Es una buena noticia que el CIADI haya rechazado las multimillonarias pretensiones del fondo buitre Gramercy respecto de los bonos de la reforma agraria que este fondo había comprado a algunos tenedores peruanos de los mismos. Gramercy pretendía US$ 1,800 millones por sus papeles. El CIADI le ha concedido US$ 100 millones, bastante más de lo que el Estado peruano ofrecía -US$ 861 mil-, pero infinitamente menos de lo que el fondo pretendía.
Lo importante es que asienta una medida de referencia bajo la cual tratará, seguramente, otro reclamo similar planteado por los bonistas peruanos asociados bajo ese fin. Lamentablemente, la historia hace justicia castigando a los buenos terratenientes, pero castigando a los que nunca merecieron siquiera haber recibido un bono por sus tierras expropiadas.
Y no hablamos, para no entrar en disquisiciones morales, del buen o mal trato que estos hacendados daban a sus trabajadores, que en algunos casos debieron merecer severas sanciones judiciales, inclusive la cárcel, por crímenes de lesa humanidad, si hubiera existido ese tipo legal en la época de la expropiación.
Nos referimos a razones estrictamente legales. Cualquier estudio serio de la legalidad de los títulos de propiedad exhibidos por muchos terratenientes habría concluido que la mayor parte de sus tierras era malhabida, quitada a las comunidades campesinas por privilegios políticos, contactos con el poder de turno (autoridades ministeriales, jueces, policías, etc.), y utilizando malas artes para ir extendiendo su frontera agrícola.
Eran pocos los pioneros capitalistas que compraron tierras como correspondía y las explotaron empresarialmente con todas las de la ley, expandiendo su negocio hacia economías de escala, que es lo que manda en términos de productividad agrícola.
Ellos no merecían ser expropiados o, en el peor de los casos, merecían un reconocimiento justo por el valor de sus papeles más los intereses generados en todo este tiempo (desde 1969), que, inclusive, debió haber sido otorgado en el momento, sin esperar ni tener que acogerse a fórmulas alternativas, como muchos hicieron para tratar de salvar algo del capital propio.
Hay mucho aún por escribir de la reforma agraria, sus causas, antecedentes y consecuencias. Sería un acto de memoria histórica y de justa reivindicación moral, más allá de los fallos legales como los que ahora comentamos, que algo semejante sea acometido por algún historiador. En todo caso, la verdad parece estar a medio camino entre la narrativa de ejemplares empresarios capitalistas víctimas del abuso de un militar patán, y la del campesino romántico que, organizado, recibió justicia y luego explotó racionalmente aquello que gratuitamente se le concedió.
