Zamir Villaverde está, como Pacheco, hasta el cuello en el caso del puente Tarata. La fiscal Karla Zecenarro ubica al empresario como un personaje clave en la trama al ofrecerle obras a Luis Pasapera Adrianzén, representante legal de Termirex, empresa que formó parte de un consorcio que ganó la licitación del puente Tarata. Las obras ofrecidas por Villaverde pertenecen a los ministerios de Transportes y Vivienda.
Enero, 2022. Zamir Villaverde García, empresario, realizando ejercicios en un gimnasio. Hoy acusa al presidente Pedro Castillo con declaraciones estridentes y destempladas. Fuente: Facebook de Zamir Villaverde.
Villaverde le dijo a Pasapera, de acuerdo a un colaborador eficaz, que “el camino para llegar a los funcionarios públicos eran los sobrinos del presidente de la República [Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez]”, a quienes les prestó autos y le dio otras gollerías.
Pacheco, por su parte, fue captado por Karelim López, representante de Termirex, para facilitarle el triunfo en la obra. Esto según la hipótesis fiscal.
Tras confirmarse la prisión preventiva en su contra, Villaverde comenzó a disparar a todos lados. En la catarata de acusaciones verbales de los últimos días, Villaverde también enlodó a Bruno Pacheco, un hombre de su confianza que trabajó en Vigarza, la empresa de seguridad del empresario. Pacheco trabajó allí entre el 2014 y el 2020.
Villaverde dijo que los US$ 20,000 encontrados al exsecretario de Palacio en el baño de su oficina eran fruto de loscupos pagados por policías que buscaban ascender para Karelim López y el presidente Pedro Castillo. Declaró también que el exsecretario de Palacio le contó que López le dio S/2 millones para entregarlos al presidente Castillo como sobornos en las licitaciones de Petroperú.
“Tiene que haber una prueba corroborada de lo que se dice. Están aprovechándose del señor Pacheco con todo esto. Están haciendo escarnio de su situación”, dice Gloria Quiñones, la abogada del exsecretario de Palacio. El exbrazo derecho del presidente de la República no se entregará a las autoridades hasta que revoquen su orden de captura.
La otra reunión entre terroristas y narcos se produjo a fines de marzo, según otro documento de la Digimin, en el distrito de Vizcatán del Ene. En la cita participó el camarada ‘Antonio’, quien “habría requerido que en un corto plazo proveerse de alimentos enlatados y material de guerra”.
8 de abril, 2022. Nota informativa policial sobre una reunión entre mandos terroristas y narcotraficantes en el distrito Vizcatán del Ene, en Junín. Los seguidores de los Quispe Palominos pidieron alimentos enlatados y material de guerra.
Otro de los documentos habla de deserciones en el grupo armado para buscar “mejores condiciones de vida”, aunque no dan una cifra. El reporte habla de fomentar las traiciones entre los integrantes con “una serie de operaciones psicológicas” no especificadas. El Militarizado Partido Comunista del Perú no escatima en insultos para los desertores, como es de esperarse. Los llama “grupillo de bastardos necios” y “excrementos de perros traidores”.
La peluquera y el estilista buscaron sin éxito entrar al Parlamento en tiempos de pandemia, dice una fuente congresal a Sudaca. La Mesa Directiva en el gobierno de transición, presidida por Mirtha Vásquez, no autorizó esas contrataciones. “No lo hubiésemos hecho de ninguna manera. A nosotros nos tocó la época más dura, donde los protocolos eran muchos más exigentes y se desconocía más la enfermedad, que son Covid- 19”, dice el acciopopilusta Luis Roel Alva, exsegundo vicepresidente del anterior Parlamento.
La relación de Alva con la industria de la belleza no es de ahora. En el despacho parlamentario de la presidenta y congresista de Acción Popular trabaja como técnico Carlos Cabieses Bertoni, vinculado al mundo del modelaje, de acuerdo al portal El Foco.
Los ingresos de un estilista y una peluquera a la planilla congresal coinciden con el aumento del número de trabajadores en la gestión de Alva. En agosto del 2021, con la llegada del nuevo Congreso, había 3,131 trabajadores, según el portal “Epicentro”. En marzo, la planilla creció a 3,889. Es decir, 758 más.
