El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha ratificado en una reciente entrevista televisiva en el programa de Juliana Oxenford, que no está en los planes actuales del gobierno plantear la reforma de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.
Es una buena noticia para la gobernabilidad democrática del país que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y que, además, en la primera vuelta electoral obtuvo apenas el 18.9% de la votación, se dé cuenta de que no tiene los fundamentos políticos para refundar el país.
Hubiera supuesto cruzar un Rubicón de insospechadas consecuencias. En la República romana, las legiones militares, cuando regresaban triunfales de una guerra, antes de entrar a Roma debían cruzar el río Rubicón, y para hacerlo dejaban sus armas en las afueras y de esa manera transmitían el mensaje de que ingresaban en calidad de ciudadanos respetuosos de la República. Julio César, en el 49 ac rompe con esa tradición y cruza con sus legiones armadas, rompiendo los cánones republicanos y sentando las bases para la fase imperial de la Roma antigua. Destruye la República.
Castillo no tiene los recursos legales para reformar la Constitución. No tiene 87 votos para, en dos legislaturas, lograr cambiarla, ni 66 para hacerlo en una primera legislatura y refrendarla luego en un referéndum. Solo podía hacerlo forzando al Congreso con cuestiones de confianza, por ejemplo, por la reforma del artículo 206, hasta obtener su disolución.
Hoy ya no lo puede hacer. La ley aprobada por insistencia por el Congreso excluye la posibilidad de plantearlas para temas relativos a “la aprobación o no de reformas constitucionales”, pero si el Ejecutivo se pusiera necio podría encontrar la forma de hacer cuestiones de confianza por políticas públicas inaceptables y lograr el mismo propósito: disolver el Congreso y aspirar a que el nuevo Legislativo le sea más favorable.
Solo en ese escenario hemos dicho con claridad que se justificaría que el Congreso opte, defensivamente, por la vacancia presidencial, pero, al parecer, ese riesgo insensato se ha alejado de la mente del gobierno, por lo menos así lo señala ya la Premier y un influyente ministro. Falta que lo ratifique el propio presidente Castillo, para dar la vuelta la página a una de las principales piedras en el camino de la gobernabilidad y de la sostenibilidad del régimen por el periodo de cinco años que por derecho le corresponde.
