inseguridad ciudadana

Es imprescindible entonces tomar medidas necesarias para contrarrestar la criminalidad y la corrupción. Eso implica un liderazgo político activo para reactivar el Concejo de Seguridad Ciudadana y para llevar el problema a una discusión pública para la toma de medidas claves que cambien la percepción ciudadana de inseguridad. No esperemos que llegue Batman, que es ficción. Pero tengamos en cuenta que puede volver el discurso autoritario que puede ganar una elección y quitar las libertades.

Existe un voto cautivo para este tipo de liderazgos y discursos de mano dura. Ese es uno de los grandes retos del país para reformar las instituciones.

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Todo esto surge luego del asesinato de un miembro del Serenazgo de Surco por parte de un delincuente. Causa indignación lo sucedido, sin duda, pero no podemos dejar de advertir la temeridad irresponsable del sereno que nunca debió atreverse a enfrentar a un sujeto armado, sino que debió darle prudente seguimiento y reportar de inmediato a la policía.

Un hecho lamentable, pero equívoco, ha dado pie a esta ola de populismo punitivo, que a nada bueno conduce. El Estado, en su función básica de proveer seguridad, debe ser uno solo, no un personaje de mil caras. Si no lo hace a cabalidad, pues debe llevarse a cabo una profunda reforma policial para que lo haga, pero no menoscabar sus funciones o generar cuerpos parapoliciales de alto riesgo para la propia seguridad ciudadana.

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Para construir una sociedad más segura, es necesario trabajar en la prevención del delito, promoviendo políticas públicas que fomenten la educación, la cultura, el deporte y el empleo, entre otros aspectos. También es importante fortalecer los sistemas de justicia y garantizar que las víctimas de delitos reciban la atención y protección necesarias.

No hay convivencia democrática ni calidad de vida mínima si el Estado permite que la delincuencia campee a su antojo, con absoluta impunidad, y sin sistemas de actuación efectivos (policía, justicia, penitenciaría, etc.). La democracia peruana está en juego permanentemente, por muchos factores, pero quizá el más incidente sea el de la delincuencia y la consecuente inseguridad ciudadana, que, como siempre, afecta, sobre todo, a los más pobres, que se sienten abandonados por el Estado y se constituye así en otro caldo de cultivo del sentimiento antiestablishment.

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En segundo lugar, azuzar y mantener el miedo resulta también efectivo para la práctica política. La sociología ha investigado muy bien el miedo como un instrumento de control social. Una población temerosa es capaz de otorgar mayor poder a quien aparentemente le garantice seguridad. Por ello la venia con los estados de emergencia, la militarización de la seguridad pública y un mayor retorno de poder dirimente de las Fuerzas Armadas y la Policía. Es un silencioso retorno a las prácticas autoritarias, el abuso del decretismo y con ello el resquebrajamiento de la democracia. Mientras tanto, una ciudadanía pasiva, temerosa y delegativa deja que poco a poco vayan ganando mayores espacios y cediendo derechos a los sectores más antidemocráticos del sistema político.

Por el panorama que se puede apreciar, parece que estas elecciones municipales en Lima serán nuevamente cuatro años perdidos de gestión. El premio consuelo de la alcaldía, para quienes están dispuestos a dejar el cargo si se convocara a elecciones generales, no nos trae la mejor de las expectativas. Y en este proceso, las garantías de una ciudad sin miedos ni inseguridades, ¿qué tan favorable les resulta verdaderamente a nuestros políticos? ¿Es rentable que la inseguridad deje de ser uno de los principales problemas del país? Por lo visto, por el momento no. 

 

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La ciudadanía, sin embargo, está acumulando malestar. El desprestigio de la clase política, la corrupción descarada que anida en Palacio de Gobierno, el incremento del costo económico de la canasta familiar, la acuciante inseguridad ciudadana, el colapso de los servicios públicos (especialmente en salud), etc., son hechos que afectan directamente la calidad de vida de los peruanos y golpean los límites de la paciencia popular. No tardará -creemos- en cuajar ello en una protesta callejera masiva. Pero tendrán que ser otros los convocantes, otros los temas, otros los momentos oportunos.

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De otro modo, todo quedará cifrado a la aparición, no sabemos cuán probable, de un audio o video bomba que vincule directamente al presidente con un acto de corrupción, o con la manifestación probada de alguno de los prófugos que pudieron haber sido partícipes de dicho acto corrupto de la mano del primer mandatario.

Si no ocurre lo uno o lo otro, estamos condenados a sufrir la mediocridad destructiva de Castillo en el poder hasta el 28 de julio del 2026. El Estado va a colapsar por completo, la corrupción se va a enseñorear, y se van a producir elecciones generales, ese año, absolutamente disfuncionales, donde es muy probable que vuelva a aparecer un candidato disruptivo radical, que terminaría de destruir el país.

-La del estribo: sigue en pie la prolífica labor del Fondo Editorial del Congreso. Esta vez con la publicación de La nobleza limeña titulada ante el Protectorado, de Arnaldo Mera Ávalos, a propósito de la reacción de las élites aristocráticas del país luego del proceso de Independencia y el intento de plasmar sus propios proyectos y visiones respecto de lo que correspondía hacer en esos momentos turbulentos.

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