Debería servir también el affaire Castillo para repensar el tejido institucional existente en la administración pública peruana, que está preñada de corrupción en casi todas sus instancias. Es demasiado fácil robar en el Perú. Desde las alturas palaciegas hasta los salones ediles distritales. Los dineros de todos los peruanos van a parar a los bolsillos de autoridades corruptas, con mayoritaria impunidad, y no hay un sistema inmunológico lo suficientemente eficaz para advertirlo. Lo ocurrido con Castillo debe ser, también, por ello, una clarinada de alerta respecto de lo mucho que hay por rediseñar al respecto.
¿No es contradictorio que el ministro hable de estos cambios cuando en las conferencias que brinda el gobierno se califica como inmaculado el accionar de las fuerzas del orden?
Me voy a abstener de opinar sobre la declaraciones públicas. Pero al ministro le hemos llevado esa preocupación. Se tiene que respetar a los periodistas, se deben ver las estrategias de un modo distinto, se tiene que atender a los policías y se tiene que atender la situación de las víctimas. Nosotros hemos pedido que haya una comisión de víctimas civiles, policiales y militares.
Hace algunas semanas estuvo reunida con Alfonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, y se mencionó que el objetivo de este encuentro era coordinar una posible ruta de diálogo, ¿qué avances pudieron lograr en dicha reunión?
Un tema que la Defensoría ha señalado es instaurar el dialogo que ahora está quebrado. El Viceministerio de Gobernanza desde el Ejecutivo no ha podido instaurar el diálogo. Pero la Defensoría siempre va a apostar por un diálogo abierto, transparente y que genere confianza. El problema del diálogo es que no se puede dialogar con quienes no dan la cara. El rector de la UNI mencionaba que se debían abrir esos espaciosa nivel regiones y, además, vemos también el interés de las iglesias para hacerlo.
Durante las últimas semanas, ¿considera que la Defensoría del Pueblo se encontró bajo ataque?
Hay sectores muy radicales de la izquierda, conservadores de la derecha e incluso instituciones que no entienden el rol de la Defensoría del Pueblo y, en un escenario de crisis como el actual, obviamente quieren que uno se ponga de un lado u otro. Pero tenemos que actuar en el marco de las convenciones que el Perú ha suscrito, la Constitución y la legalidad. A todo eso hay que ponerle algo que es importante en la defensa de los derechos humanos y es la dimensión humana. Cuando se pide que a la personas se le trate bien, que tenga comida, condiciones, un abogado o un intérprete no estamos tomando acción por esas personas sino porque en una democracia sus derechos deben ser respetados. Donde hay un trato que sea contrario a la ley tenemos que ir a la autoridad y hacer el señalamiento que corresponde. En ese marco sí ha habido expresiones de rechazo a nuestra institución, dicen que somos sectarios o ideologizados e incluso me han puesto como si fuera la quinta columna de Sendero Luminoso.
Es penoso tener que relatar estos hechos, que solo abonan el creciente desprestigio de un gobierno universitario. Espero que en los próximos días los medios den cuenta de este lamentable desconocimiento de un pacto entre dos instituciones y se enfoquen, sobre todo, en quienes sufrirán el perjuicio mayor: estudiantes, docentes y lectores, que siguen sin gozar de una presencialidad plena en su campus, sabe Dios por qué.
A este paso, si las elecciones llegasen a adelantarse, aunque sea al 2024 (ello probablemente se defina hoy en el Congreso), y, por ende, sin las candidaturas de Keiko Fujimori y López Aliaga (al menos, es lo que han prometido), tranquilamente ambos partidos podrían sumarse a una gran coalición de centroderecha (que, dicho sea de paso, ya se está gestando).
De esa manera –efecto benéfico colateral de este traslado al centro-, se constituiría un bloque político sólido que, además, reduciría la fragmentación del espectro de centroderecha, la misma que solo favorece opciones radicales antisistema, que, de otro modo, difícilmente tendrían prosperidad electoral en el Perú.
