[EL DEDO EN LA LLAGA] El 17 de agosto de 2026, la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) presentó ante la Fiscalía de la Nación una querella por difamación agravada continua contra la periodista Paola Ugaz. La acción llega después de que la Fiscalía archivara, en junio, una investigación de más de tres años por presunto lavado de activos, tráfico de tierras y fraude tributario. La asociación pide un sol de reparación simbólica y sostiene que busca que un juez “determine la verdad”.
Su vocero, el abogado penalista Percy García Cavero, explicó la demanda el 19 de agosto, en una entrevista emitida a través de Origen Xtream y conducida por Giuliana Caccia, directora del medio. Caccia ha sido señalada en diversos reportes periodísticos por sus vínculos con el entorno del Sodalicio de Vida Cristiana. Junto con Sebastián Blanco, presentó una denuncia contra monseñor Jordi Bertomeu, integrante de la misión especial enviada por el papa Francisco para investigar los abusos y las irregularidades en esa organización. Además, esta casada con el hermano de Sebastián, Ignacio Blanco, quien durante mucho tiempo fue secretario personal de Luis Fernando Figari, superior general del Sodalicio de 1975 a 2010.
El escándalo del Sodalicio y el trabajo de Paola Ugaz
El Sodalicio de Vida Cristiana fue fundado en el Perú en la década de 1970. Durante años funcionó bajo una estricta disciplina espiritual, hasta que en 2015 quedó en el centro de un escándalo de abusos sexuales, físicos y psicológicos.
El libro “Mitad monjes, mitad soldados”, coescrito por Paola Ugaz y Pedro Salinas, reunió testimonios de víctimas y contribuyó a sacar a la luz las prácticas abusivas de Figari y otros miembros de la cúpula. El Vaticano intervino posteriormente, ordenó investigaciones canónicas y, con el tiempo, el Sodalicio enfrentó un proceso de disolución bajo supervisión eclesiástica.
Paola Ugaz continuó investigando las estructuras económicas relacionadas con la organización: cementerios, inmobiliarias, sociedades empresariales y movimientos de dinero. Ese trabajo desembocó en una larga disputa judicial y pública con personas e instituciones vinculadas al antiguo entorno sodálite.
La Asociación Civil San Juan Bautista y José Antonio Eguren
En ese contexto aparece la Asociación Civil San Juan Bautista. Fundada en junio de 1991, la ACSJB es una persona jurídica de derecho civil, sin fines de lucro. Su actividad no se limita a la administración de cementerios bajo la marca “Parque del Recuerdo”: también ha desarrollado actividades económicas vinculadas a la adquisición y desarrollo de terrenos, proyectos de infraestructura y otras operaciones relacionadas con sus activos.
La propia asociación sostiene que entre sus fines está generar recursos para apoyar obras de la Iglesia católica y que los ingresos obtenidos mediante sus actividades son reinvertidos o destinados a donaciones conforme a sus objetivos. Precisamente por la dimensión económica de sus actividades, la ACSJB se convirtió en objeto de investigaciones periodísticas sobre sus relaciones con el entorno del Sodalicio.
Existe un dato fundamental para reconstruir su historia: José Antonio Eguren Anselmi, entonces sacerdote y miembro del Sodalicio, fue uno de los fundadores de la ACSJB y su presidente inicial. Eguren mantuvo responsabilidades directivas en la asociación hasta que renunció formalmente como asociado en abril de 2001. La información periodística disponible señala además que buena parte de los asociados iniciales de la ACSJB eran miembros del Sodalicio.
Eguren no fue el único miembro del Sodalicio que intervino en las estructuras relacionadas con la asociación. Miembros del Sodalicio con distintos tipos de vinculación ocuparon responsabilidades y participaron en operaciones realizadas a través de ella. En una operación documentada del año 2000, por ejemplo, la ACSJB estuvo representada por José Ambrozic Velezmoro y Raúl Guinea Larco, mientras que José Antonio Eguren Anselmi y Eduardo Regal Villa actuaron en representación del Sodalicio. No es un dato menor. Eguren, Regal y Ambrozic eran sodálites consagrados; Guinea era un sodálite adherente, es decir, un leal miembro con vocación a la vida matrimonial.
En esa misma operación, los excedentes generados por las actividades funerarias de los cementerios estaban destinados, entre otros fines, al fomento de vocaciones y a actividades educativas, vocacionales y pastorales vinculadas al Sodalicio. Ese tipo de conexión económica e institucional es precisamente lo que permite entender por qué la relación entre ambas entidades fue objeto de investigación periodística. La independencia jurídica de una y otra no elimina los vínculos personales, institucionales y económicos que existieron entre ambas.
La cuestión periodística, por tanto, consiste en investigar qué relaciones existieron entre ellas, quiénes participaron, qué funciones desempeñaron y qué destino tuvieron los recursos generados por las actividades de la asociación.
