[INFORME] La investigación sobre el asesinato del expresidente de la Comunidad Campesina de Quipán, Santiago Guardamino, sigue sin tener avances, mientras la desconfianza en la justicia aumenta debido a polémicos antecedentes de sobornos.
Han pasado más de dos años del asesinato del líder comunal Santiago Guardamino y tanto sus familiares como los integrantes de la Comunidad Campesina de Quipán siguen a la espera de justicia en nombre de quien perdió la vida luchando contra un millonario fraude que involucraba a personajes con mucho poder.
Pero esta espera, además de estar tomando más tiempo del esperado, transcurre en medio de un clima de desconfianza debido a los antecedentes que rodean a diversos personajes que estuvieron involucrados en la lucha por justicia que venía encabezando Guardamino hasta el último día de su vida.
En este informe se podrán se detallarán esas historias que hoy tienen a los seres queridos del fallecido líder comunal esperando, con un temor más que justificado, por el desenlace de un trágico y violento asesinato que corre el riesgo de concluir sin que se obtengan respuestas claras.
EL PRECIO DE LA JUSTICIA
Como se ha relatado en informes previos, el asesinato de Santiago Guardamino se produjo en medio de una importante lucha que venía librando como presidente de la Comunidad Campesina de Quipán por recuperar un terreno de diez mil hectáreas que había sido vendida de forma fraudulenta por su antecesor.
Es importante señalar que la cuestionada venta de las diez mil hectáreas que le pertenecían a la Comunidad Campesina de Quipán se llevó a cabo en beneficio de la empresa Industrias Argüelles, la cual pretendía utilizar este terreno para construir un relleno sanitario que beneficiaría el millonarios negocio al cual se dedica.
Pero la búsqueda de justicia en este caso no arrastra un historial impecable. Por el contrario, esta venta repleta de irregularidades llegó a poner en evidencia lo manipulable que puede ser la justicia peruana cuando están el juego intereses de personajes con poder y negocios que manejan cifras millonarias.
Una muestra de ello es que el empresario Aniceto Argüelles Loayza, fundador de Industrias Argüelles, intentó sobornar a la magistrada Roxana Becerra Urbina para que emita un fallo favorable a sus intereses. Una corrupta estrategia que estuvo cerca de prosperar de no ser porque terminó siendo descubierto y condenado.
COORDINANDO UN SOBORNO
En el año 2019, la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) realizó una notable tarea de seguimiento tanto a la magistrada Becerra como al empresario Argüelles que permitió conocer la estrategia que estos habían planeado para que este último pague una considerable cantidad de dinero a cambio de un fallo favorable.
La transcripción que se muestra en la siguiente imagen corresponde a una conversación que tuvo lugar el 23 de julio del año 2019 entre Silvio Muñoz Villanueva, quien posteriormente fue identificado como hombre de confianza de Aniceto Argüelles, y la jueza Becerra Urbina sobre el soborno que el empresario Argüelles Loayza acordó pagarle.
La investigación de DIVIAC pudo corroborar que Muñoz mantenía informado a Argüelles sobre el desarrollo del caso gracias a la información que le alcanzaba la magistrada Becerra. Además, se pudo conocer que el soborno acordado con la jueza consistía en comprar terrenos que le pertenecían a la familia de la jueza Becerra por precios sobrevalorados.
Con estos escandalosos antecedentes, resulta razonable que la familia de Santiago Guardamino y la Comunidad Campesina de Quipán hoy miren con recelo el accionar de la justicia que en el pasado les ha demostrado que puede ser influenciada por el poder económico.
