministro.

Para tener una mayoría en el TC, basta con que este Congreso logre cambiar a solo uno de los magistrados: Manuel Miranda Canales, a quien le correspondería salir primero si es que se opta por la opción de reemplazar primero al magistrado que tiene la colegiatura más antigua. Miranda ha sido un actor impredecible y no siempre ha votado a favor de los intereses de los grupos de poder. Por ejemplo, cuando votó -junto a Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos- para declarar infundada la intentona para que prescriban más de S/9 mil millones de deudas tributarias (en litigio) de grandes empresas.

El plan para limitar los poderes de Pedro Castillo ya está en marcha y el TC podría entrar a tallar más temprano que tarde. El sábado 26 de este mes, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido de acción de amparo de Javier Villa Stein para anular la segunda vuelta presidencial, en donde resultó ganador Pedro Castillo. Contrario a lo que pueda parecer, esta rápida respuesta del PJ deja la vía libre para que Villa Stein y compañía apelen en una de las Salas Civiles de la Corte Superior. Si otra vez el pedido es rechazado, la acción de amparo llegaría al Tribunal Constitucional.

“Rechazar rápidamente estos casos, aunque es lo que corresponde, acelera que los casos lleguen al TC. Esto es peligroso si en los siguientes días se nombran personas no independientes para ocupar los cargos en el Tribunal”, explica la abogada Úrsula Indacochea. Lo mismo opina Walter Álban, que fue integrante de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia: “Lo que le conviene a Villa Stein es llevar esto al Tribunal, donde tendría un resultado favorable de ser elegidos los nuevos magistrados a medida”, apunta.

 

Los intereses de las bancadas

Los más interesados en reanudar el proceso para elegir a los nuevos magistrados, según Walter Albán -que ha seguido de cerca el proceso- y una fuente cercana al TC, fueron los parlamentarios de la bancada de Acción Popular (AP). Esto, dado que es la que “está más cerca de la influencia del señor Raúl Diez Canseco”, asegura Albán.

Uno de los que promovió estas elecciones porque considera que es su “deber como congresista” y no puede “darle la espalda a sus obligaciones”, es el accionpopulista Luis Roel Alva, vicepresidente del Parlamento. Según fuentes del partido de la lampa, Roel es afín a la facción de Raúl Diez Canseco, dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Esta universidad cuenta con dos demandas de amparo en el TC por asuntos tributarios que superan los S/10 millones, de acuerdo a un reciente informe de ‘Hildebrandt en sus trece’. Sudaca buscó al equipo de prensa de Diez Canseco y respondieron que no comentarían al respecto.

Pero esto no es lo único que hace levantar la ceja a más de uno. David Velasco Pérez, otro candidato al TC, es actualmente militante del partido de la lampa. Ha ocupado cargos dentro de la organización política e incluso postuló dos veces con este partido: en 2002 para ser regidor distrital y en el 2020 para ocupar una curul en el Congreso. No ganó en ninguna oportunidad y ahora parece tentar suerte en el máximo órgano constitucional del país.

“Creo que en esta oportunidad la bancada debería abstenerse de presentar algún militante porque al final se podría ver como una repartija. Lamento que hayan militantes que estén mezclando sus intereses personales […] Públicamente deslindo responsabilidades de mi partido”, asegura el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.

Consultado por los intereses que moverían a su bancada, el congresista Luis Roel Alva respondió que, al menos de su parte, “no hay ningún interés debajo de la mesa” y que, por ello, no votará por su correligionario Velasco Pérez, quien obtuvo uno de los puntajes más altos en la etapa de las entrevistas personales.

Otra bancada involucrada es Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, quien actualmente cumple arresto domiciliario por presuntamente liderar una red criminal que pagó coimas para influir en la elección del entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, en el 2017. Su hijo, José Luna Morales, es titular de esta comisión.

“Nosotros nos quejamos porque dijimos: ‘¿cómo un señor que está investigado por hechos tan graves va a poder representar a su partido dentro de la comisión que va a escoger al TC?’. Eso no puede ser porque seguramente sus casos van a llegar ahí también. Hay un claro conflicto de interés”, explica el parlamentario del Partido Morado Gino Costa, exmiembro de esta comisión. 

El caso de Luna Gálvez podría terminar en el TC como el de tantos otros políticos. Por el tribunal, solicitando un hábeas corpus que puede anular las prisiones preventivas, han pasado ya Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alan García, la misma Keiko Fujimori y su padre.

Otra bancada interesada en renovar el TC es la bancada de Unión Por el Perú (UPP). José Vega, su representante en el grupo parlamentario, es vicepresidente de la comisión. Sus pretensiones por influir en decisiones trascendentales como estas se verán disminuidas en el nuevo Parlamento porque no tendrá escaños. 

Vega ha renegado en varias ocasiones sobre la labor del actual TC. Cuando el tribunal declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria el año pasado –la primera de las leyes declaradas así por este Parlamento– el congresista aseguró a Canal N que “el Gobierno les está poniendo la agenda”. 

En febrero, cuando el TC declaró inconstitucional la ley que devolvía los fondos de la ONP, Vega trató de hilar una oración atacando a los actuales magistrados: “Hoy día, era la sospecha nuestra, que podría ser pasible de manipulación o interferencia, y hoy el TC ha fallado en contra. Una resolución infame”.

Los favoritos

Lo más preocupante, para los entrevistados por Sudaca, es que los candidatos que pasaron por la ronda de entrevistas no cumplen con el perfil idóneo para atender tareas complejas como las que hemos mencionado en las líneas precedentes. Además, claro, de haber adelantado opiniones, en su mayoría conservadoras, sobre temas ideológicos. 

El constitucionalista Carlos Hakansson Nieto, tercero en la lista de méritos, ya ha postulado al TC en 2014 y 2019. La última vez fue propuesto por la congresista Marisol Espinoza, en representación de la bancada de Alianza para el Progreso. Años atrás Hakansson afirmó que era conveniente plantear una ley para establecer razones que justificaran un arresto domiciliario en casos como el de Alberto Fujimori.

De acuerdo a El Comercio, precisamente Alianza para el Progreso y Fuerza Popular serían las bancadas que lo apoyarían. Su postura conservadora en determinados temas podría ser la razón. “¿Usted está de acuerdo con el aborto?”, le preguntó el congresista Jorge Pérez (SP), a lo que Hakansson respondió: “No concibo un constitucionalista que esté a favor del aborto… perdonen que sea así de radical”.

Fernando Calle Hayen, por su parte, sería el candidato respaldado por Acción Popular. Exmiembro del TC entre 2007 y 2014, se afilió y desafilió del APRA el mismo día: el 3 de marzo de 2009, mientras ejercía funciones como magistrado. Anteriormente, en 2001, ya había postulado con el mismo partido para ser congresista por Junín sin éxito. Con un puntaje de 91.45, ocupa el primer lugar en el cuadro de méritos.

Fernando Calle Hayen, quien sería el favorito de Acción Popular, encabeza el cuadro de méritos. Foto: Andina.

