Según el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, de los 142 conflictos socioambientales activos y latentes, 95 corresponden a la actividad minera. Ante este contexto, el socio fundador de Wiñaq, Franco Olcese, detalló que para mejorar la conflictividad social a nivel empresarial e institucional es necesario analizar diversos espacios de mejora.
En ese sentido puntualizó que, según los resultados de Brújula Minera Latam 2022, el 70% de peruanos cree que la minería puede construir consensos con las comunidades, cifra superior al promedio latinoamericano. Además, Olcese señaló que “el 43% de los encuestados señala que la minería tiene un impacto positivo en el país”.
“La permanencia de la comunicación, la respuesta a los agravios directos, las mejoras internas y la confianza en las instituciones son puntos que se deben abordar tanto a nivel público y privado para mejorar la conflictividad social entre los actores involucrados”, señaló Olcese durante la conferencia ‘Nuevos desafíos de la conflictividad social para la minería’ en el marco del evento Rumbo a Perumin, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú-IIMP.
Al respecto, el especialista también recalcó que se debe tener en cuenta la legitimidad social en el sector minero, ya que esta es multidimensional y tiene varias aristas vulnerables; entre ellas, la población, que muchas veces tiene una posición balanceada.
Condiciones para la conflictividad
Olcese enfatizó que existen cuatro condiciones para la conflictividad: incentivos, azuzadores, fallas internas y opinión pública, lo que brinda legitimidad social a la actividad minera.
El especialista considera que se debe tener en cuenta las diversas variables que están dentro de estas condiciones. “Una de las principales es el cumplimento de compromisos y no sólo por parte de las empresas, sino también de las instituciones públicas”, precisó.
Sobre este punto, el socio fundador de Wiñaq abordó los altos niveles de conflictividad que se vivieron los primeros meses del año para entender si los conflictos sociales están relacionados con las brechas sociales.
“Cuando vemos el ranking del índice de desarrollo humano por departamento, observamos que hay regiones que se movilizaron y otras que no, pero ambas tienen el mismo índice de desarrollo humano. Muchas de las regiones que se movilizaron avanzaron mucho en el índice de desarrollo humano. Entonces no se ve una relación muy clara respecto a las brechas sociales y la conflictividad”, remarcó el analista político.
Asimismo, detalló que de los 13 conflictos que concluyeron en ataques a operaciones mineras durante el 2022, algunos siguen latentes. Sin embargo, durante el 2023, dichos ataques ya no eran directos, sino amenazas.
El especialista explicó que esto se debe a la estrategia de la presidenta Dina Boluarte de apostar por la contención, pero recalcó que eso no desactiva las condiciones políticas que impulsan los conflictos. “Se han incrementado los umbrales de violencia en torno a los conflictos. La competencia por disputar relevancia en medio de una mayor oferta de conflictos conlleva a los impulsores a optar por medidas cada vez más violentas”.
Sobre este punto, Olcese puntualizó que “la minería está siendo más relacionada, de manera negativa, con temas estructurales” en consecuencia de la difusión de fake news en medios masivos. “Hay abiertamente fake news, filtran audios con la voz de Keiko básicamente planeando un golpe de Estado, un audio evidentemente falso, pero que igual llegó a cientos de miles de personas. Lo mismo, un supuesto audio entre Antauro Humala y Dina Boluarte revelado por Cecilia García”, indicó.
Al respecto, explicó que los medios alternativos no solamente llegan más, sino que producen muchísimo más en minutos por semana y llegan a mucha audiencia. “Wayka es el primero con 9.6 millones de vistas, Nacional TV con lo de ‘sobrina del presidente deja en ridículo al Congreso’ llega a 4.3 millones de vistas”, apuntó Olcese.
A pesar del escenario complicado, el analista político se mostró optimista con los espacios de diálogo entre la minería y comunidades. “La legitimidad social del sector minero es multidimensional y tiene varias aristas vulnerables que deben ser mejoradas a varios niveles: permanencia en la comunicación, respuesta a los agravios directos y confianza en las instituciones”, finalizó el especialista.
