[TIEMPO DE MILLENIALS] ¿Eres de los que se deja llevar por los mitos del reciclaje para, precisamente, no reciclar? Aquí te darás cuenta de la importancia de comprometerte con el medio ambiente y ya no tendrás excusa:

  1. No reciclo porque no sirve de nada, todo se mezcla en la misma bolsa

La verdad: los recicladores separan, clasifican y procesan de manera automática cada material que reciben.

  1. No reciclo porque todo se mezcla en las plantas de reciclaje

La verdad: las instalaciones y plantas de reciclaje están separadas y solo llega a cada una de estas el residuo a tratar.

  1. Hay que lavar los envases antes de reciclar

La verdad: no es necesario y es más, no es recomendable. Porque se están gastando recursos dos veces. Una, en tu casa antes de dejarlo en el contenedor. Y dos en la planta, todos los productos pasan por un proceso de limpieza. Por tanto, no es necesario lavar nada antes de reciclar.

  1. No reciclo porque reciclar es más contaminante que fabricar un producto nuevo

La verdad: es menos costoso reciclar que fabricar un nuevo producto. Al reciclar ahorramos: agua, energía y materias primas. También reducimos la contaminación que se produce al obtener la materia prima para realizar el producto.

  1. No reciclo porque no quiero que se pierdan puestos de trabajo

La verdad: el reciclaje de residuos crea 10 veces más empleos que si se eliminaran en vertederos.

  1. No reciclo porque no tengo espacio para hacerlo

La verdad: esta no es una excusa, la clave está en saber organizarse y adaptarse al espacio. 

  1. Los objetos solo pueden reciclarse una vez, ¿para qué me voy a molestar?

La verdad: muchos productos pueden reciclarse varias veces y algunos como vidrios o metales, pueden reciclarse indefinidamente sin perder nada de calidad. 

  1. Por mucho que recicle, no voy a salvar el planeta

La verdad: es un trabajo en equipo con todos los actores de la cadena de reciclaje, pero tu papel sí importa.

  1. Los productos reciclados son de peor calidad

La verdad: los fabricantes invierten tiempo y recursos en las nuevas medidas de ecodiseño, por ello son de una calidad igual que las que se han creado con materia prima virgen.

  1. Transportar los materiales reciclables causa más contaminación que no reciclarlos

La verdad: se produce la misma contaminación transportando los residuos a los vertederos que a las plantas de reciclado. Además, existen puntos donde se acumulan los materiales reciclados y así transportarlos en grandes cantidades, disminuyendo la contaminación.

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Una respuesta lacerante, por los efectos corrosivos que contiene para la democracia, es aquella que responde a la pregunta de cuán interesada está la ciudadanía respecto de la política.

Según la última encuesta de Datum, al 43% le interesa poco informarse sobre política y al 28% le interesa nada, 71% a la que le resbala simplemente todo lo que tiene con ver con la política nacional.

Esta respuesta calza perfectamente con otra medición del IEP, donde al 68% de la población le interesa poco (26%) o nada (42%) la política. Un desdén por los asuntos públicos de gobierno alarmante.

Alarmante porque supuestamente transitamos por una seria crisis política, que tiene los reflectores de la prensa permanentemente prendidos sobre ella, pero que a pesar de tal, no concita el desvelo de la mayor parte de la ciudadanía, a quien seguramente la preocupa mucho más el futuro de Cueva en el fútbol peruano que lo que acontece en el damero de Pizarro o la plaza Bolívar.

Ese ciudadano “alpinchista” es el que luego, como suele suceder en el Perú, vota por joder, y así, aparecen candidatos que reflejan ese estado de ánimo y generan una ruleta de la suerte que, al final, puede tirar por la borda años de esfuerzo partidario, programático, de convocatoria de buenos equipos de gobierno o listas congresales.

Tiene que ver también este desinterés con la poca movilización ciudadana que genera el actual statu quo, con una alianza fáctica deleznable y funesta entre el Ejecutivo y el Congreso. A la mayoría no le importa. Está más preocupada -como también revelan las encuestas- en superar el páramo económico, la sensación devastadora de que la corrupción nos gobierna y la terrible incertidumbre vital que genera la descontrolada inseguridad ciudadana.