Otro aspirante es Vicente Walde Jáuregui, quien fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). En el 2018 se reveló un audio que tenía con el exjuez Cesar Hinostroza, presunto cabecilla de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, donde hablaban sobre la contratación de una relatora. En noviembre pasado fue cesado por la Corte Suprema por haber excedido el límite de edad como juez titular.

Walde es un candidato con un pasado cuestionable. En el 2005 fue destituido de su cargo de vocal supremo por haber anulado su propia sentencia y dictar otra, en la misma instancia, en el caso de un juicio de la Sunat con la empresa Becom. En la ronda de entrevistas fue cuestionado por una discusión que tuvo con un policía en el 2018, cuando le gritó a dos efectivos que le reclamaron por estacionar su vehículo en la vereda.

“Varias de estas personas que están como finalistas tienen cosas que explicar, que los hacen muy fáciles de presionar. Entonces, lo que quieren [los actuales congresistas] es poner a gente que sientan que le deben el puesto a ellos […] que entre ellos se esté eligiendo a los seis magistrados me parece terrible. Y en estas condiciones, todavía peor”, dice Albán.

“De méritos no tiene nada”

Con el cuadro de méritos publicado, falta poco para conocer a los nuevos seis magistrados. La comisión especial presentará, como máximo el día de mañana miércoles 30 de junio, el informe final a la Mesa Directiva del Congreso. Luego de eso, la votación del Pleno se daría en los primeros 10 días de julio.

La votación será individual por cada candidato. Para ser escogidos necesitan 87 votos, aunque el congresista Diethell Columbus, representante fujimorista en la comisión seleccionadora, dice que “nadie tiene asegurado” el respaldo mínimo porque “este Congreso es impredecible”. Parte de esa falta de acuerdo es gracias a los cuestionamientos al proceso.

De hecho, Gino Costa, exmiembro de la comisión por el Partido Morado, adelanta a Sudaca que su agrupación no respaldará a ninguno de ellos. “No votaremos por ninguno de los 15 porque cuestionamos el proceso en conjunto. Y, por lo tanto, no formaremos parte de esa elección. Esa será la posición de la bancada morada”, afirma.

De las 11 bancadas que conforman el Congreso actual, los morados y el Frente Amplio son las únicas que decidieron mantenerse al margen por los cuestionamientos al proceso. “Es una elección que tiene como propósito elegir a un Tribunal Constitucional que sea afín a una mayoría que claramente ha vulnerado sistemáticamente la Constitución”, denuncia el legislador morado recordando las leyes del Legislativo que ya han sido declaradas inconstitucionales. 

El TC es motivo de discordia desde hace años. Basta recordar noviembre del 2019, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, para entenderlo. El conflictivo desenlace hace olvidar que la cuestión de confianza que presentó el expresidente –que luego interpretaría como denegada tácitamente– se dio, justamente, por su intención de modificar la Ley Orgánica de Elección del TC. 

Con ese precedente, el nuevo Parlamento decidió completar esa misión y aprobó la modificación. “Cuando se da la disolución y se dan las elecciones para el Congreso complementario, la mayoría en campaña, incluido yo, propusimos que no se podía elegir a los candidatos por ‘dedocracia’, porque eso generaba repartija. La reforma eliminaba la elección de magistrados por invitación y establecimos que el único medio era un concurso público basado en la meritocracia. Logramos ese cometido”, explica Luis Roel Alva, segundo vicepresidente del Parlamento. 

Sin embargo, tuvieron que pausar sus pretensiones por la crisis política provocada por Merino y su banda (presidencial). Una semana antes, en la Comisión Especial empezaron a pasar cosas turbias, como reveló Perú21 el 6 de noviembre del año pasado.

Rolando Ruíz, presidente accionpopulista del grupo parlamentario, había anunciado que 32 de 65 candidatos continuaban en competencia, pero luego redujo la selección a 30. A su vez, otros que no tenían observaciones iniciales, fueron retirados. 

Los abogados Héctor Chávez Vallejos y Luis Carrasco García, este último excandidato de UPP por Piura en las últimas elecciones congresales, habían sido descartados porque “las copias que acreditan su experiencia profesional no están fedateadas ni legalizadas por notario”, pero en la lista actualizada de Ruíz fueron reincorporados sin falta alguna. Hoy ninguno forma parte de los 15 finalistas.

Esto motivó la renuncia de las bancadas de Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y Partido Morado al grupo parlamentario por la irregularidad del recorte en la lista de candidatos. El último 20 de abril, días después de la primera vuelta, la Comisión Especial fue reactivada. Volvieron todos, menos el Frente Amplio.

El Partido Morado se retiró al día siguiente. Carolina Lizárraga, quien había entrado en reemplazo de Gino Costa, asistió a la primera sesión para exigir que el proceso vuelva a punto cero para corregir los cuestionamientos. No le hicieron caso. 

“Ella fue a la comisión a plantear que la única manera de elegir a los magistrados era comenzando el proceso por el principio, con una nueva comisión especial. No con la misma integrada por Luna Morales y Vega Antonio, entre otros”, explica Costa. 

El miembro de la comisión seleccionadora, Diethell Columbus, cuestiona que los morados hayan apoyado la reforma de la ley del TC, pero no formen parte del proceso. “Yo discrepo con muchas cosas que se puedan decir en la comisión, pero yo no tengo un doble discurso: no apoyo una reforma legal para que exista una ‘elección meritocrática’ y de repente saco cuerpo”, critica.

Columbus rechaza que otros miembros de la comisión hayan preguntado por leyes recientemente aprobadas en las jornadas de entrevistas de la última semana. Al legislador le parece rochoso que se pregunte “sobre el tema de la AFP o proyectos de ley que están en curso con posible inconstitucionalidad ante el TC que posiblemente [los candidatos] integren”.

Para Luis Roel, segundo vicepresidente del Parlamento, en cambio, era importante conocer la opinión de los candidatos sobre la “eutanasia, el aborto y la interpretación de la cuestión de confianza” porque son temas que podrían llegar al tribunal. “Nos deja ver las posiciones de los posibles magistrados para que luego no se contradigan o nos sorprendan con sus posturas”, afirma. 

Aún así, Columbus admite que, si eligen a alguien, no será, necesariamente, por su puntaje. “De méritos no tiene nada. Finalmente la comisión puede hacer todo el esfuerzo por evaluar, plantear preguntas pertinentes y otras impertinentes a los candidatos, pero lo real es que quien va a ser elegido magistrado es quien tenga los [87] votos”, asegura.

Por números y afinidades conservadoras. Así podría resolverse este lío que tiene cola desde hace más de dos años.

(*) Fotocomposición de portada e infografías: Leyla López

 

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Cuando la periodista Milagros Leiva asoció la canción ‘Flor de Retama’ a los senderistas, lo único que logró fue la indignación de los ayacuchanos. Pedro Castillo logró canalizarlo a su favor. “Este terruqueo a la canción Flor de Retama es un factor que marcó un antes y un después, en Ayacucho es un himno”, sostiene Adrián Sarria, periodista de esta región.

 

Tal fue la repercusión que en su última llegada a Ayacucho, el 19 de mayo, Castillo entonó el huayno en la Plazoleta María Parado de Bellido. Cual estrella de rock, el maestro cajamarquino cantó junto a decenas de ayacuchanos la canción que fue terruqueada desde Lima: “Vengan todos a ver/ en la Plazuela de Huanta/ amarillito flor de retama/ amarillito, amarillando/ flor de retama”.

