Es un tremendo disparate lo aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de la denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo por haber dicho en una entrevista periodística que eventualmente podría procesarse un referéndum para ver si se le podía dar salida al mar a Bolivia por territorio peruano.
Por supuesto, fue un tremendo dislate de un presidente que ignoraba y aún ignora olímpicamente los cánones bajo los cuales se mueve la diplomacia internacional y los intereses geopolíticos del país, pero de una burrada más del primer mandatario no pasa.
Pretender, en base a ello, construir una figura legal que luego sea aprobada por la Comisión Permanente y finalmente por el Pleno, para sacar a Castillo del poder, es un despropósito constitucional de marca mayor.
Somos creyentes desde el inicio de este gobierno, cuando se dieron a conocer las primeras asonadas de corrupción que comprometían al primer mandatario, que era intolerable que un sujeto así siga en el poder y que lo que correspondía era su vacancia o, en el peor de los casos, que se reforme la Constitución y se procediese a un adelanto de elecciones generales. Al final, ha aparecido adicionalmente la figura de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, que también podría derivar en la salida de Palacio del inmoral inquilino que lo ocupa.
Todas ellas son salidas perfectamente razonables y constitucionales. No son una salvajada política como la que ahora el Congreso pretende con el atajo inmoral de la presunta “traición a la patria”, justo, además, en la coyuntura de una visita cercana de una misión de la OEA, que, en base a ello, solo podrá hacer suya la tesis de que, efectivamente, al presidente Castillo lo quieren sacar del poder antidemocráticamente.
Lo que les falta en entereza a muchos congresistas les sobra en torpeza. Lo que corresponde es hacer un trabajo político de coordinación, anteponer sacrificios a intereses menudos y proceder a una salida de la crisis, sacando legal y constitucionalmente al presidente Castillo de un lugar a través del que está destruyendo el país. Lo que se ha aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales es una jugarreta moral y políticamente inadmisible.