El resultado de todo ello es una anomia republicana que reviste los peores pronósticos para el 2026. Pobladores sin república debió haberse llamado el libro de Alberto Vergara. La ciudadanía es una aspiración colectiva aún pendiente.

 

Carlos Cabrejos, el periodista que escribió “El falso Sheriff”, cuenta las irregularidades de Juan Carrasco Millones en su paso por la Fiscalía y su desinterés por investigar a ciertas agrupaciones criminales.

En su libro relata un episodio con Juan Carrasco en el cual le preguntan si acabaría con la delincuencia y él responde que si lo hace de qué vivirían después, ¿esa respuesta resume el verdadero interés de Carrasco en la Fiscalía?

Esa fue una frase que le contó mi padre y, por más que Carrasco haya dicho que mi padre no estaría de acuerdo con la publicación del libro, está totalmente equivocado y creo que fue una respuesta de picón. Porque esa respuesta sí ocurre y mi padre lo recuerda hasta la fecha. Eso del alguna manera deslucía el trabajo que él trataba de aparentar ante la prensa y la ciudadanía. Había un mensaje para la tribuna y otro para el trabajo interno.

¿Hubo grupos criminales intocables para Juan Carrasco?

Los casos más notorios que nunca se han tocado en Lambayeque son los casos de las azucareras. Son los crímenes que nunca se han tocado. Los ha podido abordar la prensa, pero la Fiscalía no ha movido ni un dedo. Los casos más saltantes han sido los de Pucalá y ahí el señor Carrasco o se moría de miedo o no quería entrar porque habría sido captado por esa gente para que no los investigue.

¿Cómo procedían con estos casos?

Hay una carpeta que el mismo Juan Carrasco abre con el testimonio de un colaborador eficaz en la que se menciona que se abría la carpeta para investigar los crímenes en las azucareras, entre ellas la del señor Fernando Arbulú Roca. Pero, sencillamente, la dejaron archivada llenándose de tierra. Años después, cuando nosotros, los medios, empezamos a hacer investigación, Carrasco la deriva a un fiscal adjunto, que es Aldo Paredes, con la intención que él determine y realice actos de investigación que, durante dos años, no había hecho Carrasco. 

¿Cómo respondía Carrasco al respecto?

En algún momento Carrasco había anunciado que iba a investigar los crímenes en las azucareras, porque, según él mismo lo dijo, tenía información. Pero no movieron ni un dedo y eso es lo que más le cuestionan. Porque en el caso de Tumán se investigan dos muertes de manera olímpica y en el caso de Pucalá, donde hay veinticinco muertes y posiblemente más, no se ha movido ni un dedo para investigar.

¿Recuerda otros de estos casos?

Otras organizaciones criminales, como “Los malditos del azúcar” y otras que aparecieron luego, ahí están con las carpetas adormecidas en la Fiscalía. Mientras, han transcurrido hasta cinco años, pero hasta ahora nada. Ni siquiera los representantes de las fiscalías se han pronunciado al respecto. Nunca hubo un interés real por investigar.

¿Por qué nunca hubo sanciones a Carrasco por el mal uso de las prisiones preventivas?

Tendría que ser un fiscal con la medalla bien puesta que quiera hacer bien su trabajo y quiera corregir las cosas. Pero estamos en Perúlandia, la sociedad es conformista, se deja pasar y como sociedad estamos yendo hacia abajo. Se están normalizando cosas y que las instituciones se vuelvan totalmente esquivas a los intereses de la población. Por ejemplo, el caso de alias “Ñoño” y “La hermandad del norte” debió haber significado una sanción fuerte para Carrasco y no pasó nada. 

¿Cómo actuó Carrasco en el caso que menciona?

David Ángel Guerrero Rodríguez era colaborador eficaz de Carrasco Millones en un caso que tenía código de colaborador eficaz y, tres años después, Carrasco le quiso dar un nuevo código de colaborador, cosa que es irregular. Un colaborador no puede tener dos códigos en un rango de diez años. Luego, un año después, Carrasco presenta un documento en una Fiscalía para pedir un tercer código para el mismo señor

¿Qué explicación se dio cuando se expuso esa situación?