“Fue todo un hito cantar Flor de Retama en una plaza llenecita. Nunca la había visto así con ningún candidato […] Le regalaron la canción a Castillo”, asegura Sarria. Ya entonces se asociaba a los grandes medios de la capital con la campaña de Keiko Fujimori.

 

Ayacucho fue una de las regiones más golpeadas por la violencia que se vivió en la década de los 80. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, las víctimas mortales en todo el país fueron 69.280. Solo en la región sureña, se concentra más del 40% de muertos y desaparecidos. Para algunos desinformados entonces fue difícil entender cómo el 82,64% de una región tan golpeada por Sendero Luminoso pudo haber votado por el candidato que los medios relacionaban con esta organización criminal. 

En redes sociales se han escrito comentarios como estos: “Ayacucho es la cuna del terrorismo y no han tenido ni memoria ni dignidad para votar en contra de todo lo que tanto daño les hizo” o “Si tuvieran memoria, no hubieran votado como lo han hecho”. Los usuarios: Diego Contreras y Yanina R. Torres respectivamente.

Pero lejos de asustar a los ayacuchanos, la estrategia de Willax y compañía de asociar al profesor con el terrorismo solo causaba molestias. “El terruqueo en una región como Ayacucho ya no sirve. Lo que expresaban los ayacuchanos cuando se hablaba de este tipo de cosas de terrorismo es que un limeño no podía pretender enseñarle a un ayacuchano lo que fue el conflicto armado interno cuando ellos son los que sufrieron en carne propia”, explica Sarria.

Milagros Leiva terruqueando la canción ‘Flor de retama’. El tiro le salió por la culata.

En el distrito de Soras, por ejemplo, en donde los senderistas asesinaron 117 personas en 1984, el 70% votó por el partido del lápiz. Huanta, provincia donde ocurrieron varios atentados terroristas, votó mayoritariamente por Pedro Castillo (83,1%). Y en Lucanamarca, distrito donde los terroristas asesinaron a 69 campesinos, en 1983, el porcentaje aumenta a 90,87%. El apoyo a Fujimori fue casi inexistente.

Este terruqueo ¿hasta cuándo? Porque no es solo al señor Castillo, nosotros cuando nos levantamos o hacemos nuestras marchas, somos [calificados como] terroristas», dice Adelina García, presidenta de Anfasep, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú.

García recuerda que en 1985 llegó a Lima para buscar a su esposo, un cerrajero que dos años atrás había sido detenido por los militares acusado de ser terrorista. Según García no había prueba alguna, dice que lo detuvieron solo por ser ayacuchano. Cuando fue al penal Castro Castro, con la esperanza de encontrarlo, no solo no pudo hallarlo, sino que le impidieron salir, tildándola de terrorista. “Yo he sentido esa discriminación en carne propia […] No me dejaban salir del penal porque era ayacuchana y, por ende, terrorista. Eso nos hacía llorar”, recuerda. Hasta el día de hoy, casi 38 años después, su esposo sigue sin aparecer.

“Cuando lo hacen [terruquearlos] nos duele porque nuestros familiares eran inocentes y, al ser tildados como terroristas, los asesinaron, los desaparecieron. Eso nos duele, por esa razón hemos apostado por un cambio, por eso apostamos por Castillo”, dice García.

En Ayacucho tampoco pueden olvidar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de  Alberto Fujimori, como las esterilizaciones forzadas. Por ello, la lideresa de Fuerza Popular nunca fue vista como una opción y en la primera vuelta obtuvo apenas un 7%. En la segunda, las marchas convocadas por el fujimorismo llamando supuestamente a proteger la democracia y en contra del comunismo de Castillo tuvieron poquísima participación. Por el contrario, se realizaron movilizaciones en contra de la candidatura de la hija del exdictador, en las que se cantó a viva voz ‘Flor de Retama’.

Más allá del terruqueo

Pero no fue la única razón. Durante la primera vuelta, Pedro Castillo se mostró muy cercano a la población ayacuchana. Mientras los demás candidatos llegaban en aviones, hacían la típica conferencia de prensa en el centro de la ciudad y se iban al día siguiente, el cajamarquino arribaba a la región en camioneta y se hospedaba en un hotel barato y poco conocido. Lo primero que hizo fue ir a Huanta, en donde se puso a arar la tierra con los campesinos y a pastar a los animales.

Esto hizo que las personas del interior de Ayacucho se sientan bastante identificados con su figura”, explica el periodista Adrián Sarria.

Pedro Castillo arando tierra
Castillo arando la tierra en Huanta durante la primera vuelta, cuando todavía no era conocido. Fuente: Kamina Sur TV.

Según Mayte González Carrasco, politóloga ayacuchana, para ellos votar por Castillo, lejos de asociarlo con el terrorismo, significa un cambio. “Ayacucho, al igual que la región del sur, viene votando de esa forma hace 20 años, siempre por un cambio, por una reforma”, afirma.

En su tesis sobre el voto ayacuchano*, González explica que el modelo económico no benefició a Ayacucho y por ello la región sureña suele inclinarse por partidos menos vinculados a la clase política tradicional. Por lo general, votan por candidatos de izquierda y étnicamente más cercanos o que pertenezcan a sectores minoritarios.

“Ayacucho y el resto del sur han mantenido un voto siempre de protesta, combativo y muy ligado a la izquierda”, asegura la politóloga. En la segunda vuelta del 2011 Humala obtuvo un 72,10%. En la primera vuelta del 2016 fue Verónika Mendoza quien capitalizó los votos ayacuchanos con 52,77%. Y ahora Castillo obtuvo un respaldo casi total en esta región.

Aunque algunos de sus votantes son conscientes de que varias de las propuestas del profesor son difíciles de cumplir, decidieron elegirlo porque con él “se podrá mejorar en algo”. “Su propuesta es destinar el 10% del PBI para la educación. Aunque es un poco imposible, cuando entre va a tener presente al sector educativo y lo va a mejorar”, explica Walter Bonilla (66), trabajador administrativo de la Universidad Nacional de Huamanga.

Contrario a lo que ocurre con Castillo, los ayacuchanos ven mayoritariamente a Keiko Fujimori como un personaje relacionado a la corrupción. “La señora Keiko solo [quiere llegar a la presidencia] para un beneficio personal. Si no gana, se va a ir a prisión. Justamente eso es lo que ella quiere, evitar dar la cara a la justicia, limpiarse las manos y continuar con su corrupción. Eso no tiene sentido, es una acción descarada la posición que toma ese partido”, dice Bonilla cuando le preguntamos por qué no votó por Fuerza Popular.

No es el único que piensa así. Para la presidenta de Anfasep, Fuerza Popular es una organización delincuencial y le sorprende que la mayoría de limeños hayan votado por Fujimori. “Sabemos cuál es el comportamiento de la familia fujimorista, por eso yo digo que en Lima las personas se olvidan lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que hayan votado por una candidata con una organización delincuencial?”, se pregunta Adelina García.

