Si la presidenta Boluarte solo está en capacidad de ofrecer al país confrontación y violencia debería renunciar. Según cifras oficiales, el estallido social ecuatoriano de 2019 causó 6 fallecidos; el de Chile ese mismo año 34; el de Colombia el 2021 produjo 29 muertos. El Perú, en seis semanas del gobierno, cuenta 55 fallecidos sin que se asuma responsabilidad política por ello.
Esto constituye un fracaso gubernamental, pero, además, resulta inaceptable en una democracia. Contra toda evidencia, el gobierno insiste en los métodos menos políticos para enfrentar una crisis que es, ante todo, política”.
Sobre la nación, hasta la fecha, los agentes económicos (léase gastronomía y música), y ciertas iniciativas ciudadanas, han tenido la voluntad de construirla espontáneamente, pero con ciertos retrocesos. La escarapela y la marcha de 28 de julio no son la única expresión de orgullo patrio. El Estado ha creado la marca Perú, pero no la articula iniciativas. Arellano cree que la migración espontánea generará a largo plazo la nación (El Comercio, 08/08/16), pero no necesariamente es así; la informalidad es actualmente su máxima expresión. Si ello no se transforma terminaremos como un proyecto de nación fallido.
Desde el Estado, el reto está en sistematizar y trabajar conjuntamente dichas iniciativas surgidas desde el mercado y de la ciudadanía y en administrar una tecnocracia sobre el tema del Estado Nación. En otras palabras, se necesita capacidad estatal también en el campo social, educacional y cultural más descentralización. El 2021 ya pasó; el 2024 está cerca (nuestra real independencia). El régimen necesita afirmarse.
Saludamos, en todo caso, la valiente y enjundiosa labor de la Fiscalía de la Nación y el equipo policial que la ha acompañado, para lograr acopiar el número suficiente de pruebas que ojalá nos permita librarnos de la plaga política, corrupta y mediocre, instalada en Palacio y que, de durar hasta el 2026, nos dejaría un país en escombros, con un Estado colapsado y la mayoría de instituciones destruidas. Está en manos del Congreso elevarse a la altura de las circunstancias y proceder a sacar a Pedro Castillo de un lugar al que nunca debió llegar.
Pocas veces en nuestra historia republicana hemos estado en esta tesitura tan devastadora de tener a los dos principales poderes del Estado en plan de autodestrucción y de nimiedad corrosiva. Felizmente, el Ministerio Público y el Poder Judicial parecen estar en buenas manos y permiten cierto aliento respecto del porvenir institucional del país. Pero respecto de la dupla Ejecutivo-Legislativo no parece ya haber esperanza alguna.
Solo nos queda el páramo político y guardar la esperanza -por lo menos desde el centro y la derecha- que surja un candidato capaz de resolver, primero, la fragmentación existente en el sector, y, segundo, que sea capaz de armar una plataforma ideológica y programática lo suficientemente poderosa y disruptiva para hacerle frente a los ánimos antiestablishment y el predominio del rencor que después de cuatro años más de desgobierno absoluto que vamos a tener, van a crecer indudablemente.
No llega aún a los niveles destructivos del velascato o del primer Alan García, pero Castillo, al paso que va, puede entregarnos un país llano para el desmán aventurero, ser el preámbulo de la desgracia mayúscula de un país que, a pesar de la incompletud y medianía de las medidas tomadas, en los últimos treinta años logró avances que nunca antes en su historia republicana había logrado.
No hay nadie más iracundo que un decepcionado. Y peor aún, alguien doblemente decepcionado, como lo serán aquellos que en los últimos dos meses le han vuelto a entregar su confianza a un presidente mediocre, torpe, sin visión de país y, probablemente -según indicios que se acumulan-, muy corrupto.