Cuando esto se advirtió y lo denunciamos, solamente le dieron una palmadita en la espalda, archivaron el caso y nunca lo sancionaron. Ahora Carrasco sale a decir que no tiene casos pendientes. Cuando fui a denunciar, el fiscal que recibía la denuncia tenía miedo y como que no se quería meter con Juan Carrasco. 

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La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, fue recibida con abucheos durante su participación en el Festival de Cine de Lima, un evento que refleja no solo el rechazo de la audiencia, sino también la frustración generalizada del sector cultural peruano debido a las recientes normativas que han afectado negativamente al cine nacional. Esta situación no es un hecho aislado, sino el reflejo de un descontento profundo con la gestión estatal hacia el arte y la cultura en Perú, particularmente en un momento en que la industria cinematográfica enfrenta serias amenazas debido a nuevas legislaciones que restringen la libertad creativa y de expresión.

La noche de ese día, la titular del sector cultura mientras comenzaba su discurso en el Teatro Nacional, la audiencia la interrumpió con abucheos, gritos de «¡hipócrita!» y «¡fuera!», y hasta pancartas que exigían la defensa del cine peruano. Pese a que intentó continuar hablando y pidió respeto para terminar su intervención, los gritos no cesaron, obligándola a abandonar el estrado.

Este incidente refleja una creciente frustración entre los cineastas y ciudadanos, quienes critican las acciones recientes del gobierno en relación con la cultura y el cine. Urteaga, una aliada cercana de la presidenta Dina Boluarte, ha sido blanco de críticas por su apoyo a una ley que regula y limita el financiamiento para producciones que aborden temas sensibles como las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. La normativa, impulsada por la congresista Adriana Tudela, también restringe los fondos para cineastas de regiones y cine independiente, lo que ha generado rechazo entre más de 70 asociaciones y cientos de trabajadores del sector cultural.

No es la primera vez que Urteaga enfrenta manifestaciones en su contra. En febrero, durante una visita a Puno, también fue abucheada y expulsada por ciudadanos que exigían justicia por las víctimas de las protestas antigubernamentales. A pesar de estos episodios, la ministra ha declarado que continuará con su labor y sus visitas a diferentes regiones, asegurando que las críticas no detendrán su trabajo.

El clima de rechazo hacia las autoridades no se limita a Urteaga. En los últimos días, otras figuras políticas, como la legisladora Patricia Chirinos y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, también han enfrentado situaciones similares, lo que evidencia un creciente descontento social hacia el gobierno actual.

Hace unos meses conversamos con la cineasta Patricia Wiesse quien detalló los numerosos obstáculos que encontró al crear su documental «Mujer o Soldado», un proyecto que explora temas incómodos para ciertos sectores del poder, como la violencia sexual ejercida por las fuerzas militares en el sur andino. Wiesse señala que, debido a la nueva legislación, es improbable que un documental como el suyo reciba el mismo nivel de apoyo que en el pasado. «Es el tipo de película que ellos no quieren que se haga», menciona la cineasta, subrayando que las restricciones actuales dificultan enormemente la realización de obras que aborden temas sensibles o que puedan ser interpretadas como críticas al Estado.

La nueva legislación impuesta por el Estado peruano ha generado un clima de censura y autocensura, donde los cineastas temen que sus proyectos sean vetados o que no reciban el apoyo necesario debido a su contenido. Esto ha llevado a una mayor presión sobre la comunidad cinematográfica, que ahora debe sortear un entorno cada vez más restrictivo y hostil hacia las voces críticas.

A pesar de los desafíos, el trabajo de Patricia Wiesse y su equipo en «Mujer o Soldado» no solo resalta la resiliencia de las mujeres de Manta, sino también la lucha constante de los cineastas peruanos por mantener viva la memoria histórica y por contar historias que el poder intenta silenciar. Su documental ha tenido un impacto significativo en la discusión sobre la violencia sexual en los conflictos armados en Perú, y ha servido como una herramienta educativa y de sensibilización tanto en el ámbito académico como en la esfera pública.

El futuro del cine en Perú está en peligro debido a estas nuevas normativas que podrían convertir a DAFO en un ente censor, afectando la diversidad y la libertad creativa en la producción audiovisual. Sin embargo, la cineasta también subraya la importancia de la resistencia y la creatividad en la comunidad cinematográfica para enfrentar estos desafíos y continuar produciendo contenido que refleje las realidades y las historias que necesitan ser contadas.