Tampoco pasa desapercibido para los ayacuchanos que los grandes medios de comunicación y los empresarios apoyaran la candidatura de Fujimori. “Keiko Fujimori representa el continuismo. Hay empresarios que la están apoyando tanto, toditos están con ella. Ellos para nosotros son corruptos, representan el continuismo, son un puñado de personas que quieren hacerse ricos, mientras que nosotros como campesinos tenemos que trabajar desde que amanece”, sostiene García.

Adelina García, presidenta de ANFASEP, sufrió en carne propia las consecuencias del terruqueo. Foto: Ideele Radio.

Y a pesar de que Keiko Fujimori ha dicho en más de una ocasión que ni ella ni su partido terruquean, son vistos como los responsables de los ataques a Pedro Castillo. Para Walter Bonilla, quien al igual que Castillo pertenece a un sindicato, el terruqueo es el arma usada por Fuerza Popular porque es lo único con lo que pueden intentar golpear a Castillo ya que no tiene un pasado corrupto.

En un país polarizado, esta campaña de llamar terrorista a cualquiera que no coincida con ellos le pasó factura a las élites que decían defender la democracia. “Es como si nos hicieran sentir menos por tener esas preferencias electorales y da rabia, porque empiezan a meternos esta cuestión del terruqueo, del terrorismo, con el propósito de meter miedo a las personas”, señala la politóloga Mayte González. Cuenta que incluso la han eliminado de grupos de WhatsApp que tenía con amigos limeños por decir abiertamente que votaría por Castillo.

Al cierre de las elecciones del pasado 6 de junio, mientras Fuerza Popular esperaba los votos del exterior, Perú Libre ponía sus esperanzas en que termine el conteo en el interior del país. Lo que se vive ahora es distinto. Fujimori ha concentrado la mayor cantidad de sus impugnaciones en Ayacucho y el sur del país. “Nos duele que la señora Keiko Fujimori y toda su gente aprovechadora nos vean como si fuésemos ignorantes o terroristas”, apunta Adelina García.

 

*Mayte González Carrasco es autora de la tesis de maestría “Democracia, elecciones y comportamiento electoral en Ayacucho: un análisis de los resultados de las elecciones presidenciales realizadas en el periodo de 1990 a 2016”

**Fotoportada: Leyla López

 

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Ayacucho, Pedro Castillo, Segunda vuelta

Abel -el nombre ficticio que usaremos para proteger su identidad- cuenta que era funcionario del Gobierno Regional de Junín (GRJ) cuando a mediados del 2020 sus jefes inmediatos le dijeron que él y su familia tenían que afiliarse al partido que estaba gobernando. “Tienes que conseguir [militantes para el partido]”, recuerda que le dijo uno de sus superiores.

 

Y así lo hizo. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), él se registró al partido, que hoy disputa la Presidencia de la República, el 22 de septiembre de 2020. Cuatro miembros de su familia y un amigo también lo hicieron ese mismo día, según pudo corroborar Sudaca. En ese momento, Abel estaba trabajando en la Agencia Agraria Concepción, un área de la Dirección Regional de Agricultura de Junín. 

Vladimir Cerrón, líder de PL y elegido gobernador regional para el periodo 2019-2022, había dejado su puesto a mediados del 2019 luego de ser sentenciado por el delito de negociación incompatible. Estuvo en prisión unos meses, hasta que a fines de ese mismo años, la Corte Superior de Junín decidió que afronte su pena en libertad. Lo que no se modificó fue el pago de una reparación civil de S/850.000.

Al año siguiente, Cerrón seguía sin pagar, por lo que su libertad estaba en riesgo. Entonces a Abel le pidieron que aporte dinero para ayudar al fundador de Perú Libre. Debía hacerlo a una cuenta mancomunada. “Más o menos en noviembre mi jefe me manda un mensaje donde dice que tenemos que pagar porque, si no, a Vladimir Cerrón lo iban a encarcelar”, señala.

peru libre plata

Uno de los titulares de la cuenta que aparece en el mensaje de WhatsApp es el ingeniero Rolando Salazar Cordova, actual director regional de Producción, puesto que es designado por el mismo gobernador regional según la web del GRJ. El otro es Jonny Vargas Gutiérrez, militante de Perú Libre desde el 2014 y trabajador del GRJ durante aquel 2020.

Abel aportó S/300. “No me sentí presionado, sino obligado porque era mi jefe quien me mandó ese mensaje […] Hemos estado sometidos. Todo el grupo de poder es así. Si trabajas, tienes que pagar”, agrega.

No es un caso aislado. Ginés Barrios Alderete, exconsejero regional del 2011 al 2014, durante la primera gestión de Vladimir Cerrón como gobernador regional, explica que durante esos años a él le llegaron denuncias de trabajadores del GRJ a los que se les descontaba parte de su sueldo.

“Yo puedo asegurar [que ese tipo de acciones ocurre] porque en una sesión de consejo yo presenté unos recibos en los que se descontó parte de su sueldo a trabajadores. Yo cuestioné eso y les dije que no me parecía correcto, que cómo era posible que el personal que se ha incorporado a las planillas del Estado tenga que estar sujeto a una obligación de dar parte de sus remuneraciones a un partido político [Perú Libre]”, asegura Barrios. 

El exconsejero agrega: “Según dijeron era un aporte voluntario, pero a mí no me parece. Ningún trabajador que se incorpore a la administración pública puede tener, más allá de su contrato laboral, un contrato al margen para regentar un porcentaje de su sueldo permanentemente, eso afecta a la gestión pública”. 

Dentro del consejo regional había mayoría oficialista de Perú Libre, así que la denuncia de Barrios no prosperó.

Durante aquella primera gestión, el 2013, el diario Correo denunció además que trabajadores del GRJ recolectaban firmas en horario de trabajo para poder inscribir a Perú Libre, hasta ese año movimiento regional, como partido de alcance nacional. 

Según pudo identificar el diario, entre los trabajadores que acudieron a recolectar firmas, bajo amenaza de despido, se encontraban funcionarios de la Procuraduría, quienes supuestamente se encontraban “de comisión” realizando trámites. El exconsejero Ginés Barrio pidió investigar el hecho, pero nuevamente la mayoría oficialista no lo permitió.

A Abel le pasó algo similar años después, ya durante la segunda gestión regional de PL. Cuenta que su jefe le dijo que tenían que ir a Lima para apoyar a Cerrón, pero él respondió que no podía porque tenía que trabajar. “Ahí es donde me han odiado”, asegura. Fue en ese momento cuando uno de sus compañeros de trabajo le explicó la razón del porqué él sí había decidido ir a apoyarlo.

«A mí no me paga el sueldo el Estado, a mí me paga Vladimir Cerrón», es la frase que Abel recuerda haber escuchado.

“Yo estaba triste por lo que me dijo mi amigo, que es ingeniero. ‘No hay principios, no hay valores’, pensé. Vladimir puede hacer esto con la gente, hacer que piensen que dependen de él», cuenta. Cuando terminó su contrato, en diciembre de 2020, no le renovaron.

Ginés Barrios confirma que esto es algo común durante los gobiernos de PL. “Cada vez que había manifestaciones que tenían que ver directamente con las actividades del partido de este señor [Cerrón], las sedes del Gobierno Regional se quedaban sin trabajadores”, dice.