Obediencia, bienes y disciplina sodálite
El asunto adquiere mayor relevancia al examinar la disciplina interna del Sodalicio. Los sodálites consagrados hacían promesas de obediencia y celibato. Aunque la pobreza no constituía un voto formal, existía un llamado al “espíritu de pobreza” y a la comunicación de bienes. Las actividades e iniciativas de los miembros, tanto como los bienes que poseían, estaban sometidos a la obediencia debida a los superiores, según normas institucionales vinculantes. Por eso, cuando miembros consagrados participaron en la creación o administración de iniciativas económicas, se puede legítimamente cuestionar que pudieran actuar exclusivamente a título individual, sin ninguna relación con la comunidad sodálite. Pues todo sodálite estaba obligado a subordinar sus intereses personales al Sodalicio como institución.
Con eso se derrumba el argumento de García Cavero en la entrevista con Giuliana Caccia, cuando sostiene que vincular a la ACSJB con el Sodalicio es “absurdo”, basándose en que ambas son, efectivamente, entidades jurídicamente distintas. Esa separación no elimina los vínculos históricos y disciplinarios, que pueden ser objeto de investigación.
El antecedente judicial de José Antonio Eguren
La conexión de Eguren con el caso adquiere otra dimensión porque el actual abogado de la ACSJB ya había intervenido judicialmente en un conflicto entre el arzobispo y Paola Ugaz. En 2018, Eguren presentó querellas por difamación contra Ugaz y Pedro Salinas. García Cavero fungió de abogado del obispo sodálite. El proceso contra Salinas terminó inicialmente en primera instancia con una condena por difamación agravada, en un juicio rocambolesco que no cumplía con las garantías debidas, mientras que Eguren posteriormente desistió de las acciones contra ambos periodistas gracias una intervención del Vaticano, que consideraba como un escándalo perjudicial para la Iglesia que un obispo miembro de una organización acusada de abusos, debidamente documentados, denunciara a los periodistas que habían dado a conocer a la opinión pública esos abusos.
Los argumentos de García Cavero
Uno de los argumentos centrales de García Cavero es que existirían básicamente “tres mentiras” de Ugaz que sustentan la querella.
La primera se refiere al reportaje de Al Jazeera de 2016, The Sodalitium Scandal, en el que Ugaz participó como periodista, aunque García Cavero insista en que fue “productora”, no obstante que la propia cadena árabe ha desmentido oficialmente este supuesto. Según el abogado, el reportaje afirmó que la ACSJB —y por extensión el Sodalicio— había usurpado tierras de comuneros de Castilla, en Piura, con el apoyo de una organización criminal llamada “La Gran Cruz del Norte”.
El abogado sostiene que el reportaje se basó en cuatro testigos cuyas declaraciones resultarían falsas, siendo que varios fueron condenados por difamación, y que al menos uno reconoció distorsiones. Algunos de esos testigos enfrentaron efectivamente procesos por sus declaraciones y existieron conflictos de tierras documentados en Piura. Pero convertir esas circunstancias en una “ficción novelística” inventada por Ugaz supone una conclusión más amplia que los hechos acreditados. El periodismo de investigación trabaja con documentos, testimonios e indicios; su validez no depende de que cada afirmación haya sido previamente establecida por una sentencia judicial, sino de que reproduzca fielmente la información documental y aquella suministrada por sus fuentes.
Las otras dos acusaciones se refieren a una supuesta defraudación tributaria mediante el uso del Concordato y a presunto lavado de activos en el marco de una organización criminal. La Fiscalía archivó en junio de 2026 la investigación por estos hechos después de más de tres años de diligencias. El resultado favorece a la ACSJB en esos procedimientos concretos. Pero el archivo fiscal no determina por sí mismo que todas las investigaciones periodísticas anteriores fueran falsas ni establece la inexistencia de cualquier irregularidad histórica. Son cuestiones distintas. Una decisión judicial no constituye necesariamente el criterio último para determinar qué hechos son reales y cuáles no.
Investigar el poder
El caso de Paola Ugaz plantea una cuestión que trasciende a la periodista y a la ACSJB: hasta dónde puede llegar el periodismo cuando investiga el poder —político, económico o religioso— sin cruzar la frontera de la difamación.
Los errores periodísticos deben ser examinados y, cuando corresponda, corregidos. Pero una investigación no se convierte automáticamente en una “mentira” porque una institución rechace sus conclusiones o porque una investigación penal termine archivada.
La respuesta a las investigaciones periodísticas puede ser una solicitud de rectificación, una demanda civil o una acción penal, pero solo cuando realmente se ha cometido un delito, es decir cuando hay dolo e intención deliberada de manipular los hechos. Pero cuando las querellas se convierten en una respuesta recurrente frente al periodismo solo porque es incómodo, existe un riesgo evidente: que el costo de investigar termine siendo tan alto que la prensa prefiera no hacerlo. Y se estaría perpetrando un atentado contra la libertad de expresión.
Cuando lo que está en juego es la investigación de una organización religiosa que durante décadas acumuló poder, influencia y recursos, ese riesgo no debería tomarse a la ligera.
