Por supuesto, las Fuerzas Armadas tendrían que desempeñar un papel preponderante si Castillo recorre la ruta del golpismo. Solo en ese único caso. En tales circunstancias, estarían obligadas, por mandato constitucional, a intervenir e impedir el atentado jurídico y disponer la restauración democrática que correspondería en tales circunstancias.
Castillo no es un personaje valiente. Más bien peca de huidizo y taimado. En principio, no parece capaz de acometer semejante tropelía, pero el pánico que lo embarga lo puede imbuir de la sinrazón suficiente para creer que puede cometer un autogolpe y salir indemne, con apenas un 23% de respaldo de la opinión pública, sin calles movilizadas a su favor, sin el respaldo de la mayoría congresal, sin la rendición moral de los institutos castrenses. No hay nada más peligroso que un culpable de delitos probados, con poder para hacer daño, como es el caso del inquilino que nos tocó en mala suerte tener sentado en Palacio.
Espino detalló que, coludido con Yenifer Paredes, elaboraron y aceleraron el financiamiento de un proyecto en Chadín para beneficiarse ganando la buena pro y obtener el dinero de las ganancias de la ejecución. “Logré acceder a un contrato con la Municipalidad de Chadín para la elaboración del expediente técnico por un monto de S/.33,500 aproximadamente poniendo a la empresa DESTCON INGENIEROS &ARQUITECTOS S.A.C. que era de mi hermana pero yo lo manejaba de manera total”, contó Espino y agregó que la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes, se benefició porque se concertó para que su hermano, David Paredes Navarro, sea el que ejecute la obra.
Hugo Espino trabajaba en sociedad con la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes.
También se refirió a un proyecto en el que fue incluido por Yenifer Paredes y contó con el apoyo del alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui. Espino y Paredes cobraron cuarenta mil soles como adelanto para elaborar el expediente técnico y fue la hermana de Lidia Paredes quien aseguró que se encargaría de obtener la buena pro. “Yenifer Noelia Paredes Navarro tenía el interés de que salga esa obra para que se pueda ejecutar y ganar dinero con la ejecución, debido a que es una obra de gran envergadura que iba a salir aproximadamente veinte millones”, detalló Espino.
Pero la recopilación de hechos ilícitos protagonizados por Hugo Espino y Yenifer Paredes todavía no había terminado. Espino relató esta vez un nuevo episodio en el que, junto con Yenifer Paredes y su primo Rubdel Oblitas Paredes, acordaron el financiamiento de un expediente técnico. En dicha reunión, Rubdel comentó que trabajaba con su tío, el presidente Pedro Castillo, revisando documentaciones y temas técnicos, además de tener acceso al Ministerio de Vivienda, en donde dijo tener proyectos.
El primo de Yenifer Paredes se jactaba de tener proyectos en el Ministerio de Vivienda.
En esta ampliación de su declaración, Espino volvió a referirse a su amigo el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero. En esta oportunidad expuso que el montó de diez mil soles con el que colaboró para la campaña de Pedro Castillo fue un monto que era parte de cien mil soles que Medina Guerrero había recibido por una coima. “Desde el año 2019 he venido recibiendo y realizando depósitos de diversas sumas de dinero por órdenes y coordinación con José Nenil Medina Guerrero”, indicó Hugo Espino y expuso que era dinero proveniente de la Municipalidad Distrital de Anguía para contratar personal en Lima y pagar la oficina que habían alquilado en la capital.
El dinero que Espino utilizó para apoyar la candidatura de Pedro Castillo provenía de una coima.
Según expuso Espino en su versión, el alcalde Medina Guerrero pasaba más tiempo en Lima que en su localidad y el tiempo que pasó en la capital aumentó tras la victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta. “José Nenil Medina Guerrero apoyó en toda a la campaña de Pedro Castillo, asistiendo a todos los viajes al interior del país y en la ciudad de Lima”, agregó sobre el rol de Medina en la campaña de Castillo.
La presencia del alcalde de Anguía en Lima fue más frecuenta tras el triunfo de Castillo en las elecciones.
Al ser consultado por el vínculo entre Castillo Terrones y el alcalde de Anguía, Espino lo describió como una relación de “extrema confianza” y señaló que Medina Guerrero lo frecuentaba tanto en Palacio de Gobierno como en la polémica casa de Sarratea.Medina se jactaba de tener el contacto de varios ministros y Espino encontraba creíbles estos relatos debido a la rapidez con que salían los decretos de urgencia que beneficiaban a las obras que quería realizar en Anguía.