La abucheada participación de Leslie Urteaga en el Festival de Cine de Lima no es solo un acto de desaprobación hacia una figura política, sino una manifestación del descontento con la situación actual del cine en Perú. Es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, los cineastas como Patricia Wiesse continúan luchando por su libertad de expresión y por la preservación de la memoria histórica a través del cine.

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Ya uno no sabe qué conclusión extraer respecto de las encuestas de autodefinición ideológica. Varían entre sí y a veces, dependiendo de la fecha en que se realizan, lo hacen sideralmente dentro de la propia encuestadora.

La última encuesta de Datum, por ejemplo, señala que el 27% de la ciudadanía se identifica de derecha, 21% de centro y 13% de izquierda. El resto de encuestadoras arroja casi un empate, con mayor predominio del centro.

Dicho sea de paso, una sugerencia a las encuestadoras: deberían repreguntar a los encuestados por qué se dicen de derecha, de centro o de izquierda. Ello podría ayudar mucho a trazar un mejor mapa de identidades ideológicas, aun cuando nos resulte claro que no es un predictor electoral (ya hemos visto el 2021 a gente de derecha, o autodefinida así, votando por Castillo)

Vamos a elegir, por ello, un aspecto de la respuesta que, para el caso, nos parece más relevante: 34% no se identifica con ninguna de ellas y en abril de este año solo decía no hacerlo el 21%. En la triada derecha-centro-izquierda, las cifras casi no se mueven entre ambas fechas.

Esta aparente desideologización sería el mejor reflejo del creciente hartazgo ciudadano por la política, esta sí corroborada por todas las encuestadoras. Y ese grueso sector poblacional es materia prima dispuesta a terminar votando por algún candidato radical antisistema, que prometa patear el tablero, poner el país de cabeza y refundarlo desde sus cimientos, por lo general una propuesta autoritaria y vertical.

Ese es el mayor peligro al que nos asomamos el 2026. Porque si le sumamos la inmensa fragmentación (habrá cerca de 60 candidatos), la posibilidad de que con un 7 u 8% de la votación un candidato pase a la segunda vuelta es muy alta, como sucedió el 2021, con las consecuencias políticas que hasta hoy sufrimos.

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Los trabajadores y los proveedores de la constructora china Synohidro denunciaron al consorcio y anunciaron una serie de plantones contra la cuestionada empresa. Denuncian que la empresa china los estafó, dejó impagos a miles de trabajadores y colocó al borde de la ruina a cientos de proveedores, muchos de ellos jóvenes emprendedores peruanos. Como sabemos, la empresa asiática viene operando en nuestro país a través de algunas empresas estatales, las cuales participan en diversas licitaciones de gran envergadura; por ello queremos poner de conocimiento a la opinión pública, los graves hechos de corrupción que viene propiciando dicha compañía, que aprovechándose de los nexos con los canales oficiales, fue convocada para ser parte del proceso de la construcción del Hospital San Ignacio II-Cajamarca. Tras varios meses de haber culminado dicha obra, la empresa china desapareció, dejando en ruinas a miles de trabajadores que estuvieron días y noches en la ejecución del proyecto. Las prácticas corruptas y abusivas de Shynohidro nos ponen en estado de alarma ante los graves antecedentes que viene enfrentando con otras obras realizadas en el país bajo el mismo modus operandi. Sin embargo, dicha empresa continúa operando en nuestro país, ganando licitaciones con el Estado, como la reciente construcción de la carretera Conococha-Huaraz, firmado en julio pasado por el administrador Wilfrido Ñaui y el representante de la “Odebrecht” china, Zhaogu Yang. Por tal motivo, alertamos a los trabajadores y empresarios de la comunidad peruana a no dejarse estafar por la empresa asiática, sabiendo que en su prontuario ha demostrado un patrón sistemático de incumplimiento de pagos a proveedores locales y trabajadores, quienes viven el día a día y dependen únicamente de sus salarios para sobrevivir. Este comportamiento ha llevado a muchas empresas peruanas a enfrentar serios problemas financieros, poniendo en riesgo el sustento de miles de familias. Dicho todo esto, es inconcebible que la empresa de capitales chinos pueda seguir actuando con total desfachatez, pisoteando derechos y leyes nacionales sin que nadie mueva un dedo para frenar su abusivo proceder.