 

Silenciar al que opina distinto

El pasado 7 de mayo, el congresista César Combina (APP) hizo público un informe interno de la Municipalidad de Huancayo. El documento estaba dirigido a la subgerencia de Gestión de Recursos Humanos y daba cuenta de dos opiniones que Julio Nieto Tinoco, un trabajador de la comuna, había realizado en su cuenta de Twitter y que luego habían replicado algunos medios. La comuna huancaína es uno de los bastiones de Vladimir Cerrón. Su alcalde es Juan Quispe Ledesma, electo por Perú Libre.

 

informe contra Julio Nieto

 

Julio Nieto es el responsable del área de Beneficios Sociales y Laborales de esta municipalidad. El 11 de abril (el día de la primera vuelta), escribió en Twitter: “La mayoría de peruanos no tiene idea quién lidera Perú Libre, si supiera que es un sentenciado por corrupción y que tiene tomada las municipalidades y el GRJ y que Castillo solo es y será monigote de Vladimir Cerrón”.

El tuit fue reproducido en el diario Correo al día siguiente, lo que produjo malestar en sus superiores, según declaraciones de Julio Nieto. No era la primera vez que hacía este tipo de comentarios.

“En varias ocasiones ya hice comentarios en contra de Perú Libre, por la gestión en general, porque acá en Junín ese partido tiene gran parte de los municipios provinciales y también tienen el gobierno regional. Como ciudadano y como representante de un partido político [APRA], hago opiniones sobre la situación administrativa, política que sucede”, explica Nieto a Sudaca.

Como es trabajador permanente, no lo pueden despedir sin más. Pero según Nieto buscan otras formas de hostigarlo. “Cuando ellos iniciaron su gestión en el 2019 y yo hacía mis comentarios, empezaron a molestarme. Me rotaron en dos ocasiones de una gerencia a otra, y de otra a otra. Y ahora que estoy comentando, los funcionarios de turno me dicen ‘Julio deje de escribir, porque los de arriba se están molestando, los de arriba quieren que te saque’”, apunta.

Sobre este caso, el congresista Combina, férreo opositor de Cerrón y la persona que difundió el documento, asegura que ante la imposibilidad del despido, lo que se estaría buscando es acumular sobre Nieto distintas llamadas de atención para sacarlo sin que parezca un despido arbitrario. De hecho, por los tweets recientes, dice Nieto, el subgerente de Recursos Humanos ya le avisó que volverían a rotarlo de puesto. 

Para otros trabajadores, sin embargo, es más difícil conservar sus empleos dentro de los municipios dominados por Perú Libre. Los que no tienen contratos o los que están contratados por un tiempo limitado están sujetos a despidos o a la no renovación de sus contratos, como el caso de Abel.

“Este tipo de acciones son recurrentes en esta gestión. La municipalidad básicamente es gobernada por PL y el representante máximo es el señor Vladimir Cerrón (..)  PL son un grupo muy radical, muy fuerte. Da un poco de temor [hablar] ”, sentencia Nieto.

Por enésima vez, Sudaca contactó a Vladimir Cerrón para este informe, pero prefirió no contestar.

 

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Por Alba Ñaupas y Alessandro Azurín

A lo largo del Río Ene transitan diariamente los asháninkas buscando “caracolitos”, como cariñosamente le llaman a este animal, el caracol, que usan para preparar su comida. En marzo de este año, miembros de la comunidad de Potsotincani, ubicada en el distrito de Río Tambo (Junín) se encontraban realizando esa labor cuando se toparon con un grupo de 40 personas armadas, entre hombres y mujeres, que los observaban con actitud amenazante. 

 

“Los armados les preguntaron a los asháninkas ‘¿qué hacen ustedes acá?’. Ellos respondieron que era su territorio. Los señores les dijeron que tenían que irse de ahí porque, si no, los iban a desaparecer. Los asháninkas se asustaron y escaparon”, cuenta Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 53 comunidades de las cuencas de ese río.

Potsotincani está a cuatro horas de San Miguel del Ene, Vizcatán, escenario de la masacre del domingo 24. El episodio que relata Valerio revive lo peor de épocas pasadas para los asháninkas y no es el único. La visita de estos personajes armados ocurre cada vez con mayor frecuencia. “Seguimos en estado de emergencia porque actualmente enfrentamos problemas como el narcotráfico. Cada año va creciendo el sembrío de hoja de coca en la frontera de Cuzco con Junín y Ayacucho. Siembran su coca, instalan cosas para macerarla y convertirla en droga. Todo eso hemos tenido que sufrir las comunidades sin el menor apoyo del gobierno. Hemos denunciado, pero no obtenemos respuesta”, afirma Valerio.

Según Rubén Vargas, presidente de la Empresa Nacional de Coca (Enaco) y especialista en tema de seguridad, el 90% del narcotráfico está focalizado en nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem. Además de Vizcatán del Ene, están Pichari, Sivia, Kimbiri, Santa Rosa, Llochegua, Samugari, Canayre y Río Tambo (acá se ubica Potsotincani). “En el Vraem se cultivan un poco más de 26.000 hectáreas de hoja de coca y se procesan 450 toneladas de cocaína anualmente. Eso representa el 70% de toda la cocaína a nivel nacional”, agrega el también exministro del Interior.

vraem narcotrafico mapa
Nueve distritos de los 69 que agrupa el Vraem son los que focalizan el 90% del narcotráfico en el país. Infografía: Leyla López.

 

Ni ese dato ni lo ocurrido el domingo 24 en Vizcatán sorprende a los asháninkas. Como si fuese una advertencia siniestra, Pedro Valerio le aseguró a Sudaca que en los últimos meses su comunidad venía reportando cádaveres desfilando por el río Ene. “Hemos visto tal vez siete cuerpos estos meses, pero debe haber muchos más porque el río es grande y no podemos ver todos. Eso no es novedad para nosotros, cuando hay muertes en la parte alta del Ene los botan al río”, explica. 

Según Valerio, tanto el desfile de muertos en el río, como los cruces con los narcoterroristas fueron reportados por su gente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ignoraron sus denuncias. “No ha habido una respuesta rápida para ver qué está pasando. A raíz de esto, las comunidades se sienten inseguras. Lo que está pasando en Vizcatán del Ene en cualquier momento puede suceder en nuestras comunidades”, detalla.

La sociedad del narco-terrorismo

“Nuestra comunidad está en constante peligro porque hay presencia del narcotráfico, [nuestros territorios] son corredores de los cargachos que llevan drogas, de los remanentes terroristas que son guardaespaldas de los cargachos”, dice Valerio.

El dirigente asháninka se refiere a la perversa sociedad que existe en la zona entre narcotraficantes y los remanentes de Sendero Luminoso, denominados hoy el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). La Policía y las Fuerzas Armadas responsabilizan a este grupo terrorista de la masacre de Vizcatán.

Esta facción escindida del Sendero original ha hecho sentir su presencia con al menos 20 atentados terroristas que bañaron de sangre al valle en los últimos 13 años. Liderado por Víctor Quispe Palomino, está conformado por aproximadamente 330 personas entre adultos, niños y ancianos, explica el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote.

