[INFORME] La familia de Santiago Guardamino no puede ponerle un punto final al trágico asesinato que ocurrió en 2024 luego de conocer que, pese a tener pruebas para investigar, intentaron archivar el caso.
Luego de tener que lidiar con el dolor de la muerte de Santiago Guardamino en abril del 2024, su familia ha tenido que encontrarse con un golpe que sólo prolonga más el dolor tras esa terrible pérdida. Santiago perdió la vida producto de nueve disparos que recibió dos años atrás, pero quien hoy produce un enorme pesar entre sus seres queridos es la justicia peruana.
SÍ EXISTÍAN PRUEBAS
Cuando estaban por cumplirse dos años del asesinato de Santiago Guardamino, su familia recibió una noticia inesperada. El fiscal Renato Lavy Cora tomó la decisión de archivar el caso alegando que no contaba con las pruebas suficientes para que el caso de Santiago culmine con la identificación de sus asesinos y su condena correspondiente.
No obstante, se pudo conocer que la Fiscalía tenía en su poder teléfonos celulares y audios que daban cuenta de las amenazas que estaba recibiendo el entonces presidente de la Comunidad de Quipán en las semanas previas al terrible atentado contra su vida en el año 2024.
La hermana de Santiago, Alicia Guardamino, había indicado que se entregaron cinco dispositivos móviles a la policía para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y, sin embargo, el mayor PNP Julio Farfán Chiun, integrante del Departamento de Análisis y Coordinación de la Dirección de Ciberdelincuencia, habría informado que el análisis de estos equipos no ocurrió por falta de recursos.
Alicia también cuestionó que “el suboficial Christian Ramos Espino ni siquiera terminó con las declaraciones de los testigos”. Es por estas razones que la familia Guardamino entendió que no podían desistir en su búsqueda de justicia y han procedido con una apelación. Al respecto, el abogado Juan Sarmiento Verástegui, quien representa a la familia Guardamino, indicó que “el fiscal superior todavía no nos ha notificado con respecto a la apelación. Es él quien debe resolver el tema. Sin embargo, no hay un plazo específico para la respuesta”.
LA LUCHA DE SANTIAGO
Cabe recordar que Santiago Guardamino, quien había asumido la presidencia de la comunidad de Quipán antes de su muerte, había conocido los detalles de una venta fraudulenta de diez mil hectáreas que le pertenecían a su comunidad y habían terminado en manos de una empresa muy poderosa.
Abel Cruz Mosquera Ortiz, predecesor de Guardamino en su cargo, había sido parte de una jugada sucia en perjuicio de la comunidad de Quipán utilizando firmas falsas para vender un terreno de diez mil hectáreas por seiscientos mil soles, pese a que el precio correcto alcanzaba los cinco millones, a la empresa fundada por Aniceto Argüelles.
Santiago Guardamino incluso llegó a interponer una denuncia penal contra los involucrados que terminó con el 4to Juzgado de Lima Norte condenando a Mosquera a cinco años de prisión efectiva mientras que Argüelles hasta fue condenado por un caso de soborno a una magistrada en su desesperado intento por eludir las consecuencias de este caso.
