Ayer acabamos de presenciar uno de los puntos más álgidos de la guerra política entre el presidente Pedro Castillo y una oposición con muchas cabezas de hidra. Este es quizá el frente más claro desde la judicialización de la política abierto por el Ministerio Público contra este Gobierno, un juego peligroso que se practica desde hace un quinquenio y trasciende la figura de Castillo, pero que puede tener un fuerte impacto sobre la ya débil precariedad institucional de nuestra democracia.
Para empezar, los procesos judiciales que se están intentando abrir contra el presidente Castillo y su entorno tienen sospechas fundamentadas con respecto a prácticas de corrupción, esto es innegable, así como tampoco lo es el aprovechamiento político del mismo por parte de una oposición que viene emprendiendo una campaña de golpe blando desde incluso antes de que asumiera su mandato. ¿Que exista una oposición ávida de poder debe eximir de responsabilidad a Pedro Castillo y su entorno? Por supuesto que no. Y para ello existe un proceso que debe demostrar su culpabilidad o no. Mientras tanto, la torpeza e impaciencia de sus detractores no hace más que reafirmar lo que se le acusa al presidente por estos días: que se victimiza. Lamentablemente para ellos, razón no le falta para sostener que es víctima de una persecución política, ya no solo desde la oposición en el Legislativo, sino desde los poderes fácticos (principalmente medios de comunicación y la oligarquía empresarial), a los que se les suma un sector del Ministerio Público que se muestra sin rubor politizado.
Quizá aquí está la clave de por qué la campaña para recortar el mandato de Pedro Castillo, vacarlo, suspenderlo del cargo o adelantar elecciones (léase los infinitos medios que se vienen utilizando) viene siendo un fracaso. No existe una movilización social contra el Gobierno en las calles, salvo que las calles sean las redes sociales divididas o las primeras planas vergonzosas de algunos medios. La desesperación opositora hace que este proceso sea visto como abusivo y con intereses de por medio, lo que sin duda juega a favor de Castillo y crea antipatías contra sus detractores. Y es que el proceso político que viene afrontando es inédito durante este siglo, y hasta ha utilizado prácticas tan deplorables como el racismo y el clasismo para destruir su imagen.
¿Llevar el proceso de destitución a la cancha de la Fiscalía podría resultarles efectivo? Quién sabe. En algún momento, el cargamontón puede tener sus frutos para ejercer presión, pues la única estocada que les falta es obtener los votos desde el Congreso (si Castillo es culpable o no, en realidad poco les interesa). Pero también podría ser un disparo a los pies a mediano plazo. La caja de Pandora abierta desde el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski aún no termina de arrojar todos sus monstruos. El lawfare, o la instrumentalización de la justicia para fines políticos, no solo será una de las tantas herramientas utilizadas para intentar destruir los nuevos Gobiernos, sino también una de las bombas más corrosivas a la legitimidad política e institucional de nuestra democracia.
Parece que pocos quieren darse cuenta de que la frase “Que se vayan todos” no solo implica un cambio de autoridades vía elecciones y punto. Es un hartazgo contra el sistema político que poco a poco va escarbando hasta la raíz e involucrará el armatoste sobre el que se sostiene. Se está creando una situación de ingobernabilidad a futuro, producto de un clima de polarización política y fractura social, que de lejos trasciende la figura de Pedro Castillo. El miedo al cambio de los sectores políticos conservadores, e incluso de los progresistas liberales, no ha hecho más que sembrar semillas sobre las cuales no se sabe qué cosecha tendrán. Y para desdicha de todos nosotros, se convertirá en un ciclo irrefrenable de crisis políticas, o peor aún, de autoritarismos para intentar apagar los incendios que vendrán.
Historia ya conocida, lamentablemente.