Según estimados de esta unidad especializada, la principal fuerza armada de esta organización -la que se dedica a cometer los atentados- está formada por aproximadamente 30 terroristas. Los otros 300 no son partícipes directos de estas incursiones, sino que se dedican a la cosecha, el sembrío y a cuidar a los niños. Arriola dice que, aunque no participan de las acciones armadas, al fin y al cabo forman parte de la organización.

El general señala que la mayoría de los jóvenes que forman parte del MPCP nacieron al interior de la organización y “no conocen otra cosa que no sea la organización criminal del terrorista Sendero Luminoso”. Actualmente ya no hay muchos niños dentro de la agrupación, porque ‘José’ habría dado la orden de ya no procrear más.

Aunque anteriormente los terroristas tenían presencia en más distritos del Vraem, ahora su centro de operaciones se ha reducido a Vizcatán del Ene. Las huestes del grupo terrorista viven encapsuladas ahí y tienen problemas para expandirse. Este distrito, en el que el 56% de sus habitantes no tiene acceso a los servicios de salud según el exministro Rubén Vargas, es un lugar estratégico para el camarada ‘José’ y sus secuaces.

Y no es hogar para cualquiera. Como explica el general en retiro José Baella, exjefe de la Dircote, las temperaturas en la noche bajan mucho y en el día hay demasiado calor. También hay una vegetación de árboles de entre 30 y 40 metros que hace que la orientación sea casi imposible. “Solamente la gente que sabe, que conoce el terreno, es la que sobrevive ahí. Es una geografía muy difícil, por eso es una fortaleza para ellos, están bien escondidos ahí”, afirma Baella. 

De acuerdo a estimaciones de la Dircote, el 33% de la droga elaborada en el Vraem transita por el distrito de Vizcatán del Ene. Ahí los terroristas resguardan los laboratorios en donde se produce la cocaína, cobran por cada hectárea de hoja de coca sembrada y brindan seguridad a los ‘cargachos’, que transportan la droga a pie por las zonas que tienen controladas. 

“[Los terroristas] se financian con el tráfico ilícito de drogas. Cuando los mochileros pasan por las zonas que ellos controlan les cobran por cada kilo de droga entre $8 y $9”, explica Baella.

Sin embargo, esa modalidad de traslado, operada por los ‘cargachos’, no es la principal. “Hay una importante ruta área. Se traslada cocaína usando avionetas con destino a Bolivia o Brasil. La modalidad de los ‘cargachos’ se ha ido dejando porque [los traficantes] están usando mecanismos más sofisticados y en mayores volúmenes, como las rutas aéreas”, asegura Rubén Vargas.

Según fuentes confiables, en promedio parten 10 avionetas diarias del Vraem en temporada de verano, pues en invierno no es posible trasladar la ilegal mercancía por aire debido a las intensas lluvias.

Las fuerzas del orden, sin embargo, no son bien recibidas en determinados sectores del Vraem. Fuentes en la Dirandro cuentan a Sudaca cómo la población del valle cocalero les manifestó su rechazo el pasado 27 de abril. Esa tarde, realizaron un operativo en el distrito de Putis, Ayacucho, porque habían recibido información de que en esa zona “llegaban los mochileros que cargaban 800 kilos” de droga. Como si fueran un imán de problemas y no los responsables de protegerlos, los policías fueron expulsados por la población local.

“No duramos ni dos horas porque el presidente de la comunidad nos dijo que teníamos que irnos o tomarían medidas contra nosotros. La gente tenía miedo. Cuando vimos ese movimiento, antes de las 8, ya teníamos que irnos. Esa es una zona de traslado de ‘merca’ desde Llochegua. Los tucos [terroristas] dan la seguridad y cobertura para que la gente pueda mover su ‘merca’”, explica un oficial que participó del operativo.

Putis es el mismo lugar en el que el 13 de diciembre de 1984, efectivos militares ejecutaron a 123 pobladores locales, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Angel Pedro Valerio CARE
Pedro Valerio, presidente de CARE, denunció la presencia de hombres armados en las comunidades asháninkas y la aparición de cuerpos en el río Ene. Ambos hechos lo atribuye al narcotráfico. Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Junín.

 

Hay otras comunidades al interior del Vraem, sin embargo, que piden a gritos la presencia policial y militar para que atiendan sus denuncias. Y también para que no los dejen desprotegidos. La Central Asháninka del Río Ene (CARE) señala, por ejemplo, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pretende desactivar sus comités de autodefensa alegando que no hay presencia terrorista o de narcotráfico, dejándolos indefensos ante cualquier ataque.

“Si nos van a quitar armamento y no nos van a reforzar nuestro Comités de Autodefensa, fácilmente van a ingresar los narcotraficantes, los remanentes del terrorismo. El narcotráfico va ganando territorio. Si nos dejan sin nuestros comités, nos dejan totalmente vulnerables”, se queja Pedro Valerio, presidente de la CARE.

Sudaca contactó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General César Astudillo, pero no respondió nuestra solicitud de entrevista.

Cifras de abandono

“La realidad de los pobladores del Vraem es muy diferente. No solo se trata de llevarle protección, sino también apoyo a esa población que muchas veces no tiene acceso a educación”, dice José Baella, exjefe de la Dircote.

A Baella no le falta razón. Según el último censo del INEI (2017), en la zona no hay una adecuada disponibilidad de docentes de educación regular y el 39% de los colegios en todo el valle cocalero necesita la sustitución total de su infraestructura. No solo eso. El analfabetismo afectó al 20,6% de la población mayor de 15 años y la brecha digital es enorme: hasta el 2017, 129,157 hogares (96,5%) no contaban con servicio de internet.

Los índices de pobreza, además, apuntan que el 22,51% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 42,81% son pobres extremos, según cifras del ministerio de Inclusión Social al año 2019.

En salud, los indicadores también son lamentables. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud del 2017, el 25,8% de los niños del Vraem entre los 0 y 3 años se encuentra en situación de desnutrición crónica. Y si nos fijamos en los niveles de anemia infantil, casi la tercera parte, el 34% de los niños, padece de esta enfermedad por falta de una buena alimentación. 

En los distritos donde se produce la mayor cantidad de cocaína, los habitantes no tiene acceso al servicio de salud, siendo Vizcatán del Ene (55,8% no cuenta con el servicio), Canayre (47,9%) y Pangoa (47,6%) los afectados en mayor porcentaje por esa carencia.

Otras cifras revelan las consecuencias del narcotráfico en el medio ambiente. Así, entre los años 2000 y 2016, de acuerdo a información del Ministerio de Ambiente, se han reportado alrededor de 98.171 hectáreas de bosques perdidos, siendo los distritos más críticos el de Río Tambo, Pangoa y Mazamari.

Otro problema que afronta el Vraem en términos ambientales es el alto nivel de contaminación del agua con insumos químicos relacionados a la producción de cocaína. Un estudio realizado por DEVIDA en el 2013 encontró que el agua de muchas de estas microcuencas afluentes del río Apurímac contiene altos niveles de elementos nocivos para la salud, como fosfato, cromo, níquel y plomo, haciéndola no apta para el consumo humano.