“Es totalmente falso [sobre la planilla inflada]. Les pueden dar la información. Siempre ha habido una campaña contra el Congreso desde el primer día. Todos los peruanos saben”, dijo Alva a los periodistas, defendiéndose de la publicación periodística.
La captura de San Marcos era estratégica para el régimen de aquel entonces. Por eso colocaron al frente de la Comisión Reorganizadora a Manuel Paredes, un hombre cercano a Fujimori. El expresidente, en la gestión de Paredes, empezó a ir a la universidad para inaugurar obras. “De más está repetir que San Marcos sufrió también los ramalazos de algunos estudiantes y personas ajenas a la universidad enquistadas para sembrar el caos. Todo ese clima insoportable para la convivencia terminó felizmente”, dijo Paredes en un discurso, con la presencia de Fujimori.
De acuerdo a la tesis de Kevin Lazo, Paredes empezó a tener exposición en los medios de comunicación afines a la dictadura que lo presentaban como un “salvador de la crisis sanmarquina”.
2000. Alberto Fujimori con Manuel Paredes Manrique, el hombre que impuso para poner orden en San Marcos. Aníbal Torres, el jefe de Gabinete, participó en la captura de la universidad. Fuente: San Marcos.
Manrique y la Comisión Reorganizadora, integrada por Torres, autorizaron también el espionaje realizado por el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) dentro de la sede universitaria. “Los infiltrados del SIN vigilaban día y noche a los profesores, estudiantes y administrativos opositores, a quienes grababan, tomaban fotos y filmaban día y noche para elaborar informes de inteligencia sobre todas sus actividades en la universidad, las mismas que eran remitidas exclusivamente y en forma confidencial al Presidente de la Comisión Reorganizadora, Manuel Paredes Manrique”, dice un texto del psicólogo sanmarquino Moisés Vargas, publicado en el 2002 y titulado «El oscurantismo intelectual en San Marcos: Intervención militar y corrupción política 1995-2000».
“Está claro que existía espionaje sistemático contra los principales dirigentes estudiantiles, docentes y trabajadores. Grababan nuestros movimientos, yo he sido N veces grabado. Es más, hay un informe de espionaje en donde está mi nombre”, agrega René Meza, estudiante expulsado.
Los testimonios apuntan a que Aníbal Torres duró un año en la comisión auspiciada por Fujimori. Se retiró por discrepancias con el rector Manuel Paredes. Así lo recuerdan René Meza y Marco Huaco.
“Recuerdo que él se peleó con el rector Manuel Paredes, aduciendo problemas de corrupción o mal manejo y renunció a la comisión interventora. No obstante, Torres ha sido un cómplice de la dictadura fujimontesinista en San Marcos, contribuyendo a la represión de docentes, estudiantes y trabajadores”, dice Marco Huaco a Sudaca.
El acta de defunción de la Comisión Reorganizadora se firmó en el 2000. Desapareció con la caída de la dictadura fujimorista.
El pasado naranja del premier parece no perseguirlo. Más de veinte años después, no tiene inconvenientes en cuestionar al fujimorismo y mostrarse como un abanderado del antifujimorismo. En marzo pasado, ya como primer ministro, comparó a Alberto Fujimori con Adolfo Hitler. Dijo que nadie es juzgado “por sus buenas obras, se les juzga por las malas obras”. Sudaca llamó al primer ministro para pedir su versión, pero al cierre de la edición no contestó las llamadas.
“De cierta forma hay algunas situaciones internas en las que podemos discrepar. Como cualquier tipo de bancada a la larga se puede llegar a fraccionar. Pero, por el momento, nos mantenemos firmes y vamos a continuar con el respaldo de nuestro compañero Pedro [Castillo]”, dice Quiroz.
En la tienda del lápiz son conscientes de que el proyecto de ley para que una Asamblea Constituyente redacte una nueva Constitución va a fracasar en el Congreso. Pero esperan que la negativa de la oposición a elaborar una nueva Carta Magna encienda la pradera en las regiones y se inicien las protestas. Ese -dice una fuente de Perú Libre cercana a Cerrón- sería el famoso “plan B” del que habló el secretario general del partido en una entrevista en Canal N.
La Digimin peruana ha estado recientemente en el ojo de la tormenta por escándalos políticos que la muestran como sumisa a la voluntad de Palacio de Gobierno. Esta institución se encarga de realizar videovigilancia a investigados por corrupción, y algunos sectores la responsabilizan de que el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, estén hoy prófugos de la justicia. La Digimin también fue cuestionada por la fuga del exjuez supremo César Hinostroza, a quien le hacían seguimiento, en octubre del 2018.