Los Congresistas tienen 48 pasajes al año. Tienen cuatro pasajes por mes, para ir a su región, para ir a otra región, para ir donde quieran. No tienen que dar explicaciones.
Congresista MariCarmen Alva
El vestido verde floreado, la mirada sobradora y los aires de grandeza la delatan. Encima enfatiza el no tener que dar explicaciones ante un periodista maleable, los cuales abundan en estos tiempos. Aun así, desliza la pregunta.
Yo me imagino que si tiene que informar al respecto y que si tiene que ver con su condición de congresistas y con la función de representación que deben ejercer.
Nunca he escuchado que iban para una cosa especifica de representación. También podrían tener una reunión ahí…responde enojada la fémina.
¿Tiene sentido que el Congreso financie viajes por reuniones partidarias?, termina preguntando Ghibellini.
La Congresista es una conjunción de todo lo que no debe ser un político. Al margen de no poseer empatía alguna. Es la muestra latente del racismo y clasismo imperante en nuestras clases acomodadas.
María del Carmen Alva Prieto no me representa. En absoluto.
CINCO
Interpone demanda de amparo contra la Municipalidad de Lima, solicitando que se declare inaplicable el Decreto de la Alcaldía, que declara zona rígida para cualquier tipo de concentración publica, el sector de máxima protección dentro del centro histórico de Lima …. pues considera que esta vulnera sus derechos fundamentales de reunión y participación pública.
Sentencia del Tribunal Constitucional – 07 diciembre de 2005
Esta sentencia determina que las autoridades no pueden evitar que la gente ingrese al Casco Histórico de Lima. Se junte o se manifieste, sea pacíficamente o políticamente. Es una libertad consagrada en la Constitución. Es la Ley Mayor que nos rige. Lógicamente, el esperpento hecho Alcalde, desconoce la sentencia. Lo secundan – ridículamente– sus adláteres.
Nosotros como autoridad no podemos seguir aceptando violencia y desmanes que sigan dañando nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. Lo que hemos aprobado ….. es declarar que el Centro de Lima es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, que pongan en riesgo la seguridad pública…todas esas marchas – que hemos visto- cargadas de violencia y vandalismo – encendiendo fuego en las calles del Centro Histórico- lanzando piedras a la policía nacional y teniendo armamento (¿?) …Eso no se va aceptar.
Acotó el Teniente Alcalde –Renzo Reggiardo– ante la permisividad cojuda de tres jóvenes periodistas de RPP.
Ignoró que el incendio del Edificio Marcionelli lo provocaron las bombas lacrimógenas de la Policía. Ídem, la muerte de Víctor Santisteban es un asunto baladí para el ínfimo personaje. Así como el hecho de la violencia policial contra gente que se manifestaba pacíficamente.
¿Esta es la extrema derecha o los HuevoNazis?
En tanto, Dina Boluarte se reunió con Keiko Fujimori.
Keiko es una mujer joven, cumplirá 50 años en mayo del 2026, y es la líder del partido más organizado del país, con bases a lo largo y ancho del territorio nacional. Un acto de desprendimiento, como el de no postular a las elecciones adelantadas complementarias y acciones palpables de buscar reales consensos (quien sabe desde un nuevo congreso), pueden repotenciar a una candidata, hoy demonizada, en la alternativa de una derecha conservadora con el lema, a la brasileña, de orden y progreso.
El poder de Sada Goray en el gobierno de Pedro Castillo era total y avasallador. No solo controlaba el Ministerio de Vivienda y había tendido sus tentáculos al Ministerio de la Producción, sino que además logró extender su influencia y mando hasta el Ministerio de Justicia al lograr que se designará como Superintendente de Registros Públicos a Luis Ernesto Longaray Chau.
Luis Ernesto Longaray Chau, es trujillano y un abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Igual que Pedro Castillo, que se rodeó de sus paisanos de Chota, Sara Goray tomó su ejemplo y logró que se designará a su paisano de Trujillo como mandamás de Registros Públicos.
