Ha hecho bien el Ejecutivo en observar la ley aprobada en el Congreso que permitía a los municipios dotar de armas no letales a sus respectivos cuerpos de serenazgo edil.
Por allí no pasa la solución a la terrible situación de inseguridad ciudadana que nos asola y que desestabiliza el propio régimen democrático. Permitir que cada municipio -de los más de dos mil que hay en el país-, tenga un cuerpo armado a disposición, constituye un peligro para la seguridad antes que un alivio.
La feudalización de la seguridad ciudadana, su entrega a intereses políticos menudos, su proclividad a ser capturada por la corrupción en muchas zonas del país, su probable empleo en resolver disputas limítrofes que no son pocas (solo en Lima hay como diez entre distritos, que hasta hace pocos años se agarraban a bastonazos y puñetazos para resolver sus impasses), sería el resultado de permitir semejante proyecto de ley.
Ojalá el Congreso recapacite y no insista en semejante dislate jurídico-político. La salida del problema pasa por invertir en la policía nacional, dotarla de mejores implementos de acción y mayores presupuestos (sobre todo, para investigación criminal), no por crear bandas ediles dispuestas a servir de herramientas políticas a libre criterio del teniente alcalde o del gerente de seguridad ciudadana (si así no más, vemos la cantidad de abusos que cometen los serenos, no queremos ni imaginar lo que ocurriría si tuviesen armamento disuasivo).
Todo esto surge luego del asesinato de un miembro del Serenazgo de Surco por parte de un delincuente. Causa indignación lo sucedido, sin duda, pero no podemos dejar de advertir la temeridad irresponsable del sereno que nunca debió atreverse a enfrentar a un sujeto armado, sino que debió darle prudente seguimiento y reportar de inmediato a la policía.
Un hecho lamentable, pero equívoco, ha dado pie a esta ola de populismo punitivo, que a nada bueno conduce. El Estado, en su función básica de proveer seguridad, debe ser uno solo, no un personaje de mil caras. Si no lo hace a cabalidad, pues debe llevarse a cabo una profunda reforma policial para que lo haga, pero no menoscabar sus funciones o generar cuerpos parapoliciales de alto riesgo para la propia seguridad ciudadana.