El alcalde de Anguía se reunía con Pedro Castillo en la casa de Sarratea y Palacio de Gobierno.
Espino también se refirió a la participación de otros integrantes de la familia presidencial en los negocios de los que él era parte. Al detallar la entrega de los setenta mil soles que David Paredes, cuñado de Pedro Castillo, le entregó, habló del rol que tenía la primera dama Lilia Paredes para garantizarles que los documentos que requerían iban a salir con la velocidad que lo necesitaban.
La primera dama, Lilia Paredes, tenía un rol importante para coordinar que salgan los decretos que beneficiaban los proyectos de sus hermanos.
El testimonio de Hugo Espino no sólo ha dejado en una situación muy comprometida al alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y a la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro, sino que expone a gran parte del entorno familiar de Pedro Castillo como parte de una organización dedicada a beneficiarse del poder que hoy ostenta desde el sillón presidencial.
El exministro Merino relató que, pese a las advertencias, Castillo insistía en la designación de Hugo Chávez.
El paso de Merino por el MINEM llegaría a su final en octubre del 2021. En una de los tantos cambios de ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, Sandra Paico, secretaria del mandatario, se comunicó con Merino Aguirre para asista a la renovación en el cargo. Sin embargo, al llegar Palacio de Gobierno, se encuentra con un iracundo Bruno Pacheco que increpa a Paico por la presencia del todavía ministro de Energía y Minas y acusándolo de ser una persona que “no hacía caso a las indicaciones”. Tras presenciar esa escena, Iván Merino se encuentra con el presidente Castillo y le expresa que no tiene nada más que hacer en Palacio y abandona el lugar. “Mi renuncia al cargo fue de facto, no hay acta ni carta de renuncia, tampoco hubo cartas de felicitación por el cargo de ministro”, señaló en su testimonio.
En un gobierno lleno de cuestionamientos sobre la idoneidad de los personajesdesignados al frente de ministerios y otro cargos importantes, que las advertencias hechas incluso por integrantes del equipo que acompañó a Pedro Castillo desde su etapa de candidato sean ignoradas y se convierta una clínica en una especie de centro de operaciones sólo despiertan más sospechas.
Como dijimos ayer, habrá que proceder primero a una limpieza de los congresistas corruptos que se han vendido al gobierno, pero también para ello se necesita afiatar una estrategia, para que no se trunque por nimiedades a veces ridículas (inasistencia de congresistas que prefieren ir a un programa de televisión en lugar de estar en la votación respectiva, por ejemplo). Hecho ello, el camino estaría allanado para que la oposición empiece a hacer política en serio.
–La del estribo: conmovedora la puesta en escena de Limpiar la sangre, escrita e interpretada por Nishme Sumar, y codirigida por ella y Steven Buendía. Ella, de origen palestino, viaja a su lugar de origen a recuperar una casa familiar y en el proceso, que muestra al público en video y testimonio, se abren ventanas de su propia vida, pasado y expectativas. Va en el Centro Cultural de la PUCP, los jueves y viernes a las 20.00 horas, hasta el 9 de diciembre. ¡Y ya hay estacionamiento gratuito!
Como muchos, soy de los que piensa que la gran mayoría de peruanos, quiere elecciones. Pero el tema no concluye allí, lo que la mayoría de peruanos quiere son elecciones con partidos y candidatos buenos o mínimamente decentes y aceptables, y eso es algo que hoy prácticamente no existe en el país, a no ser por algunos esfuerzos en el centro como los de Francisco Sagasti, solitario Quijote del republicanismo, el abogado Carlomagno Salcedo, Secretario General del recién fundado Confluencia Perú y el aún vigente Partido Morado, que, bajo la conducción del también abogado Luis Durán, busca recuperar popularidad ya que su organización es de las más organizadas del país.
Hablo del centro también, porque, visto el panorama mundial, y el ambiente de polarización que vive Italia, con la elección de la ultraderechista Georgia Meloni, o la próxima segunda vuelta en Brasil cuya difícil disyuntiva es la de decantarse entre el también conservador extremo Jair Bolsonaro y el populista, y vinculado con la corrupción, Luis Ignacio Lula da Silva, parece importante voltear a ver lo que hubo, lo que aún existe y lo que podría o debería haber en el centro político.