¿Cómo lo hizo? Salatiel Marrufo en su declaración como colaborador eficaz del 18 de noviembre del 2022 señala que Sara Goray le pidió dicho nombramiento en Registros Públicos debido a que la empresaria necesitaba ayuda en la inscripción de un terreno en Chilca que había vendido a Centenario y que le faltaba resolver por una superposición de partidas. Dicha designación fue posible gracias a la intermediación del exministro de Justicia, Félix Chero Medina, quien recibió a cambio de dicha designación, según Marrufo, la suma de S/. 50,000 soles.
Previamente a la designación de Luis Ernesto Longaray Chau como Superintendente de Registros Públicos, Sara Goray le había entregado S/. 500,000 soles exigiéndole que acelerará su nombramiento. Los S/. 50,000 soles que pagó Salatiel Marrufo a Félix Chero no salieron de sus bolsillos, sino de la coima grande que había pagado días antes Sara Goray.
El servicio delivery de designación de funcionarios públicos que hizo Sara Goray en el gobierno de Pedro Castillo por lo menos comprendió tres ministerios: Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Producción y Ministerio de Justicia. Mucho poder para ser víctima de extorsión y chantaje.
El control de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
En el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción, se está investigando a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otras personas, por las coimas realizadas a funcionarios públicos. Por ejemplo, en un documento fiscal (la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023), se han precisado los siguientes beneficios a Sada Goray a cambio de las coimas dadas a Salatiel Marrufo para Pedro Castillo:
En julio de 2021, Sada Goray solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de un predio estatal, por encontrarse superpuesto con su predio ubicado en Chilca, afirmando que su predio era el más antiguo y, por tanto, debía prevalecer.
Dicha solicitud, conforme al Equipo 3 del Equipo Especial de fiscales, fue declarada improcedente, Goray apela, y se declara infundada su apelación; ante ambos rechazos, a Goray no le quedó otra alternativa que interponer recurso de nulidad. El área que debía responder dicha nulidad era la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal que en ese entonces se encontraba a cargo de William de la Vega Villanes, quien habría sido coaccionado para emitir una resolución favorable a la nulidad planteada, pero al precisar la imposibilidad de que prospere porque no existía razón jurídica alguna, y señalar su negativa, la organización criminal optó por cambiar al Director para que pueda atender positivamente el pedido de Sara Goray. Tanto es así que la empresaria logra que cambien al Director y nombren a Marina Subiria Franco, y además Goray logra que contraten bajo la modalidad de terceros a su socia Flor Olivera Orellana.
Tanto era el poder de Sara Goray en el Ministerio de Vivienda que hizo, además, que sea contratada su socia Flor Olivera Orellana quien como funcionario público emitió el Informe N° 104-2022/SBN-DGPE que sirvió para que se emita la resolución que declara la nulidad de la resolución N° 20-2022 SBN-DGPE y que logra sus intereses empresariales sean atendidos. Es decir, Sara Goray no solo alcanza un resultado exitoso, sino que, además, consigue que el propio Ministerio de Vivienda contrate a su amiga y socia, quien elabora el Informe decisivo y obtiene a cambio unos suculentos honorarios profesionales.
El control del fondo Mi Vivienda
Sada Goray, el 3 de febrero de 2021, en su condición de gerente general de Marka Group, había solicitado al fondo Mi Vivienda la suscripción de un convenio institucional. Era necesaria la suscripción del convenio para que sus expedientes administrativos puedan tener un resultado favorable y se aprueben en el menor tiempo posible.
Luego de varias actuaciones administrativas, el Gerente General, José Forero Monroe, y el Gerente Comercial, Paulo Morán Villanueva, del fondo Mi Vivienda suscribieron el convenio con la Gerenta General de la empresa Marka Group de Sada Goray. Una de las razones claves por las que la empresaria invirtió en coimas más de S/. 4,000,000 es para que se apruebe y se suscriba dicho Convenio.