Además, se encontraron niveles alarmantes de turbidez y coloración del agua, lo que constituye importantes riesgos para la salud de la población. Las cifras fueron utilizadas por el Ejecutivo para la elaboración de la “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021”.

Pero no es la única manera en la que el narcotráfico contamina las aguas del Vraem. Pedro Valerio denuncia también que los cuerpos que aparecen en las corrientes del Ene contaminan sus ríos, perjudicándolos “no solo para tomar, sino también para sobrevivir: si el río está contaminado no tenemos para comer”.

Evitar la expansión del narcotráfico en el Vraem es un problema más que el nuevo gobierno deberá afrontar. Y no se trata solo de una lucha policial, como hemos visto.

 

*Fotoportada: Leyla López

 

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narcotráfico, Terrorismo, VRAEM

Por Alba Ñaupas y Paolo Benza

“Si votas en blanco, votas en rojo” es una de las frases que ha circulado por Facebook apoyando la candidatura de Keiko Fujimori. Al menos 27 anuncios similares fueron pagados por la agencia de publicidad Algoritmo, de acuerdo a la biblioteca de anuncios de Facebook. Esta misma empresa ha sido seleccionada por la ONPE como parte del plan de medios de la franja electoral, un mecanismo a través del cual los partidos políticos compran espacios publicitarios con fondos públicos.

 

Son tres las empresas postoras que ofrecen espacio en redes sociales: Radio Onda Sideral, Ozono Networks y Algoritmo. Perú Libre, quizá sin saber de los anuncios naranjas de la empresa, eligió solo a esta última. El monto: S/60 mil que le da la ONPE.

Fuerza Popular, por su lado, ha apostado por no tener presencia en redes sociales con dinero del Estado. No tiene porqué. El fujimorismo ya tiene aliados en ese espacio, la mayoría ‘anónimos’, que han impulsado las iniciativas “Por mi familia” y “Unidos por un Perú mejor”.

Uno de los financistas de la campaña “Por mi familia” es justamente Algoritmo, una empresa fundada en 2013 cuya razón social es Go Digital Perú S.A.C. La página, creada el 29 de abril pasado, promueve el voto a favor de Fujimori, a quien califican como el “mal menor”. En unos videos publicados el 10 y 11 de mayo, se puede ver a la bailarina Vania Masías asegurando que no es “pro Keiko” y que, aunque le va a costar, va a marcar la K “por mi familia, porque no quiero que pasen por lo que ya pasamos”.

En otro de los videos pagados por Go Digital y difundidos el pasado 7 de mayo, aparecen figuras conocidas como Inés Melchor y Renzo Reggiardo hablando sobre no perder lo que ya ganaron, en alusión al comunismo, y “no votar con odio, sino por el Perú”. 

No todos los videos publicados asociados a esta campaña fueron pagados por Algoritmo. Según el medio Ojo Público, la semana pasada Facebook eliminó tres anuncios virales en contra de Pedro Castillo −publicados en la página “Por mi familia”− porque no identificaron al financista detrás de la propaganda política.

Como explica Facebook en su biblioteca de anuncios, estas publicaciones pagadas se pusieron en circulación “sin un descargo de responsabilidad”, es decir, no se advirtió quién las había financiado. Una vez publicadas, se determinó que cada una de ellas “era un anuncio sobre temas sociales, elecciones o política, y que requerían la etiqueta [de propaganda política], así que lo quitamos”.

Los videos que no se eliminaron fueron los de Algoritmo, precisamente porque en ese caso sí se identificó que esta empresa fue la que pagó la pauta publicitaria a favor de Keiko Fujimori.

 

¿Confidencialidad?

Consultados por el financiamiento de los anuncios pro fujimoristas, Algoritmo respondió que ellos solo son “una agencia de compra de medios digitales”, que sirven como intermediarios y que la campaña “Por mi familia” no fue financiada por ellos, sino por un cliente, “el cual debemos mantener en confidencialidad por nuestras políticas internas”.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, explica que las empresas están prohibidas de hacer aportes a las campañas electorales. Ante el argumento de que esta publicidad fue financiada por un tercero, Lanegra agrega que sería importante que la ONPE intervenga para conocer quién financió estos anuncios, tal como sucedió con el caso de los carteles de “No al comunismo”, por un tema de transparencia.

Hasta el cierre de esta edición, no recibimos respuesta de parte de la agencia de publicidad Algoritmo a la pregunta explícita de quién es el cliente que habría financiado los videos.

Aunque la ONPE es responsable de asegurar la neutralidad y transparencia en el proceso electoral, Benito Portocarrero, jefe de prensa del organismo estatal, nos respondió que “no habría ningún impedimento legal” para financiar particularmente la campaña publicitaria de un candidato y, al mismo tiempo, ser el encargado por la ONPE de la campaña del competidor.

 

Fotoportada: Leyla López

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, ONPE

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

 

El pasado 24 de abril los 16 congresistas electos de la nueva bancada de Acción Popular (AP) por fin se conocieron. La cita fue convocada por el reciente candidato presidencial del partido, Yonhy Lescano, en el local principal de la agrupación. Consultado por los pormenores de la reunión, el virtual parlamentario Juan Carlos Mori asegura que se trató solamente de “una reunión de agradecimiento y felicitación de parte de Lescano hacia nosotros, los electos. No conversamos ninguna postura partidaria. Eso es aún un tema pendiente”.

 

Otro de los asistentes, Ilich López, virtual congresista por Junín, resume la conversación de esa reunión en una sola palabra: unión. “Básicamente lo que hemos quedado es que la bancada va a actuar en unidad, en base a los principios partidarios y vamos a ser una bancada sólida. Conversaremos con todos los líderes de Acción Popular para poder contribuir con la unidad dentro del partido y que esa unidad se vea reflejada en nuestras decisiones”, explica a este medio.

Pero a la reunión del 24 de abril no acudieron todos. Y aunque Ilich López dice que las ausencias se debieron a presuntos contagios de Covid 19, Sudaca pudo conocer que en el partido de la lampa ya empiezan a manifestarse algunos desencuentros.

Uno de los grandes ausentes fue nada más y nada menos que el candidato congresal más votado del partido: José Arriola, el N°1 de Lima que en las elecciones internas de AP corrió al lado de Edmundo del Águila. Las razones por las que no asistió, según otros testimonios, no se deberían a su estado de salud, sino, precisamente, a las diferencias que hay dentro del partido.

Mesías Guevara, presidente de AP, desliza esa posibilidad. “No habrá estado Arriola porque parece que hubo un tema de los congresistas provincianos versus los de Lima”, dice. La discrepancia giraría en torno a la visión del país que tienen ambos bandos, aunque los capitalinos estén en desventaja: apenas lograron dos curules. Guevara adelanta que el Comité Político los convocará para coordinar y limar posibles asperezas. Al parecer, la bancada -aún- no estaría del todo unida.

Ricardo Torres, militante desde hace 15 años y miembro de la Comisión de Plan de Gobierno de AP, explica que Arriola -quien llegó a ser el N° 1 dentro de la lista de candidatos al Congreso gracias a la maquinaria que movió en su favor el actual alcalde de Ate, Edde Cuellar- es parte “de una facción no deseada” por haber “sido promovido por un alcalde invitado”, “un defecto del último sistema de votación interno de AP” y producto del arrastre de Yohny Lescano como candidato presidencial.

