[INFORME] Luego de dos años del asesinato de Santiago Guardamino, su familia y la Comunidad de Quipán siguen padeciendo el desinterés por parte de la justicia para encontrar a los responsables de un crimen que, sospechosamente, ocurrió en medio de una batalla legal que involucra a una poderosa empresa.
Han pasado más de dos años desde aquella noche del 1 de abril del 2024 en la que Santiago Guardamino Gonzáles fue brutalmente asesinado a manos de sicarios e, increíblemente, sus familiares y la gente de la Comunidad Campesina de Quipán, donde era presidente, siguen sin obtener justicia.
Durante los últimos meses, este medio difundió la larga lista de hechos y escándalos que rodearon este repudiable crimen, y que hoy invitan a que la familia de Guardamino Gonzáles se pregunte si existen poderosas influencias que obstaculizan y persuaden a la justicia para que la muerte de Santiago siga sin tener responsables.
LA VENTA QUE EMPEZÓ TODO
Para entender mejor las circunstancias en que se produjo el asesinato de Santiago Guardamino es preciso remontarse a los hechos que tuvieron lugar a finales del año 2016. Por aquella fecha, la Comunidad Campesina de Quipán había concretado a la importante venta de un terreno a una importante empresa.
No habría anda extraño en ello de no ser porque los integrantes de esta comunidad desconocían que se estaba gestionando dicha venta. Abel Mosquera Ortiz, quien por aquel entonces se desempeñaba como presidente de la comunidad, había utilizado documentación falsificada para venderle a la empresa Industrias Argüelles diez mil hectáreas de tierras comunales.
El escándalo sobre esta venta fraudulenta también se centró en la insólita cifra que recibió Mosquera Ortiz. Según se pudo conocer, Industrias Argüelles, empresa que se encontraba interesada en estas tierras comunales para la creación de un relleno sanitario, acordó pagar apenas seiscientos mil soles por un terreno cuyo precio estimado rondaba los cinco millones de soles.
CONDENAS Y SOBORNOS
Las irregularidades detrás de esta venta fraudulenta terminarían siendo expuestas y fue en ese momento cuando se evidenció el verdadero poder de los involucrados. Este caso había terminado en manos de la magistrada Roxana Becerra Urbina y, por lo tanto, el futuro de la adquisición hecha por Industrias Argüelles estaría en sus manos.
Pero el fundador de Industrias Argüelles no estaba dispuesto a perder y puso todo su poder económico para intentar torcer la justicia en su favor. El propio Aniceto Argüelles y una persona de su círculo de confianza identificado como Silvio Muñoz se encargarían de gestionar un importante soborno de más de medio millón de soles a Becerra Urbina a cambio de obtener una sentencia favorable.
La labor de seguimiento de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) descubrió que Argüelles había hecho las gestiones para, mediante intermediarios, comprar terrenos propiedad de la magistrada y su familia a precios inflados, y con ello asegurar que la justicia esté de su lado en el caso de la Comunidad Campesina de Quipán.
Aunque Abel Mosquera, expresidente de la Comunidad Campesina de Quipán, terminaría siendo condenado a cinco años de prisión efectiva, Aniceto Argüelles encontró, como única salida para evitar un desenlace similar, la alternativa del acuerdo de terminación anticipada con el cual reconocía el pago de un soborno y su condena fue de cuatro años y dos meses de prisión suspendida.
Estos antecedentes que involucran influencias en la justicia y mucho dinero en juego han llevado a que las personas cercanas a Guardamino miren con recelo el accionar de la justicia en lo que respecta a la investigación del asesinato de Santiago que lleva más de dos años sin culpables y una familia sin respuestas.
