[OPINIÓN] El incidente registrado a fines de septiembre de 2026 en Bolivia expuso de manera contundente los límites éticos y operacionales de la coalición. Apenas 72 horas pasaron entre la inclusión en la lista negra de Washington del Fiscal General boliviano, Roger Mariaca, y su posterior detención y traslado mediante un operativo ejecutado por la Policía local en coordinación con la DEA. La posterior felicitación unánime de los países miembros —incluida la facilitación logística en el Aeropuerto de Lima por parte del gobierno peruano liderado por Keiko Fujimori— puso en evidencia la naturaleza punitiva y alineada del bloque.
El elemento crítico de esta operación radicaba en que el fiscal destituido investigaba a Fernando Cerimedo, estratega político afín al movimiento MAGA y asesor del presidente Rodrigo Paz, procesado por cargos graves y con cuentas vinculadas a redes opacas. Al proyectarse la percepción de que los mecanismos del Escudo fueron utilizados para desactivar un expediente incómodo para figuras afines a Washington, el relato de neutralidad e integridad en la lucha contra el crimen organizado sufrió un impacto devastador.
Mapeo de Impactos Sistémicos: Soberanía, Recursos y Democracia
El diseño institucional del Escudo de Las Américas genera tensiones permanentes entre las demandas de soberanía nacional y las exigencias estratégicas de la coalición:
A.Soberanía Militar e Inteligencia
La subordinación de las doctrinas de defensa nacionales a los lineamientos tácticos del Departamento de Defensa de EE. UU. limita drásticamente la autonomía operativa local. El despliegue de personal militar y de inteligencia extranjero bajo prerrogativas diplomáticas restringe la toma de decisiones soberanas en las Fuerzas Armadas de los países firmantes.
B.Soberanía sobre Recursos Naturales
A través de cláusulas relativas a la «protección de cadenas de suministro de minerales críticos» (litio, cobre, tierras raras y gas), la coalición ejerce una facultad de veto implícito sobre inversiones extracontinentales, desplazando a competidores asiáticos y supeditando la política energética regional al equilibrio geopolítico de Washington.
C.Territorio y Control Fronterizo:
Se consolida una securitización extrema que prioriza el control migratorio y la vigilancia táctica aérea y marítima sobre el libre tránsito interregional y la gestión fronteriza integrada.
D.Calidad de la Democracia y Estado de Derecho:
La utilización de la presión internacional y los comunicados del bloque para influir sobre fiscalías y poderes judiciales locales erosiona el principio de separación de poderes y acentúa la polarización en los países miembros.
E.Fractura Regional y Ausencias Estratégicas
Un elemento determinante en el análisis de sostenibilidad del tratado es la exclusión —y explícito distanciamiento— de los actores económicos y geográficos más relevantes de la región: Brasil, México, Colombia y Canadá.
La negativa de estos Estados a integrarse a la coalición no responde a una discrepancia en la lucha contra el crimen organizado, sino al rechazo a un modelo de cooperación percibido como un retorno a doctrinas de subordinación unilateral o «Trumproe».
Como ha señalado el economista Jeffrey Sachs, ‘la estructura del acuerdo responde primordialmente a un esquema de recuperación del control hemisférico” antes que a una arquitectura multilateral de seguridad efectiva. Le interesa al Perú un acuerdo que puede caerse solo, por ejemplo si EEUU insiste en una caduca doctrina propia de colonias y no para Republicas independientes?
