[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Según narran Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en su clásico “Apogeo y Crisis de la República Aristocrática”, durante el Oncenio de Leguía (1919-1930), el mayor de la Guardia Civil, Genaro Matos, no comprendía por qué el gobierno transaba con la debilitada casta terrateniente cajamarquina. Esta representaba al viejo civilismo y era liderada por el legendario hacendado y bandolero Eleodoro Benel Zuloeta. Sin embargo, desde 1925, el Estado poseía fuerzas de sobra para aplastar al díscolo rebelde.
Pero existía una poderosa razón de Estado que Leguía alcanzó a ver aunque el Mayor Matos no: Benel Zuloeta tenía vínculos muy cercanos y hasta consanguíneos con varios de los oficiales de la Comandancia General de la Primera Región Militar, situada en Chiclayo. Por ello, a pesar de encontrarse casi vencido por las fuerzas de Matos, y refugiado en la clandestinidad, el díscolo bandido logró un acuerdo muy favorable con el gobierno que consistió en la entrega de armas por los dos bandos terratenientes en disputa (Los Benel y los Vásquez). Al final, Benel entregó poquísimas armas, mientras que sus contrarios fueron arrestados por los militares y desarmados totalmente, devolviéndole al bandolero chotano el equilibrio de fuerzas que Matos le había arrebatado.
Poco después, en 1926, se estableció en Chiclayo la Segunda Comandancia de la Guardia Civil, la que poseía 229 miembros y fue reforzada por 440 soldados del ejército en 1927. Ya con este fuerte contingente militar bajo su mando, Matos emprendió la búsqueda de Benel quien optó por suicidarse en La Samana, su hacienda chotana. Hasta hoy, Benel ha permanecido en el imaginario popular como un mito. Decenas de relatos cuentan sus hazañas y hasta el dúo folclórico “Sentimiento Serrano” le ha dedicado un huayno presentándolo como un guerrillero que enfrentó al poder terrateniente y jamás pudo ser vencido por el Ejército Peruano.
Para lo que nos toca, la historia -y el mito- de Eleodoro Benel es el reflejo de la complicada relación entre el Estado peruano y el poder terrateniente en la tercera década del siglo veinte. Este vínculo, sostenido impecablemente durante el periodo de la República Aristocrática (1895-1919) a través de alianzas de interés y reparto de puestos congresales o prefecturas, entró en crisis durante el gobierno de Leguía. El once años dictador, consecuente con su proyecto modernizador, no podía permitir lo que el Mayor Matos no alcanzaba a comprender: que en circunstancias en que militarmente las huestes de Benel podían ser aplastadas, el gobierno hiciese negociaciones de paz, como si se tratara de dos fuerzas semejantes.
Pero Leguía era un viejo zorro de la política y sabía que, en determinadas circunstancias, una previsible alianza entre terratenientes y sectores del Ejercito podía derrotar a las fuerzas del Estado. Por eso actuó donde pudo y cuando estuvo seguro. Como sabemos, el poder terrateniente en el Perú fue clausurado por el general Juan Velasco recién a partir de su radical ley de reforma agraria, aprobada el 24 de junio de 1969. Leguía solo dio los primeros pasos en la consolidación del poder estatal.
Más o menos por aquellos tiempos, en la década de 1920, el célebre político peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, planteó que la única manera de combatir el imperialismo norteamericano era conformando un bloque político y económico regional, que actuase como tal y le plantase cara. Aunque comenzando la década de los treinta, Haya dejó de lado el enfoque marxista, nunca dejó de sostener que era imprescindible una alianza regional -léase 1942, La Defensa Continental- para defender el régimen democrático.
Recordé a Benel, Matos, Leguía y a Haya cuando me puse a leer a conciencia sobre la difícil situación que actualmente atraviesa nuestro vecino Ecuador. Obviamente, 100 años de cambios espectaculares y dos realidades que aunque parecidas, distan de ser iguales, nos separan del difícil presente por el que atraviesa el vecino del norte.
Si para América Latina, el siglo XIX se constituyó en la era del centrifuguismo, cuando el Estado intentaba, aun infructuosamente, consolidarse contra diferentes poderes regionales y terratenientes; el siglo XX asistimos a la paulatina afirmación de nuestros estados y de su autoridad por sobre cualquier otro tipo de poder constituido en el territorio bajo su administración.
Sin embargo, hace unos pocos días, Cristina Papaleo, columnista de opinión para la DW, ha planteado la existencia de un ecosistema criminal latinoamericano sostenido por el narcotráfico. En este, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan, en varios países de Centro y Sudamérica, el control de las redes de producción y distribución de drogas. En lugar de administrar todo el proceso, los cárteles establecen alianzas con bandas locales lo que facilita su labor. De hecho, Colombia y el Perú son claves en este esquema pues rodean geográficamente a Ecuador y lo proveen de toneladas de cocaína y derivados que, desde los puertos de Guayaquil y otros, se exportan al resto del mundo.
Si hablamos del Perú, a las redes del narcotráfico se le suman toda una gama de actividades ilegales que van desde la trata de mujeres, el tráfico de armas, la minería ilegal y la tala indiscriminada de los árboles de la Amazonía. A esto habría que sumarle la entusiasta participación en estas actividades de algunos sectores vinculados a los poderes económico y político formal e informal. De suerte que si un pronóstico podemos ofrecerle al Perú es que el Estado, en lo más esencial, no se encuentra en condiciones de afrontar un levantamiento coordinado de todas o parte de las mafias y actividades del crimen organizado que operan en el país.
El siglo XIX, durante la Era Victoriana, se hablaba del Estado Gendarme. Es decir, de un Estado cuya función principal debía ser resguardar la actividad económica de cualquier intento por interrumpirla o por negociar derechos que pudiesen disminuir su natural flujo y ganancias. Hoy, cabría preguntarse, después de lo visto en el Ecuador, si estamos al frente de varios estados latinoamericanos que actúan como gendarmes de las bandas dedicadas a actividades ilegales.
En el Perú, la situación descrita pareciera ya estar sucediendo y las pocas instituciones que aún permanecen independientes de este esquema sufren de un asedio constante que proviene de algunos sectores políticos representados en el Congreso. ¿Qué pasaría si surgiese en el Perú un candidato que ofrezca la lucha frontal contra la corrupción como lo hizo el asesinado Fernando Villavicencio en el Ecuador? ¿Qué pasaría si se logra instalar un gobierno que se tome en serio eso de restaurar la autoridad del Estado por sobre las actividades ilegales con la intención de restringirlas o erradicarlas? Daniel Noboa anunció mayores medidas de seguridad carcelarias para los líderes de estas organizaciones criminales y a estas les ha costado muy poco reaccionar poniendo a su país de cabeza.
En 1942, Haya de la Torre planteó la alianza entre los Estados Unidos del Norte y los Estados Unidos del Sur -esos que todavía no existen- en pro de la defensa de la institucionalidad democrática. Me pregunto si lo que hace falta en el continente no es una verdadera y funcional alianza norte-sur para combatir a tan grandes enemigos.
