La inseguridad ciudadana ya ha desbordado los límites permisibles desde hace muchos años. Hoy, las autoridades discuten por ello si se arma a los serenazgos o si salen las Fuerzas Armadas a patrullar. El 90% del territorio nacional está en manos de la delincuencia (narcos, mineros ilegales, extorsionadores, asaltantes, robacelulares, criminales sin distingo).
Hablar de seguridad ciudadana es hablar de uno de los temas más importantes para cualquier democracia que se precie de tal. Es una cuestión que va más allá de la simple preservación de la integridad física de las personas, y que está directamente relacionada con la construcción de un contrato social básico, que garantice a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.
La seguridad ciudadana es, en definitiva, un elemento clave para la consolidación de cualquier democracia, ya que de ella depende en gran medida la confianza que la población tenga en las instituciones y en el sistema político en su conjunto. Sin seguridad, no hay libertad, ni justicia, ni igualdad, ni posibilidad alguna de construir una sociedad justa y equitativa.
Es por eso que la seguridad ciudadana debe ser entendida como un derecho humano fundamental, que no puede ser vulnerado bajo ninguna circunstancia. Y es que cuando los ciudadanos no se sienten seguros en su propio entorno, se genera un clima de desconfianza y temor que termina por socavar los cimientos mismos de la democracia.
En este sentido, es importante destacar que la seguridad ciudadana no puede ser entendida como un tema exclusivo de la policía o de los cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de una cuestión que debe involucrar a toda la sociedad, ya que sólo así podremos construir un verdadero contrato social en el que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Para construir una sociedad más segura, es necesario trabajar en la prevención del delito, promoviendo políticas públicas que fomenten la educación, la cultura, el deporte y el empleo, entre otros aspectos. También es importante fortalecer los sistemas de justicia y garantizar que las víctimas de delitos reciban la atención y protección necesarias.
No hay convivencia democrática ni calidad de vida mínima si el Estado permite que la delincuencia campee a su antojo, con absoluta impunidad, y sin sistemas de actuación efectivos (policía, justicia, penitenciaría, etc.). La democracia peruana está en juego permanentemente, por muchos factores, pero quizá el más incidente sea el de la delincuencia y la consecuente inseguridad ciudadana, que, como siempre, afecta, sobre todo, a los más pobres, que se sienten abandonados por el Estado y se constituye así en otro caldo de cultivo del sentimiento antiestablishment.
