[La columna deca(n)dente] En la provincia de Pataz, región La Libertad, la muerte se ha vuelto rutina. Mineros son asesinados uno tras otro: 39 trabajadores ejecutados, según reporta la minera La Poderosa, sin justicia, sin paz y, sobre todo, sin respuestas. La declaración del estado de emergencia, vigente por más de un año, se ha reducido a un ritual burocrático sin efecto real. Las fuerzas armadas y policiales, desplegadas en la zona, no han logrado frenar la expansión de las organizaciones criminales.
El epicentro de esta violencia no es un conflicto político ni una insurrección armada: es el oro. Oro extraído con sangre. La minería ilegal —a menudo encubierta por concesiones irregulares y empresas fachada— ha instaurado un orden criminal paralelo. En las galerías subterráneas no rige la ley de la República, sino la ley de las mafias. Amenazas, extorsión y asesinatos marcan el día a día de quienes trabajan allí.
La respuesta estatal ha oscilado entre la torpeza y la negligencia. La militarización, sin inteligencia estratégica ni coordinación multisectorial, ha demostrado ser ineficaz. Peor aún: la impunidad que impera en Pataz no solo es consecuencia de la inacción, sino también de decisiones políticas y leyes que favorecen al crimen. Un ejemplo fue la aprobación de la ley que amplió el plazo del proceso de formalización minera para la pequeña minería y la minería artesanal, conocida como Ley Reinfo. Esta norma fue aprobada con un inusual consenso: 87 votos a favor de todas las bancadas parlamentarias, sin excepción. Fuerza Popular, Podemos, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País votaron a favor de manera unánime, mientras que bancadas como Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otras, también la respaldaron, aunque con algunos votos en contra. La ley fue promulgada de manera expeditiva por la presidenta Dina Boluarte.
El problema de fondo excede las fronteras de Pataz. El oro ilegal no solo financia mafias locales, sino que se inserta en circuitos globales de comercio y en redes de poder político. La minería ilegal, que habría generado alrededor de 10 mil millones de dólares el año pasado, se ha convertido en una fuente de riqueza incontrolada, protegida por intereses de alto nivel. En este contexto, el Estado no solo pierde soberanía: la entrega.
Lo que ocurre en Pataz no es una excepción, sino el reflejo de un país fragmentado, donde los territorios ricos en recursos naturales son también los más desprotegidos en derechos. En lugar de más policías y más militares, lo que se necesita es estatizar Pataz. No en el sentido económico de expropiar empresas, sino en el sentido político más urgente: recuperar el control efectivo del territorio.
Estatizar Pataz significa restituir el monopolio legítimo del uso de la fuerza, hoy disputado o perdido frente a organizaciones criminales. Implica reconstruir la institucionalidad: garantizar servicios de salud y educación de calidad, justicia oportuna, y fiscalización ambiental y laboral efectiva. En suma, desmantelar el Estado paralelo del crimen e instaurar un Estado democrático que funcione.
O se recupera el territorio para el Estado de derecho, o se normaliza su abandono. Porque cada asesinato en Pataz lanza un mensaje brutal: el oro vale más que la vida. Mientras ese mensaje no reciba una respuesta firme, con decisiones públicas y resultados visibles, la barbarie seguirá brillando más que la justicia.