Los vientos que comenzamos a respirar son los de la moderación, y si no lo son, deberían serlo, por eso dejo estas pautas, para pensar desde otras premisas la política peruana y mundial.
El grupo archivó la propuesta por mayoría al considerar “innecesaria” su aprobación. “Cabe señalar que el objeto del acuerdo, es internacionalizar la gestión del territorio en aras del medio ambiente e introduce el control de la gestión territorial por ONG nacionales y extranjeras registradas en el Perú, es decir, les permite actuar como parte en temas medio ambientales”, sostuvo Bustamante en aquella ocasión, según una nota de prensa del Legislativo.
Las polémicas
Cierto o no lo dicho por Bustamante, es indudable que Escazú genera opiniones divididas. El tratado tiene 26 artículos, pero la discusión gira en torno, sobre todo, a dos de ellos: los referidos a participación ciudadana y derechos de los defensores ambientales.
El tratado plantea en su artículo 7 que cada Estado firmante “garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades”. No precisa la exclusión de algún tipo de actividad económica o zona del territorio nacional de sus alcances.
Más adelante, en su artículo 9, Escazú exhorta a los países comprometidos a tomar “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir”. Lo anterior incluye atentados contra su vida, opinión, reunión y más.
Para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, los postulados de Escazú son positivos, pero no hacen falta. “Es un tratado de buena intención, pero no es imprescindible, ni necesaria su ratificación, porque Perú ya cuenta con un marco legal para tutelar y proteger los mismos derechos [que defiende el tratado regional]”, considera el ex jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso.
Rospigliosi se refiere a fuentes del derecho nacional como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia ambiental o la existencia de un ente rector como el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). “Su ratificación por el contrario, generaría una sobreregulación y superposición de normas que generarían desconfianza en la inversión y desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente”, agrega el letrado.
En nuestro país, además, existe un vasto trasfondo legal que se relaciona a los puntos de Escazú. Por mencionar algunas tenemos la Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, la Ley General del Ambiente, que crea el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA); y contamos con una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La lista de los países que firmaron y ratificaron Escazú. El último lunes se sumó Colombia. Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la misma línea que Rospigliosi opina ÁngelDelgado, también abogado constitucionalista. “En el Perú hay normas que regulan el derecho de petición y mecanismos judiciales como el habeas data para obtener información, pero para hacerlo hay que tener legitimidad y proporcionalidad porque hay información de carácter privado que no se puede difundir así no más”, sostiene.
Bajo la mirada de Delgado, ratificar Escazú también es un riesgo de que se desnaturalicen otras normativas. “El mecanismo perverso de este tipo de tratados es que extienden derechos como una liga. Los pueblos indígenas tienen derecho a consulta por la relación ancestral con sus territorios, pero eso no puede generalizarse a cualquier grupo de vecinos que viva en Asia y no quiera un proyecto determinado”, afirma el abogado.
Contrario a sus colegas, Dania Coz, abogada especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no ve con malos ojos las exigencias de Escazú. “No lo veo como un problema. Es un tema básico de transparencia permitir la fiscalización ciudadana. Nosotros hemos dado poder a nuestras autoridades para que gobiernen, pero se nos olvida que no nos hacen un favor, lo hacen por delegación. Lo que busca [el tratado] es garantizar espacios”, asegura.
Para Coz, que nuestra legislación vigente ya contemplealgunas exigencias de Escazú tampoco es un problema, sino una oportunidad de mejora. “Es parte del principio del derecho internacional pacta sunt servanda. Firmar un tratado es indiferente ante tus propias obligaciones, defender a los representantes ambientales igual se debe cumplir, pero si tú adoptas más herramientas para que ese derecho se ejerza es porque precisamente tienes esa buena voluntad de garantizarlo”, considera Coz que también es jefa de la división de Derecho Constitucional del Estudio Iriarte & Asociados.
Aunque también hay opiniones contrarias en ese punto. “Dirán que lo abunda, no daña, pero no es verdad. El Perú tiene una democracia representativa. Participamos a través de nuestras autoridades. Tenemos tribunales, a los congresistas e instituciones como la Defensoría del Pueblo [para tutelar los derechos que toca Escazú]”, manifiesta Ángel Delgado, abogado constitucionalista.