Como contó este medio antes de las elecciones congresales, Arriola es casi un desconocido dentro de AP. “[Los militantes] le van a sacar en cara cómo llegó al partido”, pronostica Torres. “Como él, tenemos algunos problemitas con otros militantes que han llegado a ser electos […] van a suscitarse ciertos reclamos de la misma militancia que le van a decir ‘qué haces tú acá si tú tienes tal o cual problema judicial’ o que tienen intereses contrarios al partido” añade.

 

Para Franco Salinas, vocero de la actual bancada de Acción Popular, la ausencia de Arriola se debió al abandono en que dejó Lescano a algunos grupos de candidatos en la reciente campaña congresal. “Apartaron a muchos correligionarios de regiones, autoridades, los mismos candidatos al Congreso se quejaban. Pregúntale, por ejemplo, al señor Arriola de Ate. Lescano lo vio una vez en la campaña y nunca más supo de él. Hubo un alejamiento sectorizado”, afirma.

Hay otros congresistas electos que no están alineados con el ala “lescanista”. Una de ellas es Maricarmen Alva, quien sí asistió a la reunión del excandidato presidencial, pero que no destaca precisamente por ser la más cercana al político puneño. La congresista electa por Lima es, en realidad, próxima a otro personaje del partido: Alfredo Barnechea, quien ha tenido más de una diferencia con Lescano. Alva incluso formó parte de la plancha presidencial de Barnechea en las internas de AP hasta que la lista fue retirada.

La virtual congresista por Lima ha mostrado abiertamente sus discrepancias con el pensamiento de Lescano. Por ejemplo, para la abogada, el gobierno de Merino fue constitucional, apreciación que no comparte el excandidato presidencial. “Cada vez que ella ha intervenido ha tratado de alinearse a las propuestas de Lescano, pero no lo hacía con agrado porque ella viene de otra facción del partido. Por eso no te puedo decir que será una bancada disciplinada que votará en bloque. No va a ser así”, afirma Ricardo Torres.

Apuntalan esta versión los antecedentes. Hay personajes con curul para los próximos cinco años que no han demostrado mucha unidad entre sus correligionarios. Jorge “Coco” Ancachi, por ejemplo, virtual congresista por Puno -la tierra de Lescano- tiene un precedente que demuestra que no trabaja de la mano de sus correligionarios. Durante la campaña fue protagonista de una pugna con otro candidato por Puno de AP.

Cuando medios locales revelaron las denuncias que la Fiscalía Anticorrupción realizó en su contra por peculado en el gobierno regional, Ancachi acusó al N°3, Elmer Quispe, de ser el responsable de la información. “Coco” no se quedó ahí y le increpó por, supuestamente, abandonar a su hija en un orfanato.

 

Entre Fujimori y Castillo

Hasta ahora los pronunciamientos del partido de la lampa sobre qué candidatura apoyarán en segunda vuelta han sido dispersos. Entre Lescano, Diez Canseco y demás, cada uno ha apuntado a diferentes direcciones. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de mayo, la opinión de los principales líderes y de los militantes accionpopulistas tendría que unirse en un solo discurso.

En el plenario convocado para el 15 de mayo, AP debatirá con el objetivo de definir su posición política para la segunda vuelta. Las voces y los votos serán de todos los alcaldes, congresistas, exdirigentes y el comité político nacional. ¿Se impondrá el llamado al voto en blanco de Lescano? ¿Optarán, como Diez Canseco, por apoyar al fujimorismo? ¿Será un voto de conciencia como plantea Mesías Guevara? Todo vale.

Los nuevos congresistas electos también estarán presentes, según Guevara. Si bien no podrán votar, participarán del debate. Un hecho no menor, considerando el rol de mediadores que planean llevar al Congreso. Los lineamientos saldrán de lo que se acuerde en el plenario.

El debate de ese día pinta para largo. Escoger entre Castillo o Fujimori es un dilema en la interna accionpopulista. “Ante la actual circunstancia nos vemos impedidos ideológicamente de apoyar a cualquiera de las dos opciones que han quedado como resultado de la segunda vuelta. No podemos apoyar al partido de la señora Fujimori porque su ideología está orientada a la extrema derecha y tampoco podemos apoyar al señor Castillo porque su propuesta es de izquierda extrema y, en muchos casos, antidemocrática”, expresa Ricardo Torres.

congresistas AP

A pesar de esto, grupos como el Comité Ejecutivo Regional de AP de Cusco, mediante un comunicado, ya adelantaron la opinión que expondrán en el plenario. Ellos piden a los dos candidatos que “hagan planteamientos que garanticen la mayor unidad y gobernabilidad del país”. La traducción, según Armando Villanueva, miembro de este comité, es que Castillo y Fujimori tienen que acercarse al centro, donde AP dice estar.

Para el ex parlamentario, que algunos hayan adelantado su apoyo a uno u otro candidato antes del plenario “no ha sido pertinente y no responde al principio democrático del partido”. Villanueva espera que el partido recoja la propuesta cusqueña y así Acción Popular elija a su “mal menor”.

Sin importar quién termine ocupando el sillón presidencial, hay voces al interior del partido que apuntan a que la próxima bancada, la tercera más numerosa, sea oposición, una constructiva que busque resarcir la imagen del partido.

“Ningún partido tiene suficientes parlamentarios para decidir solos. Vamos a tener una posición muy importante para definir temas en esta concertación parlamentaria que tiene que haber”, asegura el actual congresista Franco Salinas. “Otras bancadas ya están predestinadas a apoyar un gobierno de Pedro Castillo y otras definidas hacia Keiko Fujimori. Acción Popular debe ser el punto de equilibrio, actuar con responsabilidad y en función a los intereses nacionales”, añade Mesías Guevara.

La autocrítica también está presente en algunos militantes. Franco Salinas, actual vocero de la bancada que abandonará el Congreso el próximo 28 de julio, ha aconsejado a los nuevos legisladores de AP no repetir sus errores. “Yo mismo les he recomendado que muestren un liderazgo claro de alguien que pueda ir a la Mesa Directiva. Eso no ha pasado en esta bancada. Manuel Merino debió liderarla, pero no lo hizo. Cosa que lamento [porque] es mi amigo”, afirma.

Guevara, también gobernador regional de Cajamarca, advierte a la nueva bancada de su partido que, en un Congreso extremadamente fraccionado, discrepar y alejarse de la agrupación podría ser una mala jugada. “Casi todos son congresistas nuevos […] y tienen que aprender. Si algún congresista electo quiere tomar distancia de la bancada, la perjudica, pero a sí mismo también: no podrá integrar comisiones o ser miembro del Consejo Directivo, vocero, integrante. Al final todos están obligados a reunirse”, afirma.

Sudaca intentó comunicarse con los congresistas electos por Lima: José Arriola y Maricarmen Alva. Sin embargo, el primero se limitó a dejarnos en visto y la segunda se comprometió a devolvernos la llamada. Seguimos esperando.

*Fotoportada: Leyla López

 

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Acción Popular, Congreso, Elecciones 2021
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