Lo cierto es que el manoseo de la Dirección General de Inteligencia del Mininter ha sido evidente en los últimos dos meses, tiempo en el que ha tenido cuatro cabezas. Actualmente es dirigida por Jorge Cassanova Cubas, coronel de la Policía.
Sudaca consultó al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, sobre lo anunciado por los hackers rusos, pero nos dijo que no tenía conocimiento de la amenaza informática porque se encontraba en el VRAEM. “Voy a despachar con el jefe de la Digimin y pedir la información”, dijo Chávarry.
El puñado de títulos de documentos que Conti ya exhibe en su blog −supuestamente, parte de lo robado a la Digimin− indican temas vinculados al proyecto especial para el control y la reducción del cultivo de la hoja de coca en el Alto Huallaga (Corah) y a una huelga regional indefinida programada en Arequipa para el próximo 2 de mayo. Según prensa local, los trabajadores de salud de esa región alistan un paro para ese día.
Página del grupo cibercriminal ruso Conti con enlaces a supuestos documentos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. El material no se puede descargar
Empleados de una empresa de antivirus confirmaron a Sudaca que este es el método clásico de coacción que utiliza el grupo de hackers. “El tema de la seguridad de información y la seguridad informática en el país considero que no se está tomando en cuenta. Recuerden que ha habido candidatos que han sido chuponeados en plena campaña, como lo que pasó con Lourdes Flores años atrás”, agrega el también especialista, John Sánchez Chirinos.
EL CASO COSTA RICA
La amenaza que han lanzado los pandilleros digitales no es para tomarla a la ligera. El último 17 de abril, la cuenta de Twitter BetterCyber publicó otro mensaje de Conti en el que exigían US$10 millones al gobierno de Costa Rica a cambio de no divulgar la información que habían extraído del Ministerio de Hacienda de ese país.
«Pedimos solo 10 millones de dólares por mantener los datos de sus contribuyentes», advirtieron los hackers rusos al gobierno de Costa Rica.
El mensaje decía que habían robado un terabyte de data del Ministerio de Hacienda costarricense y que publicarían los documentos el 23 de abril. «Pedimos solo US$10 millones por mantener los datos de sus contribuyentes», comunicaron los rusos. En su reciente advertencia a la Digimin del Perú, Conti amenaza con consecuencias como las que “ocurrieron en Costa Rica hace no mucho”.
Los ataques luego se extendieron a otras instituciones de Costa Rica: el Ministerio de Trabajo, y el de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la Caja Costarricense del Seguro Social, Radiográfica Costarricense y el Instituto Meteorológico Nacional. Colapsaron las webs de esas entidades. “Seguiremos atacando a los ministerios de Costa Rica hasta que su gobierno nos pague”, advirtieron los hackers.
“El Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos”, añadió el mandatario Alvarado. Ante la reacción del gobierno, los hackers rebajaron en un 35% sus pretensiones (desde los US$10 millones iniciales) y apuntaron a las compañías. “Vamos a atacar a las empresas más grandes y ellas tendrán que pagarnos”, señaló el grupo de cibercriminales el lunes pasado. El asunto luego pasó a tratarse en privado.
En años previos, los ciberpiratas rusos ya han dado golpes en otras partes del mundo. Por ejemplo, han atacado los sistemas de salud de Nueva Zelanda y de Estados Unidos. La ciber-extorsión parece ahora tocar las puertas del Perú.
También está el caso de la oficial Marisabel Rondon Huarocc, quien en la sede diplomática presentó como su conviviente a Junior Pepe Gómez Cabanillas. Fue el 16 de noviembre del 2019. Junior Gómez dijo ser ingeniero de sistemas y que obtuvo su título en la universidad San Ignacio de Loyola. La embajada les dio la visa. El 30 de diciembre de aquel año, él solo se mandó mudar a Estados Unidos. Vive allí como indocumentado.
El 2 de diciembre del 2019 la técnica Mary Carrión Lilaconza llegó acompañada de Jaime García Correa. Ambos declararon ser convivientes. García dijo ser profesor de educación física y entrenador en la academia Cantolao. Les dieron la visa a la velocidad del rayo: el 19 de diciembre. Pero la falsa convivencia quedó al descubierto cuando Jaime García Correa viajó solo pocos días después y nunca más regresó, conforme a la investigación.