La justicia y la equidad deben prevalecer, y es hora de exigirles a las compañías extranjeras (sobre todo a las que arrastran antecedentes tan negativos en otros países), a actuar con la misma integridad y el mismo respeto con el que actúan las compañías peruanas en el Perú y los consorcios chinos en la República Popular China.

Entrevista con Marco Jharold Sáenz Blas, gerente general de la empresa Electro SC S.A.C  

Si bien las licitaciones en nuestro país se han devaluado mucho, ya sea por lo engorroso de la normativa de contrataciones o por otras causas, la concentración de licitaciones ganadas por ciertas empresas llama mucho la atención.

Tanto es así que a la buena pro conseguida por el Hospital María Reiche por un monto de 144 millones de soles, hay que agregar los 366 millones obtenidos por el Hospital de Cajamarca y los 66 millones de soles adjudicados al Hospital de Calca en el Cusco.

Preguntado el empresario Marco Jharold Sáenz Blas por las demoras en la ejecución de las obras, el hombre que bautizó a Synohidro como el Odebrecht chino nos aproximó a todas las cutras que rodean a los procesos peruanos:

En esto tiene mucho que ver el presunto apoyo a Synohidro del actual director de Proyectos de Inversión, Eloy Durán Cervantes, y los miembros del comité de selección nombrados por él.

¿Qué es lo que está ocurriendo con la empresa china Sinohydro?

Consorcio chino, donde la empresa principal es Sinohydro, a la cual hemos bautizado como la Odebrecht china, porque controla casi el ciento por ciento de las licitaciones con el Estado. Y como en casi todos los casos donde una empresa tiene la sartén por el mango, un día decidió no pagarles ni a los trabajadores ni a los proveedores.

¿En qué consiste, exactamente, el trabajo realizado por ustedes para ellos?

Nosotros hemos hecho el trabajo de instalación de equipos de media tensión, que son los transformadores y las celdas del Hospital de Salud San Ignacio, en la frontera de Cajamarca. Nosotros terminamos el trabajo y, sin motivo aparente, se negaron a pagarnos por la obra realizada, a pesar de haberles cursado una serie de cartas notariales. Y esa negativa tiene más de un año de existencia. 

¿Cuál es el monto que les adeuda el consorcio de origen asiático?

Un cifra que asciende a los 670 mil soles.

¿Cómo llegan a trabajar con ellos?

 Como a varias empresas de la región, nos invitan a participar en una licitación y la ganamos con el nombre de Consorcio Salud San Ignacio. Todo dentro de las características del proceso.

Sinohydro: la empresa china que enfrenta graves cuestionamientos en el Perú y en el Ecuador 

 A fines de 2022, la Fiscalía del Ecuador allanó las oficinas de la empresa de capitales chinos en el marco de un escándalo de corrupción que salpica al expresidente Lenin Moreno. Desde 2018, dicha empresa también tiene una importante presencia en nuestro país y ha tenido más de una controversia en este: en la Región Piura dejó un paupérrimo avance de obras en una carretera y en la Región Huancavelica es señalada como la responsable de los retrasos en la construcción del hospital regional.

Cuando a fines de 2018, la empresa china comenzó a hacerse de millonarios contratos en el Perú, ya se había ganado -para bien o para mal- un nombre en la región; en el Ecuador, por ejemplo, la consideraban la mayor constructora del país. Pero la firma no sólo era protagonista de las más importantes mega obras en el vecino del norte, también aparecía frecuentemente en sus páginas judiciales. El primer escándalo en el que se vio involucrada la empresa fue un caso de corrupción conocido como “Arroz verde”, una investigación periodística que descubrió que había hecho aportes irregulares al movimiento Avanza País para sus campañas entre 2012 y 2016.

Luego llegaron otros escándalos: la mañana del 7 de septiembre de 2018, los trabajadores de la empresa china fueron sorprendidos en su edificio de Quito por una orden de allanamiento conseguida por la Fiscalía de ese país. El objetivo de las autoridades fiscales era recoger información sobre la construcción de una hidroeléctrica de más de 2,000 millones de dólares, un contrato conseguido por la empresa china en un lejano 2009.

