A propósito de la discusión sobre la ley del cine, a raíz de un proyecto presentado por los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cavero, manifiesto mi total discrepancia con las posturas libertarias que señalan que en este asunto, el Estado no debe tener injerencia y que los cineastas o las productoras de cine deben vérselas como puedan con el mercado.
Es más, sostengo que el apoyo estatal a la cultura no debe centrarse solo en el cine, debe extenderse al teatro, a la literatura, la danza moderna y clásica, las artes plásticas, la actividad museística, etc.
En un país tan desintegrado como el Perú -como bien ha recordado Gonzalo Banda, en su última columna, citando a Hugo Neira-, es menester crear espacios públicos ecualizadores e integradores. Y la cultura, como la salud y la educación públicas, el deporte, los espacios urbanos comunes o el sistema de justicia, son esos pocos ámbitos en los que los peruanos deberíamos sentirnos ciudadanos de una misma nación.
No solo debe haber financiamiento al cine. Debe ser mayor. Y extenderse a los otros terrenos mencionados. Como en todo, claro está, se trata de disponer correctamente de los dineros públicos, que son de todos los peruanos, y desterrar el sesgo ideológico que lamentablemente ha contaminado la provisión de financiamiento en los últimos años. Eso debe corregirse de inmediato y el Ministerio de Cultura conformar, mediante concurso público, un jurado técnico y neutral.
Pero un Estado liberal auténtico no puede desentenderse del apoyo a la cultura y a su promoción. Es propio de fanáticos libertarios, infantiles y dogmáticos, proponer que la cultura se rija por criterios de mercado, lo que supondría que vaya a la deriva, empobreciéndose cada vez más y privando a los ciudadanos de una atmósfera integradora y enriquecedora en términos de civilización y ciudadanía.
No solo eso. Debe diseñarse un esquema más estimulante para que la empresa privada apoye la cultura, en medio de un escenario como el presente en el cual dicho apoyo se reduce a actos muy aislados y encomiables de algunas empresas privadas conscientes de su responsabilidad social.
La cultura es vida, es alegría, es entretenimiento, es espacio público, es aprendizaje, es integración cívica. Creo en un Estado reducido que se meta lo menos posible en la economía, pero la vida cultural es un bien que escapa a los análisis costo-beneficio concomitantes y debe merecer por ello un sitial especial dentro de las responsabilidades gubernativas.