Hay cinco oficiales más cuyos casos muestran el mismo modus operandi. Todas ellas hoy son investigadas por el delito de tráfico de migrantes agravado.
2020. Parte de la resolución donde la Fiscalía especializada en el delito de trata de persona, equipo 2, abre investigación por un caso de tráfico de migrantes. Ahí detallan el rol de once subalternas de la Marina en la trama.
Sudaca consultó a la Marina sobre esta investigación. Una fuente −que pidió anonimato− respondió que el alto mando de la institución castrense no está comprometido en el caso y que las subalternas actuaron, en todo caso, por su cuenta. “Somos respetuosos de las investigaciones y esperaremos su conclusión para tomar acciones”, subrayó la fuente.
En la entidad naval confirman que al menos cinco de las investigadas realizan labores de inteligencia, pero no pueden ser identificadas como tales por cuestiones de seguridad. El caso, como hicieron hace unos años los ‘clientes’ de la red de trata, ha despegado. Ahora falta el aterrizaje.
Aguilar dice que él no es el de la foto y presentó un peritaje, elaborado por el ingeniero de sistemas Rubén Busta Arroyo, para reforzar su afirmación. Este dice que no hay coincidencia en “nariz, labios y cejas” entre su cliente y la persona que aparece en la foto. Lo cierto es que la historia de la constitución de INIP es un autogol para el gobierno.
En este contexto es que se produce el diálogo entre los fiscales Jesús Fernández Alarcón y Fany Quispe, registrado en registrado en un audio, entre los últimos días de enero y los primeros de febrero. Ambos no parecen estar interesados en investigar o indagar un poco más sobre Abudayeh. En una parte de la conversación, los fiscales hacen referencia a que Magaly Quiroz Caballero, otra fiscal que ve el caso Cuellos Blancos, ya investiga este asunto. Fany Quispe argumenta que – hasta ese momento – no existen indicios suficientes para que se “llegue” a Abudayeh. Aquí publicamos un extracto del diálogo:
Fany Quispe: De hecho que hay una relación con Ríos porque Ríos se reúne con él, con Sandro [Herrera].
Jesús Fernández Alarcón: Con Sandro.
Fany Quispe: En la Rosa Náutica, con Sandro se reúne.
Jesús Fernández Alarcón: Se reúnen Gianfranco, Ríos y Sandro.
Fany Quispe: El asunto es no confundir, ¿no? Si es que Samir Abudayeh tenía un proceso o un interés es por otro caso judicial. Pero no es el caso judicial de Sandro Herrera.
Jesús Fernández: Entiendo, entonces, que ese Sandro hizo sus negocios con Gianfranco.
Fany Quispe: Sí, claro. Con la venia de Ríos.
Jesús Fernández Alarcón: Ríos los junta para el almuerzo en la Rosa Náutica para que Gianfranco se encargue de arreglar todo.
Sudaca buscó a los fiscales del caso Cuellos Blancos, pero se excusaron de dar declaraciones. Sin embargo, una fuente de ese despacho dice que el fiscal Jesús Fernández Alarcón sigue una pista que conduce a Samir Abudayeh, sin formalizar investigación aún. Dice que Ríos declaró que el empresario organizó una reunión con magistrados para ser favorecido en un caso, pero que no puede dar más detalles.
Señala también que tiene un topo en su oficina que sabotea el trabajo del equipo. “Ya hemos denunciado que la mafia se está infiltrando. Es indignante que le dé un audio cortado”, asegura la fuente.
22 de febrero. Disposición de Magaly Quiroz Caballero, fiscal que investiga el caso Cuellos Blancos, en el que decide no abrir investigación ni citar como testigo a Samir Abudayeh por un supuesto soborno de un amigo del empresario petrolero a Walter Ríos.
Lo cierto es que a Abudayeh le sonrío la buena fortuna. El 22 de febrero la fiscal Magaly Quiroz −del mismo equipo integrado por Fernández y Quispe− decidió abrir investigación a Gianfranco Paredes y Sandro Herrera, pero no toca ni con el pétalo de una rosa al aficionado a los caballos. La trama corrupta de los Cuellos Blancos no tiene cuándo acabar.
Carta enviada por el fiscal Jesús Fernández Alarcón a Sudaca:
