El propio presidente se ha delatado como cabecilla del operativo psicosocial -político y mediático- que se ha estrenado en contra de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que lo investiga por la comisión de presuntos delitos.
En un tuit inaparente notificó a la “comunidad internacional” (¿?) sobre el desmantelamiento del equipo Cuellos Blancos del Ministerio Público. ¿Acaso le preocupa particularmente el tema? ¿Es un presidente jurista inquieto por los devenires de la magistratura peruana? No, estaba dando la pauta que luego sus voceros y algunos medios oficialistas han seguido al pie de la letra.
Ello se puso en evidencia, además, días antes, cuando Hildebrandt en sus trece publicó las grabaciones del subsecretario de Palacio, Beder Camacho, tratando de filtrar información falsa contra la fiscal para desacreditarla y desprestigiarla ante la opinión pública. El guion palaciego es claro.
Dicho sea de paso, lo mejor que ha hecho la fiscal Benavides es cambiar a la dupla de fiscales Fernández-Quispe que manejaba de manera por lo menos irregular todo el proceso Cuellos Blancos, como en Sudaca nos hemos encargado de detallar en una serie de informes. Colaboraciones eficaces manejadas caprichosamente, favoritismos cuestionables, etc., que viciaban un proceso que debió ser conducido de otra manera.
Toca defender los fueros del Ministerio Público en estos momentos, contra los caprichos presidenciales y contra la prensa izquierdista que siente que la presencia de Benavides le ha significado la pérdida de cuotas de poder al interior del Ministerio Público y que actúan al unísono de la voluntad presidencial.
Se juega mucho en las investigaciones por corrupción al primer mandatario. Ello debiera conducir, de prosperar y corroborarse los hechos, no a una detención preliminar del presidente (como advierte, cínicamente, uno de los abogados palaciegos, que sabe que eso no es posible), sino a una denuncia constitucional, que en su momento pondrá nuevamente a prueba al Congreso porque, para proceder a darle trámite, deberá pasar, primero, por la vacancia presidencial.
Se puede tolerar un gobernante mediocre o uno descaminado ideológicamente, pero la democracia debe trazar un límite cuando se trata de un presidente corrupto, que es justamente lo que el Ministerio Público trata de determinar. Si se cruza esa línea probadamente o con indicios legales suficientes, lo que cabe es expectorar de inmediato a Pedro Castillo de Palacio.
