Pedro Castillo

La élite política limeña debe sacarse las vendas de los ojos de una vez, principalmente el centro político, o quienes pretendemos construirlo, me incluyo, sin duda. El Perú, tras de Velasco hasta la fecha, se ha organizado a espaldas del republicanismo, ha desarrollado otros códigos de comunicación. A las normas republicanas y sus valores se les superpone absolutamente todo, lo que equivale a su inexistencia, salvo por el ademán de votar cada 5 años y cada 4 años.

Pero pensar, como señaló Neira, en construir la república desde nuestra propia realidad, al día de hoy, es una ecuación dolorosísima a fuer de realista, por eso la evitamos y, los que más, se limitan al populismo patrimonial. Es decir, a administrar lo que hay con parches, obras dispersas, mucha coima y harta corrupción. ¿Qué sistema podríamos crear partiendo de la realidad si nuestra realidad es una sociedad que hace quinientos años se relaciona con el Estado a través de la corrupción? Ya no importa si a la clase política la mató Fujimori, o si se disolvió dentro de su propia incapacidad.

¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué batallas estamos dispuestos a librar si lo que enfrentamos no es una realidad en la que hay corrupción, sino un escenario en el que la realidad es la corrupción, acompañada de decenas de otros malos hábitos arraigados por siglos en la sociedad? Y la clase política que había, zozobrante tabla de salvación, yace en el fondo de nuestros sueños republicanos. En el Perú, primero es la revolución -y no me refiero a la marxista sino a la moral- y después es la república, ténganlo presente aquellos que todavía sueñan con sus togas y sus grandes oradores.

 

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Es altísima la desaprobación del Congreso de la República. Castillo tiene 25% de aprobación, según la última encuesta de Ipsos. Maricarmen Alva tiene apenas 21%. En parte se debe, obviamente, al natural descrédito que en el Perú y en el mundo sufren los Parlamentos, pero en el caso peruano, incide, sin duda, la parsimonia escandalosa que ha mostrado para actuar como contrapeso de un poder Ejecutivo, que ha hecho barbaridad y media sin que el Legislativo le ponga coto. Es hora de corregir esa pasividad.

 

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MODUS OPERANDI

El mismo modus operandi siguió en licitaciones con otras firmas asiáticas. En octubre del año pasado, le tocó el turno a China Railway Nro. 10 Engineering Group, que ganó la buena pro para remodelar un corredor vial que abarca las regiones de Cajamarca y Piura por S/158,3 millones. La compañía tuvo como socio minoritario a la empresa peruana Grupo Constructor y Consultor Asociados. Para variar, compitió con otra firma estatal china, presentó una oferta al 80% y ganó apelando a la buena fortuna del dragón.

El sorteo electrónico en las licitaciones públicas fue implementado en el 2020, debido a la pandemia. Un funcionario autorizado registra los datos de los postores de una licitación en el portal del Seace y, si hay un empate, la web dirime al azar de manera electrónica. El desempate ya no se hace a través de un notario.

“Si hubiera un empate, el orden de prelación se determina por sorteo. Posteriormente, se verifica el cumplimiento de los requisitos de calificación previstos en las bases, según el orden de prelación que resultó de la etapa de evaluación”, responden en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Dicen que es un sistema libre de sospechas.

Pero el experto Óscar Saravia arquea las cejas al conocer que los chinos tienen tan buena estrella en la ruleta. “Si cada vez que ha habido empate [se refiere a los concursos], ganan los mismos [los chinos], me estaría dando a entender que están manipulando el sorteo”, apunta.

Y es que el asunto no quedó ahí. Dos licitaciones más, realizadas en diciembre y que tuvieron como ganadora a China Railway Tunnel Group, tuvieron el mismo patrón que las anteriores. Una fue para remodelar una carretera en Huancayo, por un monto de S/52 millones. La constructora midió fuerzas en un sorteo con la dupla de China Civil e INIP, que quedó en el segundo lugar.

La otra adjudicación fue para mejorar una pista en Abancay, con un valor de S/180,6 millones. En este último concurso también compitió China Civil Engineering Construction Corporation. Sobre esta, vale decir que su apoderado es Jaime Lino Moya. Él es un exmilitante aprista, al igual que uno de los integrantes del comité de esta licitación, Henry Carrillo Villegas.

Lino y Carrillo coinciden en varias cosas: los dos nacieron en San Juan de Lurigancho, y se afiliaron y desafiliaron en el Apra el mismo día, según el Jurado Nacional de Elecciones. Un 23 de agosto del 2008 ingresaron al partido de la estrella y lo abandonaron un 7 de septiembre del 2021. “No conozco al señor Lino Moya. No sé de qué me estás hablando. A mi me convocan en un comité de licitación. Yo no escojo. Me inscribí en el Apra hace 22 años y nunca activé”, dice a Sudaca Carrillo.

China Civil Engineering Construction Corporation no salió victoriosa en esa puja, pero ganó una compañía que, al igual que esta, es controlada por el Estado chino.

China Civil no quiso responder para esta nota y solo nos reenvió un comunicado en el que acusan a Karelim López de “querer desprestigiarnos y favorecer” a empresas competidoras. Por su parte, Jhon Jairo, representante de China Railway Tunnel Group, dice a Sudaca: “Nosotros presentamos una oferta del 80% porque esa es la idea para quedar primero. La oferta es más atractiva para la entidad mientras más bajo sea el monto. Para ir al 80% hacemos un estudio de mercado. No tenemos nada que ver con los sorteos”.

Jairo dice que Karelim López busca desprestigiar a las compañías chinas. “Nos quieren desprestigiar y quitar a las empresas chinas de la competencia”, dice. Y defiende que firmas del dragón asiático compitan en una misma licitación a pesar de tener un mismo dueño: el gobierno de su país. “Son empresas diferentes las que compiten. Tienen distintas matrices y pertenecen a otros grupos económicos”, añade.

Jorge Ñahue, director ejecutivo de Provías Nacional, insistió en que los sorteos fueron transparentes en la conferencia que significó el último acto público de Juan Silva como ministro de Transportes, antes de su caída. El escándalo, sin embargo, parece no acabar con él.

 

 

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Pero al menos, es imperativo que el Congreso, de no lograr la vacancia, le niegue frontalmente la confianza a un gabinete manchado ya no solo de mediocridad sino, además, de corrupción. Y en adelante, tendrá que mostrarse más expeditivo para interpelar y censurar ministros deleznables, como muchos a los que Castillo ha puesto en la vidriera en estos primeros meses de mandato.

Castillo es, políticamente hablando, un traidor mendaz. Lo suyo nunca ha sido la búsqueda del cambio de estructuras para beneficiar al pueblo. Esa es la fraseología barata con la que aún engaña -en la mejor de las hipótesis- a algunos sectores de la izquierda hambrientos de la menor cuota de poder y carentes de solvencia moral. Castillo es un inepto contumaz, un mediocre redomado y un sombrero protector de trapacerías y corruptelas en el Estado.

 

 

Y ese proceso de develamiento de su verdadera entraña, torna en cómplices a todos los ministros, funcionarios y congresistas que mantienen su defensa en ristre. Los hechos de corrupción y de mediocridad administrativa saltan a la vista. Quien se haga el ciego respecto de ellos, adolece de la misma insolvencia ética del presidente.

 

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