La Corte Suprema y la Junta Nacional de Justicia tienen que hacer un trabajo urgente de fiscalización y sanciones a muchos fiscales y jueces de primera instancia, que cuando se abocan a ver casos vinculados a la libertad de prensa, muestran una ignorancia absoluta de las protecciones legales de los periodistas, sus garantías constitucionales y sus prerrogativas profesionales.
Lo acabamos de ver en la absurda y abusiva sentencia recibida por el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel, por obra y gracia del juez Jesús Vega, condenados ambos a dos años de prisión suspendida y al pago de cuatrocientos mil soles de reparación civil, luego de una querella planteada por César Acuña. Ha bastado escuchar los argumentos del juez para darse cuenta que no entiende absolutamente un ápice -o lo entiende muy bien y es motivado por otros afanes- de los márgenes jurídicos que garantizan el ejercicio periodístico.
Algo similarmente escandaloso ocurrió hace algunos días, cuando una bufalesca montonera de policías y fiscales allanó la vivienda del periodista Pedro Salinas, por una querella interpuesta por un aparente turiferario sodálite que ha buscado un despropósito para amedrentar al periodista. En este caso, el solícito fiscal contra la libertad de prensa se llama Reynaldo Abia.
He tenido a lo largo de mi carrera periodística casi una veintena de querellas, todas perdidas en primera instancia y luego ganadas en instancias superiores (salvo una, que se halla en revisión en estos momentos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dada su grosera improbidad). Hay un tic autoritario, antilibertario, inscrito en el ADN procesal de los jueces de primera instancia que es menester corregir rápidamente, porque constituyen una serísima amenaza a la libertad de prensa.
En el Perú ya no es el poder gubernativo, como suele suceder, el que amedrenta a la prensa. Son también poderes fácticos los que aprovechando su enorme influencia y poder, atarantan o seducen a magistrados para que fallen venalmente, como en los casos mencionados.
Se espera que en segunda instancia estos groseros dislates contra la libertad de prensa sean corregidos y la sociedad peruana no vea coartada una de las mayores libertades que una democracia debe exhibir. No es un fallo, no son uno o dos periodistas los afectados. Es la democracia en sus fundamentos la que ha sido magullada estas horas.
