Por si fuera poco, terminó su gestión mostrando un talante autoritario (causante principal del deterioro calificativo de la medición del The Economist), al pretender dar un golpe de Estado, cerrando el Congreso, interviniendo todos los poderes del Estado y apresando a funcionarios públicos como la Fiscal de la Nación e, inclusive, periodistas.

Eso fue Castillo. No fue un hombre del pueblo maltratado por las élites dominantes, víctima de esa emboscada, doliente de la obstaculización que le impidió gobernar. Tuvo, más bien, carta libre, todos sus gabinetes obtuvieron la confianza del Congreso, y si no pudo gobernar cabalmente fue por incompetente y corrupto, sin duda el peor gobernante que ha tenido el Perú en las últimas décadas.

Eso es bueno recordarlo, haría bien el gobierno en subrayarlo, lo mismo quienes fueron opositores a su gestión, la derecha mediática y política. No se puede permitir que predomine la narrativa victimizadora de un truhán aterrizado en Palacio por los azares de la política electoral peruana. No se puede soslayar el inmenso daño que Castillo le ha hecho y le sigue haciendo a la democracia peruana, ordenando ahora a sus huestes radicales, que dinamiten la transición constitucional.

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