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La lideresa de Fuerza Popular y el dueño de Alianza para el Progreso, Keiko Fujimori y César Acuña, respectivamente, deben pagar una factura colosal el 2026, cuando intenten postular a la Presidencia, por el apoyo desembozado al delictivamente mediocre régimen de Dina Boluarte.

El pueblo debe tener memoria histórica y recordar que el gobierno repudiado por el 95% de ciudadanos, se sostiene gracias al apoyo que le brindan estas dos agrupaciones en el Congreso (junto a Avanza País y Perú Libre) a cambio de migajas de poder, que revelan la entraña miserable de las dos agrupaciones señaladas.

En particular, destaca el caso de Keiko Fujimori, porque ella aparece en las encuestas con la más alta intención de voto y seguramente creerá que con un par de gestos beligerantes, de acá a un año, en contra del gobierno, logrará que el pueblo olvide estos años de connivencia con el peor gobierno republicano que hemos tenido, después del horrendo periodo de Pedro Castillo.

Sorprende que algunos duden de si Keiko va a ser la candidata o lo va a ser su padre. Tremendo cuento chino. Alberto Fujimori sabe que no puede postular, por razones constitucionales y por temas de salud y edad. Keiko está jugando la estrategia de capturar el albertismo, repitiendo la misma táctica que empleó el 2021, donde al amistarse con su padre logró que en el imaginario popular su actuación congresal -el sabotaje a PPK- sea pasada a segundo plano o, en todo caso, que no le afectara tanto como para impedir su pase a la segunda vuelta.

Aunque abominen del cierre del Congreso perpetrado por Vizcarra, a los fujimoristas les convino que ello ocurra porque de haberse mantenido ese Congreso, con absoluta mayoría naranja, hasta el 2021, Keiko no pasaba a la segunda vuelta de ninguna manera. Esta vez, ni una vacancia el 2025 a Dina Boluarte logrará salvarla del oprobio, porque esa vacancia daría pie a un gobierno congresal dominado por Fuerza Popular o a un desmadre callejero para que se vayan todos, en la que su partido sería el principal blanco.

La factura política electoral la debe pagar el fujimorismo. La derecha debe entender que su fragmentación solo ayudaría a que nuevamente el fujimorismo dispute la jornada definitoria que por justicia política no merece.

Recién en un foro de Wathsapp discutíamos por donde comenzar a reconstruir el país puesto que carecemos de una burguesía con carácter auténticamente nacional capaz de tomar en sus manos al Perú y liderar el desarrollo de la nación con lo mucho que además esto suena a alocución de barbado activista setentero. Pero no deja de ser cierto. Además, tampoco contamos con clase política, ni a nivel del gobierno central, ni en el plano de los gobiernos locales. 

Esta ha sido reemplazada por lo que Patricia del Río llamó alguna vez caquistocracia vocablo que designa al gobierno de los peores o menos capaces. Y es que habría que esforzarse mucho para encontrar un ciudadano menos capaz para el ejercicio de la Primera Magistratura de la Nación que Pedro Castillo Terrones cuyo inconcluso y circular cuento del niño y el pollo denigrará por siempre el honorable oficio de maestro.

Cualquier referencia al Congreso es una perogrullada. Ya se sabe que ha sido tomado por una camarilla de personajes la más de las veces siniestros e inescrupulosos que legislan a favor de intereses privados vinculados no solo con lo ilegal sino con todo lo que atenta contra el bien público. Solo así pueda explicarse que se limite la figura del allanamiento domiciliario poniendo sobre aviso al sospechoso que será visitado para que coloque a buen recaudo cualquier bien o caudal que pudiese obrar en su contra. De allí que el rector de la UNI, Alfonso López Chau haya llamado “Constitución de 2024” a la Carta de 1993 pues, entre gallos y media noche, la actual mayoría congresal la ha fraguado a favor de los peores y en perjuicio de todos los demás. 

El problema comienza con la historia, podríamos remontarnos al régimen colonial, o a los orígenes republicanos, pero seré práctico. Si todo está podrido ¿por dónde se comienza? Por los poderes del Estado. José Martí dijo, “cuando el sufragio es ley, la revolución es el sufragio” y Alfonso Barrantes añadió, “en el Perú, un gobierno honesto ya sería una revolución”. 