Desde el inicio de las investigaciones hemos podido apreciar dos momentos en la estrategia legal de su defensa. Al inicio el presidente por un lado mostraba una aparente voluntad de colaboración con las investigaciones, pero su defensa, sobre todo desde la decisión de Pablo Sánchez, ha buscado impedir y/o destruir las investigaciones. En este escenario la decisión de juez supremo Juan Carlos Checkley que declaró estrictamente legal y constitucional la decisión de Sánchez de continuar las investigaciones del Ministerio Público ha sido uno de los dos más duros reveses que la estrategia del presidente ha sufrido. Si el presidente y su defensor creían que la equivocada interpretación que durante décadas estuvo instalada en la Fiscalía de la Nación aquella decisión del juez supremo los dejó completamente desamparados.
Luego, tras el inicio de las otras investigaciones, pero sobre todo de las últimas que han involucrado a sus familiares directos como su esposa y su cuñada/hija, hemos pasado a un momento en el que el discurso político y la acción legal son una sola. Ya no tenemos expresiones de colaboración, sino todo lo contrario. Ahora el presidente y el coro estable de ministros – escuderos denuncian la supuesta existencia de un complot de todo el sistema de justicia contra su persona. Y desde la defensa es evidente que el objetivo no ha cambiado: impedir el curso de la investigación.
Una de las grandes ausencias reformistas luego de la década del 90, fue la carencia de reformas de segunda generación por parte de los gobiernos de transición, que se dejaron llevar por el piloto automático y no emprendieron la tarea de construir un capitalismo competitivo, no mercantilista.
En todos los sectores económicos donde hay posturas dominantes, reina la patente de corso para abusar del consumidor. Solo el libre mercado competitivo es capaz de transformar esa situación de hecho.
El Perú es un país turístico y tiene, al respecto, mucho que cambiar: infraestructura aeroportuaria en otras regiones, sistema de migraciones fluido en el Jorge Chávez, seguridad en los destinos turísticos, mantenimiento de los atractivos monumentales, etc. Otro de esos aspectos a mejorar es el de la libre competencia y la ruptura de la posición dominante en el sector aerocomercial.
Un tercer principio es la solidaridad y empatía con aquellos compatriotas que requieren más ayuda para que puedan cumplir sus sueños. Para ello, y dentro de una economía social de mercado, se requiere que los emprendimientos privados exitosos vean más allá de sus justas ganancias y puedan invertir en el desarrollo de su comunidad, a través (por ejemplo) de obras por impuestos u obras sociales, donde una empresa podría financiar una olla común. A su vez, el Estado, principal responsable de cerrar brechas, debe brindar servicios de calidad en educación, salud, seguridad y justicia, que, junto a los programas sociales, permita en todos los compatriotas cierta equidad en la oportunidad de su desarrollo y en su búsqueda por un mayor bienestar.
¿Será que estamos tan concentrados en nuestras posiciones dogmáticas que no podemos ponernos de acuerdo en respetar al prójimo, ser inflexibles con la corrupción y ser solidarios con los que menos tienen?
Los peruanos estamos cansados de las posiciones extremas y de las pugnas constantes. Ahora que nos enfrentamos no solamente a una crisis económica y a la endémica deficiencia de los servicios del Estado, sino, además, a una posible banda criminal en el gobierno, no podemos quedarnos sentados como espectadores de un mal circo romano. Debemos bajar a la cancha, abrazarnos en principios y valores, y encontrar los consensos que nos lleven a un desarrollo con paz y bienestar.
Se puede, el emprendedor sabe que debe hacerlo (sin ir tan lejos por ser lo correcto), pero el Estado no está viendo la oportunidad que tiene al frente (o no la quiere ver) para cambiar la historia sin necesidad de implementar obligatoriedades que nadie parece reconocer.
Si en nuestro país se siente que vivimos una economía informal, no es culpa del emprendedor que genera riqueza sino del Estado que genera desconfianza, no incentiva y no conecta con su gente.
La tarea para el Estado es ganarse un lugar en la mesa de la economía nacional y no solo sentarse a esperar que le sirvan su porción.
Hoy cuando pases un rompemuelles, piensa en tu rol en la sociedad para hacerlo desaparecer.