Sada Goray, además, tenía pendientes trámites administrativos ante el Fondo Mi Vivienda, uno de ellos era, el contrato de fideicomiso para el desembolso del Bono Familiar Habitacional correspondiente al proyecto Pradera de Cacatachi.
La solicitud para el Fideicomiso fue denegada con fecha 11 de setiembre de 2021:
Al haber tenido un resultado negativo, Sada Goray, recurre como financista a Salatiel Marrufo para que las instancias del Fondo Mi Vivienda emitan pronunciamientos a su favor, a cambio de importantes sumas de dinero. Para que dichas decisiones administrativas se puedan materializar, tuvo que cambiarse al Presidente y a los miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, a pedido de Sada Goray, designando en dichos puestos a Pedro Gary Arroyo Maquina (Presidente); Roger Lizandro Gavidia Johanson (Director) y Gonzalo Renato Arrieta Jovic (Director).
Pedro Arroyo ha sido mano derecha de Luis Mesones, exesposo de Sada Goray, quien fue exviceministro, se convirtió en su íntimo desde la década de los noventas, cuando estudiaban juntos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
Salatiel Marrufo, respecto a las designaciones, ha señalado en la respuesta a la pregunta 2 de su continuación de declaración del 17 de noviembre de 2022, ante el Equipo 3 del Especial Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder, lo siguiente:
Los miembros del Directorio propuestos por Sada Goray finalmente fueron los funcionarios públicos que aprobaron a favor de la empresa Marka Group, la participación del Fondo Mi Vivienda en los fideicomisos inmobiliarios: (i) “Condominio Residencial las Praderas de Catachi”; (ii) Chiclayo Bonito; (iii) “Lima Bonita”, ello mediante Sesión Extraordinaria N° 16-2021, del 18 de octubre de 2021.
El dinero de Sada Goray sirvió para financiar la coima a los jueces que conocían el pedido de prisión preventiva de los sobrinos del presidente Pedro Castillo
Una de las declaraciones más explosivas y escandalosas que ha brindado Salatiel Marrufo a la Fiscalía ha sido el hecho de que cuando se tramitaba el pedido de prisión preventiva a los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, entregó a Geiner Alvarado (ministro de Vivienda) y este alcanzó a Pedro Castillo S/. 500,000 para que se coimeara al juez de primera instancia que veía el requerimiento de prisión solicitado por el Ministerio Público. Dicho dinero salió de las coimas entregadas a Marrufo por Sada Goray.
De igual modo, Marrufo ha declarado que cuando se estaba por resolver el recurso de apelación de la prisión preventiva de los sobrinos del Ex Presidente de la República entregó S/. 1´500,000 a Cledin Vásquez Castillo a fin de que se pagara una coima a los jueces que conocían la apelación de la prisión preventiva de Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. Dicha coima salió de los pagos que Sada Goray había hecho a Salatiel Marrufo.
Sorprende, en ese sentido, que la presidenta Boluarte y el premier Otárola, soslayen sus propias promesas y permitan que el titular de Educación destruya lo avanzado en ese ámbito. Ojalá haya urgente reconvención. No se puede permitir que la reforma universitaria sea tirada abajo por motivaciones ideológicas inconducentes y, hay que decirlo, manejos económicos mafiosos que se mueven debajo de la mesa para lograr su cometido.
Para José Vidaurre Arévalo, la historia con Movistar empezó a complicarse en el transcurso de año pasado cuando decidió mudarse al distrito de Surquillo. En su anterior domicilio, ubicado en San Borja, Vidaurre contaba con un dúo para internet y televisión y, cuando llegó la fecha de realizar la mudanza, optó por dar de baja a este servicio.
Los problemas comenzaron desde la primera llamada. Como hacen muchos usuarios de Movistar, José intentó realizar el trámite vía telefónica, pero no se lo permitían. «Para intentar cancelar la línea lo hice por teléfono, pero salía que no podían identificar mi DNI», explica. Ante este inconveniente debió pedir la baja de su dúo vía Whatsapp y un asesor le indicó que dicho procedimiento debía realizarlo en la aplicación de Movistar.
«Me apareció un pantallazo que había generado la orden con éxito y en veinticuatro horas se cancelaba», relata Vidaurre y agrega que no le aparecieron más indicaciones por lo que asumió que eso era suficiente para dar de baja el servicio. «El mensaje lo ponen como que no hay nada más por hacer», cuenta.
José pagó el recibo correspondiente al mes de julio y para agosto ya se encontraba en su nuevo domicilio. Pero, cuando llegó el recibo correspondiente a dicho mes, Vidaurre Arévalo se llevaría una sorpresa al encontrar que también le estaban cobrando por el servicio que creía haber dado de baja en julio. «Al inicio pensé que estaban equivocados y no le hice caso. Pero vi en el aplicativo y figuraba como si tuviese dos líneas», relata a Sudaca.
La historia se repitió en septiembre y para José era claro que no se trataba de un error. «Vuelvo a solicitar la baja del servicio y sale exactamente lo mismo que en veinticuatro horas estaba de baja», explica. Sin embargo, esta solicitud nunca existió según se lo hizo saber Movistar. «Me dicen que figura que nunca hice un trámite para dar de baja. Le muestro los pantallazos pero me responden que en el sistema no figura», cuenta Vidaurre.
Para el mes de noviembre, José seguía recibiendo recibos y, además, empezaba a recibir presiones para pagar la deuda acumulada. «Llega el recibo de noviembre y empiezan a llamarme algunas entidades de cobranza y estudios de abogados para que pague», cuenta el usuario y también revela que Movistar empezó a sugerirle que al menos pague el 20% del monto que debía para ese entonces.
Preocupado, José recurrió a las redes sociales para manifestar su molestia y fue gracias a esta publicación que pudo ponerse en contacto con Osiptel para recibir asesoramiento y encontrar una solución. No obstante, en sus diálogos con los representantes del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones se entera del extraño manejo que Movistar le había dado a su caso. «Me dijeron que cualquier cambio que haga con respecto al servicio la entidad envía ese reporte a Osiptel, pero ellos señalan que Movistar nunca les informó que había cancelado mi línea. Figura que nunca había hecho esa cancelación», manifiesta.
Con este apoyo, Vidaurre encontró una alternativa para afrontar el caso de los recibos fantasma que se seguían acumulando por un servicio que no consumía ni podía dar de baja. «Me dijeron que había una figura que me podía servir. Como presenté el reclamo y nunca recibí respuesta, podía aferrarme a la figura del silencio administrativo. Según esto, como ellos no dieron respuesta, yo tendría la razón», explica.
Finalmente, la figura del silencio administrativo sería la solución para el caso de José. Luego que Movistar se comunicara con él, las cuentas pendientes desaparecieron y dejaron de cobrarle por un servicio que había intentado de baja en innumerables oportunidades. «A los dos o tres días me comunica otra área de Movistar que recoge los módems viejos», cuenta.
Crisólogo Cáceres, especialista en derecho del consumidor y presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), señala que el cobro por estos servicios cuando hay un reclamo en curso queda suspendido. «En el caso de los recibos, si ellos están presentando un reclamo, esos recibos no los tienen que pagar hasta que se resuelva en primera instancia Movistar y en segunda Osiptel», señala.
Sobre casos como el de José Vidaurre, quien era presionado para pagar los recibos, el titular de ASPEC señala que «son métodos de cobranza coercitivos y eso está prohibido por el código del consumidor y está prohibido por la ley». Además, agrega que el uso de bots para atender a los clientes en lugar de permitir que puedan comunicarse con una persona es un hecho que «ha sido comunicado a Osiptel».
Movistar sigue gozando de una posición dominante en el mercado peruano con servicios como línea telefónica, internet y televisión por cable, pero casos como el de Patricia y José podrían seguir manteniendo a esta empresa en una posición destacada en los rankings de clientes insatisfechos y número de reclamos al año. Sudaca intentó comunicarse con Movistar para obtener sus descargos, pero hasta el final de este informe no obtuvimos respuesta.