Parece que tendremos hasta 60 partidos inscritos y aptos para participar en las justas electorales de 2026. Parafraseando a Basadre, el problema oculta la posibilidad. Entre esos 60 nuevos partidos se encuentran los tres o cuatro candidatos que representan la genuina indignación ciudadana ante quienes han convertido nuestra política en un espacio de impunidad para el delito y a nuestro país en su hedionda madriguera. 

Necesitamos identificar a las fuerzas políticas que defienden el bien común, que defienden la política entendida como servicio público, que defienden la tecnificación de la gestión, que defienden los proyectos de desarrollo y apoyarlos a rabiar para convertirlos en mayoría. Estos partidos deben tener la sabiduría necesaria para unirse, llegado el momento, antes o después de las elecciones, para así gobernar juntos, priorizando la necesidad de construir el país Antes que las cuotas de poder o esas pugnas intestinas típicas del comunismo criollo del siglo XX. 

Platón entendía la aristocracia, no como la vivimos en el Perú hace un siglo, sino como el gobierno de los mejores. Necesitamos tres o cuatro nuevos partidos cuyos candidatos o candidatas presidenciales y congresales se encuentren entre los más calificados y comprometidos para gobernar el país, para reformular nuestra Constitución conforme a lo que haga falta e igual con las principales instituciones y luego irradiarse al resto del país extrayendo lo mejor de cada una de sus regiones. 

Si me preguntan por un inicio donde parece no existir ninguno, este sería el mío. Y dejo claro que no he hablado ni de izquierdas, ni de derechas, creo que necesitamos a ambas, siempre y cuando actúen dentro de los marcos democrático e institucional y se pongan de acuerdo. A ver si por una vez, actuamos al servicio del Perú. 

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Alfonso López Chau, elecciones 2026

[La columna deca(n)dente] En una reciente entrevista, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, otrora recalcitrante antifujimorista, argumentó que la aplicación de la figura de lesa humanidad a militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo en el país es injusta y contraria a la legalidad. Según Rospigliosi, la aplicación retroactiva de este concepto busca perseguir políticamente a quienes defendieron al país de la barbarie terrorista en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, este tipo de afirmaciones, aunque atractivas para ciertos sectores, ocultan una peligrosa distorsión de lo que verdaderamente significa la justicia para crímenes de lesa humanidad y los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

Primero, es importante aclarar que la figura de los crímenes de lesa humanidad no es un capricho político ni una invención local, sino un concepto profundamente arraigado en el derecho internacional. Los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas y la violación sexual, entre otros, son considerados tan graves que no prescriben y no pueden ser amnistiados. Esto se debe a que estos delitos violan derechos humanos fundamentales y afectan no solo a las víctimas directas, sino a la humanidad en su conjunto.

El principio de no retroactividad no es aplicable en estos casos debido a la naturaleza de los crímenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado repetidamente que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar estos delitos, independientemente de cuándo se cometieron. En este sentido, la justicia transicional busca asegurar que no haya impunidad y que se haga justicia para las víctimas.

Además, es preocupante que se minimicen y olviden los crímenes cometidos por agentes del Estado durante el conflicto armado interno, bajo el argumento de que «salvaron al país». Rospigliosi pasa por alto principios fundamentales, como que el fin no justifica los medios y que la barbarie terrorista no se combate con barbarie estatal. También ignora que el uso de la violencia y la violación de derechos humanos por parte del Estado no pueden ser tolerados ni olvidados, y que la justicia para las víctimas de abusos estatales es tan esencial como la justicia para las víctimas del terrorismo. Su discurso ignora las obligaciones internacionales del Perú y socava los esfuerzos por establecer una justicia equitativa y completa. La justicia no es venganza, sino un proceso necesario para sanar las heridas de la sociedad y construir un futuro en el que los derechos humanos sean respetados de manera irrestricta.

En lugar de cuestionar la aplicación de la figura de lesa humanidad, deberíamos apoyar y promover los esfuerzos para garantizar que todos aquellos que cometieron crímenes atroces, sin importar su bando, rindan cuentas ante la justicia. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa y democrática.

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Fernando Rospigliosi, Fuerza Popular, Fujimorismo, lesa humanidad
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