No nos equivocamos cuando reiteramos que fue un error popular votar por un sujeto improvisado, inepto e irresponsable como Castillo y sobre el que ahora se tienden serias sombras de corrupción. Inmoralidad que cobra mayor gravedad política porque ha sido desplegada de inmediato, como parte de un plan agazapado, al amparo de la fraseología izquierdista, revolucionaria y de raigambre popular.
Lo lamentamos por sus votantes, seguramente engañados por esa parafernalia, pero queda claro que felizmente, la democracia sigue siendo en el Perú un sistema que es capaz de corregir los errores que bajo su manto se cometen. Sacar a Castillo del poder será, en ese sentido, un acto de saludable profilaxis política y moral.
–La del estribo: empieza el Festival de Artes Escénicas, FAE Lima, que marcha ya por su sexta edición. El 2020 quedó trunco por la pandemia, el 2021 fue virtual y ahora vuelve a la presencialidad bajo los auspicios del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, Centro Cultural Peruano Británico, Teatro la Plaza, Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, Centro Cultural de la Universidad de Lima y el Gran Teatro Nacional. Va del 2 al 12 de marzo. ¡Imperdible!
Uno tendría que preguntarse: ¿Qué estaba haciendo yo el año 2002, 2006, 2010, 2012, 2017, 2018 o 2020? En mi caso la respuesta es: estaba trabajando para consolidar mi situación económica y buscando construir una familia, un hogar.
¿Trabajaba en política? No. ¿Cuál era mi prioridad? Mi carrera, mi familia, mi negocio, mi esposa, mis hijas. ¿La política era mi prioridad? No.
Bueno, hay personas que dedican su tiempo a la política, y esas personas son las que salen elegidas como autoridades del país: presidentes regionales, presidentes de la república, alcaldes y congresistas. Vivimos en un sistema democrático en el cual para ser elegido autoridad debes formar parte de un partido político y participar como candidato.
¿No te gusta participar en un partido político? ¿Tienes cosas mas importantes que hacer? ¿No quieres candidatear? ¿Es un costo demasiado alto para ti y tu familia? Esas preguntas aplican para mí y para cualquiera. Mi respuesta es que, la verdad, preferiría estar tranquilo en mi casa. Pero vemos qué es lo que pasa cuando una mayoría aplica esa lógica.
Cerrón y Castillo participan en política. Y para esto pueden tener diversos motivos. Quizás desean el prestigio, implementar sus ideas, ascender económicamente, ayudar al desarrollo del país u otros motivos no tan altruistas. Sea por lo que fuere se dieron el tiempo para participar en política y esa inversión les dio resultados.
El 13 de enero del 2022, a las diez de la mañana, el empresario chino Li Qingyong, de China Civil Engineering Construction Corporation, visitó el despacho del congresista de Acción Popular por Ica, Raúl Doroteo. Este legislador ha sido sindicado por Karelim López, junto con otros cuatro parlamentarios de la lampa, como parte de un grupo llamado “Los Niños”, por su presunta obediencia sin cuestionamiento al presidente Castillo.
Rául Doroteo Carbajo, congresista de Acción Popular por Ica, el día que juramentó como congresista. Karelim López lo describe como parte del grupo “Los Niños”, una presunta red que gana licitaciones en el MTC. Fuente: Congreso.
Doroteo es un parlamentario que ha votado mayoritariamente a favor del Ejecutivo en momentos claves, de acuerdo a un informe de “El Comercio”. Por ejemplo, marcó en rojo cuando el pleno discutió la moción de vacancia del presidente Castillo, en diciembre pasado. Doroteo, vocero alterno de Acción Popular, no contestó a las llamadas para este informe.
El representante de la empresa China Civil Engineering Construction Corporation, Li Qingyong, visitó el despacho del congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, el 13 de enero.
Ese mismo 13 de enero, mientras Li Qingyong visitaba a este parlamentario, INIP Ingeniería Integración de Proyectos ganaba otro contrato, este por S/116,5 millones. El objetivo: instalar un sistema de electrificación rural en el Cenepa, Amazonas. El benefactor esta vez fue el Ministerio de Energía y Minas.
Esa vez, sin embargo, la firma peruana acompañó en la aventura, con 5% de participación, a otra compañía asiática: China Camc Engineering. Sudaca se comunicó al teléfono del afortunado empresario Roberto Aguilar Quispe, pero no obtuvimos respuesta.
Sería terrible para el país que estas colectividades prosperen al punto de tornarse en opciones de gobierno en las próximas elecciones generales. A pesar de la corrupción campante en las gestiones precedentes -con honrosas excepciones- y a pesar del desastre que ha significado la elección de Pedro Castillo, la democracia, cuando funciona correctamente, es capaz de corregir sus propios errores.
Por lo pronto, ya ha servido, por el equilibrio de poderes vigente, para refrenar los ímpetus radicales del régimen. Ojalá la presión democrática (de la oposición, los medios y la sociedad civil) logre ahora que el gobierno enmiende rumbos respecto de la barbarie burocrática que está perpetrando al copar mediocremente el Estado.
Y si Castillo no escarmienta y persiste en el desmadre, hay mecanismos constitucionales, perfectamente democráticos, para cambiar el estado de cosas. Sería una cabal demostración de que la democracia es un sistema que permite corregir errores cometidos a su amparo.
El Presidente calificó a la prensa como un chiste, luego un cerco policial impidió que la prensa se acerque al prsidente. Castillo en Jicamarca ¿Por qué es peligrosa esta situación para todos los ciudadanos? conversamos al respecto con Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana.
Sorprende que la juventud o los colectivos organizados no se expresen activamente en las calles, en protesta por los estropicios que se vienen perpetrando tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República.
Somos, en general, un país poco dado a las grandes movilizaciones, como suelen suceder con frecuencia, por ejemplo, en Argentina o España, y más recientemente en Chile o Colombia (dos naciones que tampoco tenían esa tradición). Explicaciones puede haber varias, siendo la más manida la que le atribuye a la informalidad un poder desactivador significativo. El informal es un derechista pasivo, inactivo: su trabajo o su empresa informal vive el día a día sin posibilidad de suspender labores para protestar o expresar cívicamente su disconformidad.
Y ese es un problema serio de nuestra democracia. Como bien señala el filósofo Gonzalo Gamio en la Introducción de su más reciente libro (La construcción de la ciudadanía. Ensayos de filosofía política), “en sentido estricto, no existe democracia sin ciudadanos. El grado de libertad que requiere una democracia genuina procede en cierta medida de la disposición de los agentes a involucrarse de buena gana en procesos de deliberación, movilización y vigilancia del poder. El ejercicio de la ciudadanía puede otorgarle dirección y profundidad a la vida de las personas, si estas consideran la acción política como una potencial opción de sentido”.
Llama la atención que el Perú esté desmovilizado cuando, a priori, se suponía que detrás del voto a los dos contendores de la segunda vuelta (Pedro Castillo y Keiko Fujimori) existía una actitud recelosa anunciada como voto vigilante, debido a las sospechas de que ambos contenían elementos potencialmente perniciosos para las libertades políticas y económicas.
Razones hay de sobra para que la ciudadanía se indigne con lo que está haciendo el gobierno. La barbarie que se ha impuesto en sectores claves del aparato estatal (empezando por lo que se está haciendo en el sector Salud, de tan álgida relevancia en estos tiempos de pandemia) amenaza con producir el colapso de la gestión pública. También abundan los argumentos para sublevarse por la actitud reaccionaria del Legislativo, empeñado en tumbarse las reformas educativa y del transporte y ahora tratando de dinamitar la lucha anticorrupción.
Ojalá este marasmo vigente sea superado pronto y empecemos a ver actos de movilización ciudadana, protesta callejera y alzamiento de la voz popular. El país y la democracia lo necesitan. Los poderes mediocres y corruptos que se imponen, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no se la pueden llevar tan fácil, como si nada grave estuviera ocurriendo. En las calles debe desplegarse el germen de la renovación.
Esta noche. Presidente Castillo no quiere responder y se molesta cuando le preguntan sobre el caso Karelim López. “Esta prensa es un chiste”, dice.
Analizamos la actitud y la compleja relación del mandatario con los medios de comunicación con el sociólogo Sandro Venturo.
Además, Procurador anticorrupción presenta denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Al respecto una entrevista con el exprocurador Antonio Maldonado.
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El Estado es muy generoso con los familiares de Dina Boluarte. Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta de la República, fue contratado como asesor principal en el municipio de Pueblo Libre en agosto pasado, contraviniendo a la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe darle trabajo a parientes “hasta el segundo grado de consanguinidad” de la alta funcionaria, según dos especialistas consultados por este medio.
A Wigberto Boluarte lo contrató el alcalde Stephen Haas del Carpio, que llegó a la comuna con los colores de Acción Popular. Este es un partido cuya bancada está dividida sobre su posición respecto al gobierno. Una facción minoritaria, integrada principalmente por legisladores provincianos, es afín a la gestión de Pedro Castillo.
Stephen Haas del Carpio, alcalde de Pueblo Libre, posa con una imagen del expresidente Fernando Belaunde. En su gestión se contrató a Wigberto Boluarte, hermano de la vicepresidenta de la República, como asesor. Fuente: Andina.
Wigberto Boluarte llegó al municipio para ocupar el cargo que entonces tenía Enrique Vílchez, hoy secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera que preside Dina Boluarte. Vílchez fue asesor del alcalde de Pueblo Libre desde enero del 2021 hasta el 3 de agosto de ese mismo año. Tras pasar al Midis, fue reemplazado en el distrito por el hermano de la vicepresidenta. Un enroque perfecto.
ESPECIALISTAS CUESTIONAN
Wigberto Boluarte ha recorrido diversas instituciones públicas. Fue viceministro de Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala. También coincidió con Enrique Vílchez, el 2017 y el 2018, en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), durante el gobierno de Martín Vizcarra. El primero fue gerente general de la institución; y el segundo, asesor legal de la gerencia general.
“Yo conozco a Nicanor [así le dice al hermano de la vicepresidenta]. Y con Nicanor y Enrique Vílchez hicimos un grupo de transferencia con el alcalde saliente [de Pueblo Libre]”, dice a Sudaca el alcalde Haas del Carpio.
En mayo del año pasado, en medio de la agitación política por la segunda vuelta electoral, Wigberto Boluarte fue nombrado director de la Empresa Nacional de Puertos, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el gobierno de transición de Francisco Sagasti.
Pero el hermano duró dos días en el cargo. Renunció para evitar suspicacias de que su nombramiento respondiera a un pacto político entre Sagasti y Pedro Castillo. Y es que se trataba de un familiar directo de la entonces candidata a la vicepresidencia. “No quisiera que esta designación de pie a comentarios fuera de lugar”, señaló en una carta.
Tres meses después, sin embargo, al hermano de la vicepresidenta no pareció interesarle la agitada coyuntura política y aceptó el cargo de Asesor I en la municipalidad de Pueblo Libre, bajo el régimen laboral CAS (contratación administrativa de servicios). Entró en agosto del año pasado con un salario mensual de S/8.370, según el portal de Transparencia del municipio. Un mes después, en septiembre, tuvo un incremento salarial y pasó a ganar S/9.300.
El alcalde cierra filas con la designación del hermano de Dina Boluarte y dice que la contratación cumple con los requisitos de ley, pero sin dar argumentos legales. “Lo hemos contratado porque no tiene ningún impedimento legal, además cumple con el perfil técnico. Él es funcionario de confianza. Su contratación pasó por la revisión de la gerencia de Recursos Humanos”, dice el burgomaestre Stephen Haas.
Sudaca tuvo acceso a la resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en el que nombra a Wigberto Boluarte Zegarra, como Asesor 1. Es del 4 de agosto del 2021. “La subgerencia de Recursos Humanos informa que habiendo recibido el currículum vitae documentado del señor Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra procedió a verificar si cumple con el perfil del puesto para el cargo de Asesor 1 del Despacho de Alcaldía, concluyendo que sí cumple con dicho perfil”, dice la resolución. En el documento no se analiza si el contratado está impedido de contratar con el Estado por ser pariente de la vicepresidenta.
4 de agosto, 2021. La resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en la que se nombra como asesor principal a Wigberto Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta Dina Boluarte. No se analizó si está impedido de ser contratado por ser pariente de una alta funcionaria.
“A él [Wigberto Boluarte] sí le alcanza el impedimento porque es el hermano de la vicepresidenta. Un CAS tiene la prohibición también”, dice a Sudaca Cecilia Ruiz, abogada especializada en contrataciones.
El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que están impedidos de contratar “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de un alto funcionario, como el presidente o el vicepresidente, en el ámbito que se desempeñen.
Óscar Saravia, especialista en contrataciones, dice a Sudaca que el ámbito del mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte es nacional, por lo que sus familiares directos no pueden contratar con el Estado en todo aspecto. “En mi opinión el ámbito de la vicepresidenta es a nivel nacional porque no hay una oficina o dependencia del vicepresidente. Por lo tanto, el impedimento para contratar un familiar directo es a nivel nacional mientras dure su ejercicio o un año después de haber culminado su ejercicio. Está prohibido contratar a un hermano de padre y madre (de la vicepresidenta). No se puede”, dice Saravia.
Al ser consultado sobre si Dina Boluarte influenció en la contratación de su hermano, el alcalde Stephen Haas responde: “No he tenido acercamiento con la señora Boluarte. Ella vino al distrito con motivo de la celebración del bicentenario de la República. Se invitó al presidente de la República, no pudo venir y envió a la señora Dina Boluarte. Pero jamás me he reunido con ella en privado”.
Haas llegó a la alcaldía como invitado de Acción Popular. Se afilió al partido en el 2019 y, en septiembre del 2021, un mes después de contratar al hermano de Boluarte, renunció a la militancia. Según dice, lo hizo para formar parte de un movimiento independiente. Niega haberse ido en malos términos del partido. “No me aproveché ni mucho menos de Acción Popular. Yo participé en las internas como invitado y gané. Le estoy agradecido a Acción Popular, pero me fui porque se presentó la posibilidad de presentar una nueva agrupación política”, dice el titular de la comuna de Pueblo Libre.
Wigberto Boluarte no es el único familiar de la vicepresidenta y ministra del Midis contratado por el Estado. El 9 de febrero la Contraloría alertó en un informe que la empresa Grupo Peruano Suiza, que pertenece a Jorge Gamarra Boluarte, sobrino de Dina Boluarte, ganó un contrato de S/170.000 para realizar exámenes de tomografía en el hospital regional del Cusco, administrado por el gobierno de la región. El acuerdo, que fue ventilado por la prensa, se firmó en diciembre pasado por la vía de la “contratación directa”.
Jorge Gamarra Boluarte, de acuerdo al informe de Contraloría, sería hijo de Olga Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta. El órgano de control recomendó tomar acciones respecto a esta adjudicación. Sudaca se comunicó con la vicepresidenta Dina Boluarte y su oficina de prensa, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Da la casualidad de que Acción Popular también dejó marcada su huella en este caso. Y es que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, pertenece al partido de la lampa. La autoridad regional negó cualquier tipo de favorecimiento. Benavente es de la línea de Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y que adopta un tono conciliador con el gobierno. Esto, en contraste con una línea dura fijada por su correligionaria y presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
8 de febrero. Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, conversa con el presidente Pedro Castillo al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La vicepresidenta Dina Boluarte acompaña la escena. El sobrino de ella fue contratado como proveedor en la gestión de Benavente. Fuente: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Fue elegido el 8 de febrero pasado, con la presencia del presidente Castillo y la vicepresidenta Boluarte. Todo queda en familia.