El acuerdo internacional no solo genera diversas corrientes de opinión entre constitucionalistas. En zonas de nuestra Amazonía, como Loreto, también se pueden encontrar posturas opuestas. Como prueba, un botón.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) busca la ratificación de Escazú al menos desde el 2020. En agosto de ese año, Orpio lanzó un comunicado exigiendo que el Congreso emita un dictamen favorable sobre el tratado.
“Orpio se pronuncia para exigir que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, como reconocimiento a la defensa y protección del medio ambiente que por décadas venimos desarrollando como pueblos indígenas, y que cientos de hermanos y hermanas desarrollan a nivel nacional, incluso entregando su vida. Labor que, actualmente, no cuenta con mecanismos de protección de parte del Estado para su implementación”, señala el documento de la organización que agrupa a 26 federaciones indígenas de Loreto.
Pero también hay grupos que se oponen. Está, por ejemplo, la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto (CDL), antes conocida como el colectivo “No A Escazú». La razón, aseguran sus voceros, es por la posibilidad de que se frustren iniciativas necesarias para la región amazónica.
“Escazú puede tener una buena intención, pero en realidad hay un trasfondo de organizaciones internacionales para tomar control de nuestra Amazonía y que los defensores ambientales tengan derechos superiores. Nos oponemos porque el desarrollo de Loreto ha sido postergado bastantes años precisamente por la intervención de los ambientalistas”, dice Christian Pinasco, presidente de la CDL.
Según Pinasco, la lista de proyectos paralizados por intervención de organizaciones ambientalistas es larga. “El último gran proyecto frustrado es la carretera Iquitos-Saramiza [que conecta con la Costa Norte]. Ha sido denunciada por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, que se encuentran en el Marañón. Dicen que no se puede pasar por sus territorios porque son una nación independiente a la nuestra y que, si algún profesional quiere pasar, ellos no garantizan su vida”, afirma la cabeza de la organización loretana.
Si Escazú es el camino para mejorar las cifras de la Defensoría y la ejecución de proyectos ambientales es la interrogante. Seguir su aplicación regional puede ser la clave para obtener una respuesta.
El tratado ya está vigente desde el 22 de abril del año pasado luego de alcanzar 11 ratificaciones, el mínimo necesario, gracias a la adhesión mexicana. El más reciente es Colombia, que aprobó su ratificación el último lunes. Perú no se les sumará por ahora. Al menos hasta nuevo aviso.
Lo que correspondería, de inmediato, en verdad, en el caso de Castillo, es procesar una vacancia por incapacidad moral. Sobre ella ya no hay duda posible y solo el interés pecuniario de algunos o la ceguera ideológica de otros, puede hacer que ello no se vea con absoluta claridad. Nos gobierna, según todos los indicios mostrados, un corrupto de marca mayor y el Legislativo debería proceder a sacarlo en las siguientes horas de Palacio.
Pero como, lamentablemente, el Parlamento está infectado de “niños” y “topos”, que han vendido su voto por prebendas (porque no hay pacto político detrás, no nos vengan con tonterías), el camino a seguir tendrá que ser, salvo sorpresa inesperada, el engorroso trámite de la denuncia constitucional bien fundamentada por la valiente Fiscal de la Nación. O por angas o por mangas, el Atila chotano debe dejar el poder lo antes posible.
Saludamos, en todo caso, la valiente y enjundiosa labor de la Fiscalía de la Nación y el equipo policial que la ha acompañado, para lograr acopiar el número suficiente de pruebas que ojalá nos permita librarnos de la plaga política, corrupta y mediocre, instalada en Palacio y que, de durar hasta el 2026, nos dejaría un país en escombros, con un Estado colapsado y la mayoría de instituciones destruidas. Está en manos del Congreso elevarse a la altura de las circunstancias y proceder a sacar a Pedro Castillo de un lugar al que nunca debió llegar.
La tesis que maneja la Fiscalía indica que estas adjudicaciones serían el resultado de los acuerdos entre Pedro Castillo y los congresistas mencionados. Se apoya, además, en que ´Los Niños´ se abstuvieron en votaciones referidas a cuestión de confianza, censura de ministros e vacancia presidencial. El allanamiento de esta mañana y el posible levantamiento del secreto de comunicaciones podría terminar de esclarecer el detrás de escena del vínculo entre el presidente Castillo y estos congresistas